Por José Cruz Agüero Rodríguez
La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales se movilizan a través de foros sociales y cumbres mundiales y regionales por la defensa del agua. Reivindican el acceso al agua como un derecho humano fundamental, se oponen a la privatización de los servicios y ecosistemas productores de agua, pugnan por una gestión integral de cuencas y su conservación con la participación social, respetando los derechos de los pueblos y comunidades que ostentan los recursos hídricos. Las demandas más sobresalientes se oponen a las tendencias privatizadoras impulsada por organismos financieros internacionales y corporaciones trasnacionales que pretenden el control mundial de los recursos hídricos.
Los temas relacionados con los conflictos alrededor del agua, han venido recobrando importancia en la medida que la crisis por escasez, distribución inequitativa y privatización de los recursos hídricos, vuelven al agua un factor de tensión social y objeto de controversia en tanto recurso vital de la existencia y derecho humano fundamental. Asistimos, hoy en día a un proceso de intensificación de los conflictos que incluyen las cuencas trasnacionales, las regiones hidrológicas nacionales y los estados nación (Ávila. 2002; Biswas, 2003).
Aunque los conflictos por el agua son añejos, en la época actual los motivos y las demandas se multiplican y nuevos valores se convierten en objeto de preocupación social y movilización política de los actores sociales. Este trabajo tiene el propósito de analizar los conflictos contemporáneos en torno al agua dando énfasis a la inclusión de valores y demandas ambientales y cómo éstos modifican, transforman o permiten la persistencia de las demandas tradicionales por el acceso al agua. Así, cabe formular una pregunta central de investigación, en torno a la manera en ¿cómo y porqué se construye la demanda ambiental en los movimientos relacionados con el agua? esta será una pregunta medular que guiará el análisis en general, dando énfasis al estudio de la zona metropolitana Córdoba-Orizaba (ZMCO), en la cuenca del río Blanco, en el centro del estado de Veracruz, México.
Las demandas ambientales como objeto de preocupación global
Desde 1974 a partir de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre población el tema de los límites en el uso de los recursos naturales ha recobrado vital importancia. Una serie de acontecimientos en el plano científico, el desarrollo tecnológico y catástrofes naturales y antropicas alertaron sobre una percepción de amenaza global: la comprensión de la segunda ley de la termodinámica y la degradación de la naturaleza; la investigación sobre el calentamiento global y el efecto invernadero; el efecto perverso de la aplicación masiva de pesticidas y agroquímicos; los accidentes nucleares y los riesgos industriales, entre otros constituyeron un marco adecuado para reconocer que los problemas de tipo ambiental no pueden tratarse en el marco de una región o un solo país, que estos trascienden las fronteras políticas para constituirse en problemas globales concernientes a las relaciones de desigualdad económica y social predominantes en el mundo actual (Moreno, 2006: 291-296)
La problemática ambiental y el concepto de sustentabilidad como una percepción más integral de la economía, el ambiente y la sociedad, se constituyeron en un paradigma propicio para la búsqueda de relaciones igualitarias en lo social y económico, y una relación compatible con la naturaleza.
La agenda internacional sobre la problemática del agua marco su propio rumbo. De 1987 a 2006, los organismos multinacionales entre ellos la ONU, la Unión Europea, FMI, entre otros, por lo menos convocaron a 12 reuniones internacionales en la búsqueda de convenios y acuerdos que hicieran posible el impulso de acciones, gestión de cuencas, intermediación de conflictos, gestación de políticas públicas, cooperación científica y tecnológica y gobernabilidad sobre los recursos hídricos.
