Derechos Humanos

Lucha contra la Impunidad Avanza en Latinoamérica

La memoria no es para quedarse en el pasado, nos debe iluminar el presente para poder generar y construir el futuro. Es importante recordar que sobre la impunidad es imposible construir una democracia real y participativa.

Por Cristiano Morsolin

La memoria no es para quedarse en el pasado, nos debe iluminar el presente para
poder generar y construir el futuro. Es importante recordar que sobre la impunidad es imposible construir una democracia real y participativa.

"La memoria no es para quedarse en el pasado, nos debe iluminar el presente para
poder generar y construir el futuro. Es importante recordar que sobre la impunidad es imposible construir una democracia real y participativa. Han pasado muchos años y recién ahora existe el derecho de verdad y justicia, y la urgente necesidad de desterrar la impunidad, tanto del pasado reciente como el actual."


Estas palabras del Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nóbel de la Paz) resumen la fuerza de las luchas contra la impunidad que avanzan en toda Latinoamérica: en Perú con la aprobación de la ley de reparaciones para víctimas de la violencia política; en Argentina laanulación de leyes de impunidad abre camino para juzgar a criminales de lesa humanidad. En Colombia surge el Movimiento contra la impunidad de los crímenes de estado. En Guatemala el Gobierno se disculpó por la masacre de Plan de Sánchez. En Chile algunos ministros civiles de la dictadura del Pinochet están en la mira de justicia por violaciones a derechos humanos.

Este horizonte común viene explicado por Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Buenos Aires: "La madurez con la que se ha buscado justicia demuestra la falsedad de los argumentos esgrimidos a favor del olvido y el perdón. El juzgamiento a los responsables de estos crímenes conlleva estabilidad jurídica y política porque consagra valores fundamentales como el respeto a la vida y el rechazo a toda forma de autoritarismo. La justicia ha aportado un elemento más en el que podemos afirmarnos como comunidad. Es la responsabilidad con la democracia la que nos obliga a llevar adelante esta construcción de memoria, de verdad y de justicia".

Perú: " El Estado reconoce su deber de reparación con las víctimas de la violencia"

El miércoles 20 de julio el Congreso Nacional del Perú aprobó la ley de reparaciones para víctimas de la violencia con unanimidad.

Un plan integral de reparaciones (PIR) a estas víctimas que se calculan en cerca de 2 millones en la época del conflicto interno (1980-2000), permitirá reconocer el daño y empezar a saldar una deuda moralmente urgente.

La Comisión Multisectorial que fue creada para diseñar el plan de reparaciones luego del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR, ha diseñado programas que beneficiarán a 200 mil personas de 530 comunidades. Esto demanda una inversión anual que oscila entre los 150 millones y 200 millones de soles. Si contamos a los 2 millones de afectados por la violencia en forma directa o indirecta, la inversión se multiplicaría.

Julie Guillerot, miembro del Grupo de Trabajo sobre Reparaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDH (www.dhperu.org ), calificó de favorable la aprobación de la Ley de Reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno, por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la República.

"Con la aprobación de esta ley se crea el marco general de la política de Estado en materia de reparaciones; se eleva a rango de ley las demandas de las víctimas y afectados, y su adecuada ejecución permitiría una acción ordenada, coherente, y con criterios uniformes", afirmó.

Aunque el tema de las indemnizaciones económicas individuales no ha sido considerado expresamente en la ley, ésta deja abierta la posibilidad de que se incluya cualquier otro programa que pueda aprobar la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de Seguimiento las Recomendaciones de la CVR.

"Es un reconocimiento legal de lo que pasó, de la víctima, de su derecho a recibir reparaciones, a recuperar su dignidad, del deber del Estado frente a este sector de la población" añadió Guillerot, resaltando que "es solamente la segunda ley que aprueba el Congreso en relación directa con el conflicto, desde la entrega del Informe Final de la CVR".

