Biodiversidad

Saquean el Parque Nacional Madidi

Las motosierras invadieron el sector San Fermín del Parque Nacional Madidi con la complicidad y el encubrimiento de los guardaparques que la dirección del parque destina a la zona que depende del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) del Ministerio de Desarrollo Sostenible.

Por Pablo Cingolani

Las motosierras invadieron el sector San Fermín del Parque Nacional Madidi con la complicidad y el encubrimiento de los guardaparques que la dirección del parque destina a la zona que depende del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) del Ministerio de Desarrollo Sostenible.

Las motosierras invadieron el sector San Fermín del Parque Nacional Madidi con la complicidad y el encubrimiento de los guardaparques que la dirección del parque destina a la zona que depende del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) del Ministerio de Desarrollo Sostenible. El hecho involucra también a trabajadores bolivianos y a empresarios peruanos y ya había sido denunciado por autoridades del Perú. Sin embargo, nada se hizo para detener esta tragedia y esta vergüenza nacional.


La explotación indiscriminada de árboles de madera mara y de cedro que está sacudiendo al Parque Nacional Madidi, en un sector de la frontera boliviano-peruana, no sólo se constituye en un grave problema internacional sino que cuestiona a fondo la capacidad de manejo efectivo de las áreas protegidas en Bolivia por parte de la burocracia estatal ambientalista y las ONGs internacionales que la apoyan, manejando dineros que, a su vez, es aportado por distintas naciones a través de sus oficinas de cooperación internacional.

Para peor, los hechos registrados en San Fermín no son nuevos ni para el sector ni para otros lugares del parque; lo lamentable es que las autoridades gubernamentales no sólo no hacen nada para resolver este escandaloso problema sino que ellas mismas facilitan que siga la sangría de las especies forestales más valiosas que en vez de ser preservadas, son saqueadas sin piedad.

Los comunarios de San Fermín no tienen la culpa de semejante desastre. Desde ya, lo más fácil sería acusarlos de un afán de lucro desmedido. Nuestra posición es que los pobladores de San Fermín son también víctimas de esa negligencia y falta de soluciones de fondo con que se manejan las áreas protegidas que no han aportado alternativas económicas viables a los grupos humanos, indígenas y mestizos, que viven dentro de ellas.

En el caso del Madidi, el problema no sólo es muy grave sino patético. La creación de un área protegida de casi 19.000 kilómetros cuadrados (1), un país dentro de otro país llamado Bolivia, debería haber sido analizada de manera responsable y, en caso de demostrarse la factibilidad para un manejo eficiente, -que precisaba incluir, sin atenuantes, propuestas económicas para los pobladores locales-, debería haberse llevado a cabo un proceso muy profundo de toma de conciencia y concertación con las comunidades establecidas dentro de sus límites. A la vez, se requería gestionar los recursos suficientes y a largo plazo para un control eficiente. Esta claro que ni una cosa ni la otra se hizo y, si se hizo, se hizo mal.

En el actual estado de cosas, y bajo el imperio de una mirada importada y reduccionista de los problemas, es un chiste cruel suponer que una plantilla que nunca ha superado los 30 guardaparques puedan preservar un área tan grande. Si a esto se suma la permanente escasez de recursos para dotarlos de medios tecnológicos modernos para ejercer sus tareas de fiscalización, ya no hay chiste: es una tragedia como la que presentamos. Si agregamos a ello, por ejemplo, el incumplimiento en el pago de salarios de parte del SERNAP, es inevitable suponer que hechos como los que ocurren en San Fermín pueden convertirse en moneda corriente y que la corrupción florezca donde deberían florecer los árboles que ahora están siendo talados.

También sería fácil echarle la culpa a los guardaparques (aunque gente que delinque puede haber en todos lados). La verdad es que ellos también son víctimas del manejo vertical y arbitrario de las citadas áreas, ya que, en la mayoría de los casos, son hijos de las propias comunidades originarias en las cuales deben ejercer funciones de policía contra sus propios hermanos que –no debería ser un secreto para nadie- son algunos de los habitantes más pobres y necesitados de toda Bolivia, unos condenados de la tierra dentro de las áreas donde se los divide, se los censura y se los prohíbe de manera injusta.

