Por CEDEHU
Las normas del Estado Español en materia de inmigración limitan el derecho al trabajo, a la residencia, a la asistencia sanitaria, a la Seguridad Social y a los Servicios Sociales, a la intimidad personal, a la vida en familia, a la educación, al sufragio, a la seguridad jurídica, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia y a la libertad, promoviendo el control y la violación de la intimidad, la discriminación en los trámites administrativos, la criminalización de la ayuda a la inmigración irregular… endureciendo para ello los métodos y tratamiento policiales.
La actuación de las políticas de estado en materia de inmigración se ha centrado, además de en la aplicación de la Ley de extranjería y de su Reglamento, en poner en práctica todas las medidas que conlleva la externalización de fronteras de la Unión Europea y en mantener y reforzar las medidas discriminatorias para la población migrada que vive en el Estado español, tanto en situación regular como irregular.
El debate político sobre inmigración entre los dos principales partidos ha adquirido tintes perversos y se ha enfocado en quién ha logrado expulsar a más extranjeros o quién ha tenido más mano dura con las personas inmigradas en situación irregular. Y la actuación discriminatoria ha culminado en Junio 2008 con el apoyo del gobierno y de la mayoría de los parlamentarios españoles en el parlamento europeo a la Directiva europea de retorno, bien llamada “Directiva de la vergüenza”.
Al mismo tiempo parece evidente la existencia y avance entre la población autóctona del racismo y de la xenofobia así como el aumento del porcentaje de personas que ven la inmigración como un problema.
A la vista de lo expuesto, desde el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU) planteamos el siguiente debate: ¿Promueve el “racismo institucional”, el “racismo social”?
Exponemos las ideas fundamentales de un trabajo más amplio que aparece en http://centrodefensaestudioderechoshumanos.blogspot.com/ y en el que nos hemos planteado analizar:
1.- La existencia en el Estado Español de una fuerte carga de “racismo institucional”.
2.- El modo en que se perciben en ámbitos significativos de la vida social las actitudes de discriminación hacia la población inmigrante no comunitaria.
3.- Cómo el “racismo institucional” -en el que incluimos el discurso político amplificado por los medios de comunicación- influye y es una de las causas fundamentales de esas situaciones de “racismo social”.
El racismo social se sustenta fundamentalmente en:
– El miedo y la peligrosidad atribuida a un grupo social.
– La creencia de competencia desleal de las personas inmigrantes en el plano laboral que genera desempleo y baja el nivel salarial.
– La opinión de que el deterioro de los servicios públicos es debido al aumento del número de usuari@s.
– La pérdida de la identidad nacional.
– La asunción de que son demasiadas personas y de que pertenecen a culturas conflictivas y atrasadas.
Nos centramos en esta exposición en la normativa, las políticas securitarias y el discurso institucional, mencionando otros ámbitos de discriminación social significativos para finalmente hacer propuestas de actuación.
Como caso paradigmático de racismo institucional que genera racismo social nos detenemos en la Ley de persecución extraterritorial de la inmigración irregular.
Legislación
Las discriminaciones en función del origen nacional que envilecen el sistema político y consagran sólidos mecanismos de apartheid están regladas entre otras normas en el Código Penal, la Ley de extranjería y su reglamento de desarrollo, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, además de en normas y directivas de la Unión Europea.
Estas normas limitan el derecho al trabajo, a la residencia, a la asistencia sanitaria, a la Seguridad Social y a los Servicios Sociales, a la intimidad personal, a la vida en familia, a la educación, al sufragio, a la seguridad jurídica, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia y a la libertad, promoviendo el control y la violación de la intimidad, la discriminación en los trámites administrativos, la criminalización de la ayuda a la inmigración irregular… endureciendo para ello los métodos y tratamiento policiales.
La situación de conciencia de esta discriminación queda patente en la sentencia del Tribunal Constitucional de Noviembre del 2007 que ha declarado inconstitucionales las limitaciones de las libertades de reunión y manifestación, de asociación y de huelga, que también estaban negadas para las personas indocumentadas.
Políticas securitarias
El tratamiento normativo y político de la población migrada en los aspectos de seguridad y control es sin duda un factor clave en la generación del racismo social.
La población migrada es tratada como una categoría social objeto de medidas especiales de penalización extraordinarias y de control –con menores garantías para l@s ciudadan@s migrad@s frente a cualquier clase de Administración- lo que fabrica una imagen de grupo social peligroso y justifica actuaciones especiales en base a unas supuestas emergencia y amenaza a la seguridad.
