Basura Residuos

Marco histórico institucional de la “Ley Basura 0”

La ley Basura 0 es incompatible con la prosecución del CEAMSE. El CEAMSE representa no los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia, sino de las empresas que el CEAMSE contrata. A pesar de los movimientos masivos de poblaciones enteras que se han manifestado en contra de la empresa, se sigue persistiendo en tener al CEAMSE como director de las políticas en materia de residuos y esto se debe al poder político que detenta.

Por Lic. Luisa Landerreche

La ley Basura 0 es incompatible con la prosecución del CEAMSE. El CEAMSE representa no los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia, sino de las empresas que el CEAMSE contrata. A pesar de los movimientos masivos de poblaciones enteras que se han manifestado en contra de la empresa, se sigue persistiendo en tener al CEAMSE como director de las políticas en materia de residuos y esto se debe al poder político que detenta.

La ausencia de gestión estatal en el manejo de los residuos urbanos. La descomposición del estado, el neopatrimonialismo, los intereses sectoriales, las agencias internacionales y el ultraindividualismo

1. Introducción


La ineficiencia del Estado en el manejo de los residuos sólidos urbanos ha generado una situación conflictiva a lo largo del siglo XX. Esta conflictividad expresa una situación compleja en la que interviene el proceso histórico de descomposición o vaciamiento del Estado, conducido por la dirigencia política nacional asociada a grupos de intereses sectoriales a la vez orientadas, inducidas o cooptadas por agencias internacionales o supraestatales, llámense CLAD, Banco Mundial o F.M.I., todo esto inserto en un escenario de indiferencia, pasividad, o desconocimiento del ciudadano. Este proceso se inscribe en un histórico manejo estatal patrimonialista, una sociedad todavía con fuerte impronta patriarcal y, paralelamente, un individualismo exacerbado. El resultado es un Estado vaciado de sus roles pero no de sus estructuras de poder, que quedan al servicio de quienes lo conducen, que, asociados a empresas nacionales o trasnacionales que buscan colocar capital siempre y cuando la ganancia sea fácil, garantizan el proceso de transferencia de recursos públicos a las arcas privadas. Un capitalismo parásito y una dirigencia patrimonialista, son los artífices de la ineficiencia del Estado para la resolución de los problemas a los que el Estado debe responder, en un escenario “globalizado”, en donde los países pobres se ven obligados a compensar la falta de capital con un endeudamiento atado a cláusulas que comprometen y empobrecen más a estos países.

Las agencias internacionales desde hace más de tres décadas hay promovido la reforma del estado a través de la tercerización de servicios. El patrimonialismo histórico, vigente en nuestros países latinoamericanos se ha transformado en un patrimonialismo compartido entre los sectores de poder y estas empresas hacedoras de servicios. La asociación entre los sectores políticos que tienen el manejo de las políticas públicas con una burguesía nacional o trasnacional constituye una forma nueva de patrimonialismo, en donde se integran, compartiendo el usufructo de los recursos públicos, agentes estatales, y empresas privadas. En otras palabras este neopatrimonialismo, tiene la característica distintiva respecto al patrimonialismo histórico en que quienes manejan las políticas públicas estatales y los recursos del estado se asocian a empresas privadas que se apropian de la gestión de la política, a través de licitaciones que legitiman el accionar, generando los negocios.

Pero la tercerización no surge de la nada: ha sido y sigue siendo auspiciada por las agencias internacionales como el CLAD y el Banco Mundial, con lo que tendríamos completado la nueva tríada con la que se intentará definir en este trabajo: el neo patrimonialismo comprende tres sectores: una dirigencia política patrimonialista, un protocapitalismo que necesita del Estado para garantizar el lucro, un sector transestatal en donde podemos identificar varias agencias, entre ellas el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que expresa el núcleo ideológico a través de un discurso legitimador seudo progresista, agencias bancarias como el Banco Mundial y el FMI, que condicionan sus créditos a la ejecución de sus directivas.

2. El patrimonialismo histórico

En un trabajo sobre regímenes políticos latinoamericanos Oscar Oszlak define al patrimonialismo como "la dominación de un sólo hombre, que necesita de funcionarios para ejercer su autoridad. Pero a su vez, todos los cargos del gobierno se originan en la administración de la comunidad doméstica del monarca o dictador. Aunque modernamente éste asume el rol de presidente (o su equivalente), y se rodea de las instituciones formales de una democracia, ejerce de hecho un cuasi-monopolio sobre todas aquellas decisiones relativas a la designación, reemplazo o traslado o remoción de funcionarios en cualquier nivel, jerarquía o función de gobierno. Este poder de decisión se extiende además a otras esferas de la actividad estatal" [1] En las notas de pie de página da cuenta de que se refiere al somocismo de Nicaragua, al trujillismo y al balaguerismo de la República Dominicana, al duvalierismo de Haití, al de Stroesner en Paraguay, al de Batista en Cuba. Este tipo de relación entre autoridad política y personal administrativo se observa a simple vista en municipios bonaerenses, en donde la reelección indefinida garantiza el manejo clientelar del aparato político, y hasta puede darse una especie de monarquía hereditaria, que se logra con el simple recurso de ubicar en el primer lugar de la lista de concejales al hijo, consorte, etc. y luego en el transcurso del período renunciar y dejar el ejecutivo a cargo del presidente del concejo, o sea, el primer concejal de la lista. Vemos también el rol legislativo degradado, en donde la independencia respecto al poder central pocas veces se puede reconocer. Sobre esta constitución política feudal se construye algunos estados provinciales, entre los que se cuenta la Provincia de Buenos Aires. La oposición, como también lo indica Oszlak en su trabajo, entra en el juego de dominación del caudillo local. Es que la modalidad no tiene color político: es un estilo de gestión que predomina en la región, cualquiera sea el partido en el gobierno.

Podemos decir que el modo patrimonialista se ha ido insertando a lo largo del período de construcción de las nuevas democracias, de manera tal que convive con ellas sin que haya cuestionamientos desde los organismos políticos o los ciudadanos en general. Tan sólo cuando aparece algún afán desmedido que pone en riesgo todo el ‘sistema’, como cuando Carlos Menem pretendió una segunda reelección presidencial pasando por alto algo expresamente prohibido en la Constitución, en el momento en que ya no ejercía un fuerte liderazgo entre sus comilitantes, se pusieron en juego todos los factores de poder para bloquear esa pretensión. Pero en las cuestiones menores, vemos que una democracia de facto se va construyendo y perdiendo vigencia el marco normativo constitucional, a tal punto que no se puede hablar de anomia, pues a las normas de derecho que no se observan las reemplazan otras que se van legitimando a partir de su implementación, y que hace decir a cualquier funcionario o ciudadano cuando se les aclara que las normas que emergen del estado de derecho dicen lo contrario a lo que opera en la realidad, se escucha el "acá siempre se hizo así". El pragmatismo autoritario es la ideología subyacente en los niveles políticos de base y medios, y que no se expresa en discursos políticos sino en los argumentos de legitimación.

