Cambio Climático

Los Asaltantes de Huanchaca. Negociación de carbono en el Parque Nacional Noel Kempf Mercado, Bolivia

El comercio de derechos de emisiones se encuentra entre los aspectos mas controversiales del Protocolo de Kyoto. Los participantes pueden decidir si es más barato efectivamente reducir las emisiones domésticas, o si es más conveniente comprar créditos de carbono en otra parte.

Por Julio César Centeno, PhD

El comercio de derechos de emisiones se encuentra entre los aspectos mas controversiales del Protocolo de Kyoto. Los participantes pueden decidir si es más barato efectivamente reducir las emisiones domésticas, o si es más conveniente comprar créditos de carbono en otra parte.
Protocolo de Kyoto.

Los participantes pueden decidir si es más barato efectivamente reducir las emisiones domésticas, o si es más conveniente comprar créditos de carbono en otra parte.
Hace unos veinte años se advertía sobre traficantes de drogas y asaltos en la altiplanicie de Huanchaca, en las selvas de Bolivia, en la frontera con Brasil. Noel Kempf, explorador y naturalista, no les temía. Le fascinaba la inusitada belleza de aquel lugar. Allí murió, asesinado en esa inmensa planicie en 1986, presuntamente por traficantes de drogas.

Para aquel entonces, aquella imponente altiplanicie ya formaba parte del Parque Nacional Huanchaca, creado por el Decreto16646 de la Corte Suprema de Bolivia, en Junio de 1979. Originalmente tenía una extensión de 540,000 hectáreas.

El nombre del parque fue modificado nueve años después, por medio de la Ley 978 de Abril de 1988, por Parque Nacional Noel Kempf Mercado, en homenaje a este educador y pionero del movimiento conservacionista Boliviano.

El parque se encuentra en el departamento de Santa Cruz, al noreste de Bolivia, en la frontera con Brasil. Abarca selvas tropicales, en su mayor parte prístinas, cerrados, sabanas, bosques de galería y miles de ecosistemas, donde prosperan millones de especies, animales y vegetales, como pocos lugares en América tropical.

Al oeste se encuentra la Reserva Forestal Alto Paragua, cuya mayor parte se encuentra en proceso de adjudicación legal a tres comunidades de la zona. Hacia el este, en los estados brasileños de Mato Grosso y Rondonia, se desarrolla un proyecto para el establecimiento de un corredor biológico de 10 millones de hectáreas, a lo largo del río Itenez.

Los bosques adyacentes al parque nacional Noel Kempf habían sido originalmente concesionados a cinco empresas madereras, cubriendo una superficie de 634,300 hectáreas al oeste del parque.

La explotación abusiva de estos bosques por las empresas madereras, la explotación ilícita, y la penetración campesina, dedicada principalmente la agricultura de subsistencia, amenazaban la sustentabilidad tanto de la actividad maderera como del parque nacional.

El Proyecto de Acción Climática (Climate Action Project)

En 1996 se concreta un acuerdo entre el gobierno de Bolivia, la empresa British Petroleum (BP Amoco), dos empresas de electricidad norteamericanas (American Electric Power y PacifiCorp), The Nature Conservancy y un organismo ambientalista de Santa Cruz de Bolivia (Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN). Por medio de este acuerdo, se incorporan al parque nacional las 634,300 hectáreas originalmente bajo concesión para la explotación maderera, y otras áreas perimetrales, elevando la superficie del parque a 1.5 millones de hectáreas. Se acuerda un esfuerzo concertado para el manejo del parque durante 30 años.

Casi Inmediatamente después, el proyecto fue aceptado por la “Iniciativa Norteamericana para la Implementación Conjunta” del gobierno de los Estados Unidos (US initiative on Joint Implementation, USIJI), quedando oficialmente reconocido y registrado en Noviembre de 1996. Esta iniciativa es parte formal de la política norteamericana ante el Convenio Marco sobre Cambios Climáticos de 1992[1].