Los foros más importantes fueron en Argentina el año 1987 donde se debate sobre la sanidad y la contaminación; En 1992 el foro de Dublín, privilegia lo relativo a la sustentabilidad urbana, la conservación de ecosistemas e igualdad de género; La cumbre de Johannesburgo en 2002 puso énfasis en la cooperación internacional, el manejo de riesgos y desastres; El cuarto foro del agua en México en 2006, versa sobre la visión de cuenca, los derechos por el acceso al agua, manejo de riesgos y desastres, la contaminación y la gestión integral. (Biswas, 2003)
No obstante, paralelo a la agenda oficial se suscita una movilización impulsada por la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales a través de los foros sociales y cumbres mundiales y regionales por la defensa del agua que reivindica el acceso al agua como un derecho humano fundamental, se oponen a la privatización de los servicios y ecosistemas productores de agua, pugnan por una gestión integral de cuencas y su conservación con la participación social, respetando los derechos de los pueblos y comunidades que ostentan los recursos hídricos. Las demandas más sobresalientes se oponen a las tendencias privatizadoras impulsada por organismos financieros internacionales y corporaciones trasnacionales que pretenden el control mundial de los recursos hídricos. (Arrojo, 2006)
La modernización ecológica en las legislaciones sobre el agua
Uno de los resultados que trajo consigo la preocupación internacional sobre el ambiente y específicamente el asunto del agua, fue eso que Beck denomino la modernidad ecológica, donde los países industrializados deben asumir los crecientes riesgos sociales y ecológicos derivados de la modernización (Beck, 2002), propiciando un discurso ambiental que permita el crecimiento económico y el manejo controlado de los riesgos y peligros que produce esta sociedad del riesgo (Gallardo, 1999). Desde la Cumbre de Río en 1992, un gran número de países, entre ellos México, han modificado sus legislaciones e introducido principios ecológicos y de la sustentabilidad (Biswas, 2003: 31) destinado recursos, reorientando las políticas públicas y generando acciones programáticas para el logro de los objetivos propuestos en la agenda internacional en el marco de la pretendida concepción de la sustentabilidad. Por otro lado, aumentan las organizaciones no gubernamentales que se oponen a las medidas tecnológicas, la privatización de los recursos naturales, pugnan por el derecho humano al agua, y procesos depredatorios del ambiente. (Barlow, 2002)
Así, encontramos discursos paralelos y contradictorios en torno a los valores ambientales y de sustentabilidad. Por una parte, podemos reconocer el ambientalismo instrumental, propio del neoliberalismo que privilegia la reproducción material y acumulación de capital, internaliza sus valores desde la crítica ambiental, pero propone soluciones tecnológicas, medidas de liberación mercantil y acotamiento del estado benefactor reducido a la vigilancia normativa e intervención reguladora (Brand, 2005: 22).
El preservacionismo ambiental, a su vez, concibe al ambiente con valor propio, susceptible de daño, degradación y aprovechamiento racional. A grandes rasgos, es posible distinguir por lo menos dos visiones de lo ambiental uno tendiente al antropocentrismo y otro de corte eco-céntrico con sus diversos matices. (Borja, 1988; Cirelli, 2004: 23)
Así, los conflictos por el agua han introducido valores ambientales y nuevos derechos que redimensionan los conflictos tradicionales y orientan nuevas formas de lucha en el marco de eso que llaman modernidad ecológica. Analizaremos como se manifiesta esta orientación en una región de Veracruz central.
Localización y Metodología
La zona de estudio se localiza en la región central del estado de Veracruz conocida como “las grandes montañas” en la Sierra Madre Occidental, las zonas metropolitanas de Córdoba y Orizaba forman una importante conurbación cuya dinámica central es la concentración urbana y el desarrollo industrial desde el siglo XIX. Actualmente, alrededor de la dinámica de estas ciudades centrales, se concentran las actividades industriales, comerciales y principales servicios regionales, aglutinando una serie de ciudades medias y su hinterland rural quienes proporcionan materias primas y servicios ambientales. Además, son las ciudades que demandan las mayores cantidades de agua potable y de calidad para consumo humano, industrial, servicios, comercio y agricultura, en muchas ocasiones a costa de las comunidades rurales que las rodean. Ambas ZMs. integran una población actual de 643 574 pobladores de 15 municipios. La Z.M. Córdoba aporta 276 553 habitantes y Orizaba 367021 (Conapo, 2005).
La base de datos utilizada para el siguiente análisis de la conflictividad en torno al agua en la ZMCO fue tomada de dos fuentes periodísticas de carácter regional: el Mundo de Córdoba y el Sol de Orizaba, se seleccionaron cerca de 800 notas sobre temas relacionados con el agua y de aquí se eligieron 251 notas que tenían referencias directas sobre situaciones de conflictividad. Para fines prácticos, se considero una situación de conflicto a cualquier referencia sobre tensiones sociales en torno a la apropiación y uso del agua donde se opusieran o confrontaran dos o más agentes sociales por el acceso o defensa del vital líquido. La selección temporal y espacial que consideramos va del año 2000 a 2006 por ser un periodo donde se ve con más precisión la irrupción de protestas que incluyen valores ambientales.
Tipología de los conflictos
Para fines de este ensayo se propuso una tipología para identificar el tipo de conflictos predominantes y proceder a su análisis. Por el carácter de las demandas los conflictos fueron divididos en tres grandes categorías. Conflictos reivindicativos; socio-ambientales y ambientales. Las demandas reivindicativas están asociadas a las pugnas por el acceso al agua: la distribución, la infraestructura básica, el control de mantos acuíferos, los usos del líquido, la calidad y tarifas y, el uso político del recurso. Es decir, son disputas cuyo objetivo básico es el acceso vital al agua o bien su control con fines políticos, sin considerar las condiciones de producción y protección de mantos acuíferos. Por conflictos socio-ambientales, consideramos aquellas disputas que contienen demandas reivindicativas pero incluyen demandas expresas sobre la protección de mantos acuíferos y acciones de conservación de los hidrosistemas. Por último, por conflictos ambientales consideramos todas aquellas disputas que se expresan explícitamente por el cuidado, protección y conservación ambiental y que ven en los ecosistemas y valores conservacionistas un motivo en sí mismo más allá de las necesidades primordiales por el agua.