Esto es más lamentable aún cuando lo contrastamos con la costosa publicidad que las autoridades presentan para promocionar sus supuestos logros (hace poco se llevó a cabo en La Paz una semana de celebración de los diez años de la fundación del parque), con los viajes que se realizan al exterior dizque para conseguir fondos para conservar las áreas (y ellas siguen vulnerables y agredidas como siempre han estado) y con ese discurso conservacionista fundamentalista en un país donde lo más urgente, dada la importancia de la biodiversidad en Bolivia y sus ecoregiones pero también la extrema pobreza de su población, es buscar conciliar desarrollo económico y social con preservación ambiental.

Es el tan mentado “desarrollo sostenible”, otro eufemismo más del Banco Mundial, que entre nosotros no ha conmovido a nadie ni menos hecho comer a los pueblos.

Aquí debemos ser contundentes: nuestra gente, en especial nuestros pueblos originarios de los Andes, la Amazonía y el Chaco son los que más conocen de biodiversidad y de su manejo responsable: así han sobrevivido siglos. Ellos son los verdaderos “ecologistas”. Si no hubiera sido por ellos, por ejemplo, no hubiéramos domesticado la papa, una fuente nutritiva invalorable y que ha alimentado al mundo entero, en especial en las épocas de crisis planetaria.

Ante esto que expresamos, nos preguntamos ¿qué tienen de bueno para ofrecer algunas de esas instituciones con siglas de nombres extranjeros que conocemos popularmente como ONGs?

Les abrimos las puertas incauta y generosamente y ellas nos pagan con biopiratería. Sólo hay que recordar el juicio contra algunas de ellas que denunciamos en un número anterior de esta misma publicación (2). El Congreso Nacional debería pronunciarse al respecto e informar acerca del caso ya que no puede ser que ONGs que se dicen ambientalistas en contubernio con algunas de las empresas petroleras más fraudulentas del mundo (ENRON) vengan a robarnos nuestras plantas delante de nuestras narices. Son miles de millones de dólares los que están en juego: aceites esenciales, nuevos medicamentos, la alimentación y la salud del futuro. El gas se acabará algún día, entonces: ¿de qué viviremos?

Una de las ONGs aludidas en ese artículo –me refiero a la norteamericana WCS- tampoco tuvo empacho en presentar junto al SERNAP el hallazgo de un primate –que los comunarios de San José de Uchupiamonas conocían desde siempre- y anunciarlo como una especie nueva para la ciencia. Para colmo, el nombre científico de esa criatura (que tampoco le hizo daño a nadie) fue llevado a subastar ¡a un casino de Las Vegas! Tanta indignidad tiene un nombre: colonialismo ecológico. El hecho simboliza lo que cuestionamos y ya que han conseguido la irrisoria suma de 650.000 dólares por prostituirnos como país soberano, sería bueno que algo del dinero recaudado llegase a San Fermín para solucionar el desastre que denunciamos, porque por allá las ONGs ni siquiera se asoman.

Sabrán perdonar esta extensa presentación pero si somos dignos y patriotas deberíamos tratar de solucionar este problema que se vuelve cada vez más y más inmanejable por la omisión y/o la complicidad de las autoridades. Debemos bolivianizar las áreas protegidas y debemos entregar su administración a sus legítimos dueños: los pueblos indígenas y originarios.

El saqueo del Madidi es culpa de esta burocracia y esta gerencia miope e insensible que ahora debe estar viendo en el mapa donde carajo queda y como se llega a ese lugar llamado San Fermín donde a nuestros pobres campesinos (¡No ven que son unos salvajes!, dirán desde sus cómodos sillones) se les ha dado por comerse la madera.

San Fermín en el espacio y en el tiempo

La comunidad de Puerto San Fermín está ubicada a orillas del río Tambopata, límite arcifinio entre las repúblicas de Bolivia y Perú desde la firma del Tratado de Fronteras de 1909, y en medio del bosque húmedo tropical, uno de los ecosistemas cuya conservación es considerada como prioritaria en el ámbito mundial.