El Proyecto de Acción Climática Noel Kempf incluye la indemnización a las empresas concesionarias localizadas en la zona de expansión del parque nacional. En un intento por evitar la fuga de emisiones de carbono, por el traslado de la actividad maderera a otros sitios, el acuerdo de indemnización incluye el compromiso de los concesionarios de informar sobre el uso que le den a los fondos recibidos, y de cooperar para mejorar sus actividades madereras en otras partes del país.

British Petroleum es una de las empresas petroleras mas grandes del mundo. Fue una de las primeras empresas de este ramo en aceptar la aplicación del principio precautelar a la relación entre el calentamiento global y las emisiones de gases del efecto invernadero. En 1998 anunció el objetivo de reducir sus emisiones en un 10% para el año 2010, en relación con las de 1990, provenientes del consumo de petróleo y gas en sus propias instalaciones. A inicios del 2002 anunció que dicha meta ya había sido alcanzada, colocando sus emisiones de carbono en aproximadamente 22 millones de toneladas métricas por año. Su objetivo es ahora mantener sus niveles actuales de emisiones a pesar de los aumentos previstos de producción, comercializar combustibles con menor contenido de carbono y aumentar la producción de energías renovables.

British Petroleum inició operaciones de exploración y producción de petróleo en Bolivia en 1997, a través de la empresa petrolera CHACO S.A.
American Electric Power (AEP) es una empresa de las principales empresas de electricidad de los Estados Unidos, basada en Columbus, Ohio. Opera cerca de 40,000 MW de capacidad en varias instalaciones, a partir de carbón mineral, gas natural y energía nuclear, fundamentalmente. En el año 2000 se destacó como la empresa con los mas altos niveles de generación de electricidad en Estados Unidos (200 millones de MWh), así como la empresa eléctrica norteamericana con las mas altas emisiones de gas carbónico (180 millones de toneladas de CO2), mercurio (4.5 toneladas) y óxidos nitrosos (490.000 toneladas).

Aproximadamente el 85% de la generación de electricidad de AEP se basa en el uso de carbón mineral en viejas instalaciones industriales. El Departamento de Justicia norteamericano cita a AEP como una de las principales empresas de electricidad que violan las directrices de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental protection Agency, EPA) de los Estados Unidos sobre emisiones de contaminantes a la atmósfera, según el Clean Air Act. La EPA ha tomado acciones penales contra American Electric Power por modificar viejas instalaciones para producir mas electricidad, sin cumplir con los mandatos del Clean Air Act para la instalación de equipos de control de emisiones.

Un reciente informe de ABT Associates sobre el impacto a la sociedad de la contaminación ambiental causada por las principales empresas eléctricas de los Estados Unidos, señala a American Electric Power como culpable por 1.400 muertes prematuras cada año, mas miles de ataques anuales de bronquitis y asma en las poblaciones mas directamente afectadas por sus emisiones (ABT Associates es una de las principales empresas consultoras sobre contaminación ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, EPA).

PacifiCorp es una empresa de electricidad basada en Portland, Oregon.
The Nature Conservancy (TNC) es un organismo ambientalista basado en Arlington, Virginia, USA. Es una organización hermana de Conservation International (CI): ambas son producto de la división de una misma organización original.

The Nature Conservancy es una de las organizaciones ambientalistas mas grandes del mundo. En el año 2000 reportó cerca de 800 millones de dólares en beneficios.

Es propietaria de aproximadamente 5 millones de hectáreas de tierra sólo en los Estados Unidos. Un informe del Capital Research Center se refiere a TNC como un instrumento del gobierno y de empresas privadas norteamericanas para generar riqueza, amparándose en su carácter de organización sin fines de lucro y libre de impuestos. TNC le vende al gobierno federal, o a gobiernos locales, la mayor parte de las tierras que adquiere. Los beneficios se utilizan para comprar mas tierras. Con frecuencia el gobierno contrata a TNC para manejar las tierras que ésta le ha vendido.