Sin embargo la extendida percepción social de que la inmigración ha incrementado la inseguridad ciudadana no se corresponde con la realidad: Entre 2002 y 2006 la inmigración creció en un 86% mientras el número de delitos por habitante descendió en un 22,7%.
Veamos algunos ejemplos de cómo se generan estas percepciones:
Las normas autorizan un control especial y la violación de la intimidad: obligan al empadronamiento cada dos años, permiten cesión de datos entre administraciones y el acceso de la policía a los datos del padrón e instauran la obligación de comunicar al Ministerio del Interior los cambios de nacionalidad, estado civil y domicilio.
Aunque la inmigración irregular no es un delito, el Tribunal Constitucional ha fallado que la policía puede parar a una persona simplemente porque tiene un fenotipo "no-español", lo que básicamente legaliza prácticas racistas y discriminatorias con el argumento de que una persona que no aparenta ser española pueda ser extranjera indocumentada, y así puede ser requerida a identificarse, siendo el mecanismo "idóneo" para el control de flujos migratorios ilegales.
Según la investigación de Daniel Wagman, Grupo de Estudios y Alternativas 21, -presentada en el 2006 en el Seminario de la Comisión Europea “Las fuerzas de Seguridad y las minorías étnicas, inmigrantes y gitanos”- titulada “Perfil Racial en España, investigaciones y recomendaciones”, “un jefe de la Policía Nacional en Madrid, dijo que de un promedio de 800 arrestos llevados a cabo en su distrito, el 80% eran inmigrantes o extranjeros”. A este acoso permanente a la población migrada se unen las operaciones especiales mediante las que las fuerzas de seguridad realizan operaciones de “caza de inmigrantes”, redadas en parques, locales de ocio, locutorios u otros lugares que frecuenta la población inmigrante.
Si estas personas son interceptadas de una forma desproporcionada con respecto a la población mayoritaria, el número de detenciones que sufren aumenta también en una forma desproporcionada, sin ninguna relación con la actividad delictiva de estos grupos.
Las altas cifras de personas detenidas entre los grupos de la población que presentan rasgos distintos de la mayoría, constituye uno de los fundamentos en los que se basa la creencia en la supuesta alta actividad criminal de estos grupos.
El informe señala que entre 1997 y 2003 se detuvo a más de 350.000 personas por carecer de documentación.
De este modo, la policía verifica su hipótesis errónea consistente en responsabilizar a ciertos grupos minoritarios de una mayor actividad delictiva y la transmite a la sociedad manteniendo el mito racista más dañino acerca de las minorías: que son colectivos conflictivos, criminales, y constituyen un peligro para la sociedad.
Destacamos que en las informaciones suministradas por la policía a la prensa se caracteriza sistemáticamente la delincuencia de grupo como “mafia” y se da un tratamiento sesgado a las bandas juveniles.
Otro dato que se baraja para la atribución de actividad delictiva a la población migrada es su sobre-representación en prisiones; ante esto cabe señalar que si en las estadísticas de personas presas extranjeras se descuentan las encarcelaciones preventivas (sin sentencia dictada) así como turistas y personas de paso, el número se reduce más de la mitad y alcanza una tasa muy próxima a su peso poblacional.
Para analizar la sobre-representación en prisión hay que tener en cuenta el tratamiento dado por los jueces respecto a las libertades provisionales, y el hecho de que la asistencia letrada es ejercida muy mayoritariamente por abogado@s de oficio que no siempre tienen recursos suficientes.
Hay un preocupante número de casos documentados de malos tratos, tortura e incluso muertes a manos de la policía:
El Centro de Documentación Contra la Tortura, en su informe del 2007 recoge 321 situaciones en que se produjeron agresiones y/o malos tratos contra 697 personas privadas de libertad o en el momento de ser detenidas, de las cuales 102 corresponden a población migrante, señalando que esta población se retrae en denunciar; ello nos permite suponer que la proporción puede ser mayor.
Por su parte un estudio publicado por SOS Racismo, señala que en uno de cada tres casos de violencia racista en España "los responsables eran funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley".
El discurso político-mediático
El discurso es uno de los elementos más influyentes en la creación de mentalidades y estados de opinión. Las instituciones emiten un discurso que se canaliza por los medios de comunicación y se recibe por la población, cuya opinión a su vez alimenta el discurso de las instituciones en un círculo vicioso.
Quienes tienen la responsabilidad política de romper el círculo son las instituciones, ya que tiene el poder de poner en marcha el primer mensaje.