La sombra de la tragedia viene de lejos: entre 1907 y 1913, San Fermín fue una barraca cauchera de la empresa inglesa The Tambopata Rubber Syndicate (3) y a ella se podía llegar desde Apolo por una senda, tal como lo describió el explorador británico Percy Harrison Fawcett en sus memorias. (4) Las miserias y abusos que pasaban los trabajadores también fueron anotados por Fawcett en su libro.

Cuando se fueron los caucheros, la zona volvió a la tranquilidad y sus pobladores originarios –Ese Ejjas que consideran que el cerro Bahuaja, la montaña mítica de la etnia, está ubicada en la región circundante; presumiblemente Toromonas y otros- sólo fueron perturbados por algunos misioneros.

Pasaron los años, y en el año 1969, un grupo de familias de origen mestizo-quechua que llegaron desde la población de Santa Cruz del Valle Ameno, en busca de nuevas tierras de cultivo donde asentarse, fundaron la actual comunidad de Puerto San Fermín. Años después, llegaron otras familias provenientes de la comunidad Asariamas, también de origen quechua. (5)

Los pueblos originarios se retiraron a territorios más aislados y -es un hipótesis científica no descartable- que habiten al interior del valle del río Colorado y las cabeceras del río Heath, al norte y al noroeste del actual emplazamiento de la comunidad. En todo caso, los comunarios no ingresaban a esos territorios: era muy difícil siquiera ver cualquier embarcación navegando en esa dirección. Hoy, en tres días de permanencia en la zona, hemos visto no sólo transporte de madera y de personas, sino inclusive de gasolina hasta la altura del río Cachimayu (donde nos consta que se estaba explotando madera) por lo cual, es evidente, que en caso de existir un grupo indígena aislado de manera voluntaria, puede producirse un enfrentamiento con los madereros que puede acarrear nefastas consecuencias. El más obvio: el exterminio de ese pueblo indígena.

Todas estos sitos se encuentran bajo la jurisdicción de la provincia Franz Tamayo (ex Caupolicán), al norte del Departamento de La Paz. En la actualidad, dependen del Municipio de Apolo.

En 1985, se produjo al sur de San Fermín, una invasión pacífica de colonizadores de origen peruano que se asentaron en lo que bautizaron como “Valle Futuro”. Estos colonizadores formaban parte de una persistente migración de pobladores de las tierras altas del departamento peruano de Puno (en especial, de origen aymara) que se intensificó a partir de la década de los años sesenta del siglo XX, con la apertura de una carretera de penetración desde la población de San Juan del Oro. (6)

Los colonizadores peruanos fueron desalojados por los militares de territorio boliviano y producto de este conflicto, se estableció en Apolo un batallón de infantería de selva y varios puestos militares de avanzada (PMA). Uno se ubicó en las inmediaciones del río Ubito (en las antiguas instalaciones del campamento de una empresa minera que realizaba prospecciones en la zona) y fue bautizado como PMA Tuichi; otro fue ubicado a orillas del río Cocos pero fue destruido por una crecida del río y abandonado; el último fue establecido en los predios de la ex escuela de la comunidad peruana de Valle Futuro y fue bautizado como el nombre de PMA Capitán Lino Echeverría. Estos puestos militares tienen un funcionamiento regular desde entonces, aunque carecen de condiciones y recursos para no sólo resguardar la soberanía boliviana en la frontera, la función específica asignada a las Fuerzas Armadas, sino también para hacer cumplir la ley dentro del territorio boliviano, en este caso dentro de un parque nacional.

En 1995, fue creado el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, dependiente del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y considerada por los especialistas como una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo entero.

