Agua

En la Ruta del Mar Muerto

El mar es vida, allí se cobija al 90% de la vida que hay en el planeta. Es una responsabilidad crucial actuar como seres racionales y civilizados y no como bárbaros sedientos de riquezas. Es por ello que se requiere de una urgente modificación de la legislación pesquera.

Por Marcel Claude

El mar es vida, allí se cobija al 90% de la vida que hay en el planeta. Es una responsabilidad crucial actuar como seres racionales y civilizados y no como bárbaros sedientos de riquezas. Es por ello que se requiere de una urgente modificación de la legislación pesquera.

Chile es un país con una costa de más de 4.000 kilómetros, en la que se encuentra depositada una enorme riqueza marina que ha sido salvajemente sobre explotada, al punto que hoy está en cuestión la posibilidad de que con los recursos marinos existentes podamos seguir sosteniendo una capacidad alimentaria sólida para las futuras generaciones.


Los que éramos niños hace 30 años atrás escuchábamos decir a nuestros abuelos que el futuro de Chile estaba en el mar. Y cómo no creerlo si se veía tan grande e inagotable y resultaba tan atractivo pensar en dicha inmensidad no sólo como contenedor de experiencias de diversión y esparcimiento, sino también como fuente de cambios cualitativos en la vida de las personas. La afirmación de entonces pareció premonitoria, porque durante los últimos 25 años, el mar proveyó al país de enormes volúmenes de recursos pesqueros, que hicieron de este sector productivo uno de los más dinámicos. Pero naturalmente el incremento tan espectacular de la actividad pesquera no podía sostenerse hasta el infinito, puesto que los ritmos de la naturaleza, por más inagotable y generosa que ésta sea, son siempre menores a la inconmensurable y desmedida ambición humana. Siguiendo el curso de tal ambición, entre los años 1975 y 1995, se multiplicó por ocho la cantidad de peces extraídos desde los fondos marinos, causando una severa crisis en el sector, generando no sólo perdida de capital productivo natural, sino también, desocupación pobreza y miseria. Vale decir, provocando precisamente el efecto contrario a lo que se quería alcanzar –el progreso y desarrollo del país- y que constituía el argumento de legitimación al promover indiscriminadamente la sobre explotación.

Teniendo presente que más del 90 por ciento de la biomasa viviente del planeta se encuentra en los océanos y que actualmente alrededor del 70 por ciento de las pesquerías marinas del mundo están agotadas o han excedido su límite sostenible, entonces, estamos hablando de un problema mayor, dado que es la posibilidad misma de la vida la que se encuentra amenazada. Obviamente, la extracción indiscriminada de estos recursos ha provocado drásticos cambios de los ecosistemas o comunidades marinas, no sólo por la extracción excesiva, sino también, por los diversos métodos de pesca y la polución que cada día resultan más destructivos para el medio ambiente marino. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada año unos 21 millones de barriles de petróleo fluyen hacia los océanos, los desechos plásticos causan la muerte de un millón de aves marinas y cien mil mamíferos al año, la proliferación de algas nocivas debido al exceso de fertilizantes utilizados en la agricultura, ha creado cerca de 150 zonas muertas –sin oxigeno- en las costas y, en el último decenio, los buques que transportan el 60 por ciento del petróleo utilizado en el mundo, han derramado el equivalente a 12 desastres de la magnitud del Prestige. Además, las prácticas de pesca destructivas –como el arrastre de fondo- están causando la muerte de cientos de miles de especies marinas por año y contribuyendo a la destrucción de importantes ecosistemas submarinos. Esos métodos de pesca altamente destructivos producen la eliminación incidental no deseada de más de 20 millones de toneladas por año de diferentes especies marinas.

La vida es un frágil equilibrio que requiere el soporte de una diversidad de especies y seres vivos. Reducir esa diversidad es, en concreto, hacer cada vez más frágil la vida. En Chile, la realidad de nuestro inmenso mar Pacífico, similar a la de todos los océanos del mundo, va en camino de convertirse en otro mar muerto.

Capital Financiero Versus Capital Natural

Hace mucho tiempo ya que la famosa y antigua fábula del Rey Midas dejó de ser una fantasía infantil para convertirse en una característica de nuestra época. Hoy proliferan los reyes midas, cabecillas de feudos financieros cuyos intereses siguen un curso autónomo e independiente de los Estados-Nación, los que asistidos por economistas procedentes de distintas universidades del planeta, los nuevos magos cortesanos, están empeñados en la febril y altamente productiva tarea de transformar toda forma de vida en oro, lo que en términos económicos podríamos denominar como un proceso acelerado y eficiente de conversión de capital natural en capital financiero. El mecanismo para ello es el crecimiento económico, el más eficaz instrumento para materializar la fantasía midiana de los tiempos modernos. Lo que se presenta es un proceso de reducción sistemática de capital natural (bosques, minerales, agua dulce, biomasas pesqueras), mientras al mismo tiempo se va produciendo un aumento cuantioso de capital financiero. A partir de un punto crítico, en donde el stock de capital financiero es mayor al capital natural, entraríamos al escenario del paraíso del Rey Midas.