Desde el comienzo de la república en la segunda mitad del siglo XIX se consolida el doble discurso: una constitución que habla de los derechos y garantías de los ciudadanos y en los hechos la acción de elites gubernamentales que, por medio del fraude electoral, evitaban que el gobierno pasara a manos de representantes de los intereses populares. Las luchas civiles promovieron el voto secreto y así pudo tener acceso al poder los representantes elegidos por el voto popular. Pero duró poco, pues desde el año 1930 se sucedieron los golpes militares que troncharon las experiencias democráticas. En 1983 se reinstala la democracia pero luego de un período de transición la democracia se ha consolidado, pero con un sesgo neoconservador en lo económico, político y social con una flagrante trasgresión de la división de poderes y con el clientelismo firmemente instalado en los partidos tradicionales.

En su trabajo Trayectorias divergentes de la desigualdad en América Latina Mario Matus [2] analiza la relación entre las formas en que las desigualdades se han plasmado en cada país relacionándolas con los procesos históricos en cada uno de ellos. En Argentina, menciona la construcción del Estado Nacional en la segunda mitad del siglo XIX por la oligarquía local “conservando sus principales mecanismos de control patrimonialista”, y estableciendo una relación clientelar con los caudillos provinciales, todo bajo una fachada de una república federal. Ya por ese entonces se establece un reclutamiento de funcionarios a través de redes clientelares y laadministración de justicia tendió a ser muy permeable a pautas patrimonialistas”. Afirma que “las dinámicas que animaron la política argentina desde la caída de Irigoyen hasta la llegada de Perón al poder en 1946, y especialmente -a partir de la etapa autoritaria que culmina en 1955 con su derrocamiento- extendieron y profundizaron los mecanismos patrimonialistas, que hasta 1930 habían estado relativamente contenidos por instrumentos compensadores. Argentina había salido de un régimen oligárquico relativamente institucionalizado a partir de 1915 pero el derrocamiento de Irigoyen instaló considerables dificultades para generar un nuevo pacto social que diera cuenta del cambio en las dotaciones de factores y en las condiciones externas” [3]

Distintas variantes de patrimonialismos se instalan a lo largo del siglo XX: en América Latina. En Argentina un patrimonialismo populista, en donde la apropiación de recursos se asocia con distribución de prebendas y la instalación de redes clientelares, y en donde este modelo conforma un estilo de gestión administrativa que abarca a la administración de justicia. Las dictaduras mantuvieron los mecanismos del patrimonialismo y el clientelismo “ e incluso pudieron haberlos profundizado” .El retorno a la democracia en 1983, no significa para el autor que Argentina haya dejado las prácticas patrimonialistas. En efecto: concluye el autor que “a más de veinte años del inicio de la recuperación de la democracia en América Latina subsiste la errada idea de que las democracias recuperadas se asentaron por si mismas sobre nuevas dinámicas, o al menos, contaron con condiciones favorables para iniciarlas. Detrás de esa consideración descansa un punto de vista excesivamente optimista: el regreso de las democracias por sí mismo creó un nuevo hito histórico en el que se dieron las condiciones para impulsar dinámicas de progreso, igualdad y democracia en los países. Pocos autores se han preguntado si las trayectorias que los países traían antes de las dictaduras -en el caso de que éstas correspondan a ese nuevo tipo de dictaduras que aludimos- estaban lo suficientemente arraigadas como para continuar incólumes a pesar que las formas de acceso al poder llegaron a ser democráticas, y aún más grave, si en el caso que hayan logrado hacerlo, las arquitecturas institucionales que las subyacen han tenido la suficiente compactación y arraigo como para transmitirse a las democracias recuperadas. Si así fuera, no debería extrañar que la evolución de la posición y el significado de la desigualdad se hayan mantenido, como parte de una continuidad mayor. Si se analizan las transformaciones introducidas por las cuatro democracias realmente recuperadas, se observa que en el caso de Argentina, no sólo no se desmanteló la arquitectura institucional defectuosa previa a las dictaduras, sino que además parece haber sido fortalecida por los gobiernos electos democráticamente, especialmente con Menem”

Para Matus, patrimonialismo no sólo es sinónimo de autoritarismo y discrecionalidad en el manejo de la cosa pública, sino apropiación de los recursos por las elites gobernantes en beneficio propio. Esto se asocia a una relación clientelar de distinto rango con los distintos sectores sociales. Podemos agregar que tanto en los dirigentes más importantes como en el simple puntero o caudillo barrial se aprecia que hay una concepción de "lo político" como instancia superior de cualquier tipo de gestión en un gobierno democrático, entendiendo a "lo político" como un espacio de negociación y toma de decisión no judiciable o pasible de ser normado, es decir que su naturaleza lo excluye del ámbito del derecho. Lo político entendido como el libre juego de las relaciones de dominación, se instala así como algo superior al estado de derecho y podemos aventurar, que por lo tanto, a pesar de las declamaciones, también se instala por encima de la Constitución. Esto significa que frente a cualquier situación de conflicto, cualquiera sea su nivel o actores involucrados la instancia de negociación política se constituye como nivel máximo de apelación, por encima incluso de las instancias administrativas y/o judiciales. En la República Argentina ha llegado a tal extremo esta situación, que ha llevado al descrédito la administración de Justicia. Y en este proceso devastador han caído los organismos de control externo, tribunales de cuentas y auditorias, que a lo largo del proceso democrático se los ha politizado y debilitado, vaciándolos de su poder de control.

La sobrevaloración del "poder" ha llevado a la devaluación de la norma jurídica, cualquiera sea su jerarquía. Aún en los políticos de buena voluntad esta circunstancia los supera, por cuanto las reglas del juego están impuestas.

3. Las agencias internacionales

3.1. La propuesta del CLAD

La República Argentina ha venido desarrollando un cambio ideológico en lo que se refiere a la concepción del Estado, siguiendo en algunos aspectos a los lineamientos fijados desde organismos internacionales, pero en otros nutriéndose de concepciones surgidas desde los sectores del liberalismo económico. A su vez ha ido internalizando, a lo largo de la reforma, los intereses de los patrimonialismos de distinto signo político.

Por ejemplo a la propuesta de "modificar las políticas proteccionistas" que propone el CLAD en su documento de 1998 [4], Argentina ya había respondido con apertura indiscriminada, caída de los controles aduaneros permitiendo un contrabando masivo, y con lo cual se dejó a la industria sin posibilidad de reconversión y que hace que en el 2000 la Argentina haya sido, principalmente, exportadora de productos primarios, sin valor agregado.

