Por Gustavo Castro Soto
Todo empezó cuando el 18 de septiembre de 2005, en la comunidad de Agua Caliente, cerca de 4 mil comuneros de 32 pueblos que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec, sin machetes como lo habían prometido, esperaban la llegada del gobernador perredista Zeferino Torreblanca.
“Declaramos una vez más que no cederemos. Va primero nuestra vida que ceder nuestras tierras”.
(CECOP, agosto de 2005)
Entonces Cirilo Cruz se acercó a la camioneta y le disparó en la sien a Tomás. La camioneta con 40 personas a bordo se salió del camino. Horas más tarde Tomás Cruz Zamora falleció en el hospital. Todo empezó cuando el 18 de septiembre de 2005, en la comunidad de Agua Caliente donde se llevó a cabo en el 2004 el I Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), cerca de 4 mil comuneros de 32 pueblos que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec, sin machetes como lo habían prometido, esperaban la llegada del gobernador perredista Zeferino Torreblanca. Los comuneros colocaron un gran templete y muchas sillas para el encuentro y con algunas mantas que rezaban "Señor gobernador ZTG. ¿Vale todo el proyecto de La Parota una sola vida de un guerrerense defendiendo su tierra? ¿Quiere competir con Figueroa desapareciendo y asesinando campesinos?". O "No al proyecto La Parota. El gobernador debe respetar el derecho de los campesinos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Salsipuedes". El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, afirmó que "lo hemos invitado (al gobernador) para informarle por qué no queremos la presa, pues es para los gringos que quieren comprar nuestras tierras con su billete verde y traerá desplazamiento para los pobres. El gobernador merece respeto y dejemos que nos diga por qué quiere la presa, no queremos ser sus enemigos, sino sus amigos y hay que convencerlo con argumentos".
Pero el gobernador no llegó, los dejó plantados. Ante esto los miembros del Cecop consideraron que mostró "falta de sensibilidad política, capacidad y valor civil" para escucharlos. En ese momento decidieron que ya no habría otra fecha para ningún diálogo con el gobierno ni con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues ya no hay nada qué platicar. Confirmaron que aceptarían la invitación a marchar el 27 de septiembre con otras organizaciones a nivel nacional y también en Acapulco y Chilpancingo, que se han visto afectadas por el gobierno de Torreblanca Galindo, quien no ha cumplido con sus promesas de campaña como la de indemnizar a los afectados de Punta Diamante y los desalojados de Granjas del Marqués. Marco Antonio Suástegui aclaró que todos los que estaban allí era por que aman la tierra y no necesitan recursos de nadie ni andan buscando puestos políticos: "Este movimiento es sano y legal. La lucha la vamos a ganar, La Parota se está cayendo". Y Advirtió: "El gobernador Zeferino va ser el culpable si hay un herido o un muerto". El Cecop entonces propuso medidas más radicales, entre ellas tomar los dos pozos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) como "castigo porque no vino el gobernador" y que están instalados en el río Papagayos que surten al puerto de Acapulco. De estos pozos se surten las empresas trasnacionales que se ha beneficiado de la privatización de la distribución del agua en la ciudad de Acapulco.
Otro portavoz, Felipe Flores Hernández, dijo que tienen que demostrar al gobierno "que no estamos jugando y vamos en serio y con todo". Pero al mismo tiempo los llamó a actuar con tranquilidad e inteligencia, sin violencia porque los ánimos estaban caldeados. "Tenemos todo el derecho y la razón en la lucha, porque nadie puede imponernos un proyecto". Marco Antonio Suástegui confirmó que "Nos pueden ganar en la lucha política, en la lucha legal, pero aún así no pasarán. Esto es una pesadilla que va pasar a la historia con la victoria de Cacahuatepec, porque nadie nos va quitar la tierra. La Parota ya se está cayendo porque los que están presentes están luchando por lo suyo y no por 200 pesos como aquellos miserables que votaron en San Marcos".
Suástegui manifestó a la prensa que “la situación se vuelve más ríspida, el riesgo a que se desborde la violencia está más latente, ya que la CFE una vez más insiste en querer pasar, lo que ha querido hacer en la comunidad de Cruces de Cacahuatepec, con el pretexto de introducir agua potable a la comunidad.” Insistió que "definitivamente el gobernador no quiere dialogar con los comuneros, él únicamente dialoga con los inversionistas, con la CFE y con los altos mandos como el presidente Fox. Nosotros dejamos nuestros machetes, venimos representantes de todas las comunidades, no todos, sólo representantes, venimos de una manera pacífica, abierta para que el gobernador sintiera, supiera cuántos somos y por qué nos oponemos al proyecto La Parota, creo que este momento pudo haber sido histórico para el gobernador, ya que hubiera conciliado las cosas con los opositores a La Parota y se hubiera reconciliado con las organizaciones sociales que le están recriminando estas acciones de gobierno".