Lo que representa esta idea, es posible documentarlo extensamente con la información estadística disponible. Según el estado del medio ambiente mundial (PNUMA, 2003), alrededor de 3.600 millones de hectáreas, o el 70%, de las tierras secas del planeta (sin contar los desiertos hiperáridos) están degradados; se calcula que se han degradado aproximadamente 1,95 millones de hectáreas de tierra por causa de la industria y la urbanización. El tema de los bosques también es altamente preocupante. En 1982 se calculó el ritmo de deforestación en 11,3 millones de hectáreas por año. La Evaluación Mundial de los Recursos Forestales del año 2000, utilizando por primera vez una definición común de bosques como áreas de por lo menos 0,5 ha con una cubierta de copas de más del 10%, concluyó que la pérdida neta de área forestal en el mundo durante los años noventa fue de aproximadamente 9,4 millones de hectáreas (el equivalente del 0,2% del total de bosques). Esto fue el efecto combinado de un ritmo de crecimiento de deforestación de 14,6 millones de hectáreas por año y un ritmo de crecimiento forestal de 5,2 millones de hectáreas por año. La deforestación en los bosques tropicales alcanza casi al uno por ciento anual.

Otro tema preocupante para el PNUMA es lo que ocurre con la biodiversidad. La salud y el bienestar humano dependen directamente de la diversidad biológica. Por ejemplo, 10 de los 25 medicamentos más vendidos en 1997 se derivaron de fuentes naturales. Se calcula que el valor total de los productos farmacéuticos derivados de recursos genéticos se ubica entre 75.000 y 150.000 millones de dólares por año. Para cuidados de salud, cerca del 75% de la población del mundo depende de medicinas tradicionales que se derivan de fuentes naturales. Pese a esto el número de especies extinguidas sigue en aumento. La información sobre la situación de las especies, en lo relativo a la conservación, se encuentra en las “listas rojas” de especies que se consideran amenazadas de extinción que publica regularmente la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). La última “lista roja” de la UICN señala que cerca del 24% (1.130) de las especies de mamíferos y 12% (1.183) de las aves del mundo se consideran actualmente amenazadas.

El PNUMA hace referencia también al problema del agua dulce. Unos 80 países, que representan el 40% de la población mundial, sufrían una grave escasez de agua a mediados del decenio de los noventa, y se calcula que en menos de 25 años dos terceras partes de la población mundial estarán viviendo en países con estrés hídrico. Por otro lado, las actividades humanas, como la agricultura y los asentamientos, causaron graves daños a los ecosistemas de agua dulce y contribuyeron a la pérdida del 50% de los humedales del planeta durante el siglo XX.

En materia financiera la información disponible nos dice, por ejemplo, que el comercio promedio diario en el mercado de cambio global ha aumentado de 15 billones de dólares en el año 1973 a mil 300 billones de dólares en el año 1995 y a más de 2000 billones en el 2000. (UNCTAD 2001). Además hay una creciente demanda de servicios financieros, acciones, bonos, depósitos bancarios en las economías desarrolladas que han venido creciendo dos veces más a prisa que el producto interno bruto. Los flujos de inversión extranjera directa pasaron de 473 billones de dólares, en 1997, a 1.118 billones de dólares, en el 2000 (UNCTAD 2001). El stock de activos financieros ha pasado de 12 billones de dólares en el año 1980 a cerca de 80 billones de dólares en el año 1999, lo que representa una multiplicación superior a seis veces del capital financiero en algo más de una década.

Debido a su impacto en los recursos marinos, la acelerada conversión de naturaleza en dinero, ha significado que el sector pesquero encara crecientes problemas, como la sobre-explotación de las reservas pesqueras y la aparición de un exceso de capitalización, es decir, embarcaciones y plantas en tierra más allá de la capacidad de los mares para hacerlas operar. A esto se agrega la pesca ilícita, la pesca pirata y las artes de pesca destructivas como el arrastre de fondo. Todos estos problemas han hecho que los recursos marinos estén operando en sus límites biológicos.

Lo que nos interesa señalar con este planteamiento, es que hoy día el capital financiero no es la limitación del crecimiento económico, sino más bien la disponibilidad de recursos naturales, es decir, el capital natural. La abundancia de dinero, concentrada, por supuesto, en muy pocas manos dentro del planeta no es lo que limita la expansión de la economía, sino que la naturaleza como capital crítico.