Es contundente la definición de roles del Estado que realiza el CLAD en este informe tardío para nosotros y para muchos otros países latinoamericanos, en donde lo que se propone el documento ya se venía aplicando: “los recursos públicos y privados deben ser canalizados estratégicamente para programas en las áreas de educación y de ciencia y tecnología. El cambio del papel del Estado en los sectores económicos y sociales es otra tendencia estructural. La actuación del Estado debe orientarse primordialmente hacia el área social, asegurando la universalidad de los servicios de salud y educación, y hacia la creación de instrumentos que ayuden a promover el desarrollo económico, garantizando las condiciones macroeconómicas favorables a la inversión privada y al aumento de la competitividad sistémica del país, mediante políticas sólidas en los sectores de ciencia y tecnología y del comercio exterior. La gran modificación del papel del Estado, sin embargo, tiene que ocurrir en lo que concierne a la forma de intervención, en el plano económico y en el plano político. En este sentido, en términos económicos, en lugar de una intervención directa como productor, el aparato estatal debe concentrar sus actividades en la regulación. Las privatizaciones y la creación de agencias reguladoras forman parte de este proceso. En el área social, el camino está en fortalecer el papel del Estado como formulador y financiador de las políticas públicas. Para esto, se torna fundamental el desarrollo de la capacidad catalizadora de los gobiernos en cuanto a atraer a la comunidad, a las empresas o al Tercer Sector, para compartir la responsabilidad en la ejecución de los servicios públicos, principalmente los de salud y educación básica.“ [5]

La regulación y no la producción de servicios, tanto en salud como en educación, es el lineamiento que define el progresista Centro Latinoamericana para la Administración del Desarrollo de las Naciones Unidas, para los países pobres. No es difícil encontrar esos lineamientos en la ley Federal de Educación sancionada en 1992, que ha desarticulado la red nacional educativa generando un conjunto desconectado de subredes, con provincias pobres con escuelas pobres en donde el patrimonialismo, tan poco afecto a la educación pública, va dejando caer las posibilidades de ascenso social a los grupos en estado de pobreza o marginalidad

El CLAD propone la democratización de la gestión del Estado, esto es transformar en una gerencia participativa la organización burocrática en donde hoy rigen las estructuras jerárquicamente organizadas y en donde priva la relación de mando y obediencia. Es una propuesta muy importante y fundamental, pues es evidente que la burocracia tradicional y la particular modalidad que ha asumido en los países latinoamericanos, rígida y autoritaria, es un obstáculo para el desarrollo de los países de la región. Pero es insuficiente el enfoque de este organismo internacional, en tanto focaliza la transformación en "un pequeño grupo de técnicos y burócratas aislados dentro del Estado" y que en una segunda generación, sería "fundamental la concreción de coaliciones democráticas que sustenten el proceso de reforma del Estado" [6]. Es una pretensión ingenua pensar que un grupo de elite, formado por aquellos que ocupan cargos directivos, a través de cursos de capacitación, puedan, solos, sin apoyo político, y sin apoyatura externa de especialistas en coordinación grupal, generar coaliciones democráticas en estructuras burocráticas infectadas de corrupción, y en donde estos núcleos corruptos manejan intereses poderosos de los sectores privados externos a esa burocracia.

El documento del CLAD habla de formar "funcionarios públicos calificados y permanentemente entrenados, protegidos de las interferencias políticas, bien remunerados y motivados". Lo que se puede inferenciar es que el cambio hacia una gerencia pública se debe hacer al margen de los niveles políticos, por lo que se está haciendo una nueva versión de la vieja y tan criticada división entre política y administración. Por otra parte siendo los políticos surgidos de una elección, se supone que son partícipes de una cultura democrática. Entonces no se entiende por qué se los quiere dejar afuera, a menos que no compartan el cambio, o no tengan capacidad para entenderlo. Si así fuera, el fracaso estará más cerca que lejos, porque la pretendida democratización desde el núcleo del orden jerárquico y sin modificar el entorno político patrimonialista y clientelístico, tiene poca coherencia

El CLAD asevera que la gestión del estado es sinónimo de "capacidad del Estado para concretar en la realidad, de manera eficiente y efectiva, las decisiones tomadas a nivel político". En esta definición se corresponde con la división entre política y administración criticada más arriba. Se supone además que la elite burocrática "técnicamente preparada y motivada" deberá negociar con los políticos, que por lo que se explicita en el documento, carecerán de toda capacitación para entender técnicamente sobré que asunto está tomando una decisión política. Por más clases de humildad que se incluya en la currícula, surge a todas vistas la superioridad técnica del funcionario respecto al político, por lo que se está generando una burocracia, de hecho, técnicamente dominante, y por lo tanto capaz de negociar una política con un político ingenuo, pero absolutamente incapaz de hacerlo con un gerenciador de negocios de sectores externos involucrados con el Estado. Otra omisión que se perfila en el documento del CLAD es respecto a la participación de los sectores políticos en los hechos de corrupción. Se argumenta que la profesionalización de la burocracia y la transparencia de su gestión evitarán caer en hechos de corrupción, como si en ella se ejecutaran las acciones corruptas y como si no hubiera complacencia o participación de los agentes políticos, internos o externos a la burocracia.

Se habla en el documento de un nuevo contrato entre políticos, los funcionarios públicos y la sociedad. Esta mera enunciación suena a una cuestión meramente declarativa, que enuncia un voluntarismo ingenuo, dada la complejidad de la situación en que esos actores sociales se mueven.

El CLAD y la participación ciudadana

El control ciudadano en los países latinoamericanos supone una gerencia pública participativa. Pero en una democracia representativa de sesgo patrimonialista es de difícil implementación. En este escenario los mecanismos de democracia directa tienen dos posibilidades reales de aplicación: una, cuando los sectores involucrados en la convocatoria publicitan una gestión participativa, pero se manipula la participación tendiente a beneficiar a los sectores aliados al pode. Otra, cuando se convoca a una participación real pero luego los resultados no son tenidos en cuenta y se toman decisiones diferentes o bien se cae todo el proyecto. Muchos son los ejemplos que desde el 83 se han llevado a cabo en tal sentido: El II Congreso Pedagógico a nivel nacional se inscribe en el primer caso, la convocatoria a la participación de los docentes para la reforma del Estatuto del Docente de la Capital Federal, en el segundo. En éste, en que los docentes participaron activamente a lo largo de 1985 para la reforma del Estatuto del Docente, en el Concejo Deliberante se sancionó la Ordenanza 40.593 que desconocía en absoluto las propuestas docentes. Frente a las protestas gremiales las autoridades contestaron que la consulta no era vinculante y que los concejales eran los que tenían el poder para decidir.

En 1984 se sancionó la ley 23114 que convocaba a un II Congreso Pedagógico Nacional, para fijar las pautas de una nueva ley de Educación. La primera instancia de ese Congreso era la organización de las asambleas de base en donde se analizaban las propuestas de instituciones y particulares que quisieran acercar la suya. Por circunstancias que nunca fueron aclaradas, no hubo una convocatoria clara a la comunidad educativa del sector de la educación pública y, curiosamente, la organización de las asambleas fue asignada al sector privado del sistema educativo. Así, en las asambleas de base de la Capital Federal, por ejemplo, por cada 9 participantes que representaban a las escuelas privadas había un representante de la escuela pública. La representación de los sectores privatistas de la educación estaba perfectamente organizada, de tal manera que los puntos que se pasaban a votación tenían de esos grupos una pronunciación unánime. Los empresarios de la educación y los representantes de la educación pertenecientes a distintas confesiones religiosas, el Tercer Sector” del que habla el CLAD, tuvieron importante presencia en la definición de los resultados. Debemos tener en cuenta que esos debates en las asambleas de base se produjeron en un momento de desarrollo social de los sectores medios y medios altos, en los cuales una escuela privada para sus hijos era una manera de expresar un nivel social de prestigio generando una mayor demanda de escolaridad privada. La propuesta que surgió de estas asambleas fue acorde con el pensamiento neoliberal de la mayoría de los participantes y se vieron morigeradas en la Asamblea Nacional llevada a cabo a principios de 1988. Todo este proceso se volvió a reproducir cuando se sancionó en 1992 la Ley Federal de Educación. Se consagró en ese proceso los conceptos “escuela pública de gestión oficial” y “escuela pública de gestión privada”, que reemplazó al que conocimos como “escuela pública”, a secas, a partir de la ley 1.420 de Educación Pública. Todo esto se correlaciona con la propuesta del CLAD respecto a la tercerización de los servicios educativos.

