Biodiversidad

Apropiación Corporativa de la Biodiversidad

Breve análisis sobre los principales antecedentes de las Iniciativas de Asociación Tipo II con que la Cumbre de la Tierra II pretende saldar las responsabilidades de conservación del medio ambiente y un desarrollo sustentable, que tienen un clarísimo linaje que se remonta a la primera Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992.

Por Karin Nansen y Alberto Villareal

Breve análisis sobre los principales antecedentes de las Iniciativas de Asociación Tipo II con que la Cumbre de la Tierra II pretende saldar las responsabilidades de conservación del medio ambiente y un desarrollo sustentable, que tienen un clarísimo linaje que se remonta a la primera Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992.

En este trabajo se realiza un breve análisis sobre los principales antecedentes de las Iniciativas de Asociación Tipo II con que la Cumbre de la Tierra II pretende saldar las responsabilidades de conservación del medio ambiente y un desarrollo sustentable tienen un clarísimo linaje que se remonta a la primera Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992.
So pena de repetir esa historia reciente, íntimamente ligada a la poca o nula voluntad política y acción de los gobiernos para frenar la crisis ambiental y social que enfrentamos, los autores fundamentan que es indispensable establecer los nexos entre las ‘novedosas’ propuestas de hoy y las duras polémicas de ayer.

Río 92 y los intereses empresariales

Durante el proceso previo a la Cumbre de la Tierra del ’92, un número importante de ONGs y movimientos sociales que compartían una visión desde la ecología social y política, decidieron hacerle frente a las instituciones dominantes que pretendían responsabilizar a los pobres y a los países del Sur y su "explosión demográfica" por la crisis ecológica, y asegurarse así que esta instancia mundial no cuestionara la responsabilidad y el papel por demás significativo del capital transnacional en la generación de esa crisis.

Centro para Nuestro Futuro Común: "todos somos igualmente responsables"

Así, el primer paso de esa táctica encubridora fue la pretensión de hacer creer al mundo que la crisis ecológica era responsabilidad de todos por igual, tanto de las empresas petroleras (que son las causantes principales del efecto invernadero) como del consumidor individual que ocasionalmente arroja al pasto el paquete vacío de una barra de chocolate.
En lugar de cuestionar modelos de desarrollo y los sistemas de producción y consumo asignando responsabilidades claramente diferenciadas a distintos sectores y sujetos sociales, se trataba de imputarle la responsabilidad a las conductas de los consumidores individuales y sobre todo a los pobres en el Sur que se reproducen demasiado.
Todos somos igualmente responsables, todos estamos en una misma nave y debemos trabajar juntos para encontrar soluciones, nos pregonaba el Centro para Nuestro Futuro Común que pretendía erigirse como visagra entre las organizaciones de la sociedad civil y el proceso preparatorio oficial, fuertemente dominado por los grupos de presión empresariales.

El "Desarrollo Sustentable"

Ya aparecía claro que los gobiernos, bajo las órdenes de sus élites empresariales dominantes, no estaban dispuestos a cuestionar en profundidad los modelos de desarrollo basados en el crecimiento continuo (de los que ambos eran sus principales beneficiarios).
En consecuencia, se trataba entonces simplemente de maquillar de verde las políticas de desarrollo dominante, adjetivándolas ahora de sostenibles o sustentables, dando a entender que no se cuestionaba el crecimiento sostenido, pero que se le procuraba dar una dimensión atenta a la conservación de los balances ecosistémicos que son el soporte de la vida en el planeta.

El "sector independiente"

Pero era necesario también darle una expresión política a ese ‘nuevo’ enfoque del desarrollo, que incorporara la visión encubridora de que todos somos igualmente responsables, y que a la vez sirviera para silenciar las voces de los inconformes que se empecinaban en señalar al modelo de desarrollo, a las empresas y las élites políticas del Norte y el Sur como las responsables del problema -o por lo menos marginarlas y estigmatizarlas como "desadaptadas"-.