Ganancias de Empresas Pesqueras y Sobre Explotación de Recursos

De la discusión anterior se desprende que, para la industria pesquera, el capital crítico no es el dinero, sino más bien, la disponibilidad del recurso natural y de allí que, el acceso a la cuota pesquera asignada por la legislación, es de importancia estratégica. Las empresas pesqueras si tienen acceso a la cuota se rentabilizan, crecen y se desarrollan, si no tienen esa cuota se hunden. Los barcos y las instalaciones en tierra no son lo importante, incluso tendrían un valor cercano a cero de no ser por la contundente participación de la industria pesquera en la asignación de la cuota.

El acceso ilimitado a los recursos pesqueros durante décadas y la participación privilegiada de la industria en la asignación de la cuota, ha hecho de esta industria, sino la más rentable, una de las más exitosas desde el punto de vista financiero. Téngase presente que las espectaculares cifras que arrojan las ganancias de las empresas pesqueras chilenas, se dan en un contexto de crisis económica y en un escenario de agotamiento de los recursos biológicos marinos que ha redundado en una preocupante sobre-explotación y reducción de las capturas, lo que a su vez, ha provocado una grave crisis en las actividades económicas relacionadas con las pesquerías, aumentando la desocupación y la pobreza en el sector. No obstante lo anterior, la rentabilidad promedio en la Bolsa de Comercio, para el año 2003, de las acciones de la industria pesquera, que son un indicador de la rentabilidad de esta industria, o sea, de lo que ganan las empresas, alcanzó a la espectacular cifra del 62%. Individualmente, la rentabilidad anual en bolsa de las acciones de empresas como Coloso, por ejemplo, fue del 122% y para Eperva del 52%, mientras que Itata llegó al 48%. En el mundo de los negocios, una rentabilidad relativamente aceptable es en torno al 12 o 13% y cualquier nivel superior a esto representaría un negocio extremadamente rentable. Ahora bien, todas las empresas pesqueras tienen rentabilidades muy superiores a lo normal. Obviamente, estos resultados están inequívocamente asociados a la legislación pesquera y a la forma en cómo se regulan las pesquerías en Chile, dado que ésta le entrega a la industria pesquera, en promedio, el 80% de las cuotas de capturas, lo que en estricto rigor significa asegurarle por décadas el negocio la industria. Esto es como otorgarle a un par de bancos de la plaza el 80% de las captaciones de dinero por 10 años, lo que haría de esos bancos un negocio financiero altamente rentable y haría subir las acciones en bolsa de esos bancos de manera espectacular, por ejemplo, mientras en septiembre del 2001 el precio de la acción de la empresa Coloso era de 140 pesos, en diciembre del 2003 llegó a 800 pesos, incrementándose en más de 470%. En el caso de Eperva y para igual período, el precio pasó de 70 pesos por acción a 250 pesos, arrojando un aumento superior al 250%. Lo mismo es posible verificar con los retornos por utilidad-acción, que representan las ganancias posibles de obtener al invertir en una determinada acción en la Bolsa de Comercio: para el caso de Eperva, estas ganancias pasaron de 25,51 pesos por acción en el 2002 a 34,42 pesos en el 2003, representando un aumento de 35%; mientras que para el caso de la empresa Coloso, el retorno por acción pasó de 50,40 a 94,45 pesos, en el mismo período, representando un incremento del 87%.

El otro lado de la medalla es que, al mismo tiempo que se rentabilizan de manera sobre saliente las inversiones y los negocios pesqueros, el estado de conservación de las biomasas pesqueras es cada vez peor. De acuerdo al estudio que ha hecho Oceana para Chile, denominado “ Sustentabilidad e incertidumbre de las principales pesquerías chilenas”, Buschmann y Pérez, Documento Número 3 de octubre del 2003, tanto por efectos directos como indirectos, la sobre pesca ha provocado el colapso de las principales pesquerías pelágicas del país, tales como, la anchoveta, el jurel, la sardina común y la sardina española. La principal conclusión de este estudio es que el 95,8% de los recursos pesqueros están en una situación, ya sea de incertidumbre sobre el estado en que se encuentran las biomasas, pues aún no se tiene información sobre el real impacto de los desembarques sobre el stock, o en un claro estado de sobre explotación. Por ejemplo, tal como se aprecia en el cuadro a continuación, en términos de volúmenes, para el año 1995 la anchoveta tenía una biomasa aproximada de 16 millones de toneladas; sin embargo, cinco años después, para el 2000, ya se había producido una reducción espectacular de la biomasa, llegando a los 2 millones 500 mil toneladas, es decir, cayendo a menos de la mitad en cinco años. En el caso del jurel el stock llegaba a cerca de 10 millones de toneladas en 1995 para caer a los 5 millones 600 mil en el 2000. Algo similar se puede apreciar con la sardina española.