Al terminar el evento 40 campesinos regresaban rumbo a su comunidad de Huamuchitos cuando salió del camino Cirilo Cruz Elacio y le disparó en la cien a Tomás de 40 años quien manejaba la camioneta. Ya un mes antes el campesino Julián Blanco y miembro del Cecop manifestó que "Quiero decirle al alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, y al gobernador Zeferino (Torreblanca), que vamos a defender nuestras tierras aunque vayan de por medio nuestras vidas. No vamos a dar ni un centímetro de tierra. Y que Jorge Campos -ex futbolista quien participa en los spots para la construcción de La Parota en los que invita a los comuneros a vender sus tierras- se vaya a chingar a su madre". El gobierno les tomó la palabra y cobró su primer asesinato.
Los miembros del Cecop quedaron consternados e indicaron que detrás del asesinato está el presidente del comisariado de bienes comunales, Crecencio Jerónimo. También responsabilizó al gobernador Zeferino Torreblanca, "que se ha encargado de reprimirnos, de hostigarnos", y piden su destitución. "Esta es la división que ha traído la CFE con su proyecto entre las familias comuneras", dijo la viuda Eugenia Galeana quien iba a lado de su esposo al momento del disparo. La organización también responsabilizó del crimen al presidente Vicente Fox, Alfredo Elías Ayub (Director General de la CFE), al alcalde Alberto López Rosas, a Víctor Hugo Chávez de la CFE; a los líderes de la CNC entre ellos a Nabor Ojeda, Evencio Romero y Valente Navidad. Por su lado, la viuda afirmó que "Esta es la división que ha traído la CFE con su proyecto entre las familias comuneras, a Cirilo le habían prometido ser el tesorero de Bienes Comunales". Al día siguiente, Cirilo fue internado en un hospital de Acapulco con heridas de bala en el abdomen y un machetazo en el tobillo.
Suástegui señaló que aunque su compañero haya caído en la lucha, desde "aquí decimos que hoy más que nunca nos oponemos a la presa La Parota y no vamos a dar un paso atrás, ya cayó el primero". Agregó: "Pedimos la destitución de Zeferino Torreblanca Galindo, si realmente tiene dignidad y vergüenza que deje el cargo, porque desde que entró únicamente se ha dedicado a lacerar a los que menos tienen y hoy es el culpable de que nuestro compañero haya resultado muerto. Lo responsabilizamos de esta muerte y con esto queda cancelada definitivamente la presa La Parota y no hay ni un paso atrás". Finalizó diciendo: "vamos a dar sepultura a nuestro compañero, pero que su muerte no quede impune" y luego se improvisó una consigna diciendo "Tomás vive, la lucha sigue, viva Huamuchitos".
Para colmo de males, ese mismo día el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Miguel Ángel Mesino, también fue asesinato en pleno centro del poblado Atoyac por un grupo de hombres armados con rifles Ak-47 y pistolas calibre .9 milímetros. En la agresión también resultó herido de un tiro en la rodilla derecha, Romel Jaimes Chávez, quien acompañaba a Miguel Ángel Mesino al momento de ser ejecutado. Mesino era hijo del fundador de la OCSS, Hilario Mesino. Por cierto, los miembros del Cecop ya habían advertido que días antes en diferentes pueblos donde se ubican campesinos opositores a La Parota se han presentado conatos de enfrentamiento con enviados del tesorero de los bienes comunales de Cacahuatepec, Rafael Ascensio, yerno del asesino Cirilo Cruz, y de Crecencio Jerónimo Aparicio el presidente del comisariado de los bienes comunales.
Con el apoyo de un grupo de abogados y abogadas [1], el 7 de Septiembre de 2005 el Cecop,” por nuestro propio derecho y con el carácter de comuneros y posesionarios legalmente reconocidos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero”, solicita al Tribunal Unitario Agrario la acción legal [2] de nulidad de Acta de Asamblea del 23 de agosto convocada por la CFE donde se les autoriza la expropiación de sus tierras por haberse llevado a cabo de manera ilegal y en desacato a órdenes judiciales. Dicha asamblea fue amañada, sin el quórum legal, sin convocatoria adecuada, con retenes y cercos policíacos, y con sobornos a los comuneros por parte del la CFE. [3] El Cecop solicitó también medidas cautelares; que se detenga el proceso de expropiación y construcción de la presa, y demandan penalmente al Presidente, Secretario y Tesorero de los Bienes Comunales de Cacahuatepec [4].