Esto es clave para entender el fondo del problema y a las autoridades que cuestionamos: los pobladores de las comunidades Puerto San Fermín, Lino (llamada así por su proximidad al puesto militar del mismo nombre) y Cocos o Lanza, un nuevo asentamiento situado en la desembocadura del río Cocos en el río Lanza (límite también con la República del Perú) quedaron incluidos dentro de los lindes del nuevo parque nacional. Desde ya, no son los únicos que viven dentro del parque y que no habitan, como deberían, dentro de su área natural de manejo integrado. Esta torpeza y miopía burocrática está costando caro. Un argumento que de seguro esgrimirán ministros y directores es la necesidad de “recategorizar” el sector. La pregunta inevitable es: ¿por qué no lo hicieron antes? Desde ya, esta sería otra solución en el papel ya que no resolvería el problema que urge: ¿de qué vivirán los pobladores de San Fermín para no morirse de hambre?

Por su parte, el frente de colonización situado en la Selva Sur peruana fue incluido en la llamada zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, cuya creación como tal se remonta al año 2000. (7)

Ambos parques constituyen el núcleo central de un proyecto de corredor internacional de áreas de relevancia ecológica denominado “Vilcabamba-Amboró”, que incluye áreas protegidas situadas al norte de la ciudad de Cuzco hasta las proximidades de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Otra ilusión insostenible, dadas las circunstancias: en el corazón del corazón del corredor, precisamente, se encuentra San Fermín.

“Pobres todos somos”

La primera vez que como Expedición Madidi estuvimos en San Fermín nos desoló la pobreza. Una de sus manifestaciones más degradantes eran los estragos que sufrían los niños producto de la leshmaniasis o lepra blanca, una enfermedad típica de la miseria en los trópicos ya que es curable. Por eso, al año siguiente, volvimos coordinando la logística de la primera versión nacional de las Brigadas Integrales de Salud (BRISA) del entonces Ministerio de Salud y Previsión Social, un programa que hasta hoy sigue vigente atendiendo zonas aisladas, y llevando medicamentos para sanar ese mal.

Este año, la situación era más desoladora aún: según las declaraciones de los propios moradores, salvo una familia, todas las demás estaban infectadas con lepra. Sin palabras.

Según el último censo del año 2001, viven 198 personas de manera dispersa en la que, en los registros del Instituto Nacional de Estadística, figura como comunidad San Fermín, englobando a las otras. Los hombres (que son 110) y las mujeres (88), habitan en 35 viviendas donde –anotémoslo para que las ONGs entiendan- no hay ningún servicio: ni agua potable, ni alcantarillado, ni menos electricidad. Para las famosas estadísticas a las cuales nos tiene acostumbrado el Banco Mundial, la incidencia de pobreza es del 100 por ciento. Hay una escuela primaria, donde sugestivamente habían pintado la efigie del Che Guevara en la pared de barro frontal, y esta vez tres profesores.

Cuando acudimos hasta allí, los habitantes vivían malamente de una pequeña producción de café que rescatadores vendían a las cooperativas peruanas de la otra banda del río. El resto lo completaban con algún cultivo de subsistencia y algo de cacería.

Este año, los pobladores seguían viviendo malamente –hasta el bote que utilizaban había desaparecido producto de una inundación- pero esta vez trabajando como peones de la madera para empresarios peruanos.

Como alguna vez me dijo Simeona Chambi, mientras hablaba de Dios sin cesar –los comunarios son todos evangélicos-, en San Fermín, “pobres todos somos”.

El negocio de la mara

Tenía que pasar: del lado peruano, predomina el bosque secundario, ya no queda madera que talar pero las necesidades de ingresos de una población que crece, también aumentan. Si hace años, los pobladores de San Fermín eran engañados con su café, ahora le tocaba -¿por qué no?- a la madera.

El drama se inició cuando ciudadanos peruanos residentes en las comunidades aymaras de la selva ingresaban a Bolivia a buscar y talar árboles de mara y cedro. Los inmigrantes carecían del conocimiento necesario, cortaban mal los troncos, los desperdiciaban. Entonces, surgió una alianza natural entre nuestros compatriotas –que sí sabían cortar- y empresarios del país vecino que no dudaron en proveerlos del arma mortal del bosque: motosierras. No sólo eso: gasolina, alimentos, nylones y hasta cocinera, como denunció el militar encargado del PMA Lino Echeverría, Subtte. Alejandro Rubin de Celis, que descubrió azorado a una temerosa mujer en lo que el creyó era una poza de maceración de los narcos. Era un campamento de madereros.

