Biodiversidad

La ocupación geoestratégica de la selva maya

Los Ejes Estratégico Regionales De La Ocupación - Entrega Del Macizo Montañoso Central Húmedo Del Area A Nivel De Cuenca. Geoeconomía del área. Los recursos naturales y minerales comprometidos. Chiapas, la pobreza extrema o el Estado "subutilizado".

Por Enviado por C.I.A.R.S

Los Ejes Estratégico Regionales De La Ocupación – Entrega Del Macizo Montañoso Central Húmedo Del Area A Nivel De Cuenca. Geoeconomía del área. Los recursos naturales y minerales comprometidos. Chiapas, la pobreza extrema o el Estado "subutilizado".

"Chiapas sólo contribuye con el 1.7% del PIB nacional, a pesar de su notable biodiversidad"

Empresarios y funcionarios chiapanecos

La gran riqueza de Chiapas giraría en torno de su orografía -originada por el encuentro de tres placas- productora natural de grandes volúmenes de agua y bosques de nubliselva de gran diversidad en sus formaciones de Cañadas y sinclinales. Descrito por los personeros del capital (Santiago Levy, Florencio Salazar, Banco Mundial et alli) como el Estado subutilizado en términos de la explotación y aprovechamiento de sus vastos recursos, este rincón de la geografía nacional concentraría alrededor del cincuenta por ciento del escurrimiento nacional total de agua dulce aún salubre. Este dato supone no sólo que las cuencas en el Estado, destacadamente la del Usumacinta -cuyo polígono es de alcance regional-, constituirían las últimas fuentes de gran magnitud, no sólo nacionales sino regionales, de agua dulce aprovechable sino su corolario implícito: su pérdida supondría un cataclismo de dimensiones inimaginables.

Agregado a lo anterior, la ubicación/disposición geográfica de la cuenca en la zona de los meridianos 90º – 92º la sitúa exactamente por abajo del gran arco costero de la porción norte del Golfo de México, que va de Laredo, Texas, a la península del Estado de Florida, y en línea (a menos de dos horas por vía aérea) con el puerto de Nueva Orleáns, el más importante en el tráfico estadounidense de mercaderías primarias (claro, los que compran y remiten esos bienes son países que están abajo de ese puerto).

En función de esta verdad ecorregional y geomercantil surgida de la angustia/codicia del norte (y que no hace cuentas de las premisas históricas y actores que condujeron a la devastación de otros bosques/acuíferos nacionales y regionales o a la conservación de los que aún existen, por ejemplo, los locales), las cuencas, que se traduce en bosques y agua, pero también en posiciones de montaña, serían así el eje objeto del manejo del tema sobre la base de que se trata de un asunto de seguridad regional, impulsado a trasmano por Washington vía la inserción de México en el Consejo de Seguridad zínzer/Castañeda/Lichtinguer/Cárdenas y esbirros menores como un punto de la agenda de Naciones Unidas que, de buenas a primeras y sin mayores explicaciones, le asignó un sustantivo acotado aunque más amplio en su utilidad-servicios nombrando al 2002 "el año de las montañas".

De esas cuencas dependería no sólo la seguridad geográfica de la zona sino la existencia de los servicios ambientales-productivo comerciales implícitos y estratégicos a los planes y programas integracionistas de Washington sobre la región: bonos verdes-sumideros de carbono, biodiversidad-bancos genéticos, represas-interconexión eléctrica/agroindustrias (invernaderos y plantaciones en las planicies), industria de bebidas-Fox (compensación vis a vis Zedillo-Union Pacific), y el ecoturismo-fachada social/ocupación servicial de las poblaciones autorizadas a quedarse/paramilitares en ciernes/velo a la biopiratería Chajul-Las Lagunas-et alli.

El Petróleo, otro de los recursos en la zona (norte del Estado de Chiapas) cuyas potencialidades productivas han sido ya suficientemente exploradas y requisitadas, ofrecería, a tiro de piedra de la exhausta sonda de campeche (80% del total de la extracción nacional diaria) y sin las desventajas abisales del Golfo, combustible fósil, al menos a manera de complemento para la región o en tanto se dispone en otras zonas del país o de la región de yacimientos que soportaran un mayor volumen de extracción. Aunque en el mes de marzo PEMEX anunció la apertura de 10 pozos nuevos en la sonda de Campeche y el cierre de 6 agonizantes, con vistas, además, a elevar la plataforma de producción a cuatro millones de barriles diarios.

La coyuntura económico-recesiva-financierista estadounidense, apremio real tras la excusa post torres gemelas. La ocupación/disposición biosférica de los recursos o las prevenciones termosustentables necesarias con vistas a la reactivación económico-industrial del megaconsumidor de energía/megaemisor de gases invernadero.

Como pocas, la caída en el producto estadounidense del año 2000-2001; como pocos, el escándalo financierista-desregulador detrás/enfrente de este colapso; como muchos, los escándalos de acciones fraudulentas (off shore/off the counter-mercado de derivados), como ninguno, la primer caída industrial-financiera unipolar. La sacudida durará por varios años y las caídas, aun de los grandes corporativos, están por sobrevenir.

El control a partir de 1999 de la oferta extractora-exportadora de petróleo por parte de los países productores, Venezuela/Hugo Chávez impulsándola (quién dijo que la estructura productiva no es una categoría política), aceleró irremediablemente esa caída/encarecimiento/desplome de la economía/cotizaciones corporativas estadounidenses.

La reactivación económica imperial es ahora la agenda mexicano-mundial más apremiante. Sin embargo, hace al menos diez años fue detectada una preocupante y acelerada elevación en la temperatura global -ocasionada sobre todo por las emisiones de CO2 y metano a la atmósfera derivadas del uso de energía fósil- y advertidas sus consecuencias sobre los acontecimientos meteorológicos de la biosfera, sobre todo a nivel del mantenimiento de los recursos necesarios a proveer o a sustentar la actividad productiva industrial.

El impulso decisivo de la administración Bush a la reactivación del complejo industrial estadounidense (fundamentalmente a través de la disminución de las tasas primarias) versus sus compromisos retórico-no vinculativos de contribuir a la reducción de emisiones de gases invernadero, sólo puede tener una salida: por una parte, aprovechar de manera cada vez más intensiva y agregada áreas de producción con baja utilización de combustibles (agronegocios/bioindustria) y obtener para el complejo industrial fuentes de contención-absorción de carbono tan grandes como el tamaño y magnitud de las emisiones.

Para que el lector se dé una idea del tamaño y magnitud requeridas, se anuncia que para los próximos años se decaplicarán las fuentes de energía basadas en gas (metano, que contaminan menos pero sobrecalientan 20 veces más, por el apresamiento atmosférico de los rayos del sol, que las emisiones producto de la quema de la energía derivada del petróleo).

