Derechos Humanos

Convenio entre la UE y el Gobierno de Chiapas

Planteamientos de la Sociedad Civil Mexicana y Chiapaneca Frente al Convenio Entre la Unión Europea y el Gobierno de Chiapas. Pronunciamiento Social de Guadalajara Frente a la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe "LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ESTÁN PRIMERO"

Por Luca Martinelli

Planteamientos de la Sociedad Civil Mexicana y Chiapaneca Frente al Convenio Entre la Unión Europea y el Gobierno de Chiapas. Pronunciamiento Social de Guadalajara Frente a la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe "LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ESTÁN PRIMERO"

Toda acción de cooperación al desarrollo financiado por la UE debe definirse bajo la obligada consulta y participación plena de las poblaciones afectadas tal y como dice el Convenio 169 de la OIT y los DESC, librándolas de la creciente condicionalidad externa que subordina la cooperación al desarrollo a una agenda comercial basada en programas de ajuste estructural que históricamente han mostrado su fracaso.


Pronunciamiento Social de Guadalajara Frente a la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe "LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ESTÁN PRIMERO"

En el documento final de la Cumbre de Guadalajara, que ha reunido en la capital del estado de Jalisco los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, Caribe y la Unión Europea a finales del mes de Mayo de este año, los mandatarios de las dos regiones declaran su incondicionado y firme respecto a los derechos humanos.

Mientras tanto, miles y miles de gentes que manifestaban en las calles de la ciudad su rechazo a las políticas neoliberales, a la guerra en Irak y al imperialismo de los EEUU y de la UE en AL eran golpeados por la Policía mexicana y luego encarcelados, torturados y – cuando extranjeros -expulsados del país, sin ningún respeto de sus derechos humanos.

El tema de los derechos humanos sigue central en la Agenda de los movimientos sociales y civiles que, en los mismos días de la Cumbre oficial, han organizado una Contra-Cumbre, en donde han participado miles de representantes de cientos de organización tanto de América Latina como de los países de la Unión Europea; el tema sigue central pese a la ineficacia de las normas de Derecho Internacional cuando no se hayan establecido mecanismos de control eficientes de su aplicación; sigue central porque hay que empujar a los gobiernos porque hagan reales y efectivas las supuestas reglas de democracia que ahora también ‘colorean’ los Tratados de Libre Comercio, para que los buitres tengan cara más humana, como es el caso del Tratado entre la Unión Europea y México.

"La cumbre gubernamental se da en un contexto de graves retrocesos y amenazas para la autodeterminación de las naciones, los derechos humanos integrales y la paz, tanto en Europa como en América, y en el mundo entero. Después de dos décadas de padecer las políticas neoliberales, América Latina sigue siendo la región del mundo con el mayor nivel de desigualdad. La extrema concentración de la riqueza y de la tierra se ve agravada por el costo de la deuda externa, los recursos dedicados al militarismo, la corrupción y la impunidad. Por si esto fuera poco, América Latina y el Caribe se ven sembrados hoy de tratados de "libre comercio" […]los acuerdos bilaterales empujan tanto en Europa como en América Latina los mismos modelos que exacerban el desempleo y la precariedad laboral, transformando en mercancías la salud, la educación, los servicios públicos, la cultura y la seguridad social, entre otros, además de provocar la desaparición de la agricultura familiar a través de la Política Agrícola Común (PAC). La Constitución que la UE se prepara a aprobar rescata este enfoque. Eso sucede sin que los pueblos de la UE hayan sido consultados. Ese es el modelo de "cohesión social" que la UE pretende promover en América Latina y el Caribe".