Marco Antonio Suástegui dio a conocer el comunicado de la CECOP en el que se declara "cancelado de manera definitiva el proyecto hidroeléctrico de La Parota". [5] "Nosotros decimos que el principal responsable de este asesinato es la CFE y Víctor Hugo Chávez (Residente de Asuntos Sociales del proyecto La Parota) que desde que llegó se ha encargado de interrumpir la paz social que existía en nuestros pueblos”, sentenció el Cecop. Inmediatamente después de los asesinatos llovieron los comunicados de repudio. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) integrante de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) manifestó que “Estos hechos de sangre, son parte de la campaña que ha emprendido el Gobierno de Vicente Fox, en complicidad con el Ejecutivo guerrerense, para doblegar la resistencia de los campesinos afectados por la construcción de la presa La Parota. Vicente Fox y Zeferino Torreblanca al puro estilo priísta e incluso porfirista, están buscando por todos los medios el imponer la ejecución de una obra, la cual significa el desalojo de 25,000 personas. Es claro que el anuncio acelerado por parte de Vicente Fox de grandes inversiones para la construcción de presas en Guerrero y Michoacán, del proyecto petroquímico El Fénix y el Parque Eoloeléctrico del Istmo en las cuales están involucradas grandes corporaciones trasnacionales, representan el "año de Hidalgo" para los funcionarios gubernamentales ligados a estas empresas.” [6]
La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) manifestó que “exigimos que se detenga el hostigamiento a las comunidades afectadas y que rechazan la presa La Parota, demandamos se investigue a Crecencio Jerónimo Aparicio, y a todo su gabinete de bienes comunales, ya que encabezan un grupo que representa intereses económicos particulares en contubernio. Hacemos responsables al gobierno perredista que encabeza Zeferino Torreblanca de lo sucedido, porque por un lado demanda dialogo sin condiciones, y por otro, descuida sus responsabilidades como autoridad, al permitir un ambiente de violencia creciente en la región. Demandamos la cancelación inmediata del proyecto La Parota, ya que en primer lugar, solo responde a intereses empresariales y particulares que se manejan en el marco del Plan Puebla Panamá y no representan más que miseria y ningún desarrollo para los afectados directa o indirectamente. En segundo lugar el proceso para legitimar dicho proyecto ha violado sistemáticamente las leyes mexicanas y los derechos humanos en el marco de protocolo internacional de los derechos Económicos, Sociales y Culturales que ha suscrito nuestro país.” [7]
La secretaria general en el estado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Rosa Elena Zamacona, dijo que ya basta de tantos abusos y persecución contra los comuneros y que mejor el gobierno apoye mediante proyectos productivos a los campesinos. “El gobierno apoya a proyectos neoliberales y a los campesinos los manda de mendigos”. Por otro lado, los comuneros también encontraron apoyo y solidaridad por parte de los estudiantes de economía y derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales (UACS) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) luego de su visita a los planteles. El integrante del Frente Universitario contra La Parota, Erwin Flores, calificó al rector de la Universidad, Nelson Valle, de ser “un títere del gobierno” y le aclaró que la Universidad es del pueblo y dijo que en el momento que quieran los opositores acudir a ella, las puertas estarán abiertas. También el Cecop informó que ya están avanzadas las pláticas con el EZLN para reunirse con el subcomandante Marcos. [8] Confirmó que si bien se deslindan de cualquier movimiento armado, son bien recibidos el apoyo de todas las organizaciones, incluidas las de los grupos armados como el EPR o el ERPI: “Nosotros no tenemos armas, lo único que tenemos son machetes”. Finalizó diciendo: “La expropiación no se va a dar, la presa no se va hacer, no decaigamos en la lucha que hemos venido sosteniendo desde hace dos años, esta lucha que los gobiernos han querido minimizar, esta lucha que es por México”.