3.2. El Banco Mundial

El banco mundial fue creado en la posguerra y su finalidad inicial era la de ayudar a la reconstrucción de Europa y Japón, en las primeras décadas y actualmente proclama la reducción de la pobreza a través del financiamiento del desarrollo de países en desarrollo. En realidad, como veremos, es un operador económico de las potencias mundiales para la aplicación de políticas neoliberales desde la crisis del financiamiento externo en la década del 80 y que ideológicamente, pero en un discurso escondedor y aparentemente progresista, propicia el CLAD.

El Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional está formado por un colectivo de naciones, aproximadamente 180, que aportan cada una un capital para poder formar parte de él. El presidente del Banco Mundial, siempre es un estadounidense propuesto por la Casa Blanca. El capital disponible para financiar políticas se compone de estos aportes y de las ganancias que les reportan los intereses de los préstamos. El peso político de cada país se determina en función de los aportes, con lo que el Banco termina siendo manejado por los países más poderosos. Argentina forma parte del Banco Mundial con su aporte correspondiente y de esta manera, puede recibir sus créditos y también pagarlos con sus intereses, acrecentando la deuda externa.

Una compleja y cara burocracia con muchos vicepresidentes, directores y gerentes gobiernan el Banco bajo la dirección del Presidente y acompañado por una junta de gobernadores designados por los gobiernos miembros del Banco. A esta costosa tecnocracia internacional hay que agregar el costo de las consultorías, que en una nota realizada al viceministro de Economía del 2004 [7], éste informaba que el Banco Mundial había informado que de un total de contratos de 1.016 millones de dólares, el 8%, unos 78 millones de dólares, correspondían a gastos de consultoría previo a la aplicación del crédito. De más está decir que tanto el gobierno que toma el crédito, como el mismo banco, no llaman a concurso de antecedentes para designar a las consultoras sino que las mismas son designadas por los funcionarios de turno y responden a las líneas de poder en vigencia, siguiendo la forma clientelística y patrimonialista de la construcción de poder en los países periféricos.

La deuda actual de Argentina con el BID asciende a 5.600 millones de dólares, que supuestamente fueron destinados a planes sociales.[8] A partir de la asunción de Cavallo en 1991 unos 50 créditos fueron asignados en la década del 90 destinados a inversión para infraestructura, programas sociales, ajuste estructural y asistencia técnica. [9] Pero no todo va al destino estipulado. Hay críticas que surgen de lo mismos informes del Banco y por denuncias locales. Entre ella se encuentra la denuncia del fiscal Stornelli por desvío de fondos del Banco Mundial destinado a mejorar la calidad de las prestaciones sociales de las obras sociales, que habrían sido destinada a empresas familiares de los sindicalistas.[10]

El Banco Mundial profundiza su rol de operador para la aplicación de las líneas neoliberales de política económica a partir de la década del 80, en que se produce la crisis por el endeudamiento externo y la estatización de la deuda en Argentina. Con la excusa de lograr más competitividad en la economía, se orientan préstamos para ajustes sectoriales, aplicados a un sector de la economía, o a reformas globales. Las condiciones para la asignación del crédito no se basaban en la rentabilidad del proyecto sino en medidas de políticas económicas acordadas con el banco. Mientras el Fondo Monetario Internacional atendía los desequilibrios en el corto plazo, el Banco Mundial operaba con sus créditos para lograr cambios estructurales en el largo plazo.[11]

Pero también el Banco Mundial propiciaba la privatización de la banca. En el comunicado del prensa del 2001 [12] dice: “Los países donde el Estado posee una parte considerable del sector bancario tienen menos crecimiento económico y más pobreza que los que cuentan con un número menor de bancos de propiedad estatal, de acuerdo con un nuevo estudio del Banco Mundial publicado hoy. Algunos países han excluido de sus mercados internos a las empresas financieras de propiedad extranjera, por temor a que desestabilicen sus sistemas financieros y lleven a la quiebra a las empresas locales. Sin embargo, este informe no encontró ninguna prueba concreta de que el ingreso de bancos extranjeros haya desestabilizado el flujo de créditos ni restringido el acceso a los mismos a las pequeñas empresas. Más bien, está asociado con mejoras significativas en la calidad de la reglamentación y de la transparencia.” Paradójicamente informaba esto cuando los bancos extranjeros locales manifestaban su independencia de las casas matrices, en el momento de no garantizar los depósitos en dólares de los ahorristas.

Mientras al Fondo Monetario Internacional se lo ha configurado como el cuco de la película, los créditos que otorga el Banco Mundial se los aplaude con alborozo. Alfredo Zaiat, economista y periodista de Página 12 en su artículo del 11 de julio del 2004 se pregunta: “¿Qué se festeja cuando el Banco Mundial aprueba el desembolso de un préstamo?” Comenta que “El Banco Mundial se presenta como el hermano bueno, sensible y comprometido por el bienestar de los pueblos en contraposición a su hermano mellizo, el Fondo Monetario, al que sólo le interesa repetir la receta económica del ajuste.” Pero la realidad es distinta y agrega que “ no es justo que no se le reconozca al BM su invalorable colaboración en construir una sociedad de pobres con una pésima distribución de ingresos”. Se intenta crear una imagen del Banco Mundial como una institución de caridad, e incluso se lo intenta presentar como un banco cooperativo. Denuncia que las utilidades que logra el Banco, que alcanza a más de 1.500 millones de dólares, se debe no sólo a través de los intereses, sino a “la venta de equipos y servicios de consultoría atados a los créditos que los gobiernos reciben con algarabía” Dice el periodista que para evaluar el costo del crédito, no sólo hay que mirar la tasa de interés, sino “la serie de condicionalidades que va imponiendo para entregar los dólares”

Los Bonos Carbón del Banco Mundial

Los llamados bonos carbón fueron creados en la Convención de Kyoto, y es otra muestra de cómo el Banco Mundial responde a los intereses de los países más poderosos. La Convención de Kyoto congregó a los países del mundo para tratar la contaminación ambiental. Por medio del llamado Protocolo de Kyoto, los países firmantes del mismo se comprometen a reducir la emisión de gases contaminantes. Pero dentro de este protocolo hay una cláusula que permite a las empresas industriales contaminantes de países ricos contribuir a la disminución de la emisión de dióxido de carbono en el mundo, financiando la captura de emisión de carbono en los países pobres, tomando esas disminuciones como si fuesen propias del país contaminante. Para poder hacer esas transacciones se crearon los bonos carbón. Si una empresa argentina demuestra que captura el metano emergente de un proceso químico, como el de la basura del CEAMSE, una empresa del norte, contaminante, compra bonos carbón al Banco Mundial y se la entrega a dicha empresa, con lo que la contaminación en el norte, y su contribución al calentamiento global queda sin modificación y al mismo tiempo, lavado.