El discurso político, sea del tipo que sea, así como los medios de comunicación se encuentran en una posición privilegiada para la generación de racismo social.
Los aspectos relativos al racismo institucional en el discurso político (entendiéndose como tal las manifestaciones tanto de miembros del ejecutivo como del legislativo, en desempeño de sus funciones) y en los medios de comunicación, presentan una serie de particularidades, anotadas ya por Teun van Dijk, que es necesario destacar:
1.- Encubrimiento: empleo de estructuras discursivas que encubren racismo:
– negación aparente (se niega el postular una postura racista, pero la estructura de la frase denota un racismo latente): “no tenemos nada contra los extranjeros, pero…”
– concesión aparente (se pretende dar una imagen amistosa hacia la minoría, encubriendo con ello una actitud negativa hacia ella): “también hay extranjeros buenos, pero en general…”
– empatía aparente (se parte de una comprensión casi sobreentendida por el problema de las minorías para pasar a mostrar una actitud de rechazo): “por supuesto que es triste para los refugiados, pero…”
– transferencia (de algún modo se traspasa la responsabilidad a otro): “no tengo nada en contra de los extranjeros, pero mis clientes…”
2.- Verosimilitud: el discurso debe presentarse como coherente, y dicha coherencia como verosímil, es decir, debe haber una relación entre causa y consecuencia, aunque la coherencia no responda a la realidad, por ejemplo, al decir que el mayor desempleo entre las minorías se debe a su falta de cualificación, aunque no sea cierto, el discurso resulta coherente.
3.- Léxico: Se elige expresiones amenazantes con términos como invasión, tsunami, oleada, asalto y se utilizan frases pasivas en las que el país receptor es la víctima, con repetición enfática de los tópicos (“ilegales”), uso de los pronombres personales (“nuestro”, nuestro país frente a los que vienen de fuera), y se aportan números para dar imagen de objetividad (número de inmigrantes que han llegado en los últimos tiempos) utilizando una presentación estereotipada (los inmigrantes violan la ley, parece que sistemáticamente). En general se emplean términos nunca explícitamente racistas, pero de connotación negativa.
4.- Utilización de encuestas: la práctica habitual de referencia a las encuestas pervierte la opinión de la ciudadanía, ya que en gran medida las encuestas reflejan la opinión proyectada por las instituciones o grupos de poder a través de los medios. A la vez, la propia construcción de las encuestas propicia respuestas no contempladas por las personas encuestadas. La retroalimetación que supone la proyección de opiniones sesgadas por creencias racistas por parte de políticos y medios de comunicación y la medición de su incidencia en la población, genera la legitimación de políticas discriminatorias y racistas y a la vez la difusión de sus resultados refuerzan las tendencias que se quieren promover.
5.- Aspectos sobre los que se pronuncian: nueva llegada de inmigrantes (especialmente irregulares), políticas de inmigración, problemas de acogida, problemas sociales, respuesta de la población, caracterización cultural (son diferentes, y esa diferencia constituye de algún modo una desviación), amenazas, respuesta política y dificultades de integración. Es decir, aspectos fundamentalmente negativos.
Así, entre otros muchos ejemplos, el pasado 26 de junio aparecía un artículo en prensa (diario EL PAÍS) sobre la Directiva europea de retorno titulado “Zapatero tacha de ignorantes a quienes atacan la directiva de inmigración”, que recogía declaraciones del Presidente de Gobierno como: “[las críticas a la directiva] sólo pueden proceder de la ignorancia supina o de la demagogia irresponsable” y se complementaba tres días después con una entrevista concedida al mismo medio. En el discurso del presidente del Gobierno encontramos estructuras argumentativas analizadas por Van Dijk: “aunque le hubiera gustado una norma mejor aseguró que se trata de “un avance importantísimo” pues establece límites y garantías para la expulsión de inmigrantes ilegales”. La expulsión de ilegales es presentada como un acto positivo, es más, como “avance importantísimo”.
Dicho artículo resulta representativo por los diversos aspectos que en él se conjugan: por una parte, la negación explícita y sistemática de una posible postura xenófoba en la directiva y en la propia opinión. Por otra, la argumentación a favor de la directiva que la presenta como coherente en relación a la actual situación de la población migrada y como protectora, y en cierto modo paternalista, en relación a ella.
El discurso supuestamente coherente (garantías jurisdiccionales para el retorno y la estancia de inmigrantes, en este caso una estancia forzosa de hasta 18 meses, como sinónimo de progresismo) se une a la negación una vez más de una posible postura contraria a los Derechos Humanos.