Según las denuncias que pudimos recoger, entre otros testigos del personal del Parque Nacional Bahuaja Sonene del Perú y nuestras propias evidencias, los sitios donde se está desarrollando la tala indiscriminada de mara y cedro son, por el sur, la cuenca baja y media del río Lanza (Mosojhuiaco cuando penetra en territorio boliviano), situada frente a las comunidades peruanas conocidas con los nombres de Miraflores 1, Miraflores 2 y Miraflores 3, vinculadas por una “trocha” (camino vecinal en Bolivia), hasta la zona del río Cachimayu, al norte de San Fermín y de la comunidad peruana de Pampa Grande, donde termina el camino que enlaza la selva con las ciudades de Juliaca y Puno, y donde fueron tomadas las fotografías que ilustran este informe. Cuando estuvimos allí, escuchamos con nitidez el sonido de una motosierra al otro lado del río; es decir podemos señalar que en una franja fronteriza de alrededor de 50 kilómetros se estaba talando madera.

En Pampa Grande, esa madera es acumulada en la propia playa del río y hasta en canchones en la propia población. De allí, en horas de la noche, es cargada a camiones y transportada fuera del lugar. La madera que baja desde el Lanza (vimos dos balsas de madera cuartoneada pasando frente a San Fermín) lo hace cómodamente por el río; la que se extrae del Cachimayu debe subirse hasta Pampa Grande. La proliferación de sendas debe ser increíble. Los daños al medio ambiente del parque también. Según los funcionarios del Bahuaja, el sector Lanza era un santuario de vida salvaje donde podían encontrarse, entre otras especies, osos andinos o jucumaris y londras o nutrias de río, lo que hablaba de la no intervención humana del sector. En dos años, esas especies desaparecieron por lo cual ellos consideraban que los rumbeadores (la avanzada de los madereros, aquellos que ingresan al monte para localizar e identificar a los árboles) y el negocio de la madera debió empezar en esas fechas.


Las autoridades del Bahuaja Sonene intentaron de manera infructuosa decomisar camiones peruanos cargados de madera boliviana, tres en marzo de 2005 y varios más en el reciente septiembre en la localidad de Putina Punco. De manera lamentable, los empresarios pudieron evitar sufrir pérdidas.

En Perú, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) administra tanto la instancia que controla las áreas protegidas (la Intendencia de Áreas Protegidas, con sede en Lima, a donde llegaban las denuncias de los funcionarios del parque) y el organismo que maneja los recursos forestales y la fauna silvestre (Intendencia Forestal y Fauna Silvestre). Al tratarse de madera boliviana, los empresarios solicitaban permisos a la autoridad forestal sólo para transportar madera. Esto, a los ojos de los funcionarios forestales -como no podía ser de otra manera ya que, en definitiva, no se trataba de árboles talados en el Perú-, era absolutamente legal. Por ello, los reclamos de los funcionarios del parque Bahuaja Sonene llegaban a la capital peruana y, lógicamente, no les daban curso.

Lo más grave: incluso informaron a la sede central del parque Madidi en San Buenaventura. El motivo no sólo era alertar a la dirección del parque de los atropellos que se cometían contra el patrimonio natural boliviano sino buscar acabarlos ya que, según nos manifestaron, ellos temen que el mal ejemplo cunda. “Nos dirán –decía un preocupado guardaparque- si en el parque nacional de Bolivia, se puede cortar madera, ¿por qué nosotros no podemos cortarla aquí en el Perú? ¿Acaso somos mancos?”. Para completar el cuadro, los funcionarios peruanos recibieron amenazas de muerte.

Ante esta situación insostenible, el director del sector Puno del parque hizo lo que deberían hacer el actual director –Iván Arnold- y el eterno jefe de protección del Parque Madidi –Ebelio Romay: RENUNCIAR.