Entorno a estos temas se ha abierto un interesante debate en Guadalajara que ha abarcado también el Proyecto recién aprobado por la Unión Europea en Chiapas, su falta de respecto a los derechos humanos y de participación de la sociedad civil y de las comunidades indígena en la decisión de los proyectos. Muchas de las organizaciones que han participado en la Contra-Cumbre, y entre ellas muchas chiapanecas, han promovido un documento presentado a la Unión Europea y al gobierno del Estado de Chiapas, en el cual piden una moratoria de dicho convenio denunciando que nunca han sido realizadas consultas en las comunidades "afectadas" por los supuestos proyectos de desarrollo, ni por parte del gobierno del Estado, ni tampoco por parte de funcionarios de la UE, contraviniendo así a las reglas establecidas por el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo; y que el proyecto – siguen en la denuncia las organizaciones que firmaron – no reconoce la situación de guerra que se vive en el Estado por lo que no favorece el acercamiento entres las partes (Gobierno Federal y Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) y mientras tanto fomenta la fragmentación y la polarización entre las diferentes comunidades indígenas y organizaciones sociales de la Selva.


Algunas de las organizaciones sociales y civiles de Chiapas y México comprometidas con el proceso de Paz Justa, Digna y Verdadera al conflicto que estalló en 1994, se han posicionado en torno a la idea de desarrollo sostenible de la Selva Lacandona compartida por la UE y el gobierno del Estado de Chiapas. Miguel Alvarez, ex-secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) y director de SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz), organización con sede en la ciudad de México y cuyo presidente es el Obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz, nos dice que su organización ni siquiera ha sido informada del diseño de dicho proyecto. Según el, el proyecto, tal y como está concebido, no puede absolutamente contribuir a la paz en Chiapas

"porque la paz requiere de procesos participativos que contribuyan a la distensión y se enfoquen a las causas del conflicto, no de medidas que operen de manera unilateral y fortalezcan solo las estrategias e intereses del gobierno y los poderosos".

Según Blanca Martínez, directora del Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,

"es muy probable que si se haya realizado una "consulta" [pero] con algunas organizaciones, sobre todo con los Lacandones que son los incondicionales del grupo en el poder [y] que les permita seguir manteniendo sus prerrogativas. Sé que la Fundación Rigoberta Menchú fue contratada para realizar una consulta sobre un proyecto Ecoturístico en la zona, para cubrir el Convenio 169 [de la Organización Internacional del Trabajo], y además [considerando] la seudo ganancia de que la organización de una premio Nóbel de la Paz avale este trabajo. Es muy probable que si se hayan cubierto ciertas formalidades. El problema para nosotros es a quiénes se consulto, cómo se consultó, con qué nivel de claridad de información los posibles consultados pudieron dar su opinión. Por lo que sabemos de miembros de organizaciones como Xinich y bases de la Aric (no estoy muy segura de sus dirigentes), algunas de las comunidades que están en riesgo de ser desalojadas, y a comunidades zapatitas, no se les consultó. Yo haría el hincapié en cuanto a la consulta, el método y el consentimiento informado. En lo que se refiere a organismos civiles que estamos o damos seguimiento a procesos en la zona, en concreto el Frayba, el Fray Pedro, la parroquia de Ocosingo, Enlace y Comunicación, Compich y todas las ONGs de SCLC nos fuimos consultados para nada".

Interrogada si el proyecto podrá – en su opinión – contribuir a lograr la paz en Chiapas, Martínez expresa sus profundas dudas debido a que "creo que si bien pudiera ser un excelente planeamiento de conservación y desarrollo de la Selva, e incluso que contemplara una participación real de las comunidades, el problema es que no toman en cuenta que vivimos en un conflicto armado interno no resuelto, y que la región de la Selva es geoestratégica también en términos militares", como han demostrado dos diferentes estudios recién publicados en Chiapas por CAPISE y por el investigador de CIEPAC, Onésimo Hidalgo.

