Derechos Humanos

Ciudad Nemagón, Historia de una Tragedia

En Ciudad Nemagón viven cientos de afectados por un poderoso pesticida del mismo nombre, que además de matar a los nemátodos del plátano mata también a las personas, y fue empleado abundantemente por empresas bananeras estadunidenses en Nicaragua y otros países, aun después de haber sido prohibido en Estados Unidos, tras probarse sus efectos cancerígenos

Por Javier Otaola Montagne

En Ciudad Nemagón viven cientos de afectados por un poderoso pesticida del mismo nombre, que además de matar a los nemátodos del plátano mata también a las personas, y fue empleado abundantemente por empresas bananeras estadunidenses en Nicaragua y otros países, aun después de haber sido prohibido en Estados Unidos, tras probarse sus efectos cancerígenos

Ciudad Nemagón, Historia de una Tragedia
La Ley de las Compañias Bananeras

En Ciudad Nemagón viven cientos de afectados por un poderoso pesticida del mismo nombre, que además de matar a los nemátodos del plátano mata también a las personas, y fue empleado abundantemente por empresas bananeras estadunidenses en Nicaragua y otros países, aun después de haber sido prohibido en Estados Unidos, tras probarse sus efectos cancerígenos. Las poderosas trasnacionales que lo fabricaron y usaron presionan para que, en el marco del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, se olviden los reclamos de más de 20 mil campesinos afectados


"Nosotras también salimos afectadas porque no nos daban mascarillas para protección y respirábamos todos los químicos. Todo eso pasó a nuestros hijos". Nimia Esperanza Regla, cuya hija nació con una malformación.

En 1984 Nicaragua llevó un caso al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en el que denunciaba las constantes agresiones que sufría por parte de Estados Unidos. Para los sandinistas, que hacía apenas cinco años habían entrado triunfantes a Managua, el triunfo de la revolución no significó el fin de la guerra, sino el comienzo de nuevos ataques financiados y dirigidos desde Washington. Para los nicaragüenses, aquellos fueron años difíciles que costaron la vida a más de 40 mil personas.

Ante las numerosas evidencias presentadas, el Tribunal Internacional condenó a Estados Unidos en 1987 por la destrucción de vida y bienes del gobierno y pueblo nicaragüenses. El fallo también ordenaba el pago de una indemnización que se calculó en 17 mil millones de dólares. Washington rechazó el dictamen y desconoció al Tribunal. Más tarde obligó a Nicaragua a retirar la demanda y vetó dos resoluciones de la ONU promovidas por el país centroamericano en las que se llamaba a los países miembros a respetar la legalidad internacional. Para los nicaragüenses afectados, la justicia nunca llegó.

Pero esos 17 mil millones resuenan una vez más en los tribunales de Nicaragua. Esta vez no involucran a dos Estados, sino a seis compañías trasnacionales y a unos 20 mil campesinos que exigen el pago de esa cantidad como indemnización por haber sido expuestos a pesticidas tóxicos. De aprobarse el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (TLCCA), uno de sus primeros efectos sería frenar las demandas de los campesinos o neutralizarlas con las nuevas leyes comerciales. Esas leyes fueron cuidadosamente revisadas por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, a la que pertenece una de las compañías acusadas, la Dow Chemical Company.

Y mientras los diputados nicaragüenses deliberan sobre el TLCCA, unas 600 personas, entre niños de pecho y ancianos, en su mayoría del departamento de Chinandega, acampan desde hace cinco meses frente al edificio de la Asamblea Nacional. El campamento ya ha sido bautizado como Ciudad Nemagón, porque ahí viven cientos de afectados por un poderoso pesticida del mismo nombre, que además de matar a los nemátodos del plátano mata también a las personas, y fue empleado abundantemente por empresas bananeras estadunidenses en Nicaragua y en otros países de Centroamérica, el Caribe y Asia, aun después de haber sido prohibido en los Estados Unidos en 1979, tras comprobarse que tenía efectos cancerígenos.