Obviamente, esta situación es el resultado de una legislación pesquera que favorece los intereses privados en contra del interés público, puesto que de otra manera no es posible entender que una empresa como Coloso, por ejemplo, haya sido considerada la empresa del siglo, es decir, la más rentable de los últimos 100 años, al mismo tiempo que la disponibilidad del recurso pesquero se reduce dramáticamente. A todas luces, la regulación pesquera ha sido mucho más eficaz en asegurar la extraordinaria rentabilidad de la industria pesquera, lo que favorece a muy pocas empresas y grupos económicos, que en preservar la productividad de nuestros ecosistemas marinos y el capital natural que yace en las costas de nuestro país. Una medida del reducido número de beneficiados con la legislación pesquera chilena, lo constituye el grado de concentración que se aprecia en las exportaciones de harina de pescado: durante el año 2001, el 78% de éstas fue realizado exclusivamente por las seis empresas más importantes.

Ley de Pesca y Pobreza de los Artesanales

Un argumento recurrente -y a estas alturas majadero e infundado- en contra de quienes demandan mayores regulaciones y fiscalización, para evitar la sobre explotación de los recursos marinos y de la degradación de los ecosistemas naturales, es la necesidad de generar empleo y enfrentar el desafío de la pobreza. Si bien este argumento es del todo legítimo, no puede ser utilizado para explicar la situación del sector pesquero chileno, por cuanto la realidad muestra una situación del todo diferente y contraria a las pretensiones de la industria para justificarse. Hoy en día existen aproximadamente 73 mil puestos de trabajo en el sector pesquero, aunque sin incluir al sector acuícola. De éstos, aproximadamente unos 60 mil son aportados por los pescadores artesanales. Solamente esta cifra es suficiente para echar por tierra el argumento de la necesidad de crear empleos, a fin de justificar el tipo de regulación pesquera que ha adoptado el Estado chileno, dado que, mientras el 80% de las cuotas pesqueras se ha asignado a la industria que provee menos del 20% del empleo, el 20% de las cuotas se ha entregado a la pesca artesanal que es responsable de más del 80% del empleo en este sector.

Claramente las cifras no cuadran, dado que si la pesca artesanal es responsable de un mayor nivel de empleo, debería haber sido el sector privilegiado con la asignación de las cuotas, lo cual no ha sido en absoluto el caso. Por otra parte, tampoco resulta razonable el modelo de administración pesquera, cuando juntamente con indicadores de rentabilidad descollantes por parte de la industria pesquera, lo que debería indicar un sector dinámico que está creciendo y, en consecuencia, mostrando una gran capacidad de ocupar mano de obra, muestra no sólo un letargo en esta materia, sino más bien, un claro retroceso, puesto que, el sector pesquero ha reducido su capacidad de proveer empleos: entre los años 1996 y 2001, el sector ha perdido 6.400 empleos.

Evidentemente, detrás de la legislación pesquera chilena, más que una cuestión de estricta racionalidad económica, lo que hay en el fondo es una cuestión de desequilibrio político, que se refleja en el hecho de que los pescadores artesanales tienen mucho menos fuerza para hacer valer sus intereses que los grupos empresariales asociados a la industria pesquera. De hecho, la Ley Corta de Pesca, fue aprobada a fines del 2002, por una mayoría plena tanto en el Senado como de la Cámara de Diputados y en donde la voz de los pescadores artesanales simplemente no tuvo eco alguno.

Otro argumento muy recurrente para legitimar la actual legislación pesquera dice relación con la necesidad de reducir la pobreza y la miseria, lo que constituiría una antigua aspiración y una necesidad urgente que nos obliga a postergar las legítimas aspiraciones de protección y preservación de los recursos marinos. No obstante, esta argumentación tampoco pasa la prueba de la blancura y no pasa de ser una racionalización grosera y falsa, que esconde cínicamente la razón de ser del ordenamiento y la regulación pesquera chilena, a saber, los intereses financieros de la industria pesquera concentrada en algunos reducidos grupos económicos. En San Antonio, por ejemplo, que es el primer puerto del país y una comuna costera en donde la actividad pesquera ha sido muy importante, los datos oficiales de pobreza (encuesta Casen 2000), sitúan a esta comuna dentro de las más pobres del país, con un 24,7% de la población en dicho estado, mientras a nivel país, este problema afectaría al 20,6% de los chilenos. Por su parte, la indigencia estaría afectando al 6,9% de la población en San Antonio, mientras a nivel país a un 5,7%. Claramente, tanto la pobreza como la miseria en San Antonio están por sobre los indicadores globales del país, lo que indica, obviamente, que la actividad pesquera, ampliamente concentrada por la industria que ha tenido todas las garantías jurídicas, institucionales y políticas para desarrollarse, ha sido incapaz de resolver los problemas de pobreza y miseria de las comunas en donde la pesca ha sido una actividad fundamental. Téngase presente, además, que estos indicadores se construyen sobre la base de la línea de pobreza, la que se fija oficialmente en alrededor de 40 mil pesos mensuales. Sin embargo, si para definir el nivel de ingreso mínimo para satisfacer las necesidades recurrimos al costo real de la vida en el Chile de hoy, los niveles de pobreza y miseria se incrementarían sustancialmente. A decir verdad, resulta sorprendente que aún queden pobres en Chile con la forma en que ésta se calcula.