Este arreglo de los bonos carbón no sólo no ayuda a disminuir el calentamiento global, porque los países del tercer mundo, o pobres o subdesarrollados, poco es lo que aportan a ese calentamiento, sino que los que sí aportan siguen sin morigerar o cambiar sus sistemas de producción de anhídrido carbónico.-En el diario Clarín (25-03-05) se dice:” El Protocolo establece el compromiso de gobiernos de 35 países ricos de reconvertir sus industrias para frenar el cambio climático. La idea es que recorten la emisión de gases en un 5,2% por debajo del nivel de 1990. Pero esas empresas pueden cumplir en cualquier lugar del planeta. O comprar créditos o bono de carbono de países que superen las metas exigidas. Esto abrió un mercado de compra y venta de títulos, que en la actualidad cotizan entre 5 y 7 dólares la unidad.” Es decir, se ha creado un negocio financiero utilizando a los países pobres. Y dice el artículo. “ Como el mecanismo contiene pautas que permiten hacer negocios en países pobres, como la Argentina, varias empresas, nacionales y extranjeras, ya estudian cómo sacarle provecho.” El CEAMSE ya había adherido al proyecto y lo promocionaba para que empresas argentinas adhirieran al mismo. Poco tiempo atrás, el 10 de marzo de 2004 se cerraba en la Sociedad Rural la Conferencia Técnica de Rellenos Sanitarios para América Latina. Sus protagonistas: empresas, el Banco Mundial, funcionarios y técnicos del CEAMSE, del Gobierno de la Ciudad, de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Adentro el discurso oficial: el del CEAMSE. Afuera, la asamblea de Wilde convocante de un contra congreso, con la participación de asambleístas de Capital y el conurbano, cartoneros y vecinos. [13]

4. La tercerización y el ingreso del capital privado en la gestión del Estado y el CEAMSE

La atención de políticas estatales por sectores privados, cuando han sido motivadas por un interés pecuniario, han sido acompañados de generación de grupos de interés económico que han actuado como grupos de presión o como grupos mafiosos, integrando a los intereses de estos sectores económicos a funcionarios para tener acceso a las licitaciones. Así ocurrió cuando se privatizaron los comedores escolares de la Ciudad de Buenos Aires, en 1984, tercerizando con valores exorbitantes el servicio, y generando un sobre precio que llevó a la justicia el problema y que luego, por inacción de los fiscales, fuera archivado. Otro caso fue el de la tercerización del servicio de salud de la obra social de los jubilados, PAMI, que ha llevado otra serie de denuncias penales que se están sustanciando en la justicia. La experiencia ha demostrado que la tercerización ha significado la generación de una ganancia que recibe el tercero, que es a la vez intermediario de sectores vinculados a la administración que son los realmente beneficiados con la tercerización. Es una intermediación parasitaria, que se inscribe en el patrimonialismo y clientelismo que domina la gestión.

Durante la dictadura se aplicó en diversas políticas los mandatos de las agencias internacionales, al mismo tiempo que se continuaba con el patrimonialismo histórico. La descentralización del sistema educativo, y la política de tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante la concentración en una empresa “sociedad de estado”, el CEAMSE, y la tercerización del trabajo del tratamiento de los residuos mediante el exclusivo método del relleno sanitario, son ejemplo de los lineamientos políticos neoliberales. A través de la corrupción que genera el patrimonialismo se tejen los negocios en beneficio de empresas que, mediante la tercerización de las políticas, aseguran un mercado ilimitado de posibilidades. Esta tercerización que comienza en forma masiva en el proceso militar, y el caso más patente es la creación del CEAMSE, en donde dos estados, el Nacional en representación del Municipio de la Ciudad de Buenos Aires, y el de la Provincia de Buenos Aires, acuerdan la constitución de una sociedad del estado al solo efecto de tercerizar el manejo de la basura.

La creación del CEAMSE, Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad de Estado, como una empresa de derecho privado, confirma que el proceso de tercerización promocionado en 1998 por el CLAD tiene larga data. Este cinturón verde se construiría sobre los residuos urbanos enterrados. Su promotor, el abogado Guillermo Laura ingresó en 1976 en el gobierno militar como Secretario de Obras Públicas la Municipalidad de Buenos Aires [14]. La creación del CEAMSE, empresa como sociedad del estado, se inicia a partir de un convenio firmado entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la Provincia. La finalidad de esta nueva empresa es el ser vínculo entre los dos estados y las empresas privadas para la realización de los rellenos sanitario. El CEAMSE cobra a estos estados anualmente un monto de dinero que luego, como empresa de derecho privado, administra asignándolo a las empresas concesionarias.

El novedoso proyecto del “Cinturón ecológico” fue presentado en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires en 1975 por su autor, el abogado Guillermo Laura. El citado cinturón consistía en un sector verde y recreativo que rodearía a la Ciudad de Buenos Aires, que se construiría sobre los residuos urbanos enterrados. La paradoja es que a los científicos de ese momento no se les ocurrió hacer un análisis técnico de la propuesta, porque la producción de metano y dioxinas por parte de esos rellenos ya se podrían haber estimado en aquella época. El autor del proyecto ingresa como Secretario de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Buenos Aires en 1976 y a partir de ese momento se aboca a concretarlo.

Lo primero que hace es crear una empresa bajo la forma jurídica de “sociedad de estado”, el CEAMSE, Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad de Estado, con dos únicos socios: el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Municipalidad de Buenos Aires. La finalidad: tercerizar el servicio de enterramiento de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Buenos Aires y de más de 30 municipios del conurbano. El Almirante Emilio Massera aparece en 1977 acordando con una firma subsidiaria de Techint el tratamiento de los residuos.

La creación y puesta en marcha del CEAMSE tiene un frondoso marco normativo, que va desde el convenio entre la provincia y el municipio para constituir una sociedad de estado para la creación de un sistema regional de Parques recreativos (decreto ley 8782/77, Pcia. Bs. As. y otros), el Decreto Ley 9111/78 que crea el CEAMSE y regula el método de disposición final de residuos bajo la técnica del relleno sanitario, que lo establecía como obligatorio para todo el país etc. [15]

La empresa se crea dentro del marco de la ley 20705 que norma sobre las sociedades de estado. El 6 de mayo de 1977 se establece el primer convenio entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, representada por el Secretario de Obras Públicas, Dr. Guillermo Laura y el Sr. Ministro de Gobierno de la Pcia de Buenos Aires, Dr. Jaime Lamont Smart por el que se constituye la sociedad que llaman “Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad de Estado”. En septiembre del mismo año se aprueba el Estatuto Social y se formaliza el mismo con el decreto Nro. 2038.