Campesinos y trasnacionales

"Aquí ya van muchos muertos ­dice Paulo Martínez. Igual que en Irak. Sólo que de los que mueren aquí nadie dice nada." Paulo tiene 77 años. Es originario de Chinandega y llegó a Managua el 2 de marzo luego de 12 días de caminata en la llamada Marcha sin retorno. Lleva cinco meses durmiendo sobre una hamaca, en una champa (choza) hecha de plásticos negros y cartón que comparte con cinco compañeros. Sentado, mientras termina su sopa, cuenta que entró a trabajar a la hacienda bananera "María Elsa" cuando tenía 49 años. En los seis años que estuvo ahí tuvo que ser trasladado cinco veces de emergencia al hospital de Chinandega por haber estado expuesto al químico. La intoxicación era tratada con un lavado de estómago y suero. Desde entonces Paulo no tiene apetito ni puede retener los alimentos y confiesa que no ha sido fácil acostumbrarse a alimentar un estómago enfermo que ya no aguanta ni un pedazo de carne.

Paulo dedicó su vida entera al campo. Su padre también fue campesino, al igual que su abuelo. Sembraban maíz, frijol, papa y yuca. Si sobraba algo lo vendían en el mercado. Fue en los sesenta cuando llegaron las compañías bananeras y las cosas se pusieron más difíciles. La creciente demanda de plátanos en el mercado internacional incentivó la producción, y propició que las haciendas de las trasnacionales se extendieran sin control, desplazando a los antiguos propietarios y desequilibrando los modos de producción y la vida de los campesinos. Las empresas cavaron pozos de agua más profundos y desviaron el cauce de los ríos. "Algunos pueblos se quedaban secos ­agrega Paulo. No había trabajo ni plata para comprar comida. Sólo quedaba vender la tierra." Las compañías ofrecieron trabajo al creciente número de campesinos desterrados y desempleados, muchos de los cuales terminaron trabajando las mismas tierras que habían pertenecido a su familia.

Breve historia de un país y un pesticida

El clima caluroso de Chinandega es excelente para cultivos como el algodón, el plátano o la caña. La capacidad productiva de este departamento ubicado al noroccidente del país fue advertida desde el siglo XIX por las compañías ferrocarrileras. En 1863, tres años después que un filibustero estadunidense de nombre William Walker fuera fusilado luego de haber pretendido crear una "República independiente", el país otorgó el primer contrato para la construcción de un ferrocarril, y en 1866 se fundó la Nicaraguan Railway Company. Desde entonces las vías de tren comenzaron a extenderse a lo largo y ancho del territorio. La primera sección en construirse comunicaba el puerto de Corinto con Chinandega, que en 1880 vio llegar por primera vez una locomotora de vapor. En seis años el ferrocarril conectó a Chinandega con las ciudades de León, Managua, Masaya y Granada, y los campesinos se integraron, más por la fuerza que por gusto, a la dinámica del mercado internacional. Eso marcaría el primer momento del auge platanero y el despunte de las plantaciones algodoneras. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XX, dos condiciones favorecieron un segundo y más importante boom de la industria bananera: la construcción de nuevas carreteras y el surgimiento de la llamada "revolución verde", con la cual los grandes laboratorios químicos y las empresas agrícolas prometían nuevos y mejores pesticidas que arrasarían con las plagas, aumentarían la producción y acabarían con el hambre.

Uno de esos productos es el Nemagón, nombre comercial del 1,2-dibromo-3-cloropropano (DCBP), que fue creado en los laboratorios de la Dow Chemical y de la Shell para combatir a los nemátodos que atacan la planta del plátano. Estos gusanos microscópicos decoloran la fruta haciéndola menos atractiva, lo que ocasiona un grave problema para el mercado internacional, tan obsesionado con las apariencias. El pesticida, utilizado masivamente a partir de los sesenta, también ayuda a la planta a crecer más rápido y a dar racimos más grandes, pero es un químico tóxico de lenta descomposición que puede permanecer en el subsuelo por cientos de años, causando daños a los seres vivos y al medio ambiente.