Por otra parte, para la VIII región, según un estudio de la Universidad de Concepción denominado “Análisis Económico, Social y Biológico de la Crisis Pesquera de la VIII Región, 1997-2002”, de los pescadores artesanales que trabajan, un 22% vive en la indigencia y un 63% en la pobreza. En cuanto a los desempleados del sector pesquero: 50% vive en hogares donde el ingreso mensual promedio no supera los $100.000; 83% vive en condiciones de pobreza; y 52% en la indigencia. Además, la pérdida de empleos directos debido a los ajustes que ha experimentado la industria, llega a los 2.900 puestos de trabajo. Con respecto a los pescadores artesanales que trabajan en la flota sardinera y anchovetera: 660 están en la indigencia; 1.230 están en la pobreza; 1.560 tienen carné de indigente para acceder a los servicios de salud básicos; 330 no tiene ninguna cobertura en salud; y 2.220 no tienen contrato.

Resulta más que curioso darse cuenta que cuando en Chile se capturaban apenas 750 mil toneladas en desembarques de pescado –año 1975-, los problemas de pobreza y miseria en la pesca artesanal eran mucho menores y de hecho los hombres de mar comían. Hoy, sin embargo, cuando se llegó a extraer más de ocho millones de toneladas en 1995 y actualmente los desembarques llegan a los cuatro millones de toneladas, se ha agudizado la pobreza y las condiciones de miseria. Ahora, luego del espectacular crecimiento de la industria pesquera, luego de llegar a ser esta industria una de las más destacadas -sino la más-, los hombres de mar y sus familias pasan hambre y penurias. Algo huele mal en la teoría del crecimiento económico. “La cosa está mala, pésimo. Desde hace dos años que estamos muy mal, hay pescadores que no tienen para la micro, no cuentan con luz y agua en sus casas” (Raúl Cabrera, pescador artesanal de la Caleta Portales, Valparaíso).

Límite Máximo de Captura por Armador, Arrastre y Descarte

Uno de los instrumentos de regulación pesquera que fue introducido en la Ley Corta de Pesca del 2002, es la fijación de cuotas individuales a través de lo que se conoce como Límite Máximo de Captura por Armador. Este instrumento consiste en una medida de administración de los recursos hidrobiológicos orientada a distribuir anualmente la cuota global de captura asignada al sector industrial. Esta cuota se asigna -para cada pesquería o especie- entre los armadores, es decir, entre quienes realizan las actividades extractivas que tengan naves con autorización de pesca vigente para desarrollar estas tareas. El criterio de asignación es fundamentalmente la captura histórica que hayan desarrollado estos armadores y la capacidad de sus bodegas.

Como es posible apreciar, este instrumento no pasa de ser un mecanismo de asignación de las cuotas pesqueras y no se ha constituido en un avance en materia de protección de los recursos pesqueros ni de los ecosistemas marinos. Es básicamente una repartición del mercado que tiende a consolidar a quienes ya han estado presente en la actividad y de manera contundente, violando el criterio de la libre competencia y, en consecuencia, fomentando el carácter monopólico de esta actividad. Difícilmente podría sostenerse que este instrumento, tal cual ha sido concebido y aplicado en la legislación chilena, es un mecanismo eficaz para evitar la depredación de los mares, cuando es precisamente a los depredadores históricos a quienes se les han asignado las cuotas individuales, desestimándose los criterios de competencia en función de, por ejemplo, utilizar artes de pesca más amigables o tecnologías más sustentables. En consecuencia, el sistema no establece incentivos, sino más bien desincentivos, para implementar nuevas artes de pesca menos destructivas con el medio ambiente, a fin de que se pueda favorecer el buen desarrollo de la pesca.