A la pregunta del periodista: “El hecho de que, por vez primera, se diga en un texto legal que alguien puede estar detenido hasta 18 meses sin haber cometido ningún delito, ¿no es un desastre para la tradición democrática europea?” le sigue la siguiente respuesta: “No es un desastre, es un avance. A mí me hubiera gustado que el límite de tiempo fuera menor, que hubiera más garantías jurisdiccionales, sí, claro, pero no puede decirse que sea un desastre. Al contrario”.
De este modo, en el discurso político, el internamiento forzoso de una persona que no ha cometido delitos, se considera un avance y no debe entenderse en ningún caso como criminalización de la inmigración.
Dos días después un artículo publicado en el mismo periódico de la europarlamentaria del grupo socialista Maria Muñiz de Urquiza deslizaba el punto de amenaza, si bien sutil, que presenta el aumento descontrolado de inmigrantes al introducir el tema de una presión “insostenible” sobre el sistema de servicios sociales, incluyendo uno de los aspectos con que más sensibilizada se halla la población y que es más considerado una amenaza para l@s autócton@s: las futuras pensiones.
La negación de la xenofobia en el discurso de la clase política puede observarse también en declaraciones del líder de la oposición, Mariano Rajoy (recogidas por el mismo periódico el pasado 25 de junio), el cual, al mostrar su apoyo a la postura afirmativa del Gobierno en relación a la directiva, declaraba: "No le llamaré xenófobo por esto. Es más, le brindaré mi apoyo, porque ni nosotros lo éramos cuando lo proponíamos ni creo que usted lo sea por rectificar ahora". El discurso de la oposición, al igual que el del Gobierno, trata de alejar la posible sombra de la xenofobia declarando abiertamente no ser racista. El apoyo a la directiva se basa en este tipo de discurso en una argumentación que apoya sus bondades.
Como hemos visto tanto en los aspectos teóricos relativos al racismo en el discurso como en el análisis de declaraciones, especialmente de la clase política, existe una tendencia a mostrar una actitud en general veladamente xenófoba o de índole negativa en relación a la población migrante.
Esta tendencia se materializa en una serie de estrategias argumentativas que se repiten y transfieren a la población un mensaje que puede derivar en la generación de racismo social.
Es su propia sutileza (ningún político, ni ningún diario que se precie de signo no ultraconservador hará declaraciones del tipo “fuera todos los inmigrantes”) y el hecho de ser presentada la argumentación siempre como discurso coherente que busca el beneficio de la población autóctona y migrada, es lo que lo hace, a nuestro entender, más influyente en la mentalidad del receptor. Sin embargo, no por sutil y argumentado es menos determinante en el apoyo a determinadas políticas que obvian el tema de los derechos humanos; este discurso es, por tanto, campo de cultivo para la generación de racismo social.
Asimismo nos parece importante señalar que cuando se trata la inmigración desde un punto de vista positivo, (por supuesto la inmigración regular pretendiendo ignorar que una gran parte de las personas que están hoy en situación regular han sido en algún momento irregulares o han podido migrar regularmente por el hecho de que otras les abrieron camino inmigrando de forma irregular) lo que se destaca es su aportación a la sociedad española y los beneficios que a la población autóctona reportan. Pagarán nuestras pensiones, detienen el envejecimiento demográfico, cuidan a las personas dependientes, hacen los trabajos que no queremos…, ahondando en la visión utilitarista de la inmigración y reforzando estereotipos como el hecho de considerar a la población inmigrada como mano de obra barata, y personas de segunda categoría al servicio de la población autóctona.
Desafortunadamente, este discurso utilitarista e ignorante de los Derechos Humanos es repetido por organizaciones y personas que no se consideran racistas, incluso por organizaciones de apoyo a los derechos de la población migrada, y asociaciones de inmigrantes y personas migradas.
Los medios de comunicación utilizan estrategias similares y juegan un importante papel en la difusión del discurso y en la creación de significados. Mª Ángeles Cea, citando a Zapata-Barrero, concluye que: “si bien suele enfatizarse que los medios de comunicación tienen una influencia determinante en su función socializadora y como gestores de la opinión pública, también desempeñan una función legitimadora, que suele desatenderse. Los medios en esta segunda función proporcionan argumentos para justificar discursos en torno a la inmigración y legitimar formas concretas de gestionar el proceso multicultural”.
Señalamos que los medios de comunicación escogen a qué desean dar mayor importancia y, dentro de cada tema, qué aspectos van a destacarse, y dependiendo del tipo de noticia la ubican en un lugar o en otro.