Un informe interno de la Dow de 1958, señaló que el DBCP causaba esterilidad y otras afecciones graves en ratas de laboratorio. Pero fue hasta 1975 cuando la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos determinó que el Nemagón tenía propiedades cancerígenas. Para entonces, cientos de millones de litros se habían regado y se regaban en plantaciones de plátano alrededor del mundo. Dos años después algunos estudios demostraron que la tercera parte de los trabajadores que fabricaban el DBCP en los laboratorios de la Occidental Chemical Corporation habían quedado estériles.

El uso del Nemagón se prohibió en los Estados Unidos en 1979, pero la historia fue otra en las llamadas Repúblicas Bananeras. La Standard Fruit, que ya había comprado suficiente Nemagón para varios años más, amenazó a la Dow con una demanda multimillonaria si no continuaba suministrándole el pesticida. Así las cosas, las bananeras consideraron que el químico estaba prohibido sólo en Estados Unidos pero no en otros países, donde se podía seguir usando con total impunidad. En Nicaragua, el Nemagón se siguió empleando hasta que las trasnacionales abandonaron el país en 1982, y hasta 1985 en algunas fincas nacionalizadas por el Estado revolucionario.

Las secuelas

El movimiento de los bananeros comenzó a principios de los noventa, cuando ocurrieron las primeras muertes relacionadas con el químico y cuando la cantidad de gente afectada se multiplicó. En aquellos días los hospitales de Chinandega comenzaron a recibir muchos casos de mujeres que perdían a sus hijos durante el embarazo o que tenían niños con malformaciones físicas. En 1997, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), realizado a 154 madres en el hospital de Chinandega, demostró que 153 de ellas presentaban altos niveles de químicos. Los rastros se encontraban principalmente en la leche materna, la sangre y el cordón umbilical. Dos años más tarde, otro estudio de la UNAN señaló que uno de cada ocho pozos de donde se extrajeron muestras de agua estaba contaminado. En las zonas rurales de Chinandega sólo 4% de los hogares cuenta con agua potable proveniente de tuberías, el resto se abastece en pozos, ríos o manantiales, donde se arrojaba la mayoría de los envases que contenían el plaguicida.

"Llegábamos a los hospitales y sólo nos decían: vengan el otro mes, y al otro mes nos decían lo mismo, que teníamos que renovar la cita hasta que hubiera lugar. Entre renovación y renovación recorrí hospitales de Chinandega, León, Matagalpa y Trinidad." Digna Emérita Jirón.
Saturnino Martínez, de 62 años, trabajó siete años en la hacienda Paraíso. Ni su esposa ni sus siete hijos tuvieron que ver directamente con las bananeras, pero todos muestran algún tipo de padecimiento. "Cuando ese veneno era regado le llegaba a toda la gente ­dice Saturnino. Ahí vivíamos y tomábamos el agua y salíamos al baño y lavábamos nuestra ropa con esa agua." Su esposa padece de los riñones. Sus hijos sufren de migraña y su último hijo nació en carne viva, a consecuencia del veneno. "Hasta los 16 meses empezó a echar pellejo. Ahí estaba la pobre madre con los pañales todos llenos de sangre. Hoy tiene 22 años, aún se le ve su piel maltratadita y todavía no ha echado pelo en la cabeza."

