Contaminación

Se ha Evidenciado que COMSUR tiene Prácticas Ambientales Deficientes

La Empresa Minera COMSUR de propiedad del ex - presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, está cometiendo una serie de faltas a la ley de Medio Ambiente y violando también las directrices del Banco Mundial en gestión ambiental y derechos de los pueblos indígenas.

Por Ceades

La Empresa Minera COMSUR de propiedad del ex – presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, está cometiendo una serie de faltas a la ley de Medio Ambiente y violando también las directrices del Banco Mundial en gestión ambiental y derechos de los pueblos indígenas.

La Empresa Minera COMSUR de propiedad del ex – presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y en la que el IFC (Corporación Financiera Internacional, organismo del Banco Mundial que coopera y/o se asocia a empresas privadas en los países en desarrollo) es socio en un 11% de sus acciones, está cometiendo una serie de faltas a la ley de Medio Ambiente y violando también las directrices del Banco Mundial en gestión ambiental y derechos de los pueblos indígenas.


A raíz de una queja formal presentada por la Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz CPESC y la Organización Indígena Chiquitana OICH, la oficina de Vigilancia y Asesoramiento de la IFC la CAO (Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia), hizo una primera visita en Agosto del año pasado. El informe que presentó la comisión que estuvo en el país, tiene entre sus recomendaciones hacer una Auditoria a la Gestión Ambiental y Social de COMSUR.

Si bien el nivel de la investigación que se realizó del 15 al 25 de marzo no fue de auditoria sino más bien de evaluación de las capacidades de la empresa en el monitoreo socio ambiental, la visita de la comisión permitió confirmar y evidenciar muchas de las irregularidades que COMSUR viene cometiendo desde hace muchos años atrás.

La CPESC y la OICH junto a sus organizaciones locales: Central de Comunidades Indígenas Chiquitos TURUBO CCICH – T y la Central Indígena Paiconeca San Javier, fueron las que hicieron el seguimiento respectivo a la visita que hizo la CAO a la Mina Don Mario y a Puquio Norte.

La CAO junto a dos Consultores Independientes, días antes, recorrió las minas de la COMSUR en todo el país y evaluó las capacidades de la empresa en tres aspectos: Relacionamiento Comunitario, Monitoreo Ambiental y Seguridad Industrial.

COMSUR se aplazó en el Relacionamiento Comunitario
A pesar de ser socios con el Banco Mundial hace ya varios años atrás, la empresa minera COMSUR no sabe aún de relacionamiento comunitario, evidenciándose así que no sólo ha violado las directrices del Banco Mundial sino que también, en el caso de la Mina Don Mario, ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Declaratoria de Impacto Ambiental de julio de 2002, que le piden evacuen un informe trimestral del relacionamiento comunitario.

"Si la empresa COMSUR tiene los informes trimestrales presentados al Ministerio de Medio Ambiente, esos informes son falsos pues COMSUR recién se ha acercado a las comunidades después de que la CAO ha venido a inspeccionarla en Agosto del año pasado" afirmaron coincidentemente los comunarios de las 5 comunidades afectadas en la Provincia Chiquitos.

En el caso de Puquio Norte, la situación es mucho peor pues no sólo no han tenido un relacionamiento comunitario durante los 15 años de explotación sino también que se han violado los derechos de la comunidad indígena El Cerrito, toda vez que no fueron consultados oportunamente y tampoco fueron beneficiados por el aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en su territorio, como lo establece el Convenio 169 de la OIT (Ley 1257).

Caso COMSUR desnuda falencia en la Ley de Medio Ambiente
Con un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental deficiente, con métodos poco adecuados para el monitoreo del dique de colas (utilizan cohetes para ahuyentar a las aves sin considerar el impacto del ruido en la fauna silvestre de la zona), así es que ha sido aprobada la Licencia Ambiental de la Mina Don Mario. No se debe olvidar que está mina está en el corazón del Bosque Seco Chiquitano, y en las cabeceras del Pantanal boliviano declarado como Sitio RAMSAR en Agosto del 2001. Don Mario, está en un ecosistema frágil y sensible, sin embargo el EEIA aprobado por el Estado Boliviano, no considera esos aspectos, a pesar de que es de conocimiento público la potencial amenaza al medio ambiente que implica la actividad minera a cielo abierto, demostrándose así que nuestra Ley Ambiental tiene aún muchas deficiencias, las mismas que son aprovechadas por las transnacionales en desmedro de nuestra biodiversidad.

A pesar de que el Banco Mundial es exigente en el tema ambiental y dice estar comprometido con la conservación de la biodiversidad, lo cierto es que en Puquio Norte y en Don Mario parece que la propia IFC ha olvidado sus directrices y ha sido testigo mudo de un sin fin de "malas prácticas" por parte de COMSUR que están afectando de manera irreversible al medio ambiente.