La ley establece también la creación y elaboración del Registro Único de Víctimas, que estaría a cargo de un Consejo Nacional de Reparaciones. "Es fundamental que el Poder Ejecutivo implemente rápidamente esta instancia porque es la herramienta técnica indispensable para facilitar el acceso a las medidas de reparaciones individuales. En eso consistirá la próxima tarea del Grupo de Trabajo sobre Reparaciones y de los organismos de derechos humanos", finalizó.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, viene trabajando en este y otros temas relacionados con las secuelas de la violencia política, para que las demandas de las víctimas y afectados sean atendidas y solucionadas.

Argentina:

Anulación de leyes de impunidad abre camino para juzgar a criminales de lesa humanidad

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que permitieron que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-83) permanecieran impunes, obliga al Estado argentino a investigar y sancionar a los responsables. El fallo dictado el 14 de junio fue recibido con alegría por los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas del terrorismo estatal y el propio gobierno nacional. Poco después de conocida la resolución, el presidente Néstor Kirchner aseguró: "Esto nos devuelve la fe en la justicia".
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida —aprobadas en 1986 y 1987, respectivamente, por el ex presidente Raúl Alfonsín (1983-89)— impedían juzgar a los ex represores. La primera puso fin a los procesamientos de militares por violaciones a los derechos humanos y la segunda impidió la investigación de oficiales y personal de tropa aduciendo que obedecieron órdenes de sus superiores.
La causa sobre la que se pronunció la Corte Suprema de Justicia fue por la desaparición de José Poblete y su esposa Gertrudis Hlaczik, y la apropiación y sustitución de identidad de la hija de ambos, Claudia Victoria, que hace cinco años se enteró que quienes la habían criado eran en realidad sus apropiadores. En ese momento, 22 años después del secuestro de sus padres, se encontró además con una familia que la había buscado incansablemente.
Ese proceso —en el cual el juez federal Gabriel Cavallo y la Cámara Federal habían dictado la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad— había sido impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abuelas de Plaza de Mayo. "La Justicia ha derrumbado el último artilugio que impedía llegar a la verdad y al castigo para los responsables del terrorismo de Estado", señaló el CELS en un comunicado subrayando que "hoy la justicia ha derrumbado el último artilugio que impedía llegar a la verdad y al castigo para los responsables del terrorismo de Estado. Esta decisión es parte de un largo proceso en el que los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas y todos aquellos comprometidos con la democracia hemos mantenido inclaudicable el reclamo de justicia. El fallo de la Corte Suprema del día de hoy es el resultado de la lucha inclaudicable del movimiento de derechos humanos. Con tesón hemos ido franqueando la barrera de la impunidad consagrada por las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos. Así, fuimos logrando el reconocimiento del derecho a la verdad, el juzgamiento de los máximos responsables por la apropiación de menores y la apertura de causas por robo de bienes".
La anulación de las leyes de impunidad permitirá que se reactiven las causas judiciales que involucran a unos 400 militares que se encontraban paralizadas por la discusión sobre su constitucionalidad o no. La estimación fue realizada por el CELS aunque el ministro de Defensa, José Pampuro, calculó que "unos 1,500 militares retirados y en actividad podrían ser citados a declarar" ante la Justicia.
La decisión de la Corte —que en los últimos dos años cambió cuatro de sus nueve integrantes— no está aislada de la política de derechos humanos que lleva adelante el gobierno del presidente Kirchner. El 24 de marzo del 2004, al cumplirse 28 años del golpe de Estado que dejó un saldo de 30,000 desaparecidos, 500 niños apropiados y miles de exiliados, la administración central cedió el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para construir un Museo de la Memoria. Se trató de una decisión que marcó un quiebre en la política llevada adelante desde el retorno de la democracia en 1983.
La ESMA fue el centro de detención ilegal más emblemático de la última dictadura. Allí no sólo funcionó una maternidad clandestina, sino que funcionó un dispositivo para falsificar documentación, que incluyó la apropiación de bienes de los desaparecidos. "No es rencor ni odio lo que nos guía, es justicia y lucha contra la impunidad", afirmó Kirchner durante el acto realizado el año pasado en la puerta de la ESMA.