Por su lado el Espacio Desc [9] manifestó que “La CFE tiene la responsabilidad de propiciar la división entre comunidades, por no informar con veracidad e imparcialidad a los pobladores, por ofrecer obras y servicios a quienes acepten la presa y ofrecer dinero a las personas a cambio de su voto favorable a la realización del proyecto en la asamblea de comuneros del 23 de agosto pasado, así como para anteriores asambleas como la convocada el 14 de agosto del presente año y para la del 25 de abril de 2004. Además, existe responsabilidad tanto de la Procuraduría Agraria como de la Secretaría de la Reforma Agraria por no velar por los derechos agrarios de los comuneros, como lo marca ley. El Gobierno Estatal por no buscar las condiciones para atender las legítimas demandas de los comuneros y privilegiar la inversión en el Estado, usando a las corporaciones policíacas para amedrentar e intimidar a los comuneros opositores a La Parota. Estas instituciones han propiciado una escalada de tensión que irrumpe en la vida comunitaria, dañando el tejido social y provocando actos violentos, que van desde el enfrentamiento verbal, hasta el asesinato del comunero opositor Tomás Cruz Zamora.” El Espacio Desc repudió el asesinato, exigió la salida de la CFE de la zona, una investigación profunda del asesinato, que se anule la construcción de la presa y el cese al hostigamiento contra comuneros y ejidatarios opositores a la presa.
Con el fin de abonar la división y generar más intereses en apoyo a la construcción de la presa La Parota, la CFE por medio del titular de Asuntos Sociales del proyecto La Parota, Víctor Hugo Chávez Chávez, acordó de forma verbal un contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Asfalto, Aceites, Bancos de Materiales para la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), conformado 15 días antes. El delegado del sindicato dijo que “ya es un hecho” que el proyecto se concrete y que los comuneros que se oponen “no saben el beneficio que traerá” al estado. Hernández Almazán también es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Productores y Distribuidores de Materiales para la misma Industria, Excavadores, Similares y Conexos del estado de Guerrero de la CTM. Asimismo forma parte de la Alianza Camioneros del Sur, que se formó con dirigentes de la CTM, de la Federación de Sindicatos Independientes y otros sindicatos.
Otra estrategia que la CFE ha repetido en décadas pasadas pero que también forma parte de un mecanismo implementado por otros gobiernos en el mundo para ejercer presión a favor de los proyectos hidroeléctricos, es el ofrecimiento de compra de tierras altos costos para generar una avalancha de ofertas y luego ir bajando el precio de compra. [10] De ahí la propuesta del dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Evencio Romero Sotelo, para que la CFE pague medio millón de pesos por hectárea a los campesinos afectados. Este rumor generará falsas expectativas entre los comuneros y ejidatarios abonando a la división. Por si fuera poco, comuneros han comentado que la CFE ofreció dinero para dar su voto a favor de la presa y que, entre los coludidos en este fraude, están líderes de los partidos PRI, PRD y Convergencia.
Pese a todo ello el Cecop bajo la consigna de “Ni un paso atrás. No a la presa La Parota”, marcharon por la avenida Costera de Acapulco con 3 mil comuneros apoyados por organizaciones sociales, los desalojados de Granjas del Marqués, los afectados de Punta Diamante, los ejidatarios de Llano Largo y El Cayaco, los telefonistas, los del Seguro Social, al magisterio, los alumnos de la normal de Ayotzinapa y de las preparatorias, el sindicato de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) 7 y 17, la comisión de los campesinos de San Salvador Atenco, para demandar la cancelación de la construcción de la hidroeléctrica en tierras de Bienes Comunales de Cacahuatepec. Con pancartas manifestaron su repudio al gobernador y al alcalde, ambos del PRD, a quienes calificaron de “traidores”, y acusaron de haberse alejado de los caminos democráticos para apoyar los intereses de los ricos y sus proyectos neoliberales. Las consignas no se quedaron atrás: “Si Zapata viviera, que chinga les pusiera”, “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste”, “En una jaula de oro pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación”, “Zapata vive, la lucha sigue”, entre otras. También hicieron un alto frente a la Catedral en un reproche silencioso por las declaraciones del arzobispo, Felipe Aguirre Franco a favor de la presa, y quien fuera obispo de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas.