Para COMSUR los derechos indígenas no cuentan
De manera sutil la empresa COMSUR en la Mina Don Mario ha pretendido desestimar los derechos especiales con los que cuentan los pueblos indígenas establecidos en el convenio 169 de la OIT y por eso, de forma sistemática ha violado sus derechos.
Lo llamativo es que COMSUR no está sola, tiene como uno de sus socios a la IFC (Corporación Financiera internacional, instancia que es parte del Banco Mundial) la misma que tiene políticas establecidas respecto a los Pueblos Indígenas pero que al parecer han sido olvidadas en Bolivia, pues se ha violado el derecho a la consulta y se pretende negar el derecho al beneficio establecido en el Convenio 169 de la OIT (Ley 1257).

Se evidenció malas prácticas
La visita de la CAO a Bolivia junto a un equipo de consultores para evaluar la capacidad ambiental de COMSUR ha dejado mucho que desear pues no satisface las expectativas de los pueblos indígenas.


A pesar de ello, ha sido oportunidad para confirmar las malas prácticas que tiene la empresa COMSUR y que no han sido oportunamente corregidas por la IFC convirtiéndola en cómplice de faltas ambientales y sociales que ameritan no sólo una evaluación sino una AUDITORIA para establecer responsabilidades y sancionar a los culpables.

Se ha evidenciado por ejemplo, que las comunidades que colindan con la Mina Don Mario, son comunidades indígenas, que están siendo seriamente afectadas en su dinámica cultural por la explotación minera que pone en riesgo su hábitat y además impone restricciones en el uso de los recursos naturales con los que cuenta su territorio bajo el pretexto de velar la integridad de la concesión minera.

También está claro que la COMSUR no cumplió las directrices del Banco Mundial y tampoco está cumpliendo con el propio estado boliviano respecto al relacionamiento comunitario y que, desde agosto de 2003 lo único que ha tenido es un acercamiento desesperado a las comunidades de la chiquitania pretendiendo desconocer las formas organizativas propias, de facto la empresa ha desconocido a la Central TURUBO y ha propuesto tener un relacionamiento sólo entre la mina y las comunidades.

Para muestra un botón dice el dicho, y qué mejor muestra que Puquio Norte, donde hoy encontramos una comunidad que ha perdido más de 50 hectáreas de su territorio, está con su hábitat deteriorado a extremo que los sures y nortes además de vientos fríos les traen polvareda que les provoca dolores de cabeza, malos olores que les producen nauseas; en fin, una serie de impactos sociales y ambientales.

Esa es la forma en la que procedió COMSUR en la Gran Chiquitania amparada en el Código Minero, por ello los indígenas han llegado a la conclusión que la solución de sus problemas pasa por la modificación del Código Minero, además, no están dispuestos a esperar de brazos cruzados ni permitirán que en la Mina Don Mario ocurra lo que sucedió en Puquio Norte.

¿Qué ha pasado en el resto del país?… ¿Cual ha sido el accionar de la comitiva de la CAO?… ¿Cual el relacionamiento con las comunidades?… Son interrogantes que podrán ser respondidas quizá cuando salga el informe en 3 meses. Mientras tanto, sería bueno que los pueblos quechuas y aymaras como los del chaco boliviano que han sido afectados por las actividades de COMSUR de manera directa o indirecta, puedan seguir el ejemplo de los indígenas chiquitanos que están decididos a no dejarle dar un solo paso a la empresa minera, sin la mirada vigilante de las comunidades.

Hay que cambiar el Código Minero
La explotación minera en Bolivia, se desarrolla con severos conflictos e impactos ambientales y sociales, los mismos que han empobrecido y siguen empobreciendo a las comunidades, todo esto en un marco legal contradictorio puesto que el Código Minero es incompatible a diversas leyes como la de Medio Ambiente y atentatorio a los derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Estas contradicciones fueron reconocidas por la CAO del Banco Mundial y nos plantean la urgencia de modificar el Código Minero.

Los recursos minerales que se explotan, están en territorio que pertenece ancestralmente a los pueblos originarios y por lo tanto, es un Derecho que tienen los pueblos indígenas a vigilar y exigir el cumplimiento de sus derechos establecidos en las leyes nacionales y convenios internacionales.

En ese sentido, la Comisión Nacional de Afectados por la Industria Extractiva, compuesta por originarios de las tierras altas y bajas de Bolivia (chiquitanos, guaraníes, ayoreos mojeños, tapietes, quechuas y aymaras) se reunirán en los próximos días para considerar el caso COMSUR (revisión de Código Minero) y la necesidad de que la Ley de Hidrocarburos contemple los derechos que tienen los pueblos indígenas.

Resultados preliminares de la visita de la CAO que realizó la Auditoria Ambiental a las Minas de Gonzalo Sánchez de Lozada.

CEADES

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