Derechos Humanos

México: Primer aniversario de la sangrienta represión en Oaxaca

Aunque el movimiento cristalizó para apoyar a los maestros en huelga, la frustración de la gente fue la consecuencia de profundos problemas económicos y sociales que el gobierno ha agravado y permitido que empeoren. Esos problemas que han perjudicado a los trabajadores fueron exacerbados por el NAFTA y por las políticas neoliberales del gobierno de Bush. La mayoría de la población de Oaxaca es indígena, en su mayor parte vive en extrema pobreza.

Por Marjorie Cohn

Aunque el movimiento cristalizó para apoyar a los maestros en huelga, la frustración de la gente fue la consecuencia de profundos problemas económicos y sociales que el gobierno ha agravado y permitido que empeoren. Esos problemas que han perjudicado a los trabajadores fueron exacerbados por el NAFTA y por las políticas neoliberales del gobierno de Bush. La mayoría de la población de Oaxaca es indígena, en su mayor parte vive en extrema pobreza.


Una leyenda azteca nos habla de un guerrero que estaba enamorado de una princesa. Cuando partió a la guerra, los amantes se prometieron amor eterno. El guerrero murió en la batalla, pero para cumplir su promesa a la princesa, volvió como una brillante flor roja anaranjada. Esa flor ahora adorna los flamboyanes (malinches) en toda Latinoamérica. Otra leyenda sobre los flamboyanes, habla de la lucha del pueblo puertorriqueño contra la dominación colonial.

El domingo 10 de junio de 2007, bajo un flamboyán, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) realizó una conferencia de prensa para anunciar la liberación de uno de los dirigentes de la lucha popular de un año de duración por la justicia social y económica en Oaxaca. Marcelino Coache Verano, secretario general del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Oaxaca y consejero de la APPO, había sido arrestado, brutalmente golpeado, y mantenido en prisión durante seis meses antes de ser liberado el 31 de mayo, ante la falta de elementos para mantener los delitos fabricados por el Estado.

La conferencia de prensa inició una semana de acciones para conmemorar el brutal ataque del 14 de junio de 2006, de 1.000 policías armados contra gente que manifestaba pacíficamente en apoyo a las demandas de unos 70.000 maestros por mejores salarios, la mejora de los edificios escolares, y mejores recursos para los niños. Un maestro gana típicamente el equivalente de 220 dólares cada dos semanas, y tiene que comprar los suministros escolares. Aunque la constitución mexicana garantiza la educación libre, las madres tienen que pagar por la matrícula.

El gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, envió a la policía estatal, acompañada por perros, que atacó brutalmente a los maestros y partidarios dormidos. Atacó con gases lacrimógenos a todos los que se encontraran cerca, incluyendo a mujeres embarazadas y niños; una mujer abortó como resultado. Noventa y dos personas fueron heridas. Miembros de la comunidad reaccionaron indignados, defendiéndose con lo que podían encontrar. Persiguieron a la policía fuera de la plaza y restablecieron el campo.

El 17 de junio, varios cientos de organizaciones locales se reunieron para formar la APPO, que incluye a 350 diferentes organizaciones civiles que trabajan en áreas de temas indígenas, desarrollo comunitario sostenible, derechos humanos, y justicia social. La APPO exigió la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. Mientras tanto, el movimiento continuó su crecimiento, con manifestaciones grandes pero pacíficas. El 1 de agosto, marcharon cientos de mujeres, y cuando la estación de radio del gobierno les negó tiempo en las ondas, ocuparon la radio y ellas mismas transmitieron su opinión.

Durante todo este período, continuaron las incursiones policiales, las golpizas y los tiroteos. El 28 de octubre, mataron a cuatro personas, incluyendo al periodista de Indymedia y ciudadano estadounidense Brad Will y a un maestro mexicano, Emilio Alonso Fabián.

El gobierno mexicano envió a la Policía Federal Preventiva. El 25 de noviembre, apareció con todo su equipo contra disturbios y rodeó toda el área, disparando gas lacrimógeno. Mientras la gente huía, muchos fueron arrestados y golpeados. Entre los prisioneros, algunos estaban esa mañana simplemente en camino al trabajo o en la plaza del mercado. Ciento setenta personas fueron arrestadas ese día, y la mayoría fue llevada a la lejana prisión de Nayarit. Treinta y cuatro eran mujeres, y cinco eran menores.