Otra razón por la cual se sostiene que el Límite Máximo de Captura por Armador, tal cual está contenido en la legislación chilena, no evita la depredación sino más bien la fomenta, se debe al hecho de que introduce el incentivo para optimizar la cuota asignada. Lo anterior quiere decir que los armadores tratan de extraer las especies económicamente más atractivas de una determinada pesquería, lo cual es un incentivo para incrementar la pesca incidental o el llamado descarte, que consiste en todas aquellas especies que son capturadas y devueltas muertas o destrozadas, debido a que no dan la talla económicamente adecuada y/o pertenecen a otra especie distinta de la pesquería que se está explotando. Dado que la cuota se define por especie y contempla exclusivamente a los individuos de la especie en cuestión, todo lo que se capture y que no sea de la especie o que este bajo la talla permitida será irremediablemente descartado. En consecuencia, el Límite Máximo de Captura por Armador es un incentivo para utilizar aquellas artes de pesca altamente eficientes para optimizar la cuota, tales como el arrastre, que, además, provocan altos niveles de descarte al tratar de maximizar las respectivas cuotas asignadas. Según datos de Oceana aquellas especies que son capturadas mediante el arrastre de fondo presentan los mayores niveles de descarte, tales como, la Merluza del Sur con un 83,2%, el Camarón Nailon con un 81,2% y el Pez Espada con un 79,3%.

Un factor que ha contribuido a la ineficacia del Límite Máximo de Captura por Armador, ha sido el fuerte crecimiento que ha experimentado la industria acuícola chilena, lo que explica el 52% de las exportaciones totales del primer trimestre del año 2004 y, por lo tanto, el mayor consumo de harina de pescado. Esto se traduce necesariamente en una fuerte presión sobre los recursos pelágicos y los datos de desembarque para las principales especies así lo confirman. Según la Subsecretaría de Pesca, a febrero de este año, los desembarques habían aumentado fuertemente, en un 172,6% para la anchoveta, en un 120,5% para el jurel y en un 131,6% para la sardina española. Todo esto en plena vigencia del Límite Máximo de Captura por Armador que ha sido del todo ineficaz para reducir la enorme presión sobre los recursos.

La inoperancia del LMCA también se relaciona con la lógica con que operan los grupos económicos presentes en la actividad pesquera. Supuestamente establecer una cuota individual impediría lo que se llamaba la carrera olímpica, es decir, la carrera que se establecía entre los distintos armadores por capturar la cuota global, cuando no existían las cuotas individuales. Con el LMCA se pensaba que cada armador iba a ir por su porción de la cuota y de esa manera se reducía la presión que ejercía o que se producía sobre los recursos con la cuota global. Sin embargo, no se contaba con el efecto negativo que produce la lógica de grupo económico-financiero con que operan los grandes armadores que actúan en las costas chilenas, que hace imposible pensar en la sustentabilidad de esta actividad.

La idea que sostienen los defensores del LMCA es que los armadores, tanto artesanales como industriales, actúan sustentablemente porque su negocio depende de la existencia permanente del recurso natural, en consecuencia, actuarán responsablemente y no ejercerán presiones excesivas sobre los mares. No obstante, esta lógica sólo se puede adjudicar a los armadores y pescadores artesanales, cuya existencia vital, tanto de ellos como de sus familias, así como la subsistencia de su negocio como tal, dependen efectivamente de la productividad de los ecosistemas marinos. Entonces, es posible esperar comportamientos racionales en este tipo de armadores. Sin embargo, los armadores industriales operan con otra lógica completamente distinta. El armador industrial, fundamentalmente asociado a un grupo económico-financiero, no está interesado en la sustentabilidad a largo plazo del negocio, puesto que al grupo lo que le interesa es una conversión acelerada de los recursos naturales en capital financiero. La idea es trasformar en el más corto plazo posible, la mayor cantidad de biomasa pesquera en capital fresco. La lógica de estos grupos es la acumulación y no la producción a largo plazo. Si mañana ya no resulta rentable la explotación pesquera, entonces emigran al sector forestal o al sector minero o al sector financiero. Mientras menos sustentabilidad mejor, puesto que la sustentabilidad busca asegurar la productividad de los ecosistemas naturales, garantizándose la existencia de recursos –en este caso pesqueros- a largo plazo.

Cumplir con criterios de sustentabilidad implicaría renunciar o desacelerar la conversión de naturaleza en dinero para su posterior depósito en cuentas bancarias, es decir, sería como dejar dinero en los fondos marinos para que en otras generaciones, otras personas lo vengan a recoger. Esto no es coherente desde la perspectiva del grupo económico-financiero que opera con la lógica de la acumulación. Desde esta perspectiva, convertir todo en oro y acumularlo a nombre del grupo financiero, es lo más consistente y coherente. La lógica de la sustentabilidad va en sentido contrario. Obviamente, cuando la legislación pesquera chilena asigna a los armadores industriales, que operan con la lógica de la acumulación, el 80% de las cuotas pesqueras bajo un régimen de administración como el LMCA, lo esperable es que la lógica de la depredación se imponga sobre la lógica de la sustentabilidad que sólo opera en el 20% de la cuota.