Complicidad de las autoridades

Este cuadro lamentable, se completa con la responsabilidad que deben asumir no sólo los dos funcionarios citados sino el director del SERNAP, John Gómez, y la máxima autoridad del ramo, la Ministra de Desarrollo Sostenible, Marta Bozo, ante algo muy triste y desconsolador: los guardaparques destinados al campamento San Fermín no sólo estaban en conocimiento de esto que contamos sino que habían llegado a un acuerdo con los comunarios para que ellos puedan cortar madera por dos meses y que la tala cese el 18 de octubre pasado. Es decir, desde el 18 de agosto pasado al menos, los guardaparques asignados en San Fermín permitieron la tala de mara. Nosotros tuvimos la mala leche (para ellos) de llegar a San Fermín el 9 de octubre, cuando la actividad era frenética ante el supuesto fin del tiempo acordado.

Sigue el espanto: el día 10, en horas de la tarde, con el Ing. Ricardo Solís –coordinador general de la Expedición Madidi- estuvimos presentes en una reunión sostenida entre algunos miembros de la comunidad (incluyendo al Secretario General Francisco Ovando), el comandante del PMA Capitán Lino Echeverría, Subteniente Alejandro Rubín de Celis y un guardaparque de apellido Ortiz.

Increíble: en la misma fue tratado un pedido de prórroga del citado convenio, por lo cual los comunarios solicitaban al Subtte. Rubín de Celis autorice su prolongación.

Rubín de Celis no sólo se negó alegando su total falta de competencia en el asunto sino que exigió incluso la entrega de las motosierras. Los comunarios también se negaron, argumentando que las motosierras eran sus instrumentos de trabajo.

Ortiz, oriundo de la comunidad de San Fermín, trató, en un primer momento trató de interceder a favor de sus paisanos y de que exista flexibilidad en el corte de madera.

Ante la persistente negativa del Subtte. Rubín de Celis a autorizarlos y de los comunarios a cesar la tala, declaré que iba a denunciar el caso en La Paz ya que era evidente, primero, que estaban cortando madera en el parque (el citado convenio era una prueba, por demás, fehaciente) y que era también evidente que existía encubrimiento de parte de los guardaparques ya que, bajo ningún argumento ni ley, puede permitirse la tala de madera preciosa en un parque nacional. Después nos retiramos.

Cuando estábamos a punto de cruzar el río, avistamos una balsa con dos personas bajando por el Tambopata en dirección a Colorado. Preguntada una mujer de la comunidad quienes eran esas personas, contestó con toda naturalidad que se trataba de “tabloneros”. Una vez en el campamento, Leoncio y Raúl Navi informaron sobre el avistamiento de dos balsas de madera cuartoneada bajando por el río Tambopata.

Eso no es todo: vimos dos cartas firmadas por el encargado de la Unidad Forestal de la Alcaldía de Apolo, Francisco Calle. En una de ellas, del 23 de septiembre pasado, Calle autorizaba al ciudadano peruano Rodolfo Calcina Mamani a que transporte madera boliviana a su país. En la otra misiva, del día 24, el mismo Calle denunciaba chaqueos y extracción ilegal de madera por parte de súbditos peruanos en territorio boliviano. Como es el mundo al revés, no han faltado las amenazas de muerte y no es un supuesto afirmar que, en cualquier momento, pueda estallar la violencia, poniendo en riesgo la vida de las personas.

Me ahorro detalles: dos días después llegamos hasta Pampa Grande, la punta del camino. Cuando vimos la cantidad de madera que había en la playa, casi nos caímos de culo. Peor cuando detectamos a nuestros comunarios usando la motosierra. Enfrente, en Bolivia, rugía otra. Vean las fotos y juzguen.

Como nos dijo un abogado amigo, con el cual nos estamos asesorando para iniciar acciones legales: “Esto es una tragedia, ¡Qué dolor!”. Sí, pero es un dolor que debe sublevarnos.