Serán tales las áreas de bosques tropicales húmedos demandadas para subsumir este megacrimen ambiental producido, no por la tala sino por la sobreproducción industrial corporativa, fundamentalmente la estadounidense, que ni tres amazonías juntas alcanzarán para reabsorver el tamaño y magnitud de esas emisiones. De ahí la emergencia, la premura y, en esa misma proporción y "apuro", la disposición de nuestras autoridades a cumplir con las tareas encomendadas por este "nuevo" orden geoestratégico o, como quiere la Cumbre de Monterrey, nueva agenda integral del desarrollo post-post guerra.

Las razones geopolíticas de la ocupación-entrega del área.

El control hemisférico -bloque comercial de toda América- es un plan gestado hace por lo menos 150 años por Washington:

"El río Papaloapan es la prolongación natural del Mississippi."

Habría declarado un general estadounidense en tránsito anexionista por nuestro país, allá por el 1848, cuando los Estados Unidos nos arrebataron la mitad del territorio nacional de entonces.

Una tecnología/infraestructura/tráfico continental en ciernes pero, sobre todo, las diversas etapas de los movimientos político-sociales regionales (la Revolución mexicana y los movimientos de liberación nacional) aguzados por la guerra fría, habían impedido desplegar un plan en forma de más largo plazo. La crisis de pagos de los ochentas y la acelerada/presionada apertura después de la caída del muro de Berlín y la no necesariamente consecuente pacificación de la mayoría de los grupos armados, abrieron el escenario post Díaz (Porfirio), en ese impasse de, Cardenismo aparte, estridentes 60 años que el burocratismo/populismo hubo de asumir como obligado periodo de transición a la disolución/liquidación (en México) de una incontenible revolución agrarista. Reinstauradas las condiciones económicas neocoloniales y dispuestos los mecanismos para su consolidación, México y los países de la región se prepararon a sucumbir bajo las etapas históricas pendientes. Como condición al nacimiento feliz de la OMC, los países ricos resuelven concederse un desliz librecambista: la formación de bloques comerciales (Estados Unidos, la Unión Europea y la Cuenca del Pacífico). En 1994 México es integrado comercialmente a los Estados Unidos ( "A México se le apoya a través del TLC" Bush, Cumbre de Monterrey, a propósito de por qué a nuestro país no se le apoyará con fondos para la pobreza), lo que ha significado que las cuentas nacionales muestren un marcado deterioro, especialmente en la balanza agropecuaria y una creciente extranjerización de los activos nacionales, todo lo cual ha dispuesto una sobredependencia del producto nacional de la producción, ahorro y consumo estadounidenses, que también se corresponde con el deterioro, a nivel de las instituciones, de los principios de soberanía y autodeterminación nacionales de cuya triste evidencia ofrecemos algunas muestras de nuestros dirigentes políticos, empresarios crecidos a la vera de la apertura comercial cuando no venales burócratas/tecnócratas acuñados en universidades estadounidenses, en frases que se bastan así mismas y que lejos de revertir esa realidad la apuran:

"El Ejército entrará y permanecerá en Montes Azules pues no sólo irá a restituir el orden sino, sobre todo, a garantizar la seguridad de las posibles inversiones de la iniciativa privada en esa zona (Profepa, 8 de marzo)" o "la seguridad jurídica a las inversiones extranjeras y nacionales (a propósito de la derogación ejecutiva del impuesto a la fructosa) es más importante que todo lo demás (Ernesto Derbez, 8 de marzo)" o

"México será el puente comercial estratégico para el tráfico de mercancías del Pacífico hacia los Estados Unidos (Fox, febrero)" o "vamos por un TLC Plus para profundizar la integración de México hacia el norte (Fox, enero)" o "las decisiones en materia de política exterior son el resultado de un proceso de conciliación entre los planteamientos ideales del derecho internacional y las presiones provenientes de los factores de poder, nacionales y extranjeros, interesados en influir en esas decisiones (Jorge Castañeda, septiembre)".

Bajo ese escenario y con gobiernos nacionales anuentes y solícitos -al menos en los tres últimos sexenios- a cuanto el norte mande, ya sin riesgos político-bilaterales, Washington ha dispuesto, a cambio de deuda/inversión o de otras prerrogativas mediatizantes y de gobernabilidad/contención coyuntural de los excluidos, consolidar la integración y pasar del control político-comercial del país al de sus recursos.

Y en tanto buena parte de esos recursos, pues así son los recursos, son interfronterizos, ha diseñado planes, públicos y secretos, para su cabal ocupación/aprovechamiento con la colaboración de las repúblicas involucradas.

El PPP sería, sin duda, el proyecto eje, público, de ese despliegue regional-local, especialmente en su fase inicial de infraestructura vial de corredores y represas-interconexión, asistido de otros más específicos como el Corredor Biológico Mesoamericano (cualesquiera de los dos: el de fondos GEF o el nuevo impulsado desde Managua con fondos del PNUD) o los nacionales Marcha hacia el Sur y el Programa de contención/expulsión de sellamiento de las fronteras (Marquez de Comillas-Chajul/Ixcán-Municipio Autónomo de Tierra y Libertad ). El ALCA/cuencas en línea (bajo el eje Mississippi-Grijalva/Usumacinta-Amazonas), su corolario.

El fraccionamiento del Estado de Chiapas y el territorio de Guatemala con la interdicción de ciertas zonas hoy bajo su jurisdicción sería la nueva realidad, y las siguientes, algunas de esas áreas y sus razones.

Hacia el sur de Chiapas, la creación del Estado del Soconusco, El estado 32 (actualmente, ya con minuta de acuerdo de todas las fracciones parlamentarias en la mesa de la Reforma del Estado en el Senado del país), tiene como propósito zafar de la égida político-social de la jurisdicción local los fértiles suelos y estratégicos puertos del Pacífico Chiapas-Guatemala integrados ya como un corredor local regional y de acceso al tráfico del Pacífico hacia el Golfo o hacia el interior del istmo centroamericano.

La Selva Lcandona-Maya, y su eje geológico la megacuenca del río Usumacinta, proveedor de toda clase de servicios: germoplasma, hídricos, termoambientales y alpino militares geoestratégicos;

La frontera sur para el control hídrico de los afluentes de la zona y el parapeto del depliegue-ocupación: la contención migratoria centroamericana;

La porción oriente del bosque/macizo de los Chimalapas, inminente corredor transístmico post Panamá, bosque de niebla para capturar carbono, germoplasma, abastecedor de agua al Grijalva-represas y torreón natural militar geoestratégico;

Importantes porciones de escurrimiento (Grijalva-Tulijá) y fértiles llanuras de la zona norte para represas y programas de plantaciones agroforestales;

El resto de las Areas Naturales Protegidas en el Estado de Chiapas pero también en Guatemala;

Esta interdicción de áreas ricas en recursos o con alto potencial bioproductivo, desalojaría a buena parte de las poblaciones en ellas asentadas, lo cual conduciría a un sobrehacinamiento demográfico en las zonas de menor potencial productivo del actual territorio chiapaneco y guatemalteco. Para ellos, las maquilas, con la sobreexplotación y depresión sobre el salario que de suyo esa sobreoferta laboral supone.