Los patos tirándole a las escopetas


Saturnino resume así la historia del movimiento: "Hemos marchado a Managua en cuatro ocasiones. La primera vez fue en 1999 y la última este año, pero ya desde antes la gente se estaba organizando. Al principio nadie nos hacía caso. Presentamos varias propuestas pero el gobierno las ignoró. Los partidos políticos nos dieron la espalda. Así que tuvimos que presionar con huelgas de hambre y otras acciones hasta que en enero de 2001 la Asamblea Nacional aprobó la ley 364." Dicha ley, llamada Ley Especial para la Tramitación de Juicios Promovidos por las Personas Afectadas por el Uso de Pesticidas Fabricados a Base de DBCP, es hoy en día la única esperanza que tienen los campesinos de ser indemnizados, ya que les permite contar con el apoyo económico y el respaldo legal del Estado para iniciar juicios contra las compañías trasnacionales.

Gracias a esa ley, en marzo de 2001 se interpusieron las primeras demandas en contra de la Shell Oil Company, Dow Chemical Company, Occidental Chemical Corporation, Standard Fruit Company, Dole Food Company y Chiquita Brands International . Un año más tarde un tribunal nicaragüense falló a favor de unos 600 campesinos, ordenando a las trasnacionales el pago de 490 millones de dólares, pero ninguna de las compañías reconoció el fallo y los juicios se encuentran en un punto muerto. Ese mismo podría ser el destino de la nueva resolución emitida a principios de este mes por la jueza Socorro Toruño, de Chinandega, que ordenó el pago de 97 millones de dólares a favor de 150 trabajadores luego de haberse probado los graves daños físicos y morales que sufrieron.

La cantidad de dinero en juego es enorme. Se calcula que el monto total de las indemnizaciones asciende a unos 17 mil millones de dólares. Dicha cantidad ha atraído a muchos oportunistas que buscan un pedazo del pastel, entre bufetes jurídicos y algunos líderes que dicen representar los intereses de "los legítimos afectados", mientras se acusan entre sí de aceptar entre sus filas a gente "que en su vida ha pelado un plátano". Este argumento ha servido a las trasnacionales para denunciar que se ha inflado de manera fraudulenta el número de afectados. Con ello se pretende deslegitimar su lucha y dar largas a los juicios. Algunos medios de comunicación han hecho eco de estas acusaciones y entre los nicaragüenses no falta quien desconfíe de los campesinos.

Sobre esto Saturnino Martínez señala: "Hay gente que cree que somos unos vagos, como si nos gustara llevar casi cinco meses aquí, cociéndonos por el calor, pasando hambre. Aquí se nos muere alguien casi cada semana y ya los periódicos no dicen nada." Y agrega: "Los que deberíamos de contrademandar somos nosotros. Figúrese que las empresas argumentaron que nuestros padecimientos eran enfermedad común. ¡No! Común el catarro y la tos que todo el tiempo han existido. Pero una enfermedad que te comienza a dar de 1997 para acá, no puede ser común. Porque antes había gente que moría de insuficiencia renal o de cáncer, pero eran casos de uno entre mil. Y al día de hoy ya han muerto más de dos mil compañeros bananeros y otros tantos cañeros."

Tragedia en familia

Visité tres veces a Digna Emérita Jirón y a su esposo José de Jesús Rayo. Digna trabajó durante ocho años en la hacienda Mercedes empacando el plátano. Tenía 17 años cuando comenzó a trabajar y a los 25 ya mostraba algunas de las molestias típicas, como ardor en el cuerpo y migrañas. Su hermana murió de cáncer y su hermano se regresó a Chinandega a finales de junio porque la barriga le había crecido desproporcionadamente en cosa de días.

"La verdad es que ahora ya no servimos. Con esto que nos está pasando, si nosotros llegamos a una finca a pedir trabajo ya no nos dan porque al que pasa de 50 años no les dan trabajo." Julio Francisco Meneses.

Digna recuerda que hasta hace un par de años era delgada. Para demostrarlo busca en una bolsa que guarda bajo su hamaca y saca una fotografía. "Yo era así. Ahora ya boté mi dentadura. He sido operada tres veces. Me sacaron la matriz y un tumor que tenía debajo de los ovarios. Después me sacaron los ovarios y en esa última operación se me rompió la telilla y se me resaltó la hernia del ombligo." Digna continúa su relato: "Tengo varios años con esto y uno cree que se acostumbra pero luego a uno le vienen más fuerte los dolores. A veces el medicamento lo medio levanta a uno, pero no nos dan la medicina apropiada, sólo Diclofenax o pastillas para la calentura."