Surge así entonces, otra vez desde las calderas del Centro para Nuestro Futuro Común y sus socios de la Asociación Empresarial por el Desarrollo Sustentable (Bussiness Association for Sustainable Development), el concepto del ‘sector independiente’ como propuesta político-organizativa de la participación de todos los actores sociales no gubernamentales en el proceso del ‘desarrollo sostenible’ y la Cumbre misma.
Lamentablemente, los conceptos de ‘organizaciones de la sociedad civil’ o de ‘organizaciones no gubernamentales’ (ONGs) tampoco ayudaban en nada para definir claramente el perfil del movimiento popular que cuestionaba esa domesticación del diagnóstico y las soluciones para la crisis; al contrario, más bien alimentaban esa misma confusión encubridora.

El llamado sector independiente pretendía reunir en la misma mesa a todas las categorías formalmente aceptadas dentro de las Naciones Unidas como Grupos Mayores (Major Groups) acreditados ante el Consejo Económico y Social de la ONU. Era la hora del diálogo social, y no de la confrontación, y se suponía que Trabajadores, Pueblos Indígenas, Campesinos, Mujeres, Jóvenes, Empresarios y ONGs (categoría esta en la que nos encasillaron a los ecologistas, consumidores, etc.) seríamos la voz unificada de la ‘sociedad civil’ que serviría de contraparte válida de los gobiernos para realizar un diagnóstico y proponer soluciones a los problemas del medio ambiente y el desarrollo.

El Foro Internacional de ONGs y Movimientos Sociales

Afortunadamente, ese intento de ocultamiento no tuvo éxito, al menos durante la Cumbre misma del ’92 y en el proceso que condujo a ella. Buena parte del movimiento ecologista y los movimientos sociales comprometidos en el proceso enfrentaron y denunciaron esta propuesta por entender que el sector empresarial, sobre todo las grandes corporaciones transnacionales, son responsables de generar la crisis ecológica imponiendo sistemas de producción y consumo altamente insustentables en función de su interés de generar las mayores ganancias posibles en el corto plazo y su apuesta al crecimiento económico como premisa fundamental de su existencia.

Desde un principio se entendió la necesidad de mantener una postura independiente y crítica desde los movimientos sociales y las organizaciones ecologistas. Antes que caer en la trampa de pretender llegar a acuerdos entre intereses tan contrapuestos, como aquellos del capital transnacional y de los movimientos sociales más afectados por la crisis ecológica, se apostó a la consolidación de un movimiento de ecología social y política crítico, que analizara y develara las causas de la problemática socio-ambiental que amenazaba la vida en el planeta.

El proceso previo a la Conferencia de Río protagonizado por los movimientos sociales, sobre todo del Sur, fue tan rico y participativo y caracterizado por tal profundidad en el análisis, que logró poner en el centro del debate las verdaderas causas de la crisis ecológica y social e identificar a los principales responsables.

Agenda Ya Wananchi y Tratados Alternativos

El rechazo a la Iniciativa de las Américas impulsada por el Presidente Bush (padre), y a los Canjes de Deuda por Naturaleza, la denuncia de la ilegitimidad de la deuda externa y el reclamo del reconocimiento de la deuda ecológica que el Norte mantenía con el Sur, la identificación de los sistemas de producción y consumo impuestos por las empresas transnacionales como causantes de la devastación y degradación de la naturaleza, la defensa de la seguridad alimentaria y la agricultura sustentable y de los derechos de las comunidades al acceso y control sobre los recursos, fueron los ejes centrales de un activo proceso de crítica y creación que dio origen a la Agenda Ya Wananchi y condujo a la formulación de los Tratados Alternativos, en los que por primera vez diversos movimientos sociales contestatarios y de la resistencia se unen trascendiendo sus intereses específicos para concebir la perspectiva de la sustentabilidad como horizonte del bien común.
No sería exagerado afirmar que allí se sentaron las bases de lo que hoy la prensa llama el movimiento anti-globalización, que en realidad lo es contra la globalización del capital.