Patricia Valdez, coordinadora de MEMORIA ABIERTA (www.memoriaabierta.org.ar) enfatiza que "gracias al compromiso de la comunidad internacional contra la impunidad, se impulsaron numerosos juicios contra militares en el exterior del país, como España, Italia, Francia, Suecia y Alemania. El movimiento de derechos humanos también logró la derogación del decreto que impedía las extradiciones.

En este largo proceso, el derecho internacional de los derechos humanos y la comunidad internacional han jugado un rol fundamental. La actuación de los tribunales europeos en la persecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras latinoamericanas ha dado aliento a los procesos locales. La detención de Pinochet en Londres y la condena a Scilingo en España demostraron que el modo de enfrentar este tipo de crímenes es a través de la justicia.

El obstáculo más importante, sin embargo, era la vigencia de las leyes de impunidad. Con esa misma certeza, entonces, decidimos cuestionar judicialmente las leyes que intentaron imponer el perdón, convencidos de que los responsables de los crímenes más atroces de nuestro país deben ser juzgados".

"El fallo de la Corte tiene que ver con la política del presidente Kirchner de revertir el estado de impunidad que reinaba en la Argentina. Las Abuelas habíamos conseguido justicia para nuestros nietos, pero para nuestros hijos no había justicia. Ahora se abren nuevos caminos", dijo Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo (www.abuelas.org.ar). Desde su creación en 1977, esta organización ha encontrado a 80 de los 500 niños que nacieron en las maternidades clandestinas que funcionaron en Argentina durante la dictadura.
"Ahora tenemos que pelear también para que se deroguen los indultos y los condenados vayan a las cárceles comunes y no a sectores vip ni a los cuarteles", afirmó la titular de Madres de Plaza de Mayo (www.madres.org ), Hebe de Bonafini.

En la Marcha del jueves 14 de julio de 2005, Hebe de Bonafini declara que "es un poco repetitivo que tenga que decir que cada jueves es diferente, pero bueno, este tiene otra connotación.

Es un jueves en el que las Madres, a la mañana, hicimos una conferencia de prensa por el tema de la aparición de los cuerpos de nuestras compañeras. Nos demoramos unos días en decirles a ustedes, a la sociedad, qué pensábamos las Madres, cuál era nuestra actitud.

Todos saben que las Madres hemos rechazado siempre la exhumación de cadáveres; todos saben que las Madres tenemos una posición muy clara con la reparación económica, con los homenajes póstumos, con el reconocimiento de nuestros hijos como revolucionarios y guerrilleros. Nos hemos diferenciado siempre mucho. Entonces, esta mañana llamamos a los medios y les dijimos que las Madres íbamos a respetar absolutamente lo que las hijas de nuestras compañeras hicieran, pero que el pañuelo blanco, ese que no lleva el nombre de uno sino que lleva el nombre de más de doscientos mil desaparecidos de toda Latinoamérica, nunca se iba a unir con la muerte. Que la muerte, para nosotras, no tenía que ver con el pañuelo. Por lo tanto no íbamos a participar de ninguna ceremonia que tuviera con la muerte, con entierros, con homenajes póstumos, aunque sea de nuestras compañeras.