El Progresa (Programa para la gestión de recursos para la educación, la salud y la alimentación), hoy Oportunidades, ha sido ampliado y tiene cobertura urbana también. Más allá del oportunismo electoral que esta entrega de efectivo supone, tiende igualmente a atender/prevenir una nueva oleada post años cincuenta del campo a las ciudades medias y grandes. La depresión en los precios agrícolas (agudizada por el tratado de libre comercio) y la compra de tierras (liberadas a partir del ingreso al programa Procede que privatiza la tierra colectiva para su venta-acceso al créddito) completarán junto al desalojo/despeje de aquellas áreas el cuadro migratorio y, en ese sentido, se evidencia la cruel trampa de la reubicación propuesta a unos y a otros; ¿reubicación a dónde?

El control del macizo montañoso de la selva maya, destacadamente de la gran cuenca del Usumacinta, supondrá el control de la zona más rica de Norteamérica en términos de su potencial productivo-regulador del clima pero también en términos de su valor militar pues, además de estar situado casi a la mitad del camino entre la cuenca del río Mississippi y la del Bravo-Texas y la megacuenca del Amazonas, su ubicación geografica, embonando exactamente por debajo de Nuevo Orleáns, es estratégica al control del tráfico comercial Centroamérica-México-Golfo, al de la agroproducción en la península, al del inminente corredor seco del Istmo cuya aprobación ambiental habría otorgado hace ya algunas semanas el Secretario Lichtinguer (de ahí el interés prioritario de la Profepa no sólo por Montes Azules sino también por la región -más que el bosque- de los Chimalapas) y, claro, al de las telecomunicaciones (vis a vis lo que las montañas Palestinas-Cisjordania o Sirias-el Golán suponen para la seguridad del Estado de Israel).

La alta densidad de población indígena-campesina que en su mayoría cuenta con títulos agrarios y estaría organizada es, por mucho, el principal dolor de cabeza de estos planes, agregada a que el principal bastión del EZLN se encuentra precisamente en esta zona. De ahí que el proceso de expulsión/contención se haya diseñado por etapas, aunque empezando por los enclaves más importantes y en orden de prioridad. En ese sentido, controlar esa zona supondría allanar el camino para, más allá de la reconfiguración geopolítica en Sudamérica sobrevenida con el cambio de mandos en Venezuela hace tres años y la resistencia de Brasil al ALCA, concentrar todo el peso hemisférico sobre las insurgencias andinas y la resistencia indígena en esa región, logrando así el último paso de la integración-ocupación continental: el ingreso franco al amazonas.

Para que se dé una idea el lector del botín a ocupar, tan sólo a nivel de bosques tropicales-sumideros de carbono, el macizo de la Selva Maya, la Cuenca del Amazonas y el resto de las áreas circundantes supondrían cerca de la mitad de la cubierta vegetal tropical originaria del planeta y, ciertamente, la más rica. Tampoco es ajeno a este proceso el acercamiento estadounidense a la India, Indonesia y Malasia. En ese sentido, al menos por cuanto hace al continente americano, el plan de los Estados Unidos sería detentar algo así como una inmejorable patente de corzo/control sobre los bosques para así lograr, entre otras metas, elevar la producción-polución de su complejo industrial, incapaz de ser superada/compensada en el mercado de bonos verdes por las plantas europeo-occidentales o del asia-pacífico.

El impulso de resoluciones-fachada en el seno de Naciones Unidas para considerar el asunto de los bosques como un tema de seguridad internacional es parte de la estrategia que legitimará la intervención militar de esos recursos para expulsar a los ecocidas y proteger esas áreas. Así, México será/es, bajo la excusa ambiental, el socio/esbirro que desde Naciones Unidas (Zínzer-Castañeda Consejo de Seguridad, Lichtinguer/Castañeda reunión de Megadiversos en Cancún/Johannesburgo, Conafor 15 de marzo en Nueva York, Monterrey/Megarreunión) impulsará a trasmano para Washington esa agenda/plan. Colombia, el otro miembro latinoamericano del Consejo de Seguridad también impulsado por Washington (en el 2000), bajo cobertura del Consejo, cumple en casa con su tarea internacional: socavar militarmente los obstáculos más preocupantes al libre ingreso de los intereses de Washington a la región andino-amazónica: las FARC y, al oriente, Chávez, y en ese sentido se puede afirmar que Fox es a Pastrana lo que el PPP es al Plan Colombia: cartas distintas de un mismo jugador, según la ocasión lo demande.

Las razones geoestratégicas del posicionamiento militar-gris en el área.-

El macizo interfronterizo-boscoso cuyo baluarte económico con alto potencial productivo es, ciertamente, la RIBMA, comprende, sin embargo, un área mucho mayor cuyas dimensiones bordearían, por el sur, todo el sistema montañoso de las Cañadas para concluir al suroriente en los bosques de Totonicapán, en Guatemala, y por el nororiente, incorporaría en su totalidad la región del Petén hasta llegar a la costa de Belice, significando toda esta zona el macizo forestal más importante de Norteamérica (documento oficial de la Mesa Ambiental para el desalojo-reubicación de 32 poblados, marzo del 2002).

El valor geográfico-militar de la zona es fundamental a la seguridad de sus polirrecursos, a la de la infraestructura comprometida, a la del tráfico comercial del corredor Cañadas-Istmo del PPP-ALCA, a la contención/represión de la más que previsible resistencia/presión sociales de pueblos y comunidades, a las comunicaciones de la región y a un eventual aunque, a más largo plazo, despliegue de misiles (cubriendo el sur de Texas, sus megayacimientos marinos en operación, la cuenca de Burgos y el hoyo de dona). No podemos pasar por alto que se trata de un área cuyo valor estratégico es equivalente, otra vez, al valor (declarado) que para Israel -orografía idéntica a la peninsular mexicana- significa el control militar trasnfronterizo sobre las alturas del Golán (en Siria) y sobre el cerro Nablus y otras elevaciones en las montañas de Samaria y Judea (en la Cisjordania, territorio del pueblo Palestino): un asunto innegociable.

La consideración expresa de dejar sólo a un mínimo (tres) de los 35 poblados que actualmente hay en la zona no deja de ser pavorosamente indicativa de un plan igualmente equivalente al diseñado por Israel sobre el pueblo palestino, su densidad demografica y su regulación rentable:

"El principio básico es que el territorio utilizable al interior de la franja occidental y los recursos cruciales (sobre todo el agua) deben permanecer bajo control israelí, pero que la población deberá ser controlada por un régimen palestino clientelar, que se espera sea corrupto, bárbaro y dócil (vis a vis el cacicazgo Chamula en los Altos o la organización paramilitar Paz y Justicia creada en la zona norte).