En diversas ocasiones durante el período de siete meses, maestros, trabajadores, profesores y artistas, muchos de ellos indígenas, ocuparon la plaza principal de Oaxaca. Aunque el movimiento cristalizó para apoyar a los maestros en huelga, la frustración de la gente fue la consecuencia de profundos problemas económicos y sociales que el gobierno ha agravado y permitido que empeoren. Esos problemas que han perjudicado a los trabajadores fueron exacerbados por el NAFTA y por las políticas neoliberales del gobierno de Bush. La mayoría de la población de Oaxaca es indígena, en su mayor parte vive en extrema pobreza.

La semana pasada participé de una delegación de derechos humanos de abogados del Sindicato Nacional de Abogados, de la Asociación Internacional de Abogados Democráticos, y de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos en México para investigar presuntas violaciones del derecho internacional por la policía contra la gente de Oaxaca durante el año pasado. Nos reunimos con abogados, trabajadores y prisioneros.

Coache Verano relató cómo él y otros tres activistas habían sido arrestados en la Ciudad de México, cuando iban en camino a reunirse con funcionarios del gobierno para negociar un fin de la disputa. Los desnudaron, golpearon y guardas caminaron sobre sus espaldas. A Coache Verano le quebraron un dedo. Otro de los detenidos fue liberado junto con Coache Verano. Los otros dos, incluyendo al dirigente de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, siguen presos. La mujer de Coache Verano y sus jóvenes hijos nos contaron cómo fueron aterrorizados durante meses con amenazas de muerte y disparos contra su hogar.

Los dos prisioneros fueron interrogados en la prisión Tlacolula, a unos 30 kilómetros fuera de Oaxaca, y también describieron cómo fueron golpeados por la policía. Flabiano Juárez Hernández no formaba parte de la manifestación. Estaba trabajando en el mercado cercano de la plaza cuando fue arrestado el 20 de noviembre y acusado de robo de autos, un crimen considerado tan serio, que no hay posibilidad de fianza. Los golpes contra su cabeza requirieron varios puntos y dejaron una cicatriz. Juárez Hernández es indígena y no habla español fluido; sin embargo rechazó los servicios de un intérprete.


Wilbert Ramón Aquino Aragón es un trabajador que participó en las manifestaciones del 20 y el 25 de noviembre. El 10 de enero, fue arrestado por intento de asesinato de un chofer de taxi que jamás había visto. Le dijeron que lo liberarían si identificaba a personas en las fotografías de la policía. Ya que se negó, sigue detenido en Tlacolula. La policía golpeó tan severamente a Aquino Aragón que deberá ser operado la próxima semana. Su cabeza tiene cicatrices de los golpes recibidos de la policía.

Pedro Garibo Pérez, de veinte años, no participó en la manifestación. Pero el 20 de noviembre, fue arrestado y lo mantuvieron boca abajo durante seis horas con su pierna sobre un silenciador caliente. La quemadura de 20 cm. sobre su pierna no fue cuidada durante más de dos meses y medio. Cuando finalmente los abogados pudieron visitarle, vieron grandes áreas de carne expuesta en su pierna. Como resultado de sus demandas, recibió finalmente atención médica. Garibo Pérez pasó 110 días en el hospital, le diagnosticaron un hematoma y recibió un implante de piel.

Una viuda de 50 años llamada Aurelia estaba trabajando como criada dentro de una casa el 25 de noviembre, y no sabía lo que estaba ocurriendo afuera. Acababa de dejar su trabajo cuando la arrestaron a media cuadra de distancia. Iba caminando por la calle y vio a gente corriendo por doquier. La policía comenzó a disparar gas lacrimógeno a todos. Dijo: “Sentí que me asfixiaba y los ojos se me llenaron de lágrimas. No podía moverme. Estaba tan asustada.”

La policía agarró a Aurelia por los cabellos, la insultaron y la patearon. La obligaron, junto con varias otras mujeres, a arrodillarse durante dos horas sobre los adoquines. Luego las tiraron en un solo montón sobre un camión, “como animales, con manos y pies atados.” Muchas gritaban que no podían sentir sus piernas. Los policías respondían: “¡Igual pueden morirse viejas brujas!”