Así, procedimos a la creación de una base de datos que identificaba de manera central tres grandes aspectos: el tipo y carácter de las demandas para identificar el tipo de conflicto. En segundo término, se registró la filiación de los actores sociales para reconocer qué tipo de sectores sociales hacen posible las demandas por tipo de conflictos. En tercer término, se incluyeron variables sobre el ciclo del conflicto que nos indicaran las principales estrategias del repertorio de acción colectiva usada por los participantes y así tener un acercamiento en la forma que se construyen las demandas ambientales y persisten las tradicionales.
Resultados del análisis global de la base de datos
De acuerdo con las notas periodísticas analizadas para el periodo 2000-2006, podemos deducir que el mayor número de acciones controvertidas recaen en las demandas reivindicativas o de tipo socio-económico ocupando un porcentaje de más del 75%. Los principales reclamos están orientados a la solución de escasez de agua para el consumo doméstico, la construcción de infraestructura o sistemas de agua potable y la movilización social para oponerse a la entrega de agua de sus mantos freáticos a otras regiones o ciudades.
En tanto las demandas de tipo socio-ambiental que incluyen, reivindicaciones de tipo socio-económico, probables daños a la salud y además protección de ecosistemas o mantos freáticos, ocupan una segunda posición en los registros realizados. Finalmente las demandas ambientales que son aquellas centradas en la defensa de valores ambientales presentan el menor número de casos, estas demandas están relacionadas con problemáticas sobre la protección de mantos freáticos, la conservación de ecosistemas y las declaraciones sobre saneamiento de corrientes fluviales y denuncias contra la contaminación sobre todo proveniente de la industria y las aguas residuales domesticas, entre otras
Es preciso señalar, que a pesar de que la problemática ambiental está físicamente probada y existe una fuerte movilidad por los daños causados por la contaminación y los riesgos que estos implican a la salud, el mayor número de demandas ambientales se registra en el momento en que las personas, colonias o comunidades se ven afectados directamente en sus condiciones de vida implicando daños a la salud o perjudicando sus actividades económicas. Este es un fuerte motivo de movilidad social y alienta la manifestación pública.
Asimismo, es en esta medida que la demanda ambiental asociada se manifiesta como una necesidad, en parte porque las leyes ambientales aprobadas exigen y castigan con mayor rigor la contaminación de mantos acuíferos y condicionan los niveles de contaminación que deben ser vertidos a los mantos freáticos.
El marco normativo entonces, con sus limitaciones y ambigüedades, es un elemento importante para legitimar la movilización y demanda social por la sanidad y protección de mantos acuíferos.
Sector social de la conflictividad.
El resumen analítico que nos proporciona el grafico sobre al ámbito del conflicto, indica que el mayor número de conflictos se localiza en las zonas urbanas, le siguen aquellos localizados en la relación rural-urbana y finalmente los conflictos rurales (Ilustración #2). El peso demográfico de las principales ciudades, en este caso Córdoba y Orizaba, así como la distribución y acceso al líquido es una fuente permanente de movilización urbana por el acceso al agua, la eficiencia de su distribución y la calidad de su consumo. Asimismo, es en estas ciudades que se concentran los problemas de contaminación e intensificación del consumo de agua, asociados a la industrialización, por lo que las áreas urbanas se constituyen en un campo permanente de disputas por el agua. Por otra parte, es en el escenario urbano que la movilización por valores ambientales se hace explicita al requerir de mayor elaboración teórica, especialización temática, manejo de normas ambientales y recursos políticos para el activismo. Es decir, es en el contexto urbano donde las organizaciones ambientalistas tienen su principal área de acción y fincan sus estrategias básicas. El segundo nivel es la relación rural- urbano donde se manifiestan las querellas por el control y conservación de mantos acuíferos entre las áreas rurales y urbanas que pueden ser definidas como conflictos de apropiación por el agua. El tercer motivo está asociado a la contaminación de las áreas rurales por las externalidades urbano-industriales y la consecuente reacción de las áreas rurales en defensa del agua potable, los riesgos a la salud y los daños a las actividades económicas.
Frecuentemente son las áreas rurales y las colonias periféricas de las ciudades quienes sufren de manera directa los efectos dañinos del fenómeno urbano-industrializador, pero también son quienes cuentan con menos recursos políticos para la movilización. En el ámbito rural propiamente dicho se localiza el menor número de casos conflictivos. Los principales problemas están asociados a la infraestructura básica, distribución del líquido y control de mantos acuíferos. Otros casos tienen que ver con las áreas de irrigación agrícola, pero son menos representativos.