Así, los cantones administrados por palestinos podrán proporcionar a la economía israelí mano de obra barata y fácilmente explotable. A largo plazo, la población podría ‘transferirse’ a otra parte, de alguna forma." Noam Chomsky, octubre del 2000

Las razones geopolíticas de la contrainsurgencia.

"Aparte de la guerra de 1994 (sic), la presencia de comunidades en la periferia, la colonización y la invasión, y ciertos microproyectos de ecoturismo mal planeados (ejido Cascadas de Agua Azul), entre otros, han contribuido a destruir los recursos naturales de la Selva"

Conservation International de México, dic. 2001

Las razones ambientalistas serían superadas en el mediano plazo por los argumentos de estructura soporte del posicionamiento sobre este macizo interfronterizo. La demografía social en la región -Sur-sureste de México hasta la frontera con Honduras se compone fundamentalmente, de pueblos y comunidades indígenas, en su mayoría organizados políticamente y, de una u otra manera, participantes recientes en los conflictos armados locales sin que, hasta la fecha, hayan logrado satisfacer sus reclamos históricos de tierras, recursos y autonomía que fueron a su vez, en el caso de Guatemala, la condición/trampa para su desarme.

La desatención histórica y creciente a la pobreza estructural de esas poblaciones está conduciendo a su reorganización política y creciente oposición a los planes y programas geoestratégicos que Washington tiene diseñados para la región en la fase de consolidación de los bloques económicos dentro del marco de la disputa por la plusvalía global.

Bajo esa realidad, las preocupaciones sobre la seguridad del área apremiarían las presiones a los gobiernos nacionales para que, guardadas las formas de las excusas ambientales y de desarrollo, reubicaran a las poblaciones necesarias/innecesarias y retomaran el control militar de tal manera que las unidades destacamentadas en la zona inhibieran y contuvieran eventuales acciones armadas o de retorno de las poblaciones.

La excusa ambiental-terrorista en su eje de contrainsurgencia al EZLN.

El posicionamiento militar del área so pretexto de su vigilancia dispone sobre todo, en el corto y mediano plazos, arreos para una escrupulosa provocación -real o virtual/mediática- a las unidades insurgentes del EZLN que justifique una ofensiva a gran escala. Por la conexión y oportunidad del caso, esta provocación, más allá de las opciones ecológico devastadoras, podría utilizar/agregar como eje articulador del golpe un argumento parecido a la excusa maquinada por el gobierno federal la víspera del despliegue militar del 9 de febrero del 95 -atajar alevosos sabotajes delincuenciales-, pero actualizado: los informes de inteligencia reportarían que el EZLN prepara una (otra) serie de alevosos actos terroristas en respuesta a un previsible fallo adverso de la Suprema Corte (que se esperaría para las próximas semanas), así que el gobierno federal habría dispuesto, con la debida anticipación y con el sigilo del caso, el despliegue preventivo y fulminante de las unidades (¿grises-aerotransportadas?) necesarias a la eficaz neutralización de esos actos. Habiéndose dado el fallo en el sentido previsto, el gobierno federal desplegaría urbi et orbi esa añagaza justificando su avance sobre las posiciones del EZLN en cumplimiento a su deber constitucional de garantizar la integridad de las personas y la seguridad sobre la infraestructura y los recursos nacionales.

Las excusas ambientales que servirían de fundamento para desalojar a la población civil no serían, probablemente, en lo inmediato, coartadas que pudieran urdirse contra las posiciones de montaña del EZLN sino a más largo plazo dado que precisamente es esta cobertura vegetal el escudo vital a sus unidades. Sin embargo, esta aparente desventaja, lejos de neutralizar las acciones del ejército-gris le permitiría preparar, con toda oportunidad, las tácticas y los escenarios de su ofensiva contrainsurgente en el mediano plazo.

Imputaciones de narcotráfico o de su complicidad serían igualmente sembradas como parte de la estrategia mediático desubicante-inculpante.

LAS ACCIONES DE DESALOJO-REUBICACIÓN-RECONCENTRACIÓN Y SU OPORTUNIDAD

ESCENARIOS.

1.- El Gobierno de Chiapas, ya con la ley de Bosques y Selvas estatal aprobada por el Congreso local, participaría y procedería con fuerzas combinadas, locales y federales, y por etapas (como lo sugiere el documento base del gobierno del Estado) al desalojo y aprehensión de los habitantes de los 17 poblados en la mira y a la reubicación del resto. Delitos ambientales en materia federal y el de desalojo por cuanto hace al fuero común serían, en general, las imputaciones. El fuero federal, sin embargo, atraería los casos por ser preferente su jurisdicción. Cobertura limpia, sin fracturas en el poder del Estado;

2.- El Gobierno de Chiapas acepta participar con el Gobierno Federal pero sólo en contra de determinados poblados que no pertenezcan al EZLN o a la ARIC y siempre y cuando estas organizaciones no se opongan a esas acciones y se haya hablado antes con los implicados. Propuesta que al gobierno federal-Semarnat/Cancillería/Zínzer/Derbez le significaría ir detrás del gobierno del Estado (quien maneja los operadores políticos) y jugar en un espacio de interlocución abierta de alta volatilidad y convocatoria internacionalista;

3.- El Gobierno del Estado, en aras de la gobernabilidad y la debida negociación y publicidad que legitime una acción de esa naturaleza, y respaldado en que la ley de Bosques y Selvas apenas el miércoles 13 quedó aprobada en el Congreso local y podría aplicarse sobre hechos sucedidos a partir de su entrada en vigor, detiene las solicitudes ministeriales de las órdenes de aprehensión y desalojo en contra de los habitantes de los 17 poblados, de sólo algunos, o de sus etapas (como prevé el documento preparado por la Semarnat).

Bajo este escenario, participarían sólo fuerzas federales y el gobierno federal podría argüir únicamente la comisión de delitos ambientales que importaran daños a la ecología (desmonte) en contra de aquellos poblados asentados dentro de la RIBMA (jurisdicción federal) que así los hubieran cometido, lo que supone que, a estas alturas, ya deberían estar debidamente integradas las averiguaciones previas correspondientes, incluso giradas ya las órdenes de aprehensión, al menos, de las comunidades clave. Un documento de la Profepa del mes de diciembre da cuenta de las denuncias ante la PGR de diversos delitos federales en materia ambiental en contra de diversos poblados en la zona.