Agenda 21, un acuerdo híbrido

La Conferencia de la ONU en Río dio como resultado la Declaración de Río, la Agenda XXI y una serie de Convenios, todos ellos productos que reunían visiones y posiciones algunas veces contradictorias entre sí, donde confluían las recetas de las empresas y propuestas contrapuestas incorporadas allí por la fuerza y presión de los ecologistas y los movimientos sociales. Pero a pesar de los esfuerzos de unos y otros, una mirada retrospectiva nos indica que a la postre se impusieron los intereses empresariales, que han sabido aprovechar al máximo las ambigüedades y ventanas que consiguieron dejar abiertas en Río para imponer más tarde las pretendidas soluciones de mercado que aparecían ambiguamente esbozadas en dichos acuerdos.

La Organización Mundial de Comercio y la comercialización de los acuerdos ambientales multilaterales

La imposición final de las soluciones de mercado, de las cuales las iniciativas de asociación tipo II son claros exponentes, se vio largamente facilitada por la fiebre neoliberal que se apoderó del mundo tras la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los acuerdos de liberalización comercial que están bajo su jurisdicción.
La doctrina de la liberalización del mercado ya se presentaba en la Cumbre de la Tierra como la única capaz de salvar el planeta. La ecoeficiencia y el aumento de la producción con menores insumos, la desmaterialización de la economía a partir del desarrollo tecnológico y la privatización de los recursos naturales y su gestión a través del mercado trataban de imponerse como las soluciones necesarias para garantizar la sustentabilidad del crecimiento económico.

La nuevas biotecnologías y en particular la ingeniería genética ya se perfilaban como la alternativa al paquete tecnológico de la primer "Revolución Verde". Esta nueva matriz tecnológica permitiría el desarrollo de una nueva revolución en la agricultura que diera solución a las limitantes (ambientales y otras más) al aumento de la producción de alimentos a nivel mundial. Sin analizar en profundidad los nefastos impactos ecológicos, sociales y económicos de la Revolución Verde y su fracaso en dar solución al problema del hambre en el mundo, se intentaba imponer nuevamente una lógica productivista y concentradora que sirviera a los intereses de las corporaciones transnacionales.

Uno tras otro, los acuerdos ambientales multilaterales pronto se vieron fuertemente permeados por la fiebre neoliberal y las soluciones de mercado. Así sucedió con el Convenio de Biodiversidad (CDB), cuyas normas sobre acceso, distribución de beneficios y transferencia de tecnología constituyen la columna vertebral de la presión de esos intereses comerciales sobre el convenio para subyugarlo y someterlo, de hecho, a las normas de comercio internacional de la OMC y los acuerdos de libre comercio. Otro tanto ocurrió con el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, que al final terminó legitimando el movimiento transfronterizo regulado de una amplia gama de transgénicos; y con el Protocolo de Kyoto sobre el clima (quizás el ejemplo más claro de la ‘protección ambiental’ a través del mercado) que creó un mercado de emisiones de anhídrido carbónico e impuso las plantaciones monoespecíficas de árboles como supuestas soluciones al cambio climático; hasta llegar al primer acuerdo ambiental del siglo XXI, el Tratado Internacional sobre Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que en definitiva rinde homenaje a las normas de la OMC sobre patentes y propiedad intelectual al permitir de hecho el patentamiento de esos recursos, excepto bajo la forma recibida de los bancos de semillas y la red internacional de centros de investigación y mejoramiento genético de cultivos.

Es justo decir que en cada uno de estos casos también se refleja una pugna aún no completamente resuelta entre los intereses de protección del medio ambiente y de los pueblos que dependen de éste para su sustento, y los intereses comerciales y de lucro de las grandes empresas, que siguen llevando la delantera.