De acuerdo con el tipo de demandas las mayores disputas recaen en el ámbito rural urbano, pero no contradicen el análisis anterior porque vistas de manera aislada, es en el ámbito urbano que se suscita el mayor número de tensiones por el agua, pero al relacionar las demandas con sus consecuencias se advierte la estrecha relación entre las movilizaciones rurales a consecuencia de las externalidades y la intensificación del consumo en las ciudades centrales. Visto aisladamente, el ámbito rural, es el que menos conflictividad refleja en las referencias encontradas, a esto hay que agregar la escasa difusión de la problemática rural por los medios impresos.
Tipología de los conflictos y frecuencia
Las notas periodísticas analizadas nos arrojaron 251 referencias sobre diversos tipos de conflicto social por la apropiación y defensa del agua. Después de una selección más cuidadosa en la que se eliminaron las referencias repetitivas sobre las mismas disputas y considerando que las protestas por la escasez de agua en las ciudades y congregaciones agrarias se multiplicaban y aparecían con cierta regularidad en la época de estiaje, sólo recuperamos aquellas referencias que generalizaban el malestar alrededor de la falta de infraestructura, escasez del agua, eficiencia en el manejo del líquido y protestas por precios y tarifas en el consumo de agua, que redujeron significativamente el número de casos pero dan una idea más clara de la problemática del agua y las demandas subsecuentes. Cuando un conflicto se prolongaba en el tiempo y aparecía repetitivamente sólo consideramos un conflicto aclarando su temporalidad. De igual manera hicimos con los conflictos socio-ambientales, redujimos el número de notas periodísticas a un caso o dos cuando el mismo agente afectó otro conglomerado social y se puede analizar como un caso aparte, tal es el caso de la industria papelera Kimberly Clark que afecta varios municipios y recibe protestas diferenciadas. El mismo criterio seguimos para las disputas ambientales.
El resultado de esta operación nos arroja una cantidad de 67 conflictos en los 6 años registrados, de los cuales los conflictos socio-económicos representan el 45%; los socio-ambientales el 43% y los ambientales 12%. Estas primeras cifras dan cuenta de la intensidad de los conflictos en la ZMCO donde regularmente se tiene la percepción de que el nivel de conflictividad es bajo dada la abundancia de recursos hídricos como lo suponen las agencias oficiales. Asimismo, nos permite hacer evidente el malestar social por el uso, apropiación, manejo social y ambiental de los recursos hídricos en la región. La equiparación porcentual entre los conflictos por la subsistencia y usos consuntivos del agua y aquellos que incluyen demandas ambientales, son un indicio de cómo las demandas socio-ambientales o ambientales propiamente dichas, se han convertido en un motivo de protesta pública y activismo social y compiten en intensidad con aquellos de corte cotidiano. Puede ser que aún se esté lejos de una interiorización social de valores ambientales en la región, pero la percepción del riesgo ambiental, daños a la salud y a la propiedad de terceros se han convertido en motivo de demanda pública y acción colectiva como lo muestran la diversidad de movilizaciones por la afectación de derechos, la salud pública y daños a ecosistemas.
Es importante ver también como el grueso de los conflictos se concentra en las ciudades y municipios metropolitanos básicamente en las ciudades de Córdoba, Orizaba e Ixtaczoquitlan, donde se acrecientan las disputas por el acceso al agua potable, la falta de infraestructura básica y la distribución desigual del líquido aunado a una administración poco eficiente del agua. Pero también las movilizaciones socio-ambientales y ambientales son significativas acordes a su vocación de concentración urbano-industrial. En el caso de Ixtaczoquitlan cobran relevancia las disputas socio-ambientales, lo que indica que la concentración industrial no ha propiciado políticas congruentes con el manejo sano del ambiente y esto puede ser un detonador de los límites al crecimiento urbano-industrial, por lo menos siguiendo el patrón de uso intensivo y depredador de recursos hídricos que se ha seguido hasta el momento. Precisamente este modelo hace posible que siendo un municipio con abundantes recursos hídricos haya fuertes carencias de abastecimiento de agua potable y distribución desigual entre el consumo humano y el consumo industrial. Otra ciudad que destaca por su creciente demanda de agua para el consumo humano es ciudad Mendoza que cuenta con escazas fuentes de abastecimiento dependiendo del Municipio de Nogales. Las fuentes sobre este municipio indican un manejo ineficiente del líquido y distribución desigual entre otras razones. Córdoba, Fortín e Ixtaczoquitlan son quienes presentan mayor énfasis en los movimientos ambientales al concentrarse allí la actividad de dos organizaciones ambientalistas en la protección de la “Barranca Metlac”. Enseguida haremos una breve síntesis de las principales disputas por el agua atendiendo a la tipología aquí planteada.
Las demandas socio-económicas en los conflictos reivindicativos
Los conflictos por acceso al agua y escasez relativa son más intensos en las grandes ciudades y cabeceras municipales, como señalamos anteriormente, donde las fuentes hídricas se ven disminuidas y las necesidades de agua industrial y consumo humano crecen significativamente.