Sin embargo, en caso de no participar el gobierno del Estado, vista la magnitud política del evento, probablemente se recurra, para fortalecer/justificar ante la opinión pública nacional e internacional la necesidad y la unilateralidad de la acción, a:

3.1 Oponer una recomendación punitiva avalada por 188 países (Nueva York, 15 de marzo, propuesta de México) en el sentido de que los bosques, visto su impacto sobre la regulación del medio ambiente, la salud y la alimentación de los pueblos, deberán ser considerados, de hoy en adelante, como un asunto de la seguridad internacional y su depredación, en consecuencia, resulta equiparable a un acto de terrorismo global;

3.2 La imagen reciente cargada de apoyos-convocatorias internacionales precisamente dentro del eje de los temas el medio ambiente (Zínzer/Consejo de Seguridad, Cancún/Megadiversos, Monterrey/Desarrollo Sustentable);

3.3 Robustecer la coartada del daño ecológico provocando algunos incendios en la zona u otro tipo de daños punibles, agregando imputaciones de narcotráfico;

3.4 Acaso, incluyendo, de una vez, la supina coartada de presuntos ataques terroristas y actos de desestabilización que estaría preparando el EZLN en respuesta a un previsible fallo adverso de la Suprema Corte sobre la legalidad de la contrarreforma constitucional en materia indígena.

3.4 Invariablemente del escenario, la PFP sería la corporación idónea para realizar este tipo de trabajo (art. 5º fracción II, inciso a de su Ley Orgánica), un asunto de imagen y "legalidad" que no pasa de ser un disfraz toda vez que sus integrantes son militares con licencia al mando de militares con licencia bajo instrucciones de militares, esos sí, en activo y en los más altos puestos de la Secretaría de la Defensa Nacional;

Las justificaciones mediático administrativas en la acción punitiva del desalojo-reubicación en la zona.

Los desalojados son asentamientos irregulares sin derechos (silencio sobre los derechos indígenas históricos sobre sus territorios y a retornar a ellos, pero también a que están ahí aun antes que los Caribes, que los caribes ostentan un latifundio y que también antes de la contrarreforma salinista que puso fin al reparto agrario ellos habían solicitado la dotación de las tierras que hoy habitan y habitaban entonces);

Sólo depredan (silencio sobre la depredación, esa sí, de los Caribes);

Siguen con sus viejos sistemas de roza-tumba y quema (falso, en la región sólo se utiliza labranza cero -ARIC y los Municipios Autónomos por sus leyes revolucionarias- y los pocos que aún queman no lo hacen sobre monte originario sino sobre sus acahuales y poniéndole guardarrayas);

Ya fueron debidamente notificados de su situación jurídica, de las opciones y de las eventuales acciones que enfrentarían y, a pesar de reiterados avisos, nunca dieron ninguna respuesta o esta fue en sentido negativo (sería bueno saber quién y a quién se notificó y los pormenores/evidencias del acto que, visto nuestro ordenamiento constitucional, es una formalidad esencial al procedimiento que se inicie -garantías de audiencia y de legalidad- para interferir legítimamente en la esfera jurídica de los gobernados en tratándose de actos de la autoridad);

No aportaron pruebas (Profepa, 8 de marzo) con las que se demuestre su antigüedad en la zona ni que, acreditado ese extremo, injustamente hayan dejado de ser reconocidos (ahora sí la igualdad liberal tratando igual a los desiguales, y como si los poblados tuvieran que demostrar bajo reglas civilistas, imposibles, la legalidad de su posesión y no la autoridad allegarse los datos de soporte a ese propósito).

Estrategia previsible del Desalojo-Reubicación-Reconcentración. Una operación selectiva pero integral, hasta desalojar-reubicar a la mayor parte de los poblados en la zona y, a la manera de los bantustanes, reconcentrar a los autorizados a quedarse.

Probablemente no desalojen-reubiquen a todos los poblados en una sola acción sino en varias. Es decir, estaríamos hablando de, al menos, dos etapas o de tres etapas, pero ciertamente tampoco de muchas más.

Y es que, si bien se trata, finalmente, de acciones de naturaleza política sobre poblaciones en su mayoría indígenas, organizadas y renuentes a estas acciones, sacarlas a todas de una sola vez evidenciaría el carácter contrainsurgente e indiferenciado de las causas que la propia Semarnat/Profepa/ANP ha reconocido que son diversas (asentamientos irregulares antiguos y con posibilidades de negociar, asentamientos irregulares recientes y sin derecho a nada, asentamientos regulares a reubicar-reconcentrar, desmontes, y otras), reconocimiento que no es, por otra parte, contradictorio con la estrategia ni con los objetivos de fondo, antes bien se trata de una estrategia desubicante de contrainsurgencia dosificada a cuyo disfraz sirve esta diferenciación.

Pero esta diferenciación no sería tampoco tal que inhibiera la oportunidad y los lugares a intervenir. Es de esperar que el desalojo-reubicación, independientemente de sus etapas o modalidades y de las excusas político-mediáticas a estas alturas ya dispuestas, se intente, desde el inicio, fundamentalmente sobre las dos zonas de la RIBMA de mayor interés económico y militar-contrainsurgente, que corresponderían a los asentamientos de los poblados enclavados en los Municipios Zapatistas Autónomos Ricardo Flores Magón (zona de las Lagunas/Conservation International de México, Noroeste de la RIBMA) y Tierra y Libertad (zona del Chajul-Carabias/CEIBA, sur-sureste de la RIBMA).

Si bien no irían por todos los poblados con la primer acción (ni acaso lo logren con todos los que hayan sido su objetivo), el posicionamiento del ejército o de otros cuerpos de seguridad en la zona a partir del primer despliegue sería un logro suficiente para remilitarizar (de gris) la zona y reiniciar el hostigamiento y las provocaciones, bajo la máscara ambiental.

Hacinados en las ciudades de recepción (Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas o Tapachula programa temporal Progresa/Oportunidades de apoyos mediante), una última etapa sería, vis a vis los bantustanes sudafricanos del apartheid o los planes israelíes sobre el pueblo Palestino, reconcentrar a los pocos poblados que se autorizara a permanecer en el área (aquellos suficientemente domesticados), y claro, en los lugares de más bajo impacto y sin gran interés económico-militar, con vistas a realizar los trabajos propios de la zona: guardas-paramilitares, mantenimiento, guías, personal de atención primaria en los desarrollos ecoturísticos y otros servicios apropiados a su condición acordados por los administradores/patrocinadores/acreedores de la RIBMA. Hay que hacer notar que este proceso ya se encuentra en curso hace algunos años, de manera destacada a partir del año 1994 en que el régimen resuelve dividir y cooptar comunidades en la zona anuentes y dispuestas a socavar al EZLN y aun a la ARIC independiente. Los Caribes o la Subcomunidad (sic) Nueva Palestina (re sic) de filiación priísta-Socama, fueron los poblados que se prestaron a este fratricidio. Aunque el Estado y los grupos ambientalistas "ricos" cuentan ya con la disposición/control de estas poblaciones, el problema es cómo hacer con aquellas otras restantes dentro de la RIBMA que, teniendo títulos legales, no pueda ya reubicarse, aunque en su defecto haya que reconcentrar pero, ¿a dónde? Tampoco esta cuestión ofrece mayores obstáculos pues la reconcentración sería precisamente bajo las premisas apuntadas: sólo participarían, desde luego, las poblaciones más dúctiles a las amenazas y a los requerimientos gubernamentales (anticoncepción/esterilización, por ejemplo, que ya está impulsando en la zona Conservation International Mexico), lo que desde ahora deja en claro la implícita naturaleza contrainsurgente de todo este plan de redimensionamiento demográfico o, si se prefiere, el carácter mercantil y humillante de esta selección histórica de mano de obra conforme, controlada en su reproducción y, en el mediano plazo, envilecida. No nos extrañe que algún día, a semejanza con las recientes acciones de registro llevadas a cabo por el Ejército israelí sobre los asentamientos "irregulares"de Palestinos en su propia tierra, se tatúe también a estos habitantes para identificarlos (y es que, reza el racismo conservacionista, los mayas esos son todos tan parecidos que, bueno).