Si el LMCA se hubiera establecido recurriendo a una licitación pública, en la que se favorezcan a aquellas empresas que ofrezcan métodos más amigables para pescar y también que ofrezcan tecnologías adecuadas para evitar los problemas asociados a la sobre-pesca, entonces podríamos sostener el argumento de que es un instrumento adecuado a la preservación de los recursos pesqueros, pero, mientras sea la lógica de la acumulación la que esté detrás del modo de asignación de las cuotas, es muy difícil asegurar la permanencia de criterios de sustentabilidad en la actividad pesquera.

Propiedad de lo Recursos Marinos y la Naturaleza del Royalty Pesquero

Un tópico que siempre genera mucha discusión en nuestro país, dice relación con el ejercicio de la soberanía sobre el mar contenido dentro del territorio chileno. Al respecto cabe mencionar que la soberanía que se puede ejercer no es sólo territorial, sino también, económica y política. Es más, ¿qué importancia tiene la soberanía territorial si ésta no se expresa nítidamente en el ámbito económico y político? Como se sabe, la Ley Corta de Pesca otorgó en promedio el 80% de las cuotas de captura a la industria pesquera, en donde predominan dos principales grupos económicos. Esto ha significado, en pocas palabras, que los ciudadanos chilenos ya no podemos ejercer la soberanía económica sobre nuestras costas, ya que el usufructo de las riquezas que yacen en los mares chilenos, ha sido entregado a grupos económicos que se ordenan en torno a sus intereses privados que, naturalmente, se contraponen al interés público. Los chilenos ya no somos dueños de nuestro mar, lo perdimos con la actual legislación pesquera que entrega los recursos marinos al predominio soberano de dos grupos económicos, sin que por ello, el país reciba alguna compensación.

A nuestro juicio, lo anterior es una de las falencias más graves de la actual Ley de Pesca, puesto que ha convertido los recursos hidrobiológicos del país, en un generoso regalo del Estado chileno a estos “feudos” económicos privados que operan tanto en el sector pesquero como en los otros sectores económicos que explotan recursos naturales. Según nuestras estimaciones el traspaso patrimonial, considerando únicamente los recursos pelágicos, alcanza a lo menos 1.000 millones de dólares. Este traspaso patrimonial equivale al valor económico de los recursos pesqueros, el cual corresponde al aporte que hacen los recursos naturales al proceso productivo. Estos recursos, al igual que el capital y el trabajo, constituyen un factor de producción y, así como el trabajo es remunerado con el salario por su aporte al proceso productivo y el capital es compensado con una determinada rentabilidad, los recursos naturales deberían ser remunerados por su contribución a la producción. Esta contribución no es menor, dado que, es obvio que sin recursos pesqueros o sin cobertura vegetal o sin reservas geológicas, no sería posible ni la industria pesquera ni la actividad forestal ni la explotación minera. El pago compensatorio por el aporte de los recursos naturales a la producción se denomina “renta económica” y debería ser pagada a los propietarios de los recursos naturales, en este caso, el país representado en el Estado. Sin embargo, ese pago compensatorio no existe en Chile y es apropiado por quienes explotan el recurso, convirtiéndose en utilidades extraordinarias.

La discusión anterior nos introduce así, en el tópico del famoso mecanismo del Royalty, el que está muy lejos de ser un impuesto más que castigaría a la industria, dado que su aplicación se inscribe estrictamente en el marco de la compensación económica por el aporte de los recursos naturales al proceso productivo. Además de esto, existen sólidos argumentos para defender su aplicación en nuestro país.

En primer lugar es el justo precio o remuneración que debe recibir el propietario soberano de los recursos naturales, como contrapartida del aporte que este hace al invertir sus recursos en el proceso productivo. Así como el trabajador que es dueño de su fuerza de trabajo recibe un salario como retribución a su participación en la producción y el capitalista una rentabilidad por sus aportes de capital, los dueños de los recursos naturales, deben recibir una retribución justa y consistente con el aporte real que estos recursos hacen a la producción. Hay que tener presente que, en el caso de la pesca, por ejemplo, no es menor el aporte de los recursos marinos a la industria pesquera, puesto que los barcos en alta mar o las instalaciones en tierra, no tendrían un valor significativo si no fuera por la existencia del recurso pesquero.

No es excusa argumentar el pago de patentes, dado que, sería absurdo que la industria del calzado, por ejemplo, exigiera no pagar por el cuero que utiliza en la producción de zapatos, debido a la patente industrial que paga al Estado para obtener la autorización de operar.