Córdoba, Orizaba, ciudad Mendoza son quienes padecen, en el periodo estudiado, las mayores carencias por agua potable con un déficit hasta del 40%. Los conflictos más persistentes aparecen regularmente cada año en la época de estiaje, siendo el periodo de marzo a junio, los meses de mayor intensificación en la movilización por el agua, volviéndose un verdadero problema para las autoridades en cada municipio.
Por ejemplo Córdoba y Orizaba durante los seis años observados presentaron este problema de manera continua, pero la escasez ya se manifiesta de manera crítica desde los años 80 del siglo pasado (Gobierno del estado, 1979; 1988). En córdoba por ejemplo el líquido llegó a escasear en 107 colonias de la ciudad. En Orizaba sucedía un caso similar durante todo este periodo. Este hecho se explica debido a que las fuentes de agua que abastecían tradicionalmente las ciudades se hicieron insuficientes al incrementarse rápidamente la población, redujeron sus caudales o fueron invadidas por la ciudad, canalizadas a los drenajes o taponados los afluentes.
Fue hasta la construcción del acueducto Nogales-Córdoba-Orizaba en el año 2006 que las presiones para el abastecimiento público bajaron considerablemente. No obstante, el problema no desapareció del todo, principalmente porque ahora los sistemas de conducción siguen siendo obsoletos habiendo fugas o reparaciones constantes que dejan frecuentemente a colonias enteras sin el vital líquido. Las presiones poblacionales por agua se estaban convirtiendo en un verdadero problema de control político para las autoridades locales incrementándose las medidas de presión política en las zonas urbanas al haber un desabasto de hasta el 40% en las principales ciudades.
En este sentido el proyecto de acueducto Nogales-Córdoba-Orizaba se constituyó en una oportunidad inmejorable para aliviar las necesidades de agua urbana de las principales ciudades de la ZMCO. La resistencia civil para entregar el agua a las ciudades centrales derivó en el principal conflicto regional con una duración de casi 6 años. La intervención de la máxima autoridad del estado tuvo que ser más agresiva llegando a la violencia institucional. Los errores políticos y la falta de previsión para involucrar a la población en el proyecto tuvieron que derivar en represión abierta y juicios formales de orden judicial contra los oponentes.
La escasez del agua no solo está relacionada con el crecimiento poblacional y la demanda creciente del líquido, sino que obedece también a cuestiones de carácter técnico y político.
Por ejemplo en 2006 las autoridades del agua de Córdoba y Orizaba reportaban que los desperdicios por fugas y equipo obsoleto significaban cerca del 40% del liquido distribuido, este porcentaje equivale aproximadamente al caudal que transporta el acueducto Nogales–Orizaba-Córdoba de aproximadamente 500 Lps. Si los sistemas de distribución de agua potable fueran eficientes el conflicto entre estos tres municipios se podría haber evitado. A esto hay que agregar la inexistencia o insuficiencia de sistemas de tratamiento de agua potable, por ejemplo Córdoba extrae 688.18 Lps. de tres fuentes de agua y sólo da tratamiento a 30 Lps. habiendo una diferencia abismal entre el agua usada y el agua tratada (informe. Hidrosistema de Córdoba, 2008)
Asimismo, es difícil ver en las demandas por escasez de agua e infraestructura básica demandas de tipo ambiental. Las demandas más relacionadas con esta temática están vinculadas con la protección y conservación de pozos, manantiales y arroyos, no obstante esta protección se reduce constantemente a la limpieza, protección sanitaria, desazolve y descontaminación. Es decir, a mantener en condiciones de uso el afluente sin una previsión a largo plazo que considere la protección ecosistémica de los cuerpos de agua; por ejemplo, reforestación de la zona productora de agua, protección de las áreas verdes de la cuenca o subcuenca, recarga de mantos acuíferos, o rehúso de agua tratada. Esto es un indicador que los valores ambientales, aunque están cada vez más presentes en los sistemas normativos y culturales de la población, aún no se consideran centrales en la protección de los mantos acuíferos. Priva el interés inmediato de apropiación por el líquido, la distribución, los sistemas de agua potable, la politización de los programas y el reparto del agua. Las medidas de conservación y producción ambiental de agua apenas si son visibles en las disputas por el consumo de agua a pesar de que las reformas a la ley de agua introdujeron valores de sustentabilidad y manejo integral por cuencas hidrológicas.