En un Boletín de Prensa, el Espacio DESC hace un recuento de su testimonio -en base a extenso informe- sobre las violaciones e ilegalidades cometidas contra los comuneros y ejidatarios para pretender construir la presa La Parota. [11] El Espacio manifestó su “preocupación por el uso excesivo e injustificado de la fuerza pública” y que los “comuneros demandan el respeto de todos sus derechos humanos, como son el medio ambiente, desarrollo sustentable, salud, vivienda, trabajo, alimentación y solicitan la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional.” Por otro lado hicieron énfasis en que “el gobierno ha criminalizado a los opositores, solicitando a través del Ministerio Público se liberen órdenes de aprehensión en contra de algunos representantes de comunidades y miembros del Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a La Parota (CECOP). Se han detenido a 5 comuneros, de los cuales se sigue proceso penal a Marco Antonio Suástegui Muñoz y a Francisco Hernández Valeriano. Suástegui ha recibido amenazas de muerte y está siendo permanentemente hostigado.” El informe hace un recuento de los retenes que impidieron el paso a los comuneros opositores al lugar de la asamblea, alguno fue fuertemente golpeado, y que incluso fueron encañonados hombres, mujeres y niños; de los cuerpos policíacos fuertemente armados; de ilegalidades en torno a la forma, lugar y contenido de la asamblea; de la malla aparentemente electrificada para impedir el paso; de la manipulación del padrón y de la aprobación de la agenda de la asamblea; de las falsas promesas de servicios públicos para lograr las firmas; del impedimento del paso a reporteros pero no a la comprada Confederación Nacional Campesina que no debía estar en la asamblea.
El Espacio denunció que fueron violados los derechos humanos de los comuneros por parte de la CFE, el gobierno y la Procuraduría Agraria, entre ellos el derecho a la libertad de tránsito; a la integridad y seguridad personales; a sus derechos agrarios; y a la seguridad jurídica. Concluyen que “tanto la CFE como funcionarios del gobierno federal y estatal han estado presionando de diversas maneras a los comuneros y ejidatarios opositores a la construcción de la presa, aglutinados en el CECOP, para que acepten la realización del proyecto: a) la realización de asambleas y convocatorias a las mismas fuera del marco jurídico, son un ejemplo evidente de esta presión; b) lo es también el proceso penal que se sigue a dos de los dirigentes a quienes se les imputaron el delito de privación ilegal de la libertad de un Ing. de la CFE delito que no cometieron; c) el hecho de negarles el paso a la asamblea y provocar reacciones airadas, que de ninguna manera son aceptables, pero que generalmente pueden encender la chispa que genere violencia, para después iniciar averiguaciones previas tendientes a controlar el movimiento.”
El caso de La Parota tiene constantes que se han repetido a lo largo de la historia de los grandes embalses: se esconde la información; no se llevan a cabo consultas informadas, oportunas y extensivas a los posibles afectados; se operativizan trampas y mañas; se hace uso de la represión y de la intimidación de las fuerzas públicas; se generan presos, se dan casos de tortura y el extremo son los asesinatos; se echa mano del chantajes, los sobornos, la compra de líderes y de autoridades locales; se esconden las alternativas y se provocan más intereses políticos y económicos para sumar apoyo al proyecto; se genera un ambiente ante la opinión pública de rechazo a los que defienden sus derechos y se atizan las divisiones; se hace uso de personalidades que son montados en los grandes aparatos de publicidad; se falsifican firmas y documentos; se generan alianzas con otros sectores de supuesta calidad moral como universidades, obispos, políticos, artistas o deportistas en este caso; se giran órdenes de aprehensión, aparecen amenazas de muerte a los líderes, se fabrican delitos y se usan todos los mecanismos ilegales para lograr el objetivo haciéndolo parecer que todo es legal; se prometen obras de infraestructura, empleos y otros supuestos beneficios para lograr más adhesiones a favor del proyecto. Por si fuera poco, también es constante que los estudios de impacto social y medioambiental están mal hechos.
Con el caso de la presa La Parota el gobierno ha violado legislaciones agrarias, la Constitución estatal y federal; los convenios internacionales que tienen que ver con el medio ambiente, el agua, los bosques y los derechos humanos como el caso del Convenio 169 de la OIT. Incluso ha hecho caso omiso de las Recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas (CMR). [12]
El problema central no es la presa en sí misma, sino lo que la justifica, los intereses creados y el modelo de supuesto desarrollo que está detrás. De ahí la ignorancia supina de los partidos políticos, supuestos académicos y de otros actores que sólo aplauden el proyecto sin conocer las consecuencias de los grandes embalses, pero eso será tema de otro Boletín “Chiapas al Día”. En fin, el caso de La Parota puede servir de experiencia para muchas otras luchas que se llevan a cabo contra las presas en el Continente. De ellas también han aprendido los comuneros de Guerrero. La estrategia se tiene que diversificar para lograr el respeto a los derechos humanos y la protección al medio ambiente. La lucha es de todos y todas. Los pescadores serán afectados, la población río arriba y río abajo, la población misma de Acapulco y el mundo entero gracias a que en Guerrero los que apoyan la represa también contribuirán entonces al cambio climático que, de no detenerlo, el estado de Guerrero no sólo le lloverá de más sino que los Tsunamis y los temblores podrán acabar con él. www.EcoPortal.net
Otras fuentes: La Jornada, 20, 21, 22, 23 de septiembre; www.suracapulco.com.mx/acapulco.htm
* Gustavo Castro Soto
http://www.ciepac.org/
[1] Licenciados Raymundo Castro Aparicio, Alfredo García Arcos, Luis Jerónimo Zavala, Priscila Rodríguez Bribiesca, Julio Adrián Hernández Quiroz, Sergio Morales Gallardo, Claudia Sierra Pérez, y Eustorgia de Jesús Cabrera.
