Contaminación

Conflictos ambientales de nuevo tipo

La marcha del 30 de abril de 2006 en el puente Libertador San Martín sobre el río Uruguay, que reunió a más de 80.000 personas contra las fábricas de Ence y Botnia en Fray Bentos es la acción de mayor envergadura realizada hasta hoy en la región por un movimiento ciudadano a raíz de un conflicto ambiental

Por Víctor L. Bacchetta

La marcha del 30 de abril de 2006 en el puente Libertador San Martín sobre el río Uruguay, que reunió a más de 80.000 personas contra las fábricas de Ence y Botnia en Fray Bentos es la acción de mayor envergadura realizada hasta hoy en la región por un movimiento ciudadano a raíz de un conflicto ambiental.

La marcha del 30 de abril de 2006 en el puente Libertador San Martín sobre el río Uruguay, que reunió a más de 80.000 personas contra las fábricas de Ence y Botnia en Fray Bentos es, más allá de las particularidades del caso, la acción de mayor envergadura realizada hasta hoy en la región por un movimiento ciudadano a raíz de un conflicto ambiental

Fue una manifestación pacífica de la población, de esas a las que asiste la familia, desde bebés hasta abuelas y abuelos, sin identificación partidaria, gubernamental o religiosa, sólo con las consignas "por la vida y en contra de las plantas de celulosa". Al llamado de la ciudadanía de Gualeguaychú, concurrieron de todas las poblaciones cercanas y también de otras provincias y países vecinos, de Chile y Brasil, además de Uruguay.

Nueva ola de inversiones


Este no es un fenómeno aislado. América Latina viene registrando un número creciente de conflictos ambientales en donde los grupos o comunidades locales afectados han decidido pasar a la acción. Por lo general esto ocurre cuando la situación ya es crítica (contaminación, depredación ambiental, degradación social, etcétera) y pone en evidencia que las instancias políticas e institucionales establecidas no se hacen cargo del problema.

A los problemas tradicionales o históricos se agregan otros como resultado de una nueva ola de grandes inversiones interesadas en explotar las riquezas naturales de la región. El "boom" de la minería, el petróleo y el gas, la expansión de la agroindustria, las plantaciones de pinos y eucaliptos, y la instalación consiguiente de la industria de la celulosa, son todos proyectos en gran escala con fuertes impactos ambientales y sociales.

Estos emprendimientos están enfrentando una creciente resistencia de las poblaciones con la peculiaridad de que se desarrolla en un espacio territorial y mediante movimientos comunitarios, asambleas ciudadanas o juntas de vecinos de una zona o localidad. El único antecedente cercano pueden ser los pueblos indígenas que, al conservar su identidad étnica y cultural asociada a la tierra, han actuado siempre en forma colectiva y territorial.

La emergencia de este nuevo actor social, o antiguo pero con una nueva actitud, cuestiona las instituciones políticas y a los actores tradicionales de la sociedad, que no lo incluyen ni están preparados para tratarlo. Los casos de Tambogrande en Perú, Esquel en Argentina, Valdivia y los pueblos mapuche en Chile o los Sin Tierra en Brasil, muestran las diferentes formas de decisión y acción adoptadas por estos actores para hacerse reconocer.

Inoperancia gubernamental

El caso de las plantas de celulosa en la costa del río Uruguay es otro ejemplo de lo anterior. Mucho antes de ser convertido en un serio conflicto binacional, organizaciones ambientales, sociales y políticas uruguayas se pronunciaron en contra de los proyectos, reclamaron un debate nacional e incluso siguieron paso a paso el proceso de evaluación
formal. A pesar del cambio de gobierno, el diálogo y el debate se cerraron cada vez más.

El movimiento ciudadano de Entre Ríos comenzó a inquietarse en 2003, al anunciarse el primer proyecto de Ence, y exigió desde entonces una participación en las decisiones. Los gobiernos provincial y nacional seguían desde lejos el problema y reaccionaron recién a partir de la marcha protagonizada por 40.000 uruguayos y argentinos en el "Abrazo al puente" del 30 de abril de 2005 (ver entrevista a Moussoud).

Se instaló una comisión técnica binacional, pero los gobiernos no llegaron a un acuerdo. Ante la falta de definiciones, los asambleístas entrerrianos comenzaron los cortes de ruta. En forma paralela, asesores del Banco Mundial, en particular la Ombudsman, confirmaron carencias ya señaladas en los proyectos. Los gobiernos no lograron poner en marcha un mecanismo de evaluación conjunta y fracasó por último una tentativa de diálogo presidencial.

En este marco de inoperancia gubernamental, sea por incapacidad o por falta de voluntad política de ambos lados, la movilización social argentina creció y se endureció. En el lado uruguayo, la exacerbación del conflicto binacional, en buena medida alentada desde arriba, logró aplacar y desviar la discusión interna. Pero no la puede eliminar y, en definitiva, sólo está postergando un problema que puede estallar después y con más fuerza.

Un accidentado camino por delante

La multitudinaria marcha sobre el puente Libertador San Martín del domingo pasado y el levantamiento un día después del corte de la ruta 136 marcan la culminación de una etapa de la lucha de los entrerrianos contra las plantas de celulosa, en la que pueden anotarse varios puntos a su favor. Pero se inicia otra tan incierta y compleja como la anterior, en que deberán desafiar al máximo su creatividad.