En términos de la oportunidad político-mediática del golpe gris (PFP).

1. Contará el gobierno federal con diversos avales internacionales, aún calientitos:

La Primer Reunión Ministerial de Países Megadiversos, Cancún, 16 al 18 de febrero;

La resolución de la II Cumbre de los Bosques, en Nueva York, declarando un asunto de seguridad internacional su protección y la lucha contra su devastación;

La Reunión de Monterrey sobre Financiamiento para el Desarrollo;

Previsiblemente, el consenso expreso del Consejo de Seguridad de la ONU sobre estas acciones;

2. Un largo feriado vacacional que va del 21 al 31 de marzo, y mediático que va del viernes 15 al sábado 23 de marzo (prolegómenos y Reunión de Monterrey), aunque aún quedaría abril y parte de mayo, pero ya sin esa doble cobertura de evasión;

3. Inhibir/contener acciones de fortalecimiento social-comunitario en la zona, de manera anticipada, en previsión no sólo de una movilización para contrarrestar estas acciones sino de aquellas otras que de igual manera también se estuvieran preparando con vistas a un fallo adverso de la Corte que se esperaría para las próximas semanas;

4. El manejo ante la opinión pública se facilita en el eje argumental de la destrucción del bosque/ecocidio bajo una lógica estacional de secas/temporada de tumba-roza y quema;

5. Aún no se ha posicionado en los medios, mucho menos ante la opinión pública, la versión antagónica a la federal-ambiental ni sus reclamos (Aric-Municipios Autónomos);

6. Es suficientemente focalizada y sin mayores eventos aún la reacción social-comunitaria, y la posible/temible de las organizaciones sociales y ongs aún se ve lejana pues estas, en el mejor de los casos, andan ocupadas en detonar procesos sobre temas colaterales;

7. La Profepa (ombudsman ambiental), cuyo titular es, de todas las oficinas involucradas en este plan, quien más beligerante al desalojo y a favor de las inversiones privadas en la zona se ha manifestado, dejará de ser ya en el 2003 un cargo bajo control del Ejecutivo pues se transformará en una institución cuyo titular será designado por el Congreso de la Unión.

8. El Congreso de la Unión abre su segundo periodo de sesiones el 15 de marzo pero felizmente, ah qué dudarlo, días después sus integrantes se tomarán unas muy merecidas vacaciones; y

9. Bajo las nuevas disposiciones de la LGEEPA, se hace improrrogable, como lo dijo el 24 de diciembre el titular de la Profepa, poner orden en las ANP’s para que pueda entrar la inversión privada que tanta falta nos hace y hoy tanto derecho ya tiene para la conservación y aprovechamiento sustentable de aquellas;

10. El Mundial de Futbol está a la vuelta de la esquina y los prolegómenos de su cobertura mediática han empezado ya;

En términos de la oportunidad militar-gris (PFP) del golpe.

De finales de marzo hasta mediados de mayo, periodo en que transcurre la más cruda temporada de secas, aunque lo óptimo sería aprovechar el largo feriado vacacional nacional, incluso continental, de diez días que van del secular 21 al eclesiástico 31 de resurrección, además de que en estos días transcurrirá el periodo de luna llena.

Por cierto, el pasado día sábado nueve, arribaron al Cuartel de Rancho Nuevo en San Cristóbal de Las Casas más de veinte autobuses de la Cristóbal Colón con efectivos de la Policía Federal Preventiva. El día lunes el Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Enoch Hernández, informó a la prensa que se trataba de unidades aerotransportadas de la PFP que habían llegado a Rancho Nuevo para hacer ejercicios de salto. Curioso porque nunca antes lo habían hecho, curioso por las fechas, también, curioso porque esa operación aérea sólo se utiliza para poder sorprender al enemigo en terrenos de difícil acceso, por ejemplo, las Areas Naturales Protegidas, curioso porque la PFP es el cuerpo de seguridad autorizado por la Ley (Ley de la Policía Federal Preventiva, enero de 1999) "para garantizar, mantener y restablecer el orden en los parques nacionales (ANP’s), los embalses de los Lagos y los cauces de los ríos" (art. 5º fracción II inciso a ), curioso porque ese argumento de "orden" es el que ha estado manejando la Semarnat y curioso, finalmente, porque el clima de esa parte de Los Altos es semejante al de la zona de Las Lagunas en la Reserva de Integral de la Biosfera de Montes Azules.

"La próxima vamos a llegar por aire" le comunicaron a las mujeres de la comunidad laguna El Suspiro (Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón) los militares que ingresaron a ella en enero para intimidarlas a que se salieran.

Bueno. En términos militares estaríamos, más o menos, ante un operativo como el que el gobierno desplegó sobre Guadalupe Tepeyac el 9 de febrero del 95.

Además. Vista la fecha de este arribo, y suponiendo que se trate de los efectivos que se desplegarán en la zona (o ¿para qué más?), probablemente se haya tenido en cuenta y aprovechará que, a partir del lunes 11, transcurre el periodo inverso, el de la luna nueva, que dura, como el de la luna llena, una semana, es decir, hasta el lunes 18, tiempo suficiente para posicionarse con el sigilo del caso y esperar a que esa luna vuelva a estar en creciente (viernes 22) para saltar, claro, con luz, de noche o sobre ella.

Los personeros locales de las excusas ambientales del desalojo/preservación.-

El eje institucional que impulsará el trabajo de preservación/guarda de los recursos naturales conforme a la agenda geoestratégica estadounidense y bajo el velo ambiental será encabezado por: la Semarnat, la Cancillería, la Representación mexicana ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la de Economía en la parte que importa el flujo de las inversiones.

La gobernabilidad Creel-Salazar sería superada, a no dudarlo, por la excusa formal de un mandato internacional sobre el tema que México, "abierto al escrutinio mundial", no puede sino acatar y proveer en bien y por la seguridad de la humanidad entera.