Su esposo José, de 56 años, es jefe de grupo y tiene a su cargo a unas 58 personas. En los cinco meses que lleva acampando frente a la Asamblea Nacional se le han muerto dos compañeros y dos más fueron enviados de regreso a Chinandega en estado grave. José llegó a ser Teniente primero en el Ejército Popular Sandinista y como él, muchos de los afectados y casi todos los líderes fueron combatientes del Frente. Su experiencia política se refleja claramente en su capacidad organizativa, lo que les ha permitido sortear con mejor suerte las dificultades legales y económicas de los juicios, así como las divisiones internas y la apatía de la gente. Pero su pasado sandinista también ha traído costos. La antigua militancia política de los afectados vino como anillo al dedo a las autoridades, quienes durante años ignoraron sus demandas con la excusa de que éstos estaban al servicio del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Por su parte, las veces que el Frente se ha acercado a ellos ha sido para sacar provecho de su organización. Hace unos meses, el FSLN llevó un camión lleno de piñas a la Asamblea Nacional. Este gesto humanitario escondía otras intenciones que fueron expuestas sin ningún disimulo: si los campesinos apoyaban al Frente en tomas de camiones y cierres de calles, el partido se comprometía a abastecerlos con productos provenientes de alcaldías sandinistas.

Como dice José, "la gente con la que luchamos codo a codo en la revolución, es la misma contra la que peleamos hoy en día. Por eso buscamos separarnos de cualquier bandera política, porque sabemos que no estamos peleando por un puesto en la Asamblea, sino porque se nos garantice un cuidado médico y una muerte digna."

Niños, mujeres y trasnacionales

Sandra Elisa es la menor de las hijas de Digna y José. Tiene 11 años y padece hepatitis. Como ella hay cerca de 70 niños más viviendo en Ciudad Nemagón, jugando a dos metros de la avenida, entre los desperdicios que genera el propio campamento y la mirada apática de transeúntes y automovilistas. Ahí crecen, aguantando la misma hambre que sus padres, mojándose como ellos cuando llueve y sufriendo por el calor que se genera bajo los techos de plástico negro de las champas. Ahí conviven todos, los sanos y los que heredaron enfermedades de sus padres, como la hija de Nimia Regla, que nació con una malformación en la pierna izquierda. Nimia estuvo dos años empacando plátanos en la Candelaria, ahora presenta excoriaciones en la piel y tiene la espalda y el pecho cubiertos de manchas. Su esposo murió de cáncer hace varios meses. Ella es una más de las cientos de viudas que han perdido a sus parejas por causas relacionadas con el Nemagón. Una más de las madres que deben procurar costosos tratamientos médicos para cuidar la salud propia y la de sus hijos. Y una más de las miles de mujeres contratadas por las bananeras para trabajar en pésimas condiciones, a cambio de un salario mísero.

"Somos chatarra ­dice ella. A mis 53 años, con una niñita mala y con tanto padecimiento es imposible conseguir trabajo. Si usted quiere trabajar, lo primero que le piden es hacerse exámenes. Si sale con la afectación por químicos ya no lo contratan. Si uno va a otra empresa le piden su examen de salud. A cualquier persona que vaya a buscar trabajo y se enteren que tiene alta la creatinina o que tiene Nemagón en la sangre, la rechazan. Si no nos morimos por la enfermedad nos vamos a morir de hambre."