[2] Acta de nulidad de la Asambleas, Acapulco de Juárez, Guerrero, a 7 de Septiembre de 2005, dirigido al C. Lic. Juan Rodolfo Lara Orozco, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, con sede en Acapulco, Guerrero, México.
[3] En un recibo de la CFE en posesión el Cecop reza: “Recibí de la Comisión Federal de Electricidad, residencia de actividades previas del Proyecto Hidroeléctrico la Parota, la cantidad de $ 2’600.00 (dos mil seiscientos MN), para cubrir los gastos generados por los comuneros, que asistirán a la Asamblea General convocada por los Bienes Comunales de Cacahuatepec, a celebrarse el día 14 de agosto del año en curso en el Campanario Anexo de los B. C. De Cacahuatepec, Mpio. De Acapulco Gro.”
[4] Cc. Crescencio Jerónimo Aparicio, Juan Hernández Jorge y Paulino Hernández Valeriano, respectivamente.
[5] Comunicado del CECOP, Acapulco de Juárez, Guerrero, 18 de septiembre de 2005. [6] Comunicado del UCIZONI, México, DF. a 20 de septiembre de 2005.
[7]Son miembros de la AMAP: CHIAPAS: Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CIEPAC), Organización Campesina Hermano Sol, Educación para la Paz (EDUPAZ), Indymedia-Chiapas; GUERRERO: Colectivo Estudiantil Rebelión, Partido Revolucionario de los Trabajadores-GRO. (PRT-GRO); OAXACA: Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec (CDHTT), Comité de Voluntarios para el Mejoramiento Ambiental (COVOMA), Centro para los Derechos de las Mujeres Naax Wiim (CDHMAAW), Grupo de Preservación Cultural Huave Mi Kualaj Xa Kabaj, Grupo de Trabajo Colectivo del Istmo (GTCI), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Grupo Cultural “Nivi Ñuu; PUEBLA: Unión Campesina Emiliano Zapata “VIVE” (UCEZ”VIVE”), Centro de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan (CDHyLVT), La Voz Nahuatl de la Sierra Negra, Centro de Derechos Humanos Takachihualis; TABASCO: Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Tabasco, Centro de Estudios Sto. Tomas; VERACRUZ: Frente Popoluca del Sur de Veracruz (FREPOSEV), Consejo Indígena de Uxpanapan (CIUX), Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Veracruz (MAIZV), Tssoka-Teyoo, Comité de Resistencia vs CFE (CRRC); BAJA CALIFORNIA: Corporación Corazón A. C. (COCOAC); DF.: Revista La Guillotina; MICHOACAN: Organización para el Desarrollo A.C. (OSDAC); QUERETARO: Unión de Mujeres Indígenas Campesinas de Querétaro (UMICQ). NACIONALES: Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Frente Autentico del Trabajo (FAT), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). www.amapenresistencia.org
[8] Carta del CECOP al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Acapulco, Gro, 7 de Septiembre de 2005.
[9] El Espacio Desc está conformado por Casa y Ciudad, A.C. de Coalición Habitat México; Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (Cam); Centro de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (Cedhescu); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh); Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A.C. (Cereal); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (C.M.D.P.D.H.); Deca Equipo Pueblo, A.C.; Defensoría del Derecho a la Salud; Fian – Sección México; Liga Mexicana De Defensa De los Derechos Humanos (Limeddh); Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (Hic-Al). A este comunicado se adhirieron también el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZ VIVE) y Unión de Colonos Populares del DF (UCP DF).
[10] Para ver ejemplos de estos mecanismos se puede consultar el Informe de al Comisión Mundial de Represas (CMR) en www.dams.org
[11] Boletín de Prensa, México DF. a 31 de agosto de 2005.
[12]www.dams.org