Cancún (16-18 de febrero), Nueva York (15 de marzo) y Monterrey (18-22 de marzo) darán la cobertura internacional que la coartada demanda, y todo, claro, con vistas a una reunión mayor y de más lustre: Johannesburgo (en octubre), donde el control de la zona, a más de justificar avances en la preservación de los bosques dará a los Estados Unidos el salvoconducto necesario y prometedor (la siguiente es la Cuenca del Amazonas y a ello es que el gobierno de Colombia se encuentra cumpliendo no sin apuros su tarea antiterrorista) que matizará/relevará su responsabilidad en el calentamiento global y en su no ratificación del protocolo de Kyoto, situándolo a la vanguardia del nuevo enfoque integral post Monterrey del desarrollo.

LA LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD HISTÓRICAS DE LOS ACTOS DEL ESTADO MEXICANO SOBRE LAS POBLACIONES ASENTADAS EN LA RIBMA O EL MAQUILLAJE DE LA CODICIA

I. Sobre la legalidad de la dotación de 661,200 hectáreas a tres comunidades caribes en febrero de 1972.

1. La Constitución, antes de las reformas preTLC de Salinas sobre la propiedad y el reparto agrario, establecía en su artículo 27º, cuya letra era la misma en la época de la megadotación a los tres poblados Caribes:

Se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios (extensiones superiores a los límites legales), y la dotación otorgada a las 66 familias caribes evidentemente lo era, lo que supone una violación hasta hoy no reparada;

La creación de nuevos centros de población agrícola se realizará sólo con las tierras

que les sean indispensables (los caribes ya no siembran porque han sido mantenidos desde hace ya más de cincuenta años por diversos benefactores, institucionales y privados, lo cual significa que incluso buena parte de las 10,000 hectáreas que originalmente solicitaron en conjunto los tres núcleos de población Caribe ocho meses antes de su dotación ya no las utilizaban, ni recorrían);

Cuando hubiera mediado error o vicio en el reparto de tierras, el reparto será nulo. Y en el caso que nos ocupa hubo de los dos: error, (supongamos que sólo eso fue) el entregar 600,200 has. en lugar de las 10,000 formalmente solicitadas, habida cuenta que esa extensión nunca fue solicitada de manera conjunta sino que corresponde sólo la suma aritmética de las tres solicitudes pues los tres poblados Caribes, ni estaban cerca los unos de los otros (más de cien kilómetros entre Lacanjá Chansayab y Metzabok) ni se llevaban entre ellos; y vicio (superviniente), en razón de que la megaextensión que les fue entregada lo fue en base a un argumento mítico-histórico excepcional (e inconstitucional): los tres pueblos caribes eran los descendientes directos del pueblo Lacandón, antiguo poseedor de esas tierras, mito que en 1978 y después de sesuda investigación en los archivos de Indias, Jan de Vos echó por tierra al encontrar que los hasta entonces denominados Lacandones en realidad eran Mayas Caribes venidos de la península a principios del siglo XVIII, que no saben caminar la montaña ni la conocen, eran ribereños, y que los verdaderos lacandones, indómitos guerreros, habitantes junto a otros pueblos de la Selva, habían sido exterminados por la espada o por enfermedades traídas por los conquistadores). Además, el investigador encontró que los choles (Bonampak está en cholti) y los tseltales habitaron la selva y mantenían (mantienen) un activo corredor comercial y diversos sitios sagrados que visitaban periódicamente, pero que los conquistadores, al cabo de cien años, los habían expulsado a todos a las encomiendas y repartimientos, tanto de Guatemala como de la zona norte del Estado;

Se dotará a los núcleos de población que demanden ejidos con tierras y aguas suficientes para constituirlos, tomándolas de las propiedades inmediatas, sin que en ningún caso deje de concedérseles la extensión que soliciten. Y esa propiedad inmediata, antes de la dotación a los Caribes, era del Estado, y después, fue y es latifundio de los Caribes, que ni usan ni conocen y que debió, desde entonces, haber sido fraccionado para la dotación a los pueblos mayas de la región que sí eran originarios de la zona, o para otros pueblos que también las demandaban;

Lo que faltaba: el absurdo, aparente: el área que se otorgó en conjunto a los tres poblados Caribe, las 600,200 has., a pesar de su descomunal extensión, sólo integró, finalmente, a uno de las tres poblados: Chansayab (que integraba aproximadamente a la mitad de las familias de los tres poblados); el resto, quedaron, por mucho, fuera del polígono. Lo que supondría una corrección a esa falla no vino/viene sino a poner más cuestión sobre la legalidad del proceso: los poblados excluidos ejercerían periódicamente, mediante un forzado/ilegal sistema de rotación de cargos, el comisariado de los bienes comunales, aunque ni por asomo avistaran o conocieran las tierras sobre las que ejercerían su autoridad.

La madera, claro, y su saqueo impune -institucional y privado- eran el botín que fundaba ese otorgamiento excepcional/inconstitucional de tierras, y otras veleidades como, por ejemplo, el centro vacacional (ecoturismo en ciernes ) que construyó para sí a la orilla del límpísimo y atronante caudal ribereño de Santo Domingo el entonces gobernador Manuel Velasco Suárez, o la concesión personal que supuso haber dejado inexplicablemente fuera del Polígono Caribe el latifundio Bulnes en Miramar . La entrega de cinco mil pesos (de la época) cada seis meses a cada una de las 66 familias Caribes en compensación a los volúmenes de madera extraídos de "sus tierras" (por la paraestatal Cofolasa) supuso no sólo la corporativización y el desarraigo inexorable de ese pueblo sino el inicio del control/participación institucional en la explotación de los bastos recursos de la selva.

II. Sobre la legalidad de la gestión institucional de la RIBMA en relación a los poblados ubicados dentro de su perímetro:

Jamás se ha cumplido el imperativo al Ejecutivo Federal de que debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales (Art. 15º fracción IV de la LGEEPA), como diversas comunidades en la RIBMA lo han venido haciendo desde hace años;

La erradicación de la pobreza (no de los pobres), dice la LGEEPA, es necesaria para el desarrollo sustentable (Art. 15º fracción XIV);

La LGEEPA establece que la Semarnat promoverá la participación amplia de la sociedad en la formulación, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento ecológico general del territorio (Art. 20ºBis), y jamás acudió esa autoridad a la sociedad, habitantes de la RIBMA incluidos, para invitarla a definir con ella, al menos, los criterios y juicios de esa evaluación en la que hoy basa sus acciones punitivas;

Se promoverá, dice esa LGEEPA, una mayor equidad en la distribución de costos y beneficios asociados a los objetivos de la política ambiental (Art. 21º fracción IV), aunque en la realidad la ley del embudo sea la que prevalezca para los campesinos indígenas (sin precio para sus productos, sin incentivos para producir sin necesidad de desmontar, sin educación escolar, sin servicios de salud, suprimido el reparto agrario, desalojados de las tierras de sus ancestros o reubicados en aquellas de donde los expulsaron o salieron para no morir);