Por su lado, Miguel Angel García de Maderas del Pueblo del Sureste denuncia la exclusión de muchas organizaciones civiles de la discusión de los objetivos y proyectos del programa, mientras que otras ONGs (las que se pueden considerar sin duda Organizaciones para Gubernamentales) se beneficiarán del programa, incluidos como consultores o capacitadores en el marco de los diferentes proyectos que se llevaran a cabo en los próximos tres años.
"Un signo [evidente de la situación que se ha creado] es la clara omisión en la consulta sobre este Programa hacia todas aquellas ONGs que mantenemos una visión crítica respecto de los programas gubernamentales y en particular, en relación a la situación en la zona en conflicto y en Montes Azules, y que, de diversas maneras, tenemos incidencia en esa región, como seríamos DESMI, CIEPAC, COMPITCH, CAPISE, el Frayba, Maderas del Pueblo, la Red de Defensores Comunitarios, SIPAZ, entre otros".
Esto se da mientras que "una parte de los fondos están reservados para el pago de consultores y capacitadores ("ONGs" y despachos), los cuales es previsible que serán manejados de forma discrecional y excluyente por la Secretaria de Desarrollo Social, para beneficiar los mismos despachos que desde hace años han venido haciendo labor contrainsurgente y llenándose los bolsillos de dinero. Aquí, estamos hablando de Mero Lek AC (de Felipe Villagrán y Pablo Muench), Conservación Internacional, Conserva AC (de Marta Gómez Orantes), el despacho de Diana Orive (hermana de Adolfo Orive), el despacho de Valentina Estrada (ex afiliado de la Unión de Uniones, incondicional de Adolfo); Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (de Julia Carabinas) y el propio IDESMAC (cuyo titular Arturo Areola, al parecer, ya tiene un puesto en la estructura del Programa)".

En palabras del recién fallecido periodista y ex-gobernador "en Rebeldía" del estado de Chiapas Amado Avendaño, García sigue mencionando que "este proyecto, en el mejor de los casos, podría ubicarse en lo que Don Amado Avendaño llamó la "contrainsurgencia de buena fe" (y eso, otorgándole el beneficio de la duda). Es claro que una inyección tan cuantiosa y súbita de recursos en la zona en conflicto, a través de instancias gubernamentales y de ayuntamientos oficiales, va a funcionar como un factor de división y de tensión intra e intercomunitaria. Máxime, conociendo (desde dentro) cómo opera el gobierno estatal (particularmente la Secretaría de Desarrollo social y actualmente, la propia SEPI -Secretaria de los Pueblos Indios-, en cuyos puestos directivos relativo a este programa hay personajes como Martín Longoria y Rodolfo Díaz Sarvide, o el propio Juan Vázquez, que en distintos momentos históricos han jugado un papel abiertamente contrainsurgente) y cómo ha operado el llamado Programa Integral de Desarrollo de la Selva, que sustituyó al programa Cañadas de Zedillo y que de Integral no ha tenido nada […]. Este programa, al cual se le sumarán los fondos europeos, ha continuado la derrama absurda, paternalista y clientelar de fondos para pequeñitos e insignificantes proyectitos, con la única diferencia [respecto] al [programa] Cañadas, de que partidariamente es menos discriminatorio. De hecho, fue una lucha de Porfirio [Encino] a su llegada al gobierno el cancelar el Programa Cañadas y luego él propuso construir un programa alternativo, trabajando en ello, pero su enfoque fue finalmente pervertido por ambas Secretarias de Desarrollo Social (la federal y la estatal)".

El carácter contrainsurgente del proyecto parece evidente y – concluye García – el único y final objetivo del gobierno de Salazar promoviendo dichos proyectos
"es minar la resistencia, con el constante y cada vez mayor ofrecimiento a las comunidades de la Zona en Conflicto de dineros gubernamentales para proyectitos, buscando con ello provocar deserciones y cooptaciones que debiliten al EZLN. Esto es grave en el contexto actual de las Juntas de Buen Gobierno y de los municipios autónomos".


Jorge Santiago, director de DESMI (Desarrollo Económico y Social para los Mexicanos Indígenas) y colaborador por muchos años de Samuel Ruiz, nos brinda una análisis puntual del borrador del proyecto, que nos permite evidenciar muchas de sus contradicciones, constatando que aunque el proyecto sea "bien elaborado, pero no está ubicado en el contexto del desarrollo de alternativas al modelo de sumisión, control e intereses de parte del Estado Neo-liberal".