Entre 1994 y 1999, The Nature Conservancy recibió donaciones en dinero, derechos minerales o tierras, de varias compañías petroleras: Amoco, Texaco, Exxon, Arco, Mobil, Phillips Petroleum, Chevron, y Unocal (Pitts 4-02).

Otros contribuyentes incluyen a Weyerhaeuser, Georgia Pacific, Kellogs, Microsoft, Ford, Proctor&Gamble, Caterpillar, Dow Chemical, Chase Manhattan, Chrysler, Merck, Pepsi, Boeing, Bristol-Myers, Kodak, Merill Lynch, Bank of America, Monsanto, DuPont, American Express, Citicorp, Delta Airlines y Enrón (Pitts 4-02)

La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) es una organización ambientalista boliviana, de carácter no-gubernamental, registrada bajo el número RS 207020 el 17 de Enero de 1990. El registro nacional de ONGs la señala con el número 247, con vigencia hasta el 22 de Febrero del 2001. Su sede principal se encuentra en Santa Cruz de Bolivia. Desde el inicio de sus actividades ha mantenido una estrecha vinculación con The Nature Conservancy.

Mitigación de emisiones de carbono

Según sus patrocinantes, el proyecto de acción climática Noel Kempf tiene como objetivo fundamental la mitigación de emisiones de carbono, a través de la protección de bosqMin-Energía cedió a CVG derecho de explotar mina de Las Cristinasues naturales amenazados tanto por empresas madereras como por la agricultura de subsistencia.

El Proyecto de Acción Climática Noel Kempf fue formalmente aprobado tanto por el gobierno de Bolivia como por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el proyecto forestal de mitigación de emisiones mas grande que se haya establecido hasta la fecha.

Las emisiones mitigadas corresponden en un 49% para las empresas involucradas (American Electric Power, PacifiCorp y British Petroleum), 49% para la República de Bolivia, y 2% como bono adicional para American Electric Power, principal inversionista en el proyecto.

El gobierno de Bolivia debe invertir en el manejo del parque los ingresos de posibles negociaciones de las emisiones mitigadas que le corresponden, o en otras actividades de conservación de la biodiversidad en el país.

Las tres empresas norteamericanas involucradas adquieren así derechos de emisiones por hasta 14 millones de toneladas de carbono en un período de 10 años. En contraposición, se acuerda un aporte de 9.6 millones de dólares, en parte para constituir un fondo de reserva, y parte a ser aportada en cuotas anuales, relacionadas con la cantidad de carbono que se contabilice como mitigada.

Este acuerdo fue anunciado de la siguiente manera por la Organización Internacional de la Madera Tropical (ITTO) en 1998:

“Un acuerdo entre el gobierno de Bolivia, una ONG ambientalista, y tres compañías de electricidad de EUA, contempla la compra de 850,000 hectáreas de bosque, a un costo de US$ 9.5 millones, para ser protegido de la explotación maderera y manejado como reserva de carbono”

Fuente: Tropical Forest Update ITTO 4/98 (sic)

A solicitud de los organismos norteamericanos involucrados, el proyecto fue formalmente aceptado por el gobierno de los Estados Unidos en Noviembre de 1996, como parte de su Iniciativa sobre Implementación Conjunta (US Initiative on Joint Implementation).

La Iniciativa sobre Implementación Conjunta es un plan piloto que forma parte del Plan de Acción sobre Cambios Climáticos del gobierno de los Estados Unidos, con el objeto de reducir o mitigar emisiones de gases del efecto invernadero que puedan contabilizarse a favor de ese país en negociaciones internacionales.

Se concreta así una transferencia formal de derechos de emisión de la República de Bolivia a las empresas involucradas en el proyecto, relacionados con la zona de ampliación del parque nacional Noel Kempf (634,300 hectáreas), en el contexto del Convenio Marco sobre Cambios Climáticos y las negociaciones del Foro Internacional de Bosques de Naciones Unidas.

Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos (US-DOE), en 1997 se contabilizaron 1 millón de toneladas métricas de carbono como derechos de emisión a las empresas involucradas en el Proyecto de Acción Climática Noel Kempf. Las empresas adquirieron así créditos a menos de un dólar la tonelada de carbono, equivalente a 27 centavos de dólar por Certificado de Reducción de Emisiones, las unidades en que se negocian los créditos de carbono en el contexto del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. Un CRE es equivalente a una tonelada de CO2.

El manejo del parque

En principio, el acuerdo tiene un alcance de 30 años. Sin embargo, el interés fundamental converge en las emisiones mitigadas en los primeros 10 años, estimadas entre 10 y 14 millones de toneladas de carbono. El convenio incluye el fomento de micro-empresas sostenibles, y el establecimiento de un fondo para el funcionamiento a largo plazo del proyecto.

Como garantía de los derechos de emisión, el organismo ambientalista local (FAN) negoció un acuerdo de 10 años con el gobierno de Bolivia para el manejo del parque.

El manejo del parque se rige por los lineamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), según la Ley 1331 de 1991, de común acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA).

El acuerdo implica la transferencia de derechos y obligaciones del estado Boliviano a la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), incluyendo fondos provenientes del Banco internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), según el acuerdo GETF 28620-BO. FAN es así responsable de la vigilancia y manejo del parque, y de la administración de los fondos correspondientes.

Unas 45 personas forman parte del personal de administración y manejo del parque, de los que 30 corresponden a los guarda-parques.

El plan de manejo fue desarrollado en colaboración entre FAN y The Nature Conservancy. Para su elaboración fue necesario que el Gobierno de Bolivia aportara US105.900, a través del Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA).

A solicitud del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), la administración del parque cuenta con tres comités:

Un Comité Administrativo, que incluye al director, un representante de SERNAP, un representante de cada una de las 5 comunidades vecinas, un representante del Municipio de San Ignacio, un representante de la prefectura del departamento de Santa Cruz, y un miembro de al Fundación Amigos de la Naturaleza.

Un Comité de Asesoría Científica, integrado por representantes de SERNAP, FAN, Dirección de Turismo del Departamento de Santa Cruz, Prefectura de Santa Cruz, municipalidad de San Ignacio y de las organizaciones territoriales de base de las cinco comunidades vecinas.

Un Consejo de Eco-Turismo, integrado por representantes de SERNAP, FAN, la Dirección de Turismo del Departamento de Santa Cruz, la Prefectura de Santa Cruz, la Municipalidad de San Ignacio y de las organizaciones territoriales de base de las cinco comunidades vecinas.

Financiamiento
La principal fuente de financiamiento es el aporte de US$ 9.6 millones en los primeros 10 años, al que se refiere el Proyecto de Acción Climática Noel Kempf. Este aporte incluye la creación de un fondo de reserva de US$ 1.5 millones, establecido y manejado por The Nature Conservancy. Los intereses contribuyen a financiar las actividades de manejo y protección del parque.

FAN recibió una contribución de US$ 800,000 de la Oficina de Cooperación Técnica Suiza para el programa de eco-turismo. Se aspira que este programa genere fondos para contribuir con las actividades de manejo y protección del parque.

Se ha constituido además una compañía privada, Canopy Botanicals, para la prospección biológica y la comercialización de productos derivados prioritariamente de la biodiversidad de la zona. La intención es generar recursos económicos en el futuro.

Entre 1991 y 1998, se recibió un aporte de US$ 913,140 para el manejo del parque, provenientes del programa Parques en Peligro, iniciativa conjunta de US-AID y The Nature Conservancy.