Análisis de la demanda por el acceso y la defensa del agua
Los resultados arrojados por el análisis de la información, nos indican que las demandas no se presentan de manera aislada, frecuentemente se relacionan dos o más demandas en un mismo conflicto, sin embargo para fines analíticos consideramos el orden de prioridad en que aparece una demanda y dos o tres más que aparecen asociadas, de tal menara que obtuvimos 10 tipos de demandas predominantes en los diversos conflictos analizados. Las peticiones más sobresalientes son aquellas relacionadas con la escasez y la infraestructura en mal estado ocupando el 29.5% de los casos analizados, es aquí donde se localizan aquellas peticiones fundamentalmente socio-económicas por el acceso al agua. En segundo término, en un porcentaje equiparable de 28.5% se localizan las demandas por contaminación, condición de acuíferos y deterioro de ecosistemas que son quejas relacionadas con las externalidades urbano-industriales y donde la controversia socio-ambiental se genera frecuentemente. En tercer lugar, localizamos las inconformidades por infraestructura en mal estado y distribución desigual del agua que representa un 9.6% que afecta básicamente a las colonias suburbanas y comunidades campesinas como vimos con anterioridad, la movilización social aquí es importante ya que las fugas y los sistemas de conducción son obsoletos y faltos de mantenimiento, siendo un problema frecuente en las áreas urbanas y rurales. El cuarto lugar con 9.3%, lo ocupan aquellas disputas relacionadas con el control político y la condición de abundancia o escases de los acuíferos, esta disputa está relacionada con el control del agua y la resistencia de la población que ostenta los acuíferos para entregarla a necesidades externas ya sea rural o urbana. Aquí los fines políticos se cruzan frecuentemente con las necesidades básicas de los sectores en disputa, confundiendo y en ocasiones prolongando la solución de las tensiones por el líquido.
Los reclamos por escasez, precios y tarifas, ocupan una quinta posición con 4.8%, aquí es importante destacar que las grandes ciudades como son Córdoba y Orizaba carecen de medidores de agua, cobrando por tarifa y no por cantidad de agua consumida habiendo una fuerte resistencia de la ciudadanía en general y del sector comercial contra los medidores para consumo de agua.
Esta situación no se ha resuelto debido a varios factores relacionados con la ineficacia de los sistemas de distribución y el desperdicio de agua por mal estado de la infraestructura, agravando la relación de los sistemas de agua potable y los usuarios. En sexto lugar con 4.4% se encuentran las demandas por deterioro de ecosistemas y contaminación que reflejan las demandas propiamente ambientales. La variable de precios y tarifas nos es representativa de manera aislada, porque las cuotas en general son de bajo costo pero relacionada con otras demandas es un motivo común en las disputas por el agua. Finalmente, tenemos las tres últimas demandas todas ellas relacionadas con la protección de mantos acuíferos y ecosistemas ocupando en conjunto cerca del 10% en comparación con las anteriores peticiones. Este dato puede ser un indicador importante de la escaza relación que las movilizaciones en torno al agua establecen con los sistemas naturales productores de agua y como las demandas ambientales siguen ocupando un lugar secundario en los motivos que llevan a la movilización por el acceso al agua.
El análisis de las demandas nos lleva a corroborar que las demandas tradicionales por el acceso al agua y el control social y político siguen ocupando un lugar de primer orden. Esta situación corresponde a una reacción clara de los diversos usuarios por al control y acceso al agua y las desigualdades existentes en su distribución, así como a la escaza eficiencia distributiva de los sistemas de agua potable en las principales ciudades donde los organismos del agua reportan un desperdicio de casi el 40% de sus líneas de captación y distribución.
Mientras tanto, las demandas de tipo socio-ambiental recobran importancia, ya que el número de casos registrados casi se equipara con las demandas socio-económicas. Esto indica que las protestas por los daños ambientales, riesgos tecnológicos y efectos a la salud son percibidas por la población como una posible amenaza para la salud pública y daños al medio ambiente, implicando un cambio importante en la interiorización de valores relacionados con la calidad de vida, cuidado y conservación ambiental. No obstante, es necesario advertir que las demandas socio-ambientales pueden configurar un movimiento inusitado de activismo social y protesta pública y desvanecerse al cumplirse las metas más apremiantes frecuentemente de tipo socio-económico y aplazar las demandas ambientales inmersas dentro del conflicto. Esto también se debe al carácter de los sectores movilizados y la falta de vínculos orgánicos con las organizaciones ambientalistas que pudieran generar expectativas de mediano y largo plazo en la movilización social.
En posible argumentar que son las demandas socioeconómicas las que ocupan el grueso de las disputas en torno al agua, le siguen aquellas de carácter socio-ambiental y en tercer término las demandas ambientales, por lo que, es posible argumentar que los valores ambientales siguen subordinados a las externalidades urbano-industriales y las organizaciones ambientalistas aún no se constituyen en una fuerza representativa que oriente las demandas ambientales.
Las demandas ambientales como tales no ocupan un lugar destacado en los conflictos por el agua a pesar de la fuerte problemática de contaminación y deterioro de ecosistemas que permiten la escasez de agua potable en un contexto de abundancia hídrica. Las demandas socio-ambientales y ambientales en conjunto, de cualquier manera ocupan un lugar destacado en las disputas regionales por lo que podemos argumentar que cada vez tienden a ser más importantes y los valores ambientales más significativos en las tensiones regionales por el agua.