Pero sí queríamos decir que se llevaron a las mejores. A nuestras mejores Madres, a las tres mejores. Las que más sabían, las que nos estaban enseñando. Y se las llevaron porque no querían que el movimiento creciera. Y este país y este pueblo se callaron y no dijeron nada. Ni organismos, ni sindicatos, ni políticos: ni una sola palabra. Estuvimos recorriendo todos los periódicos estos días. Ni una sola palabra; en todo caso hablaban de las monjas, a quienes se las llevaron por estar con las Madres. Cuando se hizo el juicio en París se hizo por las monjas. Y no se habló de las Madres, aunque Elisa (de Landín) y yo estábamos presentes. No se habló de las Madres desaparecidas. Y en este país es muy pesado hablar de que se llevaron a tres compañeras y todo el mundo se calló. Y no hubo una marcha, un reclamo, una solicitada, una mierda, nadie que dijera nada. Porque eran las tres mejores, las que nos estaban enseñando. Y esa es la reivindicación que las Madres hacemos. No de sus cuerpos; de sus vidas, de su pensamiento, de su historia.

Esther nos dijo "yo me quedo con ustedes aunque mi hija apareció, porque todos son mis hijos". Y Azucena en las primeras cartas era la única que ponía el nombre y la dirección de su casa. Ese es el ejemplo que dejaron las Madres. (De) este Gobierno y el que venga y otros, no precisamos que le pongan calles o que nos den plaquetas, (sino) que en las escuelas desde el jardín de infantes se enseñe qué hicimos las Madres enfrentando una dictadura feroz, qué pasó, por qué se las llevaron, las torturaron, las violaron, las tiraron, las enterraron, qué es esta historia de este país. El Gobierno tendrá que tomar la decisión, desde el jardín de infantes.


Hoy las Madres estamos convocadas en octubre para ir a Nápoles, a todas las universidades a contar qué hicimos las Madres, cuando se debería haber empezado por estas universidades pacatas que dicen que "Hebe no venga porque ella reivindica a sus hijos junto con todas las Madres de la Asociación, como revolucionarios, socialistas, combatientes que dieron su vida por este país". Y nuestras compañeras también lo hicieron. Entonces, tenemos que empezar por aquí, para que las universidades escuchen qué pasó, qué se hizo, qué queremos y por qué seguimos luchando.

Hoy es un día muy particular. No por la muerte, no por los cuerpos, sino porque cada vez con más fuerza hay que reivindicar a nuestras compañeras y decirles en la cara a todos aquellos que no fueron capaces ni como sindicatos, ni como iglesia, ni como sociedad, ni como políticos, de decir una sola palabra contra estos asesinos que habían secuestrado a nuestras compañeras".

Colombia:

Surge Movimiento contra la impunidad de los crímenes de Estado

Ante la presencia de las Madres de la Plaza de Mayo, representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y delegaciones de otras organizaciones internacionales, se creó el 24 de junio el movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado en Colombia. A esta asamblea llegaron múltiples expresiones de apoyo y solidaridad de instancias como el Parlamento Europeo, Agencias de cooperación internacionales, organizaciones de Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Francia.
La conformación de esta coalición tuvo lugar en el Segundo Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes contra la Humanidad y Genocidio, al cual asistieron más de 800 delegados de organizaciones sometidas a graves violaciones a los derechos humanos y a procesos de exterminio.
Es la primera vez que en Colombia surge un movimiento que agrupe numerosas asociaciones de víctimas y sobrevivientes de la violencia estatal y paramilitar. Entre sus integrantes figuran miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, sindicalistas, mujeres víctimas del desplazamiento forzado, familiares de detenidos "desaparecidos", sobrevivientes de la Unión Patriótica, etc.
En la instalación del evento, Michael Frühling, director de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, señaló:"La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su Oficina en Colombia han estado, están y estarán siempre al lado de las víctimas. Por ello, en cumplimiento de las funciones propias de su mandato han advertido reiteradamente, durante los últimos años, que los procesos de negociaciones para superar el conflicto armado interno deben siempre estar fundados en la verdad, la justicia y la reparación. Sin
la verdad no puede haber justicia. Sin la justicia no puede haber reparación. Sin verdad, justicia y reparación son imposibles el establecimiento de la paz y el logro de la reconciliación nacional".
Los delegados al Segundo Encuentro manifestaron su rechazo a la ley llamada de "Justicia y Paz" por considerar que no respeta los derechos esenciales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. También señalaron que no permite el esclarecimiento de la responsabilidad del Estado en la conformación y afianzamiento de los grupos
paramilitares, ni garantiza que se detendrá la extensión del control paramilitar en amplias zonas del país y dentro del propio Poder Legislativo. El Encuentro afirmó que con esta norma "se legaliza la impunidad".
De igual forma, los asistentes al Encuentro anunciaron que emprenderán acciones jurídicas y políticas, dentro y fuera del país, para buscar la derogación de la ley y procesos judiciales que garanticen que los autores de crímenes de lesa humanidad sean debidamente enjuiciados. Asimismo, afirmaron que buscarán que se declare la inconstitucionalidad de la nueva norma.
"En la asamblea también se anunció la conformación de una comisión internacional de observación del proceso de avance del paramilitarismo en Colombia y de la impunidad que genera la ley aprobada recientemente por el Congreso de la República. De esa comisión harán parte delegadas de las Madres de la Plaza de Mayo, la FIDH, y distinguidas personalidades de Estados Unidos y Europa" – subraya Alirio Uribe, vice Presidente Mundial de FIDH y estimado abogado del Colectivo Restrepo de Bogotá.

