Por Lic. Octavio Enrique Carrasquilla Salas
El desarrollo de criterios e indicadores para el manejo de los bosques naturales y el establecimiento de la certificación forestal de las concesiones madereras, son imprescindibles para convertir el manejo forestal en una actividad ambientalmente amigable, socialmente justa y económicamente sostenible
El desarrollo de criterios e indicadores para el manejo de los bosques naturales y el establecimiento de la certificación forestal de las concesiones madereras (bosque natural), para alcanzar el denominado ecoetiquetado de productos provenientes de estas concesiones son imprescindibles para convertir el manejo forestal en una actividad ambientalmente amigable, socialmente justa y económicamente sostenible
La determinación de impulsar la actividad forestal, asumida por países como Corea del Sur, EEUU, China Popular, Chile, Canadá, y Brasil entre otros, es un factor importante que ha permitido impulsar y diversificar sus economías. Todo ello evidencia que se trata de recurso estratégico que acrecienta sus reservas económicas y ambientales. Esta actividad ha permitido a dichos países integrar al desarrollo grandes extensiones territoriales, por un sinnúmero de razones, entre las cuales podemos citar: en primer lugar el continuo aumento del valor de la materia prima madera, con la posibilidad de darle valor agregado a esta, la fijación de mano de obra en el ámbito rural, la prestación de servicios ambientales que implican, la propia conservación del recurso forestal. En virtud de ello, ignorar esta actividad resulta un atraso imperdonable por parte de los gobiernos, cuando sus países poseen condiciones ambientales idóneas, ubicación geográfica ideal para la exportación hacia distintos mercados de productos madereros y no madereros del bosque; para la ejecución de esta actividad, la disponibilidad de profesionales idóneos y mano de obra habida por ser incorporada a esta actividad altamente productiva.
En nuestro país, muy modestos han resultado los avances del subsector forestal en las dos administraciones gubernamentales anteriores y en la que se aproxima a concluir su gestión. Me refiero a éste tópico de esta manera, porque podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que de haberse puesto en ejecución en forma coherente sistémica y concreta, las políticas adecuadas para el subsector forestal, éste rubro hubiese pasado a ocupar un merecido espacio dentro de las cuentas nacionales, y habría fortalecido enormemente un sector dentro de la economía del país. La economía nacional resiente la ausencia del pleno desarrollo de este subsector, debido a la carencia de una estrategia que vincule la actividad forestal con los consecuentes beneficios que esta genera, sean estos sociales, ambientales o económicos.
Las expectativas fueron amplias al punto que levantaron la participación de los cuatro candidatos a la primera magistratura de la República, en el pasado Foro Presidencial Agro Visión 2004 – 2009. Al aguardo de las distintas propuestas políticas para el subsector, forestal nula fue la participación de los mismos y muy pobres sus propuestas al ser interpelados sobre la temática en cuestión.
Por eso, esbozamos aquí los procesos mínimos que a nuestra consideración deberán darse para el despegue de la actividad forestal, de tal forma que sea atrayente a inversionistas locales e internacionales, así como a la propia inversión de recursos financieros estatales. El establecimiento de una Política Forestal coherente con el proceso globalizador que atraviesa el país, implicaría consecuentemente la actualización de la Ley Forestal No 58 de diciembre de 1999 y la Ley de Incentivos a la Reforestación No24 de 1992, así como su adecuada reglamentación. La ejecución efectiva de la Ley No 58 del 29 de diciembre de 1999, que creó el Certificado de Incentivo Forestal para Pequeños Productores Agropecuarios, implicaría además, la adecuación de la jerarquía que esta actividad requiere dentro de la estructura organizacional de la Autoridad Nacional del Ambiente ANAM del Servicio de Desarrollo y Administración Forestal, así como la creación de una Dirección Nacional dentro del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá IDIAP, o un Instituto para la Investigación Forestal.
Todas las medidas antes citadas deberán redundar en un aumento sistemático de la cobertura reforestada nacional, la puesta en práctica de la certificación forestal, involucraría de manera obvia la creación y fijación de mano de obra en el medio rural, la ampliación del mercado para los profesionales forestales panameños, la generación de materia prima para abastecer a la reprimida industria forestal y la generación de divisas.
El desarrollo de criterios e indicadores para el manejo de los bosques naturales y el establecimiento de la certificación forestal de las concesiones madereras (bosque natural), para alcanzar el denominado ecoetiquetado de productos provenientes de estas concesiones son imprescindibles para convertir el manejo forestal en una actividad ambientalmente amigable, socialmente justa y económicamente sostenible. Es importante para Panamá, que tanto la actividad reforestadora, como el propio aprovechamiento del bosque natural se adentre a corto y mediano plazo en algún tipo de estándar para asegurar y salvaguardar la calidad del ambiente donde es desarrollada esta actividad, así le permitiría al subsector tornarse más competitivo y acceder a nuevos espacios del mercado internacional de productos forestales.
De consecuencias sumamente positivas será: liberar el mercado nacional para la exportación de productos madereros pre – procesados, procesados y acabados, provenientes de bosques naturales principalmente si deseamos brindar valor agregado a la materia prima: madera y crear nuevas plazas de empleo.
Evaluar y cuantificar el monto del retorno financiero resultante para el Estado, de los incentivos a la reforestación, establecer mecanismos expeditos, efectivos y sistemáticos que permitan monitorear el rendimiento y mantenimiento de las plantaciones forestales beneficiadas por los incentivos.
Hacer efectivas todas las actividades antes citadas, demanda una fuerte dosis de decisión política que no ha existido en Panamá desde el retorno a la democracia. Cualquiera que sea el candidato que logre llegar al Palacio de Las Garzas y permanezca ignorando estas necesidades concretas, sin poner en práctica una política clara para el subsector forestal, impediría dar el salto cualitativo y cuantitativo que el manejo del recurso bosque demanda, sea este plantado o natural; estará postergando nuevamente cinco años más, el despegue de la actividad forestal y continuará manteniendo al país, de espaldas al bosque.
* Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Panamá