Jamás se les informó tampoco a las comunidades sobre su derecho a participar en el establecimiento, manejo y administración de la RIBMA ni la autoridad cumplió tampoco su obligación de fomentarla (Art. 47º de la LGEEPA y Art. 73º fracción I de su Reglamento);

Jamás fueron convocadas por el Consejo Nacional de ANP’s ni por el de la RIBMA las poblaciones de la zona para participar en la definición de las acciones de su manejo y vigilancia, ni fueron tampoco enteradas siquiera de qué es una Reserva Integral y las opciones de aprovechamiento y manejo del uso del suelo (Art. 56ºBis de la LGEEPA y 16º fracción IX de su Reglamento);

Tampoco se ha dispuesto aplicar programas de regularización de la tierra en la RIBMA tal como lo manda la LGEEPA (Art. 63º);

Tampoco se dispuso, como lo manda esa LGEEPA, darle participación a los habitantes de esa ANP (no sólo a sus propietarios y poseedores) en la formulación del Programa de Manejo (Art. 65º), acaso porque, entre los datos que debía contener se encuentra el de fijar los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma (Art. 66º fracción III) y que hasta la fecha, más allá de esta grave omisión administrativa de convocatoria, las comunidades de la zona y sus organizaciones, ignoran;

La Semarnat jamás ha convocado a los pueblos indígenas ni a las organizaciones de las comunidades de la zona ni a los poseedores y propietarios que la habitan, tal como la LGEEPA lo manda, a participar en la formulación, ejecución y seguimiento de los programas de restauración ecológica en la ANP (Art. 78º de esa ley);

La categoría de Reserva no existía en 1978 en la ley como afirma la autoridad (y por tanto la restricción al uso del suelo/asentamientos en la actual RIBMA) sino que es hasta 1988 cuando el Congreso de la Unión la incorpora;

Jamás se ha cumplido el imperativo que manda que la autoridad ambiental fomentará la vigilancia social participativa con los grupos sociales voluntarios asentados dentro de las áreas naturales protegidas, en este caso, de la RIBMA (Art. 140º del Reglamento de la LGEEPA), salvo que los paramilitares que hasta hoy han sido contratados a ese propósito constituyan la forma en que se actualiza y da cumplimiento cabal a esa disposición.

III. Sobre la legalidad de los fundamentos de las acciones punitivas para el desalojo-reubicación de los asentamientos dentro de la RIBMA:

De emprenderse, como se pretende, unilateralmente las acciones de desalojo y reubicación, la autoridad federal y, en su caso, estatal, estarían violentando el artículo 16º del Convenio 169º de la O.I.T. para Pueblos Indios, por los siguientes motivos:

Sólo mediante su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.

La reubicación de esos pueblos se podrá efectuar, extremo que no se ha dado pero ni en su fase primera que sería una notificación formal hecha por la autoridad dándole a conocer a los afectados su intención de desalojarlos-reubicarlos;

Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios.. y no pueda obtenerse su consentimiento (lo que supone acreditar fehacientemente por parte de la autoridad este extremo), el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional (y que, por cierto, no existen en relación);

Sin la observancia puntual de estos procedimientos, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y reubicación (y es que ya fueron una vez trasladados y reubicados esos pueblos, choles y tseltales: en la conquista, por los conquistadores, pero esas causas dejaron de existir, según los libros de historia, hace exactamente 180 años con seis meses).

En el caso de la imposibilidad del retorno, y sólo en tratándose de él (no aplica por mayoría de razón para el proceso inverso), como se determine en los acuerdos o en ausencia de ellos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización (lo que significa que es opción de ellos) en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.

* El único caso en la RIBMA donde ha mediado algo parecido a una notificación (si es que la intimidación y el exceso fueran equiparables) sucedió por la tarde del día 9 de enero en la comunidad zapatista Laguna del Suspiro (a orillas de la laguna El Yanky, en la zona de las lagunas), del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón, cuando dos agentes del Ministerio Público de Ocosingo acompañados por el Ejército (de las unidades acantonadas en las lagunas), después de cruzar la laguna del mismo nombre (cien soldados aproximadamente), se introdujeron hasta el centro del poblado señalándole a las mujeres que le salieron al encuentro: "El gobierno les ofrece dinero por sus tierras para que ya se vayan de aquí. Incluso les vamos a pagar el maíz, el plátano y la naranja que les hemos estado llevando Acepten la paga, si no, pues nos vamos a tener que volver a ver por aquí muy pronto."

La Cláusula Carabias.

O como maquillar la biopiratería tras la ilegal confidencialidad de la investigación sobre los recursos nacionales.

El último día de la administración del expresidente Zedillo y de la extitular de Medio Ambiente (a saber por qué acuerdos y enrredos), se publica en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento de la LGEEPA en el que se abren a la participación privada diversas áreas, actividades y servicios ambientales (circunstancialmente la maestra y su equipo se hallaban ya para entonces sin perspectivas de empleo burocrático para los próximos seis años), entre ellas, claro, las Areas Naturales Protegidas cuyas bases de participación social se ven acotadas, en relación a la normatividad legislativa que un reglamento no debiera enmendar sino desglosar, en función a criterios financieristas y de capacidad técnica reduciéndose también los espacios y obligaciones institucionales de convocatoria social sobre la formulación, ejecución y evaluación de planes y proyectos. Sin embargo, una disposición es especialmente indicativa, no sólo de la ofensa republicana que significa la violación jurídica deliberada mediante una disposición reglamentista a la ley que dice reglamentar sino del alevoso posicionamiento corporativo de áreas y actividades estratégicas a la Nación y de la orientación privatista que pretende darse a recursos y actividades en áreas que por mandato legal (art. 1º de la LGEEPA) son de orden público e interés social, y a propósito de las inminentes acciones de desalojo y el retorno en octubre pasado de investigadores estadounidenses a la zona de las Lagunas (y eventualmente del grupo de la maestra Carabias). Sobre el punto, pues, dice el párrafo quinto del artículo 87º de la LGEEPA: "En todo caso, se deberá garantizar que los resultados de la investigación (realizada bajo una autorización de colecta científica) estén a disposición del público." Sin embargo, y para gozo de la biopiratería y la confidencialidad de las características de los inventarios bióticos de estas mafias protoposicionadas, dice a su vez el artículo 85º del nuevo Reglamento de esa ley:

" Los investigadores que ingresen al área natural protegida con propósitos de realizar colecta con fines científicos deberán: I.- Informar al Director del área natural protegida sobre el inicio de las actividades autorizadas para realizar colecta científica y hacerle llegar copia de los informes exigidos en dicha autorización (en el caso de la RIBMA como en el de las más importantes ANP’s del país en términos de su riqueza con alto potencial productivo, sus titulares continúan siendo funcionarios designados durante la gestión ambiental de la maestra Carabias ). Los resultados contenidos en los informes a que se refiere la fracción I del presente artículo no estarán a disposición del público

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