Otra característica del royalty inherente a su naturaleza, es la de sincerar los costos de producción, corregir las distorsiones en el mercado, e inducir comportamientos de eficiencia. La economía nos enseña que el rol de los costos y de los precios es promover una asignación eficiente de los recursos, es decir, asegurar que las inversiones se hagan en donde éstas sean realmente rentables, después de pagar los costos de producción. Si éstos son artificialmente rebajados, por ejemplo gracias a la poderosa influencia de grupos económicos que logran acceso gratuito a los recursos naturales, permanecerán en la actividad volúmenes de inversión superiores a los que aconseja el criterio de eficiencia, puesto que, existirán utilidades artificialmente positivas. Al imponerse un royalty al uso de recursos naturales, efectivamente suben los costos de producción, pero es un aumento acorde con el costo real de utilizar un recurso natural, es decir, permitiría sincerar los costos reales de dicha actividad. Probablemente se reducirá la inversión en dicho sector, pero no sería sino la inversión ineficiente que debería reasignarse hacia otro sector productivo donde sea capaz de obtener rentabilidades reales y no artificiales.

Una tercera característica del royalty dice relación con la sustentabilidad, lo que está estrechamente ligado a la eficiencia, ya que no son criterios contrapuestos. Al sincerar los costos de producción, no sólo se inducen comportamientos de eficiencia en los actores, sino también, usos sustentables de los recursos naturales. Lo anterior debido a que al reducirse las inversiones artificialmente rentables, se reduce la sobre explotación y los niveles de extracción del recurso, ajustándose los niveles de producción hacia la producción capaz de pagar los costos reales, entre los cuales está el valor económico de la depreciación del capital natural.

Finalmente, la cuarta característica del royalty, dice relación con la meta del progreso y del desarrollo de Chile. Mucho se ha argumentado que la aplicación del royalty a los recursos naturales amenazaría las posibilidades de desarrollo del país. Muy por el contrario, la forma de generar desarrollo a partir de los recursos naturales, es precisamente invirtiéndoles en el proceso productivo, pero, claro debe estar, recibiendo una compensación económica por ello. Al igual que un trabajador recibe un sueldo con el que provee alimentación, salud, vivienda, educación y abrigo a su familia, un país debe recibir un pago por aportar sus recursos naturales a la producción, con lo cual podrá proveer educación, salud, infraestructura, investigación y desarrollo a sus habitantes.

El royalty es, entonces, una modalidad eficaz, clara, consistente y eficiente de avanzar hacia una sociedad más desarrollada que sea capaz de enfrentar el desafío de la pobreza y la desigualdad.

A modo de Conclusión

La Ley de Pesca en Chile, está contribuyendo aceleradamente a la depredación masiva y abusiva de los recursos pesqueros de que dispone el país, lo cual era impensable 30 años atrás. Lo anterior gracias a que la actual legislación entrega el predominio monopólico de los recursos pesqueros a una industria que utiliza artes de pesca aberrantes como el arrastre de fondo que consiste en una verdadera tala rasa del fondo marino y que es responsable de la destrucción masiva e injustificada de especies, debido a la pesca incidental o descarte. Nuestro Océano Pacífico avanza en la ruta de convertirse en un basto territorio muerto y contaminado, gracias a la ambición desmedida de estos grupos económicos que no tienen ningún interés en la sustentabilidad, dado que buscan exclusivamente apropiarse del capital natural y convertirlo en capital financiero. La legislación pesquera, por otra parte, no tiene en cuenta adecuadamente los criterios de explotación racional de los recursos ni tampoco promueve la aplicación eficaz de planes de manejo ni de criterios científicos en la determinación de las cuotas.

La situación es crítica, no sólo desde el punto de vista de la salud de los ecosistemas marinos, sino también, desde la perspectiva social. Hoy después de la masiva explotación de nuestros mares, los pescadores tienen hambre y sufren miserias. En este aspecto la legislación también es incoherente y abusiva, puesto que no ha tenido en cuenta las necesidades sociales de un sector que ha vivido históricamente de estos recursos y acoge a más de sesenta mil pescadores con sus respectivas familias.

Es por ello que se requiere de una urgente modificación de la legislación pesquera que considere la necesidad de introducir criterios de justicia y sustentabilidad en las normativas vigentes. Es urgente favorecer una legislación que promueva artes de pesca consistentes con la necesidad de preservar la productividad de los ecosistemas marinos, lo cual pasa por prohibir o limitar considerablemente el arrastre. Al mismo tiempo se requiere modificar el modo en que se determinan las cuotas de pesca –recurriendo eficazmente a criterios científicos-, así como también, modificar el modo en que se asignan las cuotas individuales, introduciendo criterios más competitivos y justos en dicha asignación. La capacidad de bodega y la presencia histórica no es consistente con el acceso democrático y equitativo a los recursos y tampoco satisface la necesidad de conservación.

El mar es vida, allí se cobija al 90% de la vida que hay en el planeta. Es una responsabilidad crucial actuar como seres racionales y civilizados y no como bárbaros sedientos de riquezas. EcoPortal.net

* Marcel Claude
Economista
Director de Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica

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