La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) sirvió como contraparte local para concretar un controversial acuerdo de Canje de Deuda por Conservación, por medio del cual The Nature Conservancy se benefició con la donación de una porción de la deuda del estado boliviano con el banco JP Morgan de los Estados Unidos. El estado boliviano le canceló a The Nature Conservancy 24 centavos por cada dólar de la deuda donada por JP Morgan a dicha organización. Parte de estos fondos han sido utilizados para el manejo de los parques nacionales Noel Kempf y Amboró, y para la adquisición de bienes inmuebles a nombre de FAN.

El presupuesto operativo para el manejo del parque en el año 2000 fue de US$ 700,000, incluyendo la contribución del gobierno de Bolivia para los costos operativos básicos (US$ 100,000), los beneficios del fondo de inversión de US$ 1.5 millones, los ingresos por acceso al parque y el programa de eco-turismo.

El apoyo del Proyecto de Acción Climática al manejo del parque vence formalmente a corto plazo, por lo que el gobierno de Bolivia ya se encuentra activamente buscando recursos para aumentar el fondo de inversión y garantizar el funcionamiento del parque a largo plazo.

El valor actual del carbono

Desde 1996 se han registrado unas 60 transacciones de derechos de emisión, relacionadas con el comercio de aproximadamente 55 millones de toneladas equivalentes de carbono.

A raíz de los acuerdos de Bonn a mediados del 2001, las negociaciones de derechos de emisiones tienden a aumentar rápidamente, aún en los Estados Unidos, donde ya se ha anunciado la creación de la Bolsa Climática de Chicago (Climate Exchange of Chicago) Natsource, the World Bank.

Se han establecido programas para la negociación de derechos de emisión en Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Australia, Canadá y Estados Unidos. El gobierno de Inglaterra nombró a un antiguo director ejecutivo de Shell International para promocionar el comercio de emisiones de carbono en la industria. Mientras que la Unión Europea desarrolla una novedosa política sobre el comercio de derechos de emisiones de gases del efecto invernadero, como consecuencia de la Séptima Conferencia de las Partes del Protocolo de Kyoto.

El Banco Mundial estima que el comercio de derechos de emisiones alcance un mínimo de US$ 20.000 millones anuales para el año 2010, mientras que el Deutsche Bank estima que llegará a US$ 60.000 millones por año entre el 2008 y el 2012.

El comercio de derechos de emisiones se encuentra entre los aspectos mas controversiales del Protocolo de Kyoto. Puede servir como escape a muchas industrias para evitar la reducción de emisiones domésticas. Esta fuga potencial ha conducido al establecimiento de un máximo a los derechos que se pueden comerciar. El debate se centra en el artículo 17 del Protocolo, en el que se hace referencia al comercio como complementario a las acciones domésticas.

El comercio de emisiones genera un precio de mercado que refleja el costo de reducir emisiones. Los participantes pueden decidir si es más barato efectivamente reducir las emisiones domésticas, o si es más conveniente comprar créditos de carbono en otra parte.

Un estudio realizado por el Massachussets Institute of Technology (MIT) para el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre el costo de reducir o mitigar las emisiones de carbono de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, en el contexto del Protocolo de Kyoto. MIT concluye en que, para los países con los que Venezuela podría negociar a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio, el costo mínimo de mitigación sería de US$ 24 por tonelada de carbono[2].

La Agencia Internacional de Energía (IEA) llega a conclusiones similares a las de MIT en 1999, después de analizar las diferentes opciones al alcance de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, para mitigar emisiones de carbono a través de:

Actividades domésticas

Proyectos de Implementación Conjunta, entre países industrializados
Actividades en países en desarrollo, a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio es un instrumento que permite contabilizar emisiones mitigadas en países en desarrollo, a través de actividades concertadas con países industrializados comprometidos por el protocolo de Kyoto. En este contexto, el valor del carbono corresponde al costo de oportunidad para el país industrializado involucrado en la negociación.