La Comisión sobre Desarrollo Sustentable y los "diálogos multisectoriales"

En el ámbito político-organizativo, el maltrecho "sector independiente" de la Cumbre de Río sobrevivió y se levantó como ave fénix en el seno de la Comisión sobre Desarrollo Sustentable (CDS) encomendada para velar por la aplicación de la Agenda XXI, a través de la figura de los ‘diálogos multisectoriales’, que también fueron el mecanismo elegido para llevar adelante el proceso preparatorio de la Cumbre de Johannesburgo.
Este mecanismo fue sin dudas muy adecuado para las empresas transnacionales que vieron facilitada su tarea de promocionarse como actores fundamentales para resolver la crisis ambiental, y así diluir las críticas que recaen sobre ellas por sus nefastas acciones que afectan seriamente a los pueblos y al medio ambiente, sobre todo en los países del Sur.

Lamentablemente, a lo largo del proceso preparatorio de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (CMDS), las ONGs y los movimientos sociales comprometidos en ese proceso no llegaron a consolidar una posición crítica coordinada para enfrentar la imposición de una práctica que pretendía generar consensos entre actores con intereses claramente contrapuestos.

Un mundo feliz

Las iniciativas de asociación tipo II son el corolario lógico de una estrategia cuidadosamente diseñada para encubrir a los responsables principales de la degradación ambiental y la pobreza en el mundo, y ensalzarlos como la parte más importante de la solución a esos problemas.
En efecto, esa iniciativas se perfilan como el mundo feliz resultante de los "diálogos multisectoriales" del antiguo "sector independiente", capaces de sustituir la acción gubernamental según la tónica de los tiempos, que llama a la reorientación del Estado hacia funciones meramente policíacas y de mantenimiento de un status quo en poder de los intereses empresariales y corporativos.

Las iniciativas de asociación

Las Iniciativas de Asociación han sido propuestas como acuerdos del Tipo II que emanarán de la Cumbre de Johannesburgo. Estos acuerdos pueden ser suscritos por los gobiernos y la sociedad civil -incluyendo a las empresas transnacionales- con el objetivo de implementar la Agenda XXI y dar seguimiento a la Declaración del Milenio. En lugar de avanzar en los débiles compromisos políticos adquiridos en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, los gobiernos se disponen a abandonar su rol una vez más, y dejar en manos privadas y del mercado la gestión de los recursos naturales y las supuestas "soluciones" a la problemática ambiental.

Este tipo de iniciativas ya han sido promovidas en distintos foros como la Cumbre Mundial de la Alimentación, la Convención de Diversidad Biológica, el Convenio de Cambio Climático y el Banco Mundial, entre otros.
En el marco de la Cumbre de Johannesburgo estas Iniciativas de Asociación se están promoviendo con bombos y platillos ya que por sus características las mismas servirán a los intereses imperantes del capital transnacional de muchas maneras:

1 – Sustituirán compromisos políticos que deberían adoptar los gobiernos;

2 – Posicionarán a las empresas transnacionales como actores fundamentales del Desarrollo Sustentable;

3 – Facilitarán la privatización de la "cooperación" internacional;

4 – Promoverán la privatización de la naturaleza; y

5 – Afianzarán al mercado como principal administrador de la naturaleza y sus servicios.

Desarrollamos a continuación cada uno de los aspectos señalados anteriormente.

1 – Muchas ONGs y Movimientos Sociales apostábamos a que cumpliéndose 10 años de la Conferencia de Río, los gobiernos se dieran cita para comprometerse en un análisis profundo de las causas de la continua degradación ambiental y del fracaso del cumplimiento de los acuerdos logrados en Río, y acordar políticas ambientales internacionales que tuvieran como eje la sustentabilidad, la equidad y la participación, con las que confrontar las políticas de la globalización neoliberal impuestas por la OMC, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Muy por el contrario, el proceso preparatorio de Johannesburgo mostró ser una farsa, ya que la gran mayoría de los gobiernos no está dispuesta a desafiar los intereses del capital transnacional que dictaminan las políticas neoliberales que tanto daño han causado al planeta y a los pueblos que en él habitan. Huyendo a su responsabilidad de comprometerse a diseñar y acordar políticas que provoquen cambios profundos en los sistemas de producción y consumo a nivel mundial y que reconozcan los derechos de las comunidades a gestionar su ambiente en forma sustentable y por lo tanto a oponerse a aquellas políticas y proyectos que las afecten.
En lugar de asumir de una vez por toda su responsabilidad de garantizar un marco de políticas adecuado que nos permita caminar hacia un futuro más sustentable, los gobiernos se alían una vez más con las empresas, supuestamente con el objetivo de dar solución a problemáticas como la pobreza y la falta de agua potable y promover iniciativas como el desarrollo de energías renovables, pero nada hacen para confrontar las devastadoras acciones de las transnacionales y las políticas que las amparan y le garantizan derechos especiales para seguir contaminando, destruyendo y atentando contra la vida.