Filiacion de los protagonistas
Para el analisis de los protagonistas inmersos en la movilizacion por los recursos hidricos, se agruparon los datos considerando la participacion de los tres niveles de gobierno: gobierno federal (Gf), gobierno estatal (Ge) y gobierno local (Gl) o municipal; por otra parte, la sociedad civil, las organizaciones corporativas y organizaciones independientes u ONG’s.
Así, pudimos corroborar que la mayor parte de los conflcitos se suscitan en la confrontación local, al intervenir los agentes ligados al municipio a traves de sus organismos del agua, este hecho tal vez ocurre a consecuencia del proceso de municipalizacion, despues del 2002, con las reformas de la ley del agua en el estado.
La sociedad civil es el otro agente en las controversias, se manifiestan agrupados en colonias, comunidades campesinas y grupos diversos afectados por externalidades o peticionarios de servicios de agua, organizaciones corporativas y Ong’s., dando una dimensión local a la solucion y mediación de las demandas por el líquido. Este hecho puede ser una consecuencia de la predominancia de los conflictos vitales por el acceso al agua y las soluciones locales que requieren; en segundo termino, localizamos la intervención del gobierno federal, a traves de las secretarías de estado, la intervención de la Comision Nacional del Agua (CNA), la SEMARNAP, la PROFEPA y la SSA sobre todo en aquellos conflictos relacionados con la contaminación a cuerpos de agua y la fuerte movilidad que esto representa, son indicadores de la intervención del nivel federal, incluso con mayor frecuencia que el gobierno estatal. En tercer lugar, se encuentra la intervención de las secretarías de estado del gobierno estatal que incluyen a las organizaciones paralelas sobre el manejo del agua y control de la contaminación como son; la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), SEDARPA y SEDERE, Secretaría de Protección Civil, entre las principales. Es necesario, señalar que las dependencias estatales regularmente aparecen cuando los conflictos ya se han manifestado abiertamente y las dependencias federales han intervenido para mediar o controlar las inconformidades sin mucho éxito, resultando en una constante falta de coordinación y criterios establecidos para la mediación y resoluión de los conflictos.
En cuarto lugar, tenemos la intervención directa del ejecutivo estatal, esta variable es interesante en la medida que la intervención de la máxima autoridad del estado se refleja cuando las disputas rebasan el nivel ordinario de negociación y las tensiones tienden a convertirse en irreconciliables o se endurecen entre las partes en disputa.
Este es el caso de los principales conflictos regionales como: la oposición del acueducto Nogales-Córdoba-Orizaba, la contaminación de la alcoholera Zapopan, la contaminación del FIRIOB, y el conflicto de la Sierra del Gallego por la distibución del agua entre 21 comunidades campesinas.
La participación de las organizaciones no gubernamentales en las disputas por el agua aún no es representativa en sí mísma ya que no se oponen abiertamente a un agente en especial, sino a procesos amplios de destrucción de recursos y deterioro de hidrosistemas, como es el caso de Renace, y Amigos y Vecinos de Metlac, la Condepico (Comisión Nacional del Pico de Orizaba), o los grupos que forman las comisiones intermunicipales de medio ambiente, muchas de sus acciones son de tipo declarativo, influyen en la opinión pública y sus actos son orientados a la capacitación y formación de cuadros.
Un elemento importante que no fue posible reflejar en la filiación es el papel de la iniciativa privada y las empresas contaminantes que se contituyen en el principal oponente en los conflictos socio-ambientales y ambientales de los que hemos hablado con anterioridad.
Asimismo, es importante destacar el papel marginal de las organizaciones corporativas o partidistas en los conflictos actuales por el agua. Es mas frecuente localizar la intromisión de partidos políticos en los conflictos socio-economicos pero, de acuerdo a las notas revisadas, existe un rechazo generalizado por su intervención como reflejo del desprestigio y las prácticas fraudulentas que han desplegado por largo tiempo de liderazgo corporativo en los grupos populares y comunidades campesinas. También, se nota la ausencia de estas organizaciones en las demandas socio-ambientales y ambientales al carecer de plataformas que reivindiquen los valores ambientales y la complejidad de intereses que se entretejen en este tipo de conflictos.
Ciclo del conflicto
Situación de solución de los conflictos
Es interesante observar que la mayoría de los conflictos, equivalente al 24% de casos registrados en el periodo, se encontraban en calidad de latentes, es decir ya habían estallado tiempo atrás y se encontraban sin solución. En segundo término con un porcentaje de 19%, aparecen los conflictos potenciales que son aquellos que aún no estallaban pero muestran un nivel importante de tensión social. El siguiente indicador refleja que el 17% de los conflictos se encuentran en estado latente y manifiesto, implicando que estan activos y sin solución al momento del registro.