En el Art. 4 del Estatuto se describe el objeto de la sociedad. En el punto a se define la disposición final de residuos sólidos “proponiendo la afectación necesaria para que quede integrado un anillo forestado rodeando toda el “área metropolitana y la Capital Federal “ El punto b se refiere a programas de urbanización y en donde se establece que puede “transferir a particulares a un máximo del área total”. El punto c habla de “efectuar las reservas de tierras necesarias dentro del trazado para la localización de equipamientos”. La facultad para disponer de los predios (transferirlos, venderlos, cederlos) aparece como un objetivo empresarial. Lo mismo ocurre con el punto c) en donde una actividad meramente operativa, como es disponer de predios para instalar equipos, aparece como un objetivo. En suma, por los puntos b y c parecería que el objetivo real de esta empresa estaría no en el ámbito ecológico, sino en el inmobiliario. Pero además, faculta a la empresa la transferencia al sector privado de su patrimonio. El patrimonialismo, esto es apropiación de los recursos del estado en beneficio de sectores privados, aparece así facilitado. En el Art. 5 le asigna a la empresa para actuar como persona jurídica de derecho privado, lo que hace que la misma quede manejando fondos públicos sin el control externo a que toda gestión estatal debe estar sometida. El Art. 8 habla de los recursos, y los fondos provenientes de las ventas de las propiedades forma parte de los mismos. Este punto se intentó aplicar en el 2001 cuando Atilio Sabino, presidente del CEAMSE, pretendió vender 2790 hectáreas del Parque Pereyra Iraola que estaban bajo la órbita de la empresa. Las denuncias de particulares y organizaciones no gubernamentales motivó la intervención del Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires que frustró la citada venta. El contrato firmado entre Massera y Syusa, subsidiaria de Techint [16] tenía por objeto “la recuperación, forestación y urbanización en la zona costera del Río de la Plata”. A partir de terrenos rellenados con basura en una extensión de 1500 hectáreas se debía forestar, parquizar, pavimentar caminos de acceso y su iluminación para ser destinados a recreación pública. Pero en 1993 se cambia el contrato y en 1999 la empresa presenta un nuevo proyecto en base a 200 hectáreas con 4 km. de costas transferidas a la empresa mediante un trámite notarial para la construcción de un emprendimiento urbano con puerto deportivo incluido. Estas 200 hectáreas estaban libres de relleno sanitario. Para ello recargaron los rellenos en un sector y en base a la basura depositada, obtuvieron la transferencia de ese predio. El informe indica que en el 93 se cambio el objeto del contrato y el arbolado que se establecía en el primer contrato quedó eliminado. Dice el informe que el responsable de este cambio fue también Atilio Sabino, que estuvo al frente del CEAMSE durante 11 años.

Las autoridades del CEAMSE son nombradas por los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Estos dos gobiernos son los propietarios. El CEAMSE tiene clientes que son el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las intendencias del conurbano bonaerense y clientes de la empresa. Es decir que mientras la ciudad es socio y cliente, los municipios no son socios, y la Provincia no es cliente. Es evidente que esto desde el punto de vista organizacional es un ente de difícil comprensión, y las asimetrías están a la vista. Por otra parte, siendo una sociedad del Estado, de qué Estado? En todo caso bi-estatal. ¿Qué organismo de control externo debe auditar el funcionamiento de esta empresa? Ni la Auditoria General de la Nación, ni la Auditoria de la Ciudad de Buenos Aires ni el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires son competentes. El fiscal de Estado de la Provincia se reconoce como competente, pero ello ocurre cuando algún particular u organismo estatal se lo demanda. Ningún control de gestión o externo de parte de los estados a los que dice servir se ejerce sobre esta empresa, cuyo financiamiento sí es regularmente sufragado por dichos estados.

Los predios controlados por el CEAMSE: tierra de nadie

El escenario que presenta los depósitos de residuos que administran las empresas contratadas por el CEAMSE está expresado en una queja presentada por la Cámara Argentina de Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos ante el CEAMSE el 15 de noviembre del 2004 [17] y que se puede sintetizar como sigue:

1) Multitud de personas deambulan entre los residuos pútridos, vidrios y demás elementos peligrosos.

2) Esta gente demora el trabajo de los camiones que transportan los residuos industriales

3) La demora generará acumulación en origen de los residuos

4) Que la gente se pone en riesgo al pretender rescatar elementos antes que las topadoras lo entierren

5) Los choferes son amenazados por los indigentes para que depositen lo transportado “en tal o cual sector que sirva a los intereses de los que dirigen a estas personas sin contar las agresiones a las unidades (parabrisas, luces y accesorios rotos) y otros bienes de nuestras empresas asociadas”

6) Denuncia restricción a la libertad de trabajo por la suspensión intempestiva de la operación de relleno

7) Las autoridades municipales de Ensenada y González Catán “están impidiendo el acceso a los mismos de residuos provenientes de otras jurisdicciones lo que agrava más la situación al carecerse de alternativa”

Se queja esta cámara de que, por imperio de la ley 9111/78, se obliga “a los generadores privados de residuos comprendidos en el área de influencia de CEAMSE a disponer sus desechos en forma exclusiva y excluyente allí; pero es la misma norma legal la que obliga a la sociedad que Ud. preside a operar los rellenos en forma correcta, en todo aspecto, en resguardo de la salud pública y el bien común”. Notifican estos empresarios que copias de la denuncia se envían al Presidente de la Nación, Gobernador de la Pcia. De Bs. As., Gobernador de la Ciudad Autónoma, ministros, secretarios, subsecretarios, al Jefe de Policía de la Pcia. De Bs. As., al sindicato de camioneros y Cámaras empresarias.

Surge de esta nota el modus operandi de las empresas que producen residuos industriales y/o peligrosos: contratan un servicio de transporte y este camión contratado vuelca libremente, con las restricciones que marcan quienes operan en el lugar rescatando material reciclable.

Aparentemente no existe control alguno sobre la calidad de los residuos así volcados. Esta nota es de noviembre de 2004. Desde el 2002 rige la Ley 25612 Promulgada con observaciones por el Decreto 1343 del 25/7/2002 y en su Art. 8 dice que “Las autoridades provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, responsables del control y fiscalización de la gestión integral de los residuos alcanzados por la presente, deberán identificar a los generadores y caracterizar los residuos que producen y clasificarlos, como mínimo, en tres categorías según sus niveles de riesgo bajo, medio y alto.” El documento de la cámara indica que a dos años de su vigencia la Ley 25612 no se estaría aplicando.

En Argentina las posibilidades de colocar bonos carbón las tiene a partir de la captación de metano que producen los rellenos sanitarios y es el CEAMSE el mayor productor de metano a partir de que, a partir de la Ley 9111, es el organizador y administrador de los rellenos sanitarios del área metropolitana. La presentación del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Atilio Sabino sobre su programa de gobierno para el período 2004-2007 aparece con una leve orientación hacia la recuperación y reutilización de residuos tomando como base la experiencia de los municipios que ya están trabajando con esas tendencias, como Trenque Lauquen, Laprida, etc. Pero el artículo de La Pulseada resalta el hecho de que Sabino haya sido presidente del CEAMSE durante 10 años y que la política de los rellenos sanitarios para el tratamiento de la basura vendría sustentada por el Banco Mundial [18]

5. La Ley Basura 0

La Ley de la Ciudad de Buenos Aires conocida como Basura 0 es el resultado de una campaña llevada a cabo por Greenpeace mediante reclamos a la legislatura, propuestas a partir de su página Web, que consisten fundamentalmente en la minimización de los residuos y la separación en origen. Al mismo tiempo, denunciaba al CEAMSE por las emanaciones tóxicas de sus rellenos sanitarios y la pretensión de abrir nuevos rellenos en municipios más alejados de la capital. El proyecto “Basura 0” fue tomado por legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y la campaña tuvo su éxito con la sanción de la ley.