2 – Con estas iniciativas las empresas pretenden posicionarse como actores de la sustentabilidad, evitando las incómodas críticas que ONGs, movimientos sociales y comunidades de todo el mundo han venido realizando durante muchos años. Las principales responsables de la destrucción ambiental pasan a ser las protagonistas de proyectos tendientes a dar supuestas soluciones a las comunidades más empobrecidas, y afectadas por la crisis social y ambiental. La técnica del maquillaje verde ha alcanzado niveles altos de sofisticación e hipocresía, los cuales serán promocionados en esta nueva cumbre.
Estas iniciativas permitirán además que las empresas ganen terreno en la promoción de los acuerdos voluntarios. Siendo ellas tan concientes y mostrándose tan preocupadas por el medio ambiente, nadie puede dudar de su disponibilidad a cumplir con acuerdos voluntarios. No hace falta imponerles normas para regular su accionar, ellas solas sabrán adaptar sus sistemas de producción para que los mismos sean limpios y socialmente beneficiosos.

3 – Los países industrializados del Norte nunca cumplieron con uno de sus compromisos de Río, aportar el 0,7 % de su PBI para la cooperación internacional. En lugar de cumplir con sus compromisos, que no son nada generosos si consideramos el flujo continuo de recursos del Sur hacia el Norte, los países industrializados tendrán una nueva oportunidad para hacer caso omiso a los mismos, amparándose en estas iniciativas privadas para financiar el "desarrollo" en el Tercer Mundo. Se fortalecerá así un sistema bilateral de cooperación privada, en el que los más fuertes tendrán mayores posibilidades de control sobre los más débiles.

4 – Estas iniciativas nos traen a la memoria las propuestas de canje de deuda por naturaleza tan promovidas antes y durante la Cumbre de Río. Una vez más se pretende legitimar la apropiación privada de la naturaleza por parte de las transnacionales. Los acuerdos privatizadores de la naturaleza impuestos en el marco de la OMC, se reforzarán con este tipo de iniciativas que posiblemente conduzcan a la privatización de recursos vitales como el agua, la biodiversidad para el sustento y de servicios como la energía.
Las empresas transnacionales tienen como motus la inversión en función de un retorno económico, su objetivo principal es la generación del máximo lucro en el menor tiempo posible, la filantropía no constituye su razón de ser. Invertir en este tipo de iniciativas sólo tiene sentido en función de un retorno económico y social en términos de legitimación.

5 – Siguiendo la lógica de los ajustes estructurales de reducción del presupuesto público para fines sociales y ambientales, estas iniciativas pretenden afianzar la inversión privada en este campo, para legitimar una vez más al mercado como administrador más eficiente y como asignador de recursos. Las empresas privadas asumirán el papel del Estado de brindar los servicios básicos a la población, y al mismo tiempo podrán apropiarse del patrimonio nacional.

Este documento formó parte de la Separata de la Revista Biodiversidad, "La apropiación corporativa de la biodiversidad. Antecedentes de la Iniciativa de Asociación Tipo II de los Países Megadiversos", editada en agosto de 2002 como material para la Cumbre de la Tierra II.

* Karin Nansen y Alberto Villareal
Integrantes de Redes Amigos de la Tierra-Uruguay

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