1. El verdadero beneficiario del financiamiento es la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Estado de Chiapas y no la población indígena y campesina a quien supuestamente está dirigido. El hecho de que el proyecto será implementado por organismos del gobierno tiene implicaciones muy fuertes en una Región dividida y que vive un estado de guerra. Se supone que la mayoría de los recursos serán destinados a poblaciones afines al gobierno aunque "no se pueda valorar hacia dónde se irá la mayoría de los recursos. No se sabe cuánto de este dinero va a ser destinado a la población. Se consideran los costos de infraestructura, salarios de personal, compra de vehículos, computadoras, etc".

2. Hay errores y faltas evidentes en la "identificación" del proyecto. "De la población beneficiada solamente se dice su nombre; no se habla de su lengua, de su historia, de la historia de la Selva Lacandona, de la situación agraria, forestal y agrícola, no se habla de la situación política de las comunidades, sus organizaciones, no se reconoce que la población está dividida políticamente y que también existen diversas organizaciones de las comunidades y distintas iglesias. Nunca se menciona el conflicto no resuelto con el EZLN, no se mencionan los Municipios Autónomos, se niega esta realidad, como si la población fuera uniforme". Para que el proyecto pueda de veras brindar apoyo a las comunidades indígenas asentadas en la 16 micro-regiones de la Selva Lacandona, alrededor de los Montes Azules, el gobierno del Estado de Chiapas y la Unión Europea tendría que tener en cuenta las características étnicas, sociales, culturales y política de dicha Región.

3. En ningún párrafo del texto "se habla de la presencia militar en la región y [de] su significado político y [de] las consecuencias en lo que respecta al mismo desarrollo. Toda la problemática generada por la presencia militar" no se evidencia. Cuando "se habla de reordenamiento, se puede estar encubriendo la reubicación con promesas de recursos".
Ulteriores deficiencias sobresalen analizando la idea de desarrollo promovida por el Programa en donde "nunca se habla de autosuficiencia alimentaría [mientras] se habla de un proyecto de desarrollo en miras a productos que interesan a las trasnacionales".
Concluye Santiago que "un Proyecto que no toma en cuenta el conflicto y a los actores locales y las implicaciones socio-políticas en relación a la búsqueda de la paz en la región, puede considerarse contrainsurgente".

¿Qué hacer?

Blanca Martínez invita a los funcionarios de la Unión Europea a "que monitoreo si en verdad sus inversiones van a resultar en un contexto de un conflicto armado interno no resuelto, o si lo que se pretende con proyecto como este es agudizar situaciones que lleven a una polarización tal que la lógica militar sea la que predomine". Porque si es "en este sentido [de la UE] es válido apoyar o impulsar proyecto así que más que posibilidades de desarrollo se puedan sumar a la contrainsurgencia".

Según Miguel Álvarez, "entendiendo que [el proyecto ya] esta aprobado, que no comienza todavía su operación, sino que antes realice una consulta directa y en campo con los diversos actores involucrados en la problemática, que constituya un consejo representativo de actores locales y nacionales que rediseñe el proyecto de manera que sirva a la paz, y que establezca órganos y actividades para el aporte civil en el cuidado y transparencia de la aplicación".

Es necesaria la participación real de los pueblos indígenas que reclaman gritando el Derecho de ser sujetos de su propio desarrollo y lo realizan el la práctica con su Autonomía, así como la participación de la Sociedad Civil que desde años trabaja con las comunidades indígenas de la Selva en el diseño de los proyectos de desarrollo. El gobierno mexicano ni mucho menos el europeo tienen derecho a delinear acciones que impacten la vida de los pueblos indígenas sin previas consultas informadas, amplias, y no sólo de los grupos afines al gobierno. Esto garantizará que los proyectos se encaminen hacia la Paz y no la contrainsurgencia.

* Por Luca Martinelli
CIEPAC, A.C.
http://www.ciepac.org/
BOLETÍN "CHIAPAS AL DÍA" No. 419

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