El análisis de la Agencia Internacional de Energía (IEA) utiliza 8 modelos diferentes. En promedio, el costo marginal de mitigar emisiones a través de actividades domésticas sería de US$ 164 por tonelada de carbono para los Estados Unidos, US$ 260 por tonelada de carbono para Europa y US$ 277 por tonelada de carbono para Japón[3].

El comercio con otros países del Anexo 1 del Protocolo de Kyoto (países industrializados), a través de Proyectos de Implementación Conjunta, reduciría el costo marginal promedio a US$ 80 por tonelada de carbono.

Mientras que el comercio con países en desarrollo, a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio, reduciría el costo marginal promedio a US$ 28 por tonelada de carbono (PNUD Marzo 2001).

Entre las negociaciones mas recientes de créditos de carbono se encuentran las del estado de New South Wales, Australia, con el establecimiento de un fondo de 200 millones de dólares australianos, para el establecimiento de plantaciones de árboles nativos para la captura de carbono atmosférico. Por cada 20 millones de dólares australianos invertidos en este programa, los inversionistas pueden reclamar créditos sobre 50,000 toneladas de carbono anuales, durante 10 años, a razón de Au$ 40 por tonelada de carbono (aprox. US$ 20 ton C al cambio actual)

New South Wales también ha establecido un acuerdo con la Tokyo Electric Power Company, para mitigar cerca de 4 millones de toneladas de carbono en los próximos 20 años, a través de la plantación de árboles en 40,000 hectáreas, con un valor de Au$ 130 millones, equivalente a US$ 16 por tonelada de carbono.

Mas recientemente, el gobierno de New South Wales ha anunciado un impuesto de Au$ 15 por tonelada de CO2 (US$ 27 por tonelada de carbono) a las empresas de electricidad que excedan los límites asignados de emisiones. El consumo de electricidad representa aproximadamente el 35% de las emisiones de gases del efecto invernadero de Australia.

El gobierno de Nueva Zelandia ha propuesto un impuesto a las emisiones de carbono de NZ$ 25 (US$ 11) por tonelada de CO2, equivalente a US$ 40 por tonelada de carbono.

Una propuesta legislativa de la Comisión Europea plantea la ratificación del Protocolo de Kyoto por parte de los 15 países miembros de la Unión Europea para el 14 de Junio del 2002, estableciendo compromisos jurídicamente vinculantes sobre la reducción de emisiones netas de los principales gases del efecto invernadero. El promedio de estas emisiones para el quinquenio 2008-2012 deberán ser al menos 8% inferiores a las emisiones conjuntas de los países miembros de la Unión Europea en 1990.

La aprobación de la propuesta legislativa de la Comisión Europea permitiría la entrada en efecto de este acuerdo 90 días mas tarde, a tiempo para la próxima cumbre mundial sobre ambiente y desarrollo, programada para Septiembre del 2002 en Johannesburgo, Sur Africa, a 10 años de la Cumbre de la Tierra (UNCED 92), celebrada en Río de Janeiro en 1992.

El compromiso asumido por los 15 países miembros de la Unión Europea para reducir emisiones se repartirá entre las empresas y otras fuentes de estos gases, de acuerdo con una estructura aun bajo negociación.

Las emisiones en exceso a los límites establecidos en cada caso serán penalizadas con una multa de 50 euros (US$ 45) por tonelada equivalente de carbono durante el período 2005-2008, y de 100 euros (US$ 90) por tonelada equivalente de carbono durante el período 2008-2012 (tasa de cambio Octubre 2001).

Los ejemplos de negociaciones de carbono por valores marginales se han presentado casi exclusivamente en países en desarrollo. Uno de los mas notorios es el Proyecto de Acción Climática que compromete el carbono depositado en el parque nacional Noel Kempf Mercado, en Bolivia. En este caso, el carbono se negoció a menos de un dólar la tonelada métrica, aunque se encuentra asociado a uno de los ecosistemas naturales mas valiosos de América Latina.

Los créditos de carbono pueden negociarse y ser revendidos por sus nuevos propietarios.