Ahora los dos gobiernos enfilan todas sus baterías hacia el Tribunal de La Haya. No es ajeno a ello que, en medio de la gira actual, Tabaré Vázquez pasó a hablar con insistencia de la "unanimidad" (sic) de los uruguayos en este tema, y que en la misma dirección se moviera Néstor Kirchner, convocando un acto en Gualeguaychú con la asistencia del gabinete, los gobernadores de las provincias en pleno y decenas de intendentes.

Más allá de sus razones jurídicas, cada gobierno intentará demostrar que hay dos pueblos enfrentados y no dos gobiernos con oposición interna. Para Argentina esto requeriría poner "la casa en orden", o sea definir y comenzar a implementar una política ambiental coherente para todo el país. No menos difícil resulta para Uruguay, si el gobierno pretende consolidar esa "unanimidad" al mismo tiempo que fomenta la forestación y la celulosa en el país.

En definitiva, uno y otro gobierno enfrentan conflictos socioambientales potenciales que pueden ser nuevas Gualeguaychú de un momento para otro. Lo saben y les cuesta mucho, en medio de sus contradicciones, sobrellevar y gestionar lo que está sucediendo. Para las poblaciones el camino también se presenta bastante accidentado: sin espacio para cuentos de hadas ni líderes salvadores, tendrán que sujetarse de las riendas propias.

Con Osvaldo Moussoud

Ahora es contra el primer mundo

Los asambleístas entrerrianos preparan una ofensiva contra los países del Primer Mundo, explicó a Brecha en plena marcha Osvaldo Moussoud, coordinador de la Asamblea Ciudadana Ambiental y concejal municipal de la ciudad de Gualeguaychú.
– Desde la manifestación de un año atrás, ¿qué balance hacen de este proceso?
– La manifestación del año pasado fue el lanzamiento de nuestro movimiento para que se conociera, porque nosotros venimos trabajando desde 2003. Al día de hoy, hemos tenido muchísimas victorias, nacional e internacionalmente.
– ¿Cuáles serían esas victorias?
– Fundamentalmente, no nos escuchaban en la Argentina.
Nuestra Cancillería nunca estuvo convencida hasta el 30 de abril de 2005 en que recién nos empezó a tomar en cuenta.
Hoy esa realidad ha cambiado y una prueba de esto es la venida del presidente Kirchner aquí con todos los gobernadores. Ahora hay un apoyo importante, pero recién después del 30 de abril cambió todo. Otro hecho que contribuyó mucho fueron los cortes de ruta. Nosotros no lo queríamos, pero también fue fruto de una inacción del gobierno argentino y de que el gobierno uruguayo nunca nos escuchó. Los cortes inciden mucho en la prensa y en el reconocimiento de la asamblea. La presentación ante La Haya viene siendo reclamada por nosotros desde hace tres años.

Si se hubiera realizado en su momento seguramente hoy no estaríamos en esta desgraciada situación con el pueblo uruguayo. Ninguno de los gobiernos –en Uruguay, tanto el anterior como el actual– supo tomar esto como debía. Y hemos llegado a este punto, en que nos va a costar mucho a argentinos y uruguayos recuperar nuestra amistad, por una inacción, una tozudez de ambos gobiernos.
– …y ¿en el plano internacional?
– Bueno, la venida de la Ombudsman y otros funcionarios del Banco Mundial, la repercusión que han tenido estos hechos en los financiamientos y en las empresas. La repercusión que tienen también ahora en Finlandia, a raíz de que la Ministra de Comercio Exterior de este país decidió no venir a la Argentina.
– ¿Cómo interpretaron ustedes esta decisión?
– En toda esta lucha, no vemos al Uruguay como nuestro rival. Para nosotros esto es una cuestión de los países del Primer Mundo que vienen a dejar la basura en el Tercero. Se da igual en la Argentina, en Chile y así son los desastres.
Entonces tenemos que hacerle ver a esos países que son ellos los que han venido a entrometer para llevarse nuestros recursos. Por eso le haremos "escraches" a los finlandeses cuando vengan, a los españoles cuando vengan y a todos los que tengan que ver con estos gobiernos.

– Es bastante incierta la conclusión de este proceso. El trámite de La Haya es dificultoso, prolongado… ¿Qué perspectivas ven para el futuro?

– Debe quedar bien claro que se va a La Haya porque es el tribunal natural definido por el Tratado del Río Uruguay.
Sabemos que es un camino largo, pero es el único que tenemos. Otro camino no sería el de la razón, ni de la justicia, por los cuales queremos defender estas cuestiones. Que vayamos a ganar o perder es otra historia.

Uno no va a un tribunal porque vaya a ganar o perder, va porque piensa que tiene razón y cree que es justo su planteo.
– En términos de acciones futuras, ¿han definido algunos lineamientos?
– Lo próximo que viene es accionar sobre los gobiernos que están apoyando económica y políticamente a estas empresas, para hacerles ver que no estamos dispuestos a pagar con nuestros recursos sus suntuosidades. Lo otro que tenemos
muy claro es que no estamos en contra del desarrollo del Uruguay, bajo ningún punto de vista. Si Uruguay quiere tener estas plantas, que las ponga dentro de su territorio, no en un río limítrofe.
– Desde el punto de vista ambiental, ¿sería bueno que dentro de Uruguay, con el derecho que tiene, o de Argentina, con igual derecho, haya plantas de este tipo?
– Nosotros no somos un movimiento ecologista. Somos un movimiento ciudadano reunido para que no se pongan esas plantas en ese lugar. Sería muy hipócrita si dijéramos "no las queremos acá, pónganlas allá". Pero si Uruguay piensa, como se ha dicho, que no queremos que se desarrolle, ese no es nuestro propósito, de ninguna manera. www.EcoPortal.net

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