Aurelia tuvo que dormir sobre un bloque de hormigón en una pieza fría, sin frazada. “Más tarde esa noche,” dijo Aurelia, “se podía escuchar a los hombres gritando cerca. Pensé en miembros de mi familia que estaban allí gritando, golpeados.” Muchas de las mujeres fueron golpeadas; algunas sufrieron heridas en la cabeza.

Las llevaron en avión a Nayarit y las retuvieron allí durante 21 días. Durante ese tiempo, las mujeres no supieron nada de los hombres o del resto de sus familias.

El tratamiento al que fue sometida a esa gente viola la Convención contra la tortura y otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante, lo que explico en mi libro: “Cowboy Republic: Six Ways the Bush Gang Has Defied the Law” [República de vaqueros: seis maneras como la pandilla de Bush ha desafiado la ley.] Tres de las técnicas utilizadas por la policía en Oaxaca se originaron aparentemente en EE.UU. Incluyen aterrorizar a la gente con perros feroces, amenazas de lanzar a prisioneros desde helicópteros al mar, y una técnica de humillación que consiste de negar privilegios higiénicos, dejando que la gente defeque en su ropa.

Nueve hombres siguen detenidos. Hay sólo 13 abogados representando a las 350 personas contra las que todavía hay acusaciones. Muchos de los abogados han sufrido alguna forma de acoso, incluyendo amenazas, golpizas, y acoso sexual. Cinco reclusos fueron obligados a firmar declaraciones acusando a la abogado Yésica Sánchez Maya, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), a cambio de su liberación de la prisión. Sánchez Maya, de 29 años, una dirigente apasionada y efectiva del movimiento, nos dijo que puede ser arrestada en todo momento. Sigue inquebrantable.

La Comisión Civil Internacional por la Observación de los Derechos Humanos concluyó que 20 personas han sido ilegalmente ejecutadas durante los últimos meses. APPO ha documentado 29 que han sido asesinadas y 100 torturadas durante esta lucha.

Los asesinatos han sido realizados por paramilitares o grupos parapoliciales presumiblemente vinculados al gobierno del Estado.

El 14 de marzo de 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informó que 12 personas habían sido asesinadas y documentó 1.600 violaciones de los derechos. La Comisión exigió que el Senado castigue los asesinatos y otros abusos de los derechos humanos en Oaxaca. APPO criticó el informe por pasar por alto asesinatos y por no implicar a Ruiz.

El ministro de la Corte Suprema mexicana, Juan Silva Meza, dijo el 28 de febrero que autoridades federales, estatales y municipales cometieron graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto de Oaxaca. Silva Meza recomendó que la Corte cree un comité para investigar a los funcionarios públicos responsables.

Abogados de LIMEDDH y de la APPO han presentado denuncias contra Ruiz, el presidente de México, y el fiscal general para tratar que Ruiz sea destituido y que sean hechos criminalmente responsables. Las acusaciones incluyen asesinato, tortura, desaparición forzada, y negación de justicia. No ha habido actividad resultante de estas demandas aunque se nombró un fiscal especial (que no es independiente) y la Corte Suprema ha señalado su intención de formar un comité para investigar.

Por el momento Marcelino Coache Verano tiene su libertad. Pero, dijo a los periodistas; “no habrá libertad para nosotros si no hay libertad para nuestros compañeros. No habrá justicia hasta que los responsables por los asesinatos y la tortura sean llevados ante la justicia.”

El gobierno ha criminalizado el movimiento social. Y los problemas subyacentes de la lucha siguen sin ser resueltos. Pero como el flamboyán, el movimiento en Oaxaca continuará floreciendo. “Nunca antes fui a las marchas,” dijo Aurelia, “pero ahora después de lo que el gobierno me ha hecho, estaré allí para mostrar mi apoyo. No sé lo que es la APPO porque nunca he estado en nada que tenga que ver con la APPO, pero ahora voy a apoyarlos. He oído hablar de los maestros y también los apoyaré, ahora, porque duele tanto lo que el gobierno me hizo.” www.ecoportal.net

* Marjorie Cohn es profesora en la Escuela de Derecho Thomas Jefferson y presidente del Sindicato Nacional de Abogados. Su nuevo libro: “Cowboy Republic: Six Ways the Bush Gang Has Defied the Law,” será publicado en julio.

CounterPunch , http://www.counterpunch.org/cohn06132007.html
Traducido del inglés por Germán Leyens –

Rebelión
www.rebelion.org/

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