El precio en el que eventualmente se estabilice el comercio de bonos de carbono depende parcialmente de los esquemas de comercialización que se definan en las próximas rondas de negociaciones del Protocolo de Kyoto. Depende también del equilibrio entre la oferta y la demanda. La reducción en la demanda causada por el retiro de los Estados Unidos del Protocolo de Kyoto puede ser balanceada por restricciones en la oferta por parte de los países afectados, o por una efectiva administración de los créditos por el “aire caliente” de los países de Europa Occidental, particularmente Rusia.

El costo de reducir, o mitigar, emisiones de carbono tiende a aumentar significativamente debido, entre otros aspectos, a las limitaciones adicionales correspondientes a los siguientes períodos de implementación del Protocolo de Kyoto, y a la inevitable participación de los países en desarrollo como miembros activos en el esfuerzo internacional por limitar la concentración de CO2 y otros gases del efecto invernadero en la atmósfera.

El comercio de derechos de emisiones, o de créditos de carbono, es un mundo tumultuoso, donde hay tantos sistemas de comercialización como comerciantes, intermediarios y especuladores.

Es evidente la necesidad de concertar posiciones entre los países Latinoamericanos, así como entre los Latinoamericanos y otros países del mundo en desarrollo, por un reconocimiento justo al valor del carbono mitigado a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. Organizaciones de cooperación regional, tales como el Tratado de Cooperación Amazónica, la Comunidad Andina de Naciones, MERCOSUR y otros, deben contribuir a moldear políticas comunes en negociaciones internacionales sobre cambios climáticos.-EcoPortal.net

[1] El Proyecto de Acción Climática Noel Kempf en Bolivia, y el Proyecto Piloto para el Secuestro de Carbono en el Río Bravo, en Belice, son los únicos proyectos en América Latina que aparecían registrados para 1998 en la “Iniciativa Norteamericana para la Implementación Conjunta”. Los patrocinantes del proyecto Río Bravo, iniciado en 1995, son The Nature Conservancy, PacifiCorp, Wisconsin Electric Power, Detroit/Edison, Cinergy Corporation, y una organización ambientalista local. A cambio de una modesta porción de la deuda externa de Belice, se logra la adquisición de uno de los focos mas ricos y notorios de la biodiversidad Centro Americana, mas 800.000 toneladas métricas de CO2 formalmente registradas sólo en 1997 en el USIJI.

[2] MIT: Análisis of Post-Kyoto CO2 Emissions Trading Using Marginal Abatement Curves. Ellerman y Decaux, 1998. MIT: The Efffects on Developing Countries of the Kyoto Protocol and CO2 Emissions Trading. Ellerman y Decaux, 1998.

[3] IEA: The Kyoto Mechanisms – Resource Transfers, Project Costs and Investment Incentives. Reportto the 5th Conference of the Parties. Bonn, Oct-Nov 1999.

* Julio Cesar Centeno es un especialista forestal venezolano. Fue uno de los principales negociadores del Acuerdo Internacional de la Madera Tropical, sirviendo como vocero de los países tropicales. Ha servido como asesor de la Secretaría de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo [UNCED 92]. Director del instituto Forestal latino Americano (1981-1991). Profesor del Centro de Estudios Forestales de Postgrado de la Universidad de los Andes, Venezuela. Delegado oficial de Venezuela en negociaciones internacionales sobre bosques. Investido por el Príncipe Bernhard de Holanda con la Orden del Arca Dorada por su trabajo en el sector forestal. Miembro del primer Consejo Directivo del Forest Stewardship Council (FSC). Miembro del Consejo Directivo de SGS-Forestry in Oxford, Reino Unido. Vicepresidente de la Fundación TROPENBOS en Holanda (1994-2000). Profesor visitante del Departamento de Política y Economía Forestal de la Universidad de Viena, Austria (1999).
Jcenteno@telcel.net.ve

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