En contraste, aquellas disputas que habían sido resueltas representaban 10% de todos los casos indicando la insuficiente capacidad de los oponentes, principalmente autoridades gubernamentales y empresas, para solucionar las controversias (Ilustración #6), además la “resolución” de conflictos ha implicado en buena medida el despliegue de mecanismos de fuerza pública para su control y manejo siendo los casos más representativos en este periodo: el acueducto Nogales-Córdoba-Orizaba y la alcoholera Zapopan, donde el gobierno estatal requirió la intervención judicial para controlar las manifestaciones públicas. Los demás datos indican algún grado de latencia del conflicto en los diversos municipios.
Repertorio de acción colectiva de los oponentes
De acuerdo a las fuentes analizadas, las principales acciones de presión política son aquellas relacionadas con la declaración pública en prensa, radio y televisión, así como la difusión de la problemática, ocupando un alto porcentaje equivalente a 42%. En segundo lugar, aparecen las manifestaciones pacificas como marchas y mítines, así como la difusión pública de la problemática que ocupan el 14% del tipo de acciones. En tercer término, se encuentran las declaraciones públicas a través de los medios de difusión principalmente prensa y radio, pero incluyen la demanda legal como mecanismo de lucha en un porcentaje de 11%. En ese mismo orden se presentan aquellas manifestaciones públicas que incluyen medidas de mayor presión social como son la toma de instalaciones en una proporción de 9%. Asimismo, tenemos enseguida las acciones que incluyen bloqueo de carreteras y calles para ejercer presión política. En el mismo orden y porcentaje se encuentra la intervención de partidos políticos en diversas movilizaciones reforzando el comentario anterior de que su nivel de involucramiento es distante de la conflictividad, y su intervención en la mayoría de ocasiones, se hace desde el poder legislativo donde están obligados a intervenir en el momento que el conflicto alcanza niveles críticos para su control (Ilustración #7). Los últimos niveles se relacionan con medidas más extremas de protesta que incluyen la destrucción de infraestructura, bloqueo de calles o carreteras y toma de instalaciones principalmente. El análisis del repertorio de acción colectiva revela que las movilizaciones se presentan de manera gradual optando por medidas pacificas: la demanda legal, la difusión de la problemática hasta el incremento paulatino de medidas de presión que pueden llegar a la violencia y la confrontación política. Estos resultados sugieren la necesidad de considerar la movilización social como una oportunidad política para la solución de los problemas antes que considerarlas como actos violentos, de rechazo y oposicionismo. Asimismo, muestran la urgencia de formular un marco normativo propicio para la resolución y manejo de conflictos y la intervención adecuada de las instituciones gubernamentales sobre todo aquellas relacionadas con el agua, la contaminación y el deterioro de ecosistemas.
En general, es necesario agregar que la acción colectiva se genera en la práctica pero se fortalece con el reconocimiento del problema: surge de una reacción a un problema, un riesgo o un daño y va recobrando sentido y significación en la medida que la población se va informando, reconoce a fondo el problema y es asesorado por expertos en la materia constituyéndose el objetivo de la demanda.
Los motivos socio-ambientales requieren, en este sentido, mayor elaboración cognitiva para sustentar la objetividad de la demanda. La asesoría de expertos, a simple vista, es una acción sin regularidad, ya que no es notoria la asesoría sistemática y abierta de las ONG’s o grupos ambientalistas, sin una vinculación orgánica dentro de las movilizaciones socio-ambientales.
En ocasiones, la asesoría de expertos dentro de las instituciones es importante, pues generan la información sin involucrarse directamente en la movilización, pero proporcionan información que los activistas hacen suya y se convierten en motivo de acción colectiva.
También el oposicionismo partidario es otra fuente de controversias pues las regidurías o integrantes de las comisiones de ecología pertenecen generalmente a partidos distintos del partido en el poder municipal, estos agentes actúan proporcionando información o motivando la demanda pública para ejercer presión sobre el partido gobernante en turno. El caso más típico lo encontramos en Fortín, Córdoba e Ixtaczoquitlan donde las regidurías también eran encargadas de las direcciones de ecología (PRD o PAN) y jugaron un papel importante proporcionando información y gestión de la oposición en algunos conflicto con demandas ambientales.
Este juego político de los partidos proporciona elementos para el activismo social pero también hace tomar distancia a los grupos movilizados que frecuentemente niegan su filiación y adscripción a un partido político, sobre todo en los movimientos socio-ambientales o ambientales, aún cuando participan activamente agentes con filiación partidista. En el contexto de la movilización, los diversos agentes involucrados deben presentarse sin intereses partidistas para evitar sospechas de intromisión y manipulación de la acción ciudadana. En este sentido se trasciende el carácter corporativo que antaño caracterizaba la movilización popular. www.ecoportal.net
José Cruz Agüero Rodríguez – Maestro de la carrera de Sociología de la Universidad Veracruzana, Sistema de Enseñanza Abierta. Doctor en Estudios Urbanos y Ambientales del COLMEX.A.C. Ponencia presentada en el Primer Congreso Internacional de Ciencias Sociales en el sureste mexicana. Universidad del Caribe, Comecso. (isbn 978-607-95109-0-9)
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