Guatemala:

Gobierno se disculpó por la masacre de Plan de Sánchez

El gobierno de Guatemala se disculpó el lunes 18 de julio por una masacre que dejó un saldo de casi 270 civiles muertos en una pequeña comunidad rural.

El vice presidente de Guatemala, Eduardo Stein, viajó a la comunidad Plan de Sánchez, ubicada en la cordillera central del país, para aceptar oficialmente la responsabilidad del gobierno en la masacre del 18 de julio, 1982.

La matanza, que tuvo lugar bajo el mandato del ex general Efraín Ríos Montt (responsable de muchos masacres documentados por el informe NUNCA MAS y por la Comisión de Esclarecimiento Histórico), fue reconocida por el gobierno oficialmente tras una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante el Acto de Reparación – Plan de Sánchez – del 18 de julio del 2005, Susana Villarán, Vice Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Relatora para Guatemala declara que "No es posible olvidar lo ocurrido un día como hoy, en este lugar, hace 23 años. Aquí yacen los restos de quienes fueran brutalmente asesinados un domingo de feria. Recordemos que sólo doce años después de ocurrida la masacre de Plan de Sánchez, los sobrevivientes y familiares pudieron enterrar a sus muertos de acuerdo a las creencias y tradiciones espirituales mayas.

Aquí, en la capilla, están registrados sus nombres y apellidos; los escribieron aquellos pocos que quedaron, para honrar la memoria de su seres queridos y para exigir y exigirse a sí mismos no desmayar hasta que se conozca la verdad y hasta que se haga justicia.

Este fue, hace 23 años, un escenario de horror y de vergüenza para la humanidad. Este fue el paisaje en el que murieron 268 personas. La muerte violenta de un solo hombre, de una sola mujer, de un solo niño es un desafío a la conciencia moral de todos nosotros.

Es conociendo episodios como el que hoy conmemoramos cuando nos preguntamos hasta dónde es posible que llegue la maldad humana, el desprecio por la vida del otro, sobre todo de los que son "diferentes" : achíes, quichés, pocomchíes. Y como tales, sospechosos y, por el sólo hecho de serlos, prescindibles.

Parafraseando a André Malraux, diríamos aquí, al contar lo sucedido en estos 23 años, que quienes estamos acá reunidos buscamos la región crucial del alma en donde la fraternidad se opone al mal absoluto". Porque en este paisaje del miedo y del dolor, la fraternidad de Monseñor Gerardi, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, de los defensoras y defensores de los derechos humanos, de CALDH, permitió que la búsqueda de la verdad y de la justicia de los sobrevivientes no fuera una lucha vana e inútil.