Los niños y las mujeres son un tema delicado para la opinión pública. Cuando una transnacional afecta a cualquiera de estos grupos, considerados como vulnerables, es casi seguro que la cobertura noticiosa generará una matriz de opinión adversa a la empresa. Es por esto que las compañías pagan sumas millonarias para limpiar su imagen por medio de campañas publicitarias destinadas a presentar una cara más atractiva, ecológicamente conciente, socialmente comprometida y laboralmente responsable. Y mientras se alimenta esta mentira al público, millones de dólares más se gastan en abogados que lo único que saben hacer es dilatar juicios eternamente, y en lugar de resarcir los daños hechos a las personas y al medio ambiente, las compañías utilizan su poder para dejar sin efecto la única ley que protege a los campesinos nicaragüenses.

La Dow Chemical ejerce desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos una enorme presión para la eliminación de la ley 364. Gracias a su poder la Dow introdujo una adenda a la Enmienda Cuarta del TLCCA, que permite a los inversionistas iniciar juicios de compensación en contra de los Estados contratantes si consideran que una ley del país o una sentencia emitida por jueces locales viola el principio de "trato justo y equitativo". Como señaló recientemente Gustavo Antonio López en el diario nicaragüense La Prensa, "aunque la letra del tratado no se refiere específicamente a la ley 364, una vez ratificado por la Asamblea Nacional algunas normas regulatorias de la inversión extranjera permitirán la neutralización de dicha ley."

"Los más afectados eran los que regaban porque ellos eran los que manoseaban ese producto y lo preparaban para regarlo a través de tuberías. Muchos de ellos ya perdieron el color de la piel o los tejidos. Algunos ya murieron y otros más se encuentran hospitalizados." Modesto Torres Ruiz

Ese trato "justo y equitativo" que solicitan las corporaciones trasnacionales pareciera una burla cuando los demandantes son campesinos pobres. La capacidad del Estado nicaragüense para ejercer presión en las negociaciones del TLCCA es casi nula. Qué podría ofrecer el segundo país más pobre de América Latina que no sea mano de obra barata y facilidades para la inversión. Mientras tanto, la Dole Foods ofreció este año volver a invertir en Nicaragua si el gobierno retiraba las demandas en su contra por el uso de pesticidas. Este tipo de ofertas y arreglos extrajudiciales causan rabia entre los afectados que observan cómo se intenta hacer tabla rasa con sus vidas.

En busca de la miseria humana

Una vez más los campesinos se encuentran en el ojo del huracán, insertados por la fuerza en la lógica del capitalismo y la globalización, aunque desde el extremo menos privilegiado. Su único pecado fue haber nacido pobres en tierras que eran aptas para la producción masiva de plátanos. En una sociedad como la nicaragüense, altamente polarizada, sumida en la pobreza y desilusionada por años de corrupción y oportunismo político, las cambios que se reclaman desde abajo parecieran hoy más lejos que nunca.

Son las siete de la noche en Ciudad Nemagón y el sol empieza a caer. Un muchacho con apariencia de extranjero se acerca al campamento y toma unas fotos. Nimia me llama y me dice que en Chinandega está la gente más afectada, la que no puede venir porque a duras penas camina. Algunos periodistas y curiosos quieren llevarse a su país un torcido recuerdo de la miseria humana que habita en Nicaragua y sólo se acercan para ver si es verdad que el Nemagón convirtió a los campesinos en monstruos. Pero Nimia me dice, "a esos que vienen cámara en mano y se van directo a Chinandega, yo les digo que no vayan tan lejos, que la miseria humana también la pueden encontrar en Managua, adentro de la Asamblea Nacional, o en Estados Unidos, donde los responsables de nuestra tragedia caminan tranquilos por la calle." En efecto, ahí gozan de su libertad quienes envenenaron impunemente a miles de trabajadores y contaminaron el medio ambiente. Ahí están los responsables de los abortos y de los niños que nacieron con deformidades. Ahí están los que condenaron a miles de campesinos a una muerte lenta. "Así que ¿dígame usted ­pregunta Nimia­, si en verdad es necesario ir a Chinandega para conocer la miseria humana?" www.EcoPortal.net

* Masiosare, Agosto 2005

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