La ley se encuadra en el proceso nacional de tratamiento de los residuos enmarcados en la ley nacional 25916 y nos informa que en la ciudad de Buenos Aires la dirigencia política ha asumido la responsabilidad de encarar el problema de la contaminación producida por los residuos de la ciudad de Buenos Aires y a la vez le da un marco jurídico a los que, en busca de su sustento diario, recorren la ciudad en busca de elementos reciclables. La ley legisla exclusivamente sobre residuos sólidos domiciliarios, excluyendo todo otro tipo de residuos. En tal sentido, no se puede hablar de una política integral de tratamiento de residuos, en la medida en que los residuos industriales que se rigen por la ley 25.612 no están regulados a nivel ciudad de Buenos Aires. Y el otro punto es la ausencia a toda referencia al futuro del CEAMSE, que mientras siga en vigencia entrará en colisión con los objetivos de la ley.

A su vez la Ciudad de Buenos Aires legisló sobre la problemática del impacto ambiental mediante la Ley de Impacto Ambiental 123 y su modificada por Ley n° 452, el 10 de diciembre de 1998. Esta ley en general se refiere principalmente a nuevos emprendimientos y con aplicación dentro del territorio de la Ciudad. Pero el capítulo XIX, artículo 40 se refiere a las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que “se encuentren en desarrollo, ejecución o funcionamiento al promulgarse la presente ley” que “deben presentar un Estudio Técnico de Impacto Ambiental elaborado de conformidad a lo indicado por el artículo 19° y en los plazos que establezca la reglamentación. El citado estudio estará acompañado de un Plan de Adecuación Ambiental, según las condiciones de tiempo, forma y publicidad que determine la autoridad de aplicación” . (Conforme texto Art. 10 de la Ley Nº 452, BOCBA Nº 1025).

En la Provincia de Buenos Aires ha habido intención de disolver el CEAMSE. En una conferencia de prensa realizada en la segunda quincena de mayo de 2003 [19] el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Federico Scarabino anunciaba que el gobierno del Dr. Felipe Solá enviaría en el transcurso de la semana a la Legislatura un proyecto de Ley que lo autorice a disolver la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana S.E. Dijo el funcionario que la CEAMSE ha perdido un poco el rumbo, es una empresa con problemas económicos y financieros, según sostienen sus actuales responsables que, en muchas ocasiones, perciben tarifas que no se comparecen con los costos. Por otra parte los municipios del Gran Buenos Aires -que son a los que a nosotros nos preocupan- en muchos casos consideran que las tarifas son muy elevadas, no están conformes con el sistema de disposición ni con las perspectivas que se les ofrecen desde la empresa. Y también existen dudas en algunos sectores de la población sobre el cumplimiento de las normas de saneamiento ambiental y del control de medio ambiente". Este proyecto de ley, una vez sancionado, permitiría al Poder Ejecutivo sentarse a negociar con su socio el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el futuro institucional de la empresa y el destino que se darán al objeto de la empresa: los residuos domiciliarios que producen 13 millones de habitantes. Un tema harto complejo, que no puede ser reducido a una cuestión de negociación o decisión política, pero que por las presiones de la gente, el desconocimiento de la problemática por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de decidir, se pretende solucionar con medidas mágicas

El gobierno envió el proyecto en el 2003 pero El tratamiento de la ley del CEAMSE se vio entorpecida por la presión de los legisladores de no tratar la ley si se vetaban algunos artículos sobre una ley de juego. En definitiva, la ley del CEAMSE no se trató. El Secretario de Política Ambiental de la Provincia, Jorge Etcharán, declaraba por mayo de2004 algo que es una realidad, pero no por ello imposible de cambiar: "la auditoria del CEAMSE la hace la misma empresa. La provincia tendría que poder auditar esa auditoria, pero es imposible porque está estipulado así por ley. El CEAMSE hoy tiene total independencia. La provincia es parte del CEAMSE y lo que decida el presidente de la empresa, tiene el aval de la Provincia, porque es la Provincia la que designa al presidente [20]

El problema para encarar la disolución del CEAMSE estriba en que utilizando el rótulo de Sociedad de Estado la empresa hace lobby entre los diputados provinciales para inhibir el tratamiento de una ley y por otro lado lograr una ley que obligue a los intendentes a recibir la basura. La empresa, totalmente tercerizada, encubre bajo la fachada de sociedad de estado una libertad para incumplir las normas básicas con que se maneja la técnica de relleno sanitario, abandonando a su suerte a los predios cerrados y dejando que los tóxicos que producen los basurales mal enterrados y mal tapados se liberen por todo el área circundante. Es evidente que la mayoría de los legisladores no tienen la mínima idea de lo que esto significa, y tratan con total liviandad el problema [21]

Respecto a la ley que legisla sobre Sociedades de Estado, la Nro. 20.795 en su artículo 5 dice "No podrán ser declaradas en quiebra. Sólo mediante autorización legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad del Estado" De acuerdo a este artículo, en tanto que es una sociedad interjurisdiccional necesita que las legislaturas de los dos estados resuelvan la liquidación de la sociedad. Pero no por una razón de quiebra, pues vimos que el cobro de lo facturado está asegurado por lo menos en el ámbito provincial a través de la legislación y también está convalidado en la ciudad de Buenos Aires según surge del informe de la auditora de la Ciudad de Buenos Aires Noemí Fernández, pues el pago anual está en el presupuesto y por el modus operandi de la empresa CEAMSE con los residuos y la ausencia de control del Gobierno de la Ciudad. [22] En todo caso, sería por no cumplir el objeto a) del Artículo 4, pues surge de la aplicación defectuosa de la tecnología de relleno sanitario que no se hace saneamiento y las parquizaciones no fueron realizadas según lo establece el estatuto. Para convalidar esto último habrá que analizar la normativa modificada en 1987 y en 1993 (según lo expuesto por organizaciones ecológicas y que surgen del presente trabajo) pues si no fueron hechas por ley no tienen vigencia. Pues el Estatuto, convalidado con el decreto-ley 8781, sólo puede ser modificado con otra ley. Según surge de estas consideraciones se habría dejado el objetivo del "cinturón verde" es decir la creación de parques y espacios recreativos [23] y se habría concentrado en la disposición de residuos y los movimientos inmobiliarios.

6. Los cartoneros o recuperadores urbanos

La Ley “basura 0” habla de “recuperadores urbanos”, una manera elegante para aludir a los que por la miseria, marginación y exclusión en la que cayeron millones de argentinos por la aplicación de política neoliberal. Pero a la vez encubre la incapacidad de esta sociedad para insertar a estos sectores en el campo del trabajo productivo. Se congela así el panorama de la miseria en que los “recuperadores urbanos” están insertos. No obstante, podemos dar como síntoma positivo que desde el Estado se hayan hecho eco del terrible esfuerzo que han hecho este sector social en organizarse en cooperativas generando un ingreso económico genuino para miles de familias.