Quienes sobrevivieron, quienes rozaron de manera tan brutal la muerte, encontraron, luego de un caminar muy largo, finalmente, la verdad, los cuerpos, la dignidad de la memoria, la reparación de la justicia internacional.

Hoy, celebramos sus vidas en el recuerdo. Porque recordar es traer nuevamente al corazón. Es revivir.

Hoy, 23 años después, saludamos a los que no cejaron, a quienes corriendo riesgos, tendieron la mano fraterna y acompañaron tercamente la larga marcha de los sobrevivientes de Plan de Sánchez. Hoy, aún hoy, no ha terminado este caminar, 23 años los autores responsables no han sido judicialmente individualizados, juzgados ni sancionados

Sin embargo, hoy celebramos a un Estado democrático y a sus gobernantes, que reconocieron su responsabilidad internacional y pidieron perdón por el daño causado por los agentes del Estado de Guatemala y lo hicieron de buena fe, comprometiéndose con las víctimas, asumiendo la responsabilidad de que se haga justicia.

Hoy no se cierran las heridas, hoy se repara en parte la injusticia. La lucha no fue en vano. Por ello, no se trata de una fiesta sino de una conmemoración. No podemos festejar pero sí tenemos la obligación de recordar para que algo tan atroz como lo sucedido aquí hace 23 años no vuelva nunca a repetirse. Por ser de justicia con quienes sobrevivieron, por la dignidad de la memoria de quienes aquí perecieron, por la salud de la democracia y por el imperio de la ley aplicada por igual para todos y todas en la querida Guatemala.

Como relatora para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido un privilegio ser parte de esta cruzada de fraternidad que se opuso al mal absoluto, a aquel de las ideologías que niegan la dignidad humana, al mal absoluto de la discriminación que desprecia al indígena, a su mundo y a su cultura, al mal absoluto que supone dirigir al Estado como maquinaria de exterminio.

Señor Vicepresidente de Guatemala, señores y señoras dirigentas y miembros de la Comunidad de Plan de Sánchez, Señor Frank La Rue, Presidente de COPREDEH, señores y señoras de CALDH, hermanos y hermanas que hoy nos acompañan, colegas María Claudia Pulido e Isabel Madariaga .

En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos queremos decirles que hicimos nuestra parte, que la Corte Interamericana hizo la suya, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue construido por los Estados para amparar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación de las víctimas. Por eso estamos acá, porque ustedes nos buscaron y nosotros salimos a su encuentro en el camino. Nos alienta haber sido parte de esta cruzada de solidaridad y fraternidad humana que nos ha traído a esta comunidad, 23 años después de ese aciago 18 de julio de 1982 a reparar el daño y a comprometernos con la no repetición. Cuenten siempre con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos."

Chile:

Ministros civiles de dictadura en mira de justicia por violaciones a derechos humanos.
Un tribunal chileno se encuentra investigando la presunta complicidad y encubrimiento en casos de violaciones a los derechos humanos de altos funcionarios civiles durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90). Víctimas de la Operación Cóndor —la coordinadora represiva de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80— han presentado un pedido de desafuero contra el senador ultraderechista Sergio Fernández, acusado de colaborar en el secuestro de opositores mientras era ministro del Interior del régimen militar. Para defensores de los derechos humanos, este es un primer paso para llevar a la justicia a los colaboradores civiles de la dictadura por su responsabilidad política en los crímenes.

En toda Latinoamérica la movilización de la sociedad civil, de las ONG de derechos humanos y las organizaciones de victimas están vigilando para que la lucha por la justicia y la memoria pueda avanzar. www.EcoPortal.net

* Cristiano Morsolin, educador y periodista italiano, operador de redes internacionacionales. Trabaja en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Brasil, Ecuador, Perú, Colombia. Co-fundador del Observatorio Independiente sobre la Región Andina SELVAS.

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