Como es lógico suponer, nos negaron la entrada al parque. Un guardaparque llamado Remberto Chivapuri desde Apolo dijo por la radio delante nuestro que si ingresábamos le haríamos “mala propaganda” (sic) a ellos y al parque porque íbamos a documentar “el saqueo de la mara” (sic) y que si no accedíamos, se debía coordinar con el ejército boliviano y “utilizar la fuerza pública” (sic) para retirarnos de la zona. Más claro, agua: nos negaron la entrada al parque porque no querían que viéramos lo que vimos.

Pero nos subleva y por eso no sólo lo vimos y nos duele sino que se lo mostramos al mundo entero, buscando sumar fuerzas para encontrar soluciones de verdad. Desde ya, no podemos creer que semejante desastre no estuviera en conocimiento de la dirección y la jefatura de protección del parque, de la dirección del SERNAP y de la Ministra, quien es finalmente la máxima responsable de velar por nuestra biodiversidad y nuestros recursos naturales.

Madidi es ahora o nunca, porque mañana ya es demasiado tarde!!

Jefe de la Expedición Madidi, declarada por segunda vez, el 8 de septiembre pasado como de “Interés Nacional” por la H. Cámara de Diputados de la República de Bolivia. Esta era su cuarta versión oficial y contaba con el respaldo institucional de la Dirección Nacional de Arqueología del Viceministerio de Cultura. Cingolani es investigador adscripto a la DINAR. Publicado en Bolpress. www.EcoPortal.net

Notas:
( 1 ) Madidi tiene una superficie de 18.957 kilómetros cuadrados. A modo de comparación, Holanda posee 41.526 km², Cataluña 31.929 km² y la isla de Jamaica 10.991 km².
(2) Ver Pablo Cingolani. La Amazonía en la mira de EE.UU. El juguete rabioso, La Paz, s/f. Ver en la misma publicación: Miguel Lora: Se negocia en secreto como patentar seres vivos.
( 3 ) Ver José Antonio Flores Marín: La explotación del caucho en el Perú. Concytec, Lima, 1987. Una copia me fue facilitada por el Ing. Humberto Rodríguez de Lima. El estudio, bajo la óptica marxista, devela los terribles mecanismos de explotación utilizados en la selva por los empresarios a principios del siglo XX.
( 4 ) Ver Percy Harrison Fawcett: A través de la selva amazónica (Exploración Fawcett). Rodas, Madrid, 1974
( 5 ) Ver Historia de la comunidad Pto. San Fermín. Testimonio escrito por Marino Coaquira, residente en Puerto San Fermín, el 27 de Octubre de 2000. Publicado en Pulso, La Paz, 31 de agosto de 2001.
( 6 ) Ver Avecita Chichón, Manuel Glave y Mariana Varese: La lenta colonización del Inambari y el Tambopata: uso del espacio en la selva sur del Perú. s/d
( 7 ) Ver Kim MacQuarrie: Historia del parque Bahuaja-Sonene en Donde los Andes encuentran al Amazonas. Bahuaja-Sonene y Madidi, Parques Nacionales de Perú y Bolivia. Jordi Blassi, Barcelona, 2001.

* Pablo Cingolani es Historiador, periodista, explorador. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1963. Reside en La Paz, Bolivia, desde 1987. Como historiador, realizó estudios sobre los derechos argentinos sobre las islas Malvinas y los problemas de tierras en la puna de Jujuy, la explotación cauchera en la Amazonía y la historia minera de Los Lípez potosinos.
Trabajó como redactor y colaborador en una docena de medios gráficos de La Paz y sus artículos también se publican en medios de Argentina, Chile, Ecuador y España. En video, dirigió con Gastón Ugalde “Imagina Bolivia” y la primera serie de documentales sobre áreas protegidas. Encabezó expediciones ecohistóricas desde 1980, explorando, entre otras, la región de Iruya-Baritú, Cumbres Calchaquíes y la puna jujeña en Argentina, el desierto de Atacama en Chile y casi todos los parques nacionales de Bolivia, en especial en Lípez, Chaco y Amazonía.
Creador de la Expedición Madidi que ya realizó 4 versiones a distintos sectores poco explorados del parque del mismo nombre y declarada de “interés nacional” por el congreso boliviano.

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