Volviendo al texto de Matus, la inclusión de los “recuperadores urbanos” como un “tercer sector” nos muestra dos cosas: la consolidación de la pobreza y marginalidad de amplios sectores de la población y a la vez la aceptación de políticas neoliberales de tercerización en políticas que tienen intención de proteger a los sectores empobrecidos.

La ley Basura 0 es incompatible con la prosecución del CEAMSE. Pero el CEAMSE representa no los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia, sino de las empresas que el CEAMSE contrata. A pesar de los movimientos masivos de poblaciones enteras que se han manifestado en contra de la empresa, a pesar del grave problema que significa la disposición final de residuos, se sigue persistiendo en tener al CEAMSE como director de las políticas en materia de residuos. Esto se debe al poder político que detenta el CEAMSE y que no reside en la delegación del poder conferido por los estados socios, sino por los intereses sectoriales de las empresas concesionarias que encuentran en la empresa, sociedad de estado, un espacio permanente para hacer lobby.

7. Conclusiones

El marco jurídico institucional en que se ha plasmado la ley Basura 0 se puede sintetizar en lo siguiente

1. Las instituciones de la república tienen un fuerte sesgo patrimonialista. Esto es, debilidad de los resortes institucionales que marca la Constitución en cuanto a la división de poderes, a los controles internos y externos, a la capacitación para la función pública, y tendencia a confundir los recursos públicos con los recursos privados. A medida que se desciende en el nivel jurisdiccional esta situación empeora. Este sistema aumenta los niveles de pobreza en los países pobres.

2. En los períodos democráticos el sistema político, además de patrimonialista, es clientelar y prebendario. Esto es, se establece una relación entre el poder y la ciudadanía que tiende a solucionar los problemas de los ciudadanos en forma particular y no universal.

3. Los organismos internacionales de asistencia a los países pobres (FMI, CLAD, Banco Mundial) ejercen un poder coercitivo y a veces coactivo para la implementación de políticas neoliberales. La dictadura militar de la década del 70 y luego los distintos gobiernos democráticos aceptaron estas presiones.

4. Para estos organismos, el rol del Estado se reduce a la regulación de los servicios públicos practicados por las empresas privadas y al mero rol de formular y financiar las políticas.

5. La tercerización de los servicios públicos es la política obligada por los organismos internacionales. Los ejemplos abundan: la contratación de gerenciadoras del PAMI, la privatización de las empresas públicas, la implementación, con fuerte promoción y aceptación de la jubilación privada, que desfinanció al Estado y lo obligó a aumentar el IVA (IVA creció de 13.6 % a 16 % en abril de 1991, luego a 18 % en junio de 1991 y luego a 21 % en 1995, aumentando el precio de la canasta básica y por ende la cantidad de población en niveles de pobreza), la tercerización de la disposición final de residuos en la Capital y el conurbano a través de la creación del CEAMSE.

6. A través de la tercerización las empresas privadas concesionarias de la política entran en el entramado patrimonialista y clientelar dando lugar a una nueva modalidad patrimonialista, en donde por medio de lobbies y la introducción en el entramado burocrático del Estado de agentes que responden a la empresa logran que se tomen decisiones en beneficio propio.

7. El CEAMSE tiene como misión establecer contratos con las empresas privadas encargadas de recibir los residuos. En ese sentido, es un punto de transferencia de recursos del sector estatal al sector privado.

8. La ley basura 0 ignora la existencia del CEAMSE.

9. La construcción jurídica de la empresa como sociedad del estado es oscura y engorrosa. La ley 20705 alude a una sociedad perteneciente a un estado, no a dos, como el CEAMSE.

10. Los intereses de las empresas contratistas del CEAMSE son contrarios a los objetivos de la ley Basura 0.

11. Para lograr una auténtica implementación de un plan basura 0 debe disolverse el CEAMSE, para lo cual deben intervenir las legislaturas de los dos estados que la compone y planificar su reemplazo por otra forma jurídica. www.ecoportal.net

Nota:

Ponencia presentada en el Foro y Congreso Internacional de Políticas de Reciclado en Grandes Urbes, realizado en Capital Federal por el GCBA. 27,28 y 29 Septiembre – En la Mesa Nro. 4 de Ponencia y Debate se expuso sobre Ley Basura Cero y CEAMSE.

Referencias:

[1]Oszlak, Oscar, "Políticas Públicas y Regímenes Políticas, Ed. Cedes, Bs. As.,pag 42

[2] Mario Matus, Trayectorias divergentes de la desigualdad en América Latina www.iigov.org/id/attachment.drt?art=22652

[3] Ibíd., pag. 17

[4] Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo “Una Nueva Gestión Pública para América Latina”CLAD, 1998 www.clad.org.ve/fulltext/0032400.pdf

[5] Ibíd., pag 2

[6] Ibíd., pag. 8

[7] Nota La Nación del 23 de julio de 2004

[8] http://www.mecon.gov.ar/finanzas/download/deudac.xls#A.1.1!A1 31 de marzo del 2007

[9] Historia de las Relaciones Internacionales, CEIEG,Tomo 15, cap. 2 http://www.cema.edu.ar/ceieg/arg-rree/15/15-054.htm#041

[10] Perfil, 17 de mayo de 2007. http://www.perfil.com/contenidos/2007/05/17/noticia_0075.html#sigue

[11] Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina, CEIEG, http://www.cema.edu.ar/ceieg/arg-rree/11/11-075.htm

[12] Comunicado de prensa Nº : 2001/329/S http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/

[13] fuente: www.lapulseada.com.ar. 20 de mayo de 2004 Artículo de Sabina Crivelli

[14] El Cinturón Ecológico del Dr. Guillermo Laura fue editado por Agencia Periodística Cid, Avda. de Mayo 666 (lugar que ocupa en la actualidad) en octubre de 1979 y no fue reeditado. Es fotocopiado en la biblioteca del Ceamse. El trabajo del Dr. Laura fue presentado a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires en junio de 1975, mereciendo por unanimidad el Premio "Ingeniero Luis Huergo.” Fuente Primer congreso nacional sobre el manejo integral de residuos urbanos .“Vida o negocios” Autor: Daniel www.asambleas-argentinas.org.ar 3 de junio de 2004

[15] El listado completo de normas se encuentra en www.vasoc.com.ar y en “el CEAMSE o la CEAMSE”

[16] Periódico Perspectiva Sur. www.rebanadas.com.ar

[17] www.conteman.com.ar/CEAMSEQUEJA.pdf

[18] fuente www.lapulseada.com.ar

[19] fuente www.launion.com.ar . 22 de mayo de 2003

[20]Fuente Revista la pulseada, 20 de mayo de 2004. Art. de Sabina Crivelli

[21]www.prensaclave.com.ar , 10 de febrero de 2005

[22] Ver punto 7 “La respuesta gubernamental”

[23] Ver punto 6 “El negocio de las tierras”

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