Las noticias que más abundan sobre minorías étnicas suelen ser del mismo tipo que las que se utilizan los discursos políticos trasmitiendo las ideas que presentan la inmigración como un problema y una amenaza.
La población inmigrante es observada: rara vez aparecen como personas que expresan opiniones y que tiene una trayectoria individual sino que se las presenta confundidas dentro del apelativo aplicable al grupo focalizado por la noticia, y en pocas ocasiones se da la palabra a las minorías.
Un ejemplo muy clarificador
Como caso paradigmático de racismo institucional -en los aspectos tratados- que genera racismo social veamos la Ley de persecución extraterritorial de la inmigración irregular. (LO
13/2007)
La Ley que entró en vigor el 21 de noviembre del mismo año y pasó desapercibida viene a equiparar la inmigración irregular o clandestina con delitos gravísimos como el Genocidio, el Terrorismo, el Tráfico forzado para la esclavitud, la Venta de Personas, el tráfico de Drogas y otros delitos de especial gravedad.
Esta Ley persigue la meta de que los agentes policiales españoles puedan interceptar las pateras o los cayucos antes de llegar a las costas españolas y con ella se trata no sólo de impedir que lleguen a territorio español, sino incluso que puedan salir irregularmente l@s “sin papeles” de sus propios países o de terceros países.
La coartada justificadora se articula mediante la miseria intelectual y jurídica de equiparar la inmigración irregular con el tráfico forzado de personas para su explotación, por parte de las mafias.
La estrategia consiste en inventarse las mafias, como el sujeto que propicia, controla y saca beneficios de la inmigración irregular o clandestina, “crimen organizado”; se trata de vender la idea de que l@s inmigrantes “sin papeles” son víctimas de las mafias y por lo tanto hay que salvarlos de sus redes.
Así y no hace mucho, en el año 2007, la Vicepresidenta del Gobierno decía con satisfacción que
varios miles de personas inmigrantes irregulares llegadas a Canarias habían sido repatriadas, y que en los últimos meses se habían desarticulado más de 700 mafias (han oído bien: ¡700 mafias!). Además de la burda y frenética exageración de la expresión, la utilización del término mafias no es casual, ya que remite en el imaginario colectivo a la utilización de la violencia, al traslado o transporte forzado, a la explotación inmisericorde, y en definitiva a la vieja esclavitud.
Con mayor zafiedad Rumí –autentico látigo y azote de los “sin papeles”- proclamaba, sin inmutarse, que las “mafias” obligaban a embarcarse a la fuerza en “cayucos y pateras”.
Pero tal estereotipo no es cierto, y basta señalar el recuerdo de las imágenes escalofriantes, profusamente publicadas en T.V. y reportajes fotográficos de los miles de seres humanos acampados en los bosques de los alrededores de Ceuta y Melilla fabricando escaleras rudimentarias para saltar las vallas alambradas con pinchos, a riesgo de su integridad o incluso de su vida sin la intervención de “mafia” alguna.
De modo falaz y falsario la Ley Orgánica 13/2007 pretende equiparar el esclavismo y coacción, que conforman el conjunto de delitos relativos al tráfico forzado de seres humanos, con la inmigración irregular o “sin papeles” para así buscar una interesada coartada legitimadora del racismo institucional subyacente, apelando a la necesidad de proteger a las víctimas para proponer el castigo y persecución a los propios “sin papeles”.
Por ello constituye un insulto a la inteligencia y a la sensibilidad humanitaria, desconocer que la inmensa mayoría de l@s inmigrantes “sin papeles” y las corrientes migratorias irregulares, se articulan en vías voluntarias de salida de sus países, y ni son forzados por “mafias” a hacerlo, ni desconocen los riesgos que supone embarcarse en pateras o cayucos o embarcaciones vetustas.
Ciertamente la salida y el transporte en tales medios, no en aviones o autobuses, constituyen modos irregulares de transporte-viaje, pero no es menos cierto que en su gran mayoría son quienes quieren migrar quienes construyen o compran sus embarcaciones, mediante aportaciones colectivas o individuales, y son las propias personas inmigrantes quienes, con rudimentarios conocimientos de navegación y el auxilio de los instrumentos como G.P.S., emprenden los viajes rumbo a las costas españolas o de otros países de Europa.
Así el falso discurso de las “mafias” se presenta como coartada para justificar el autoritarismo, la represión y la persecución de l@s “sin papeles”.
La gran mayoría de medios de comunicación ha aceptado la coartada, y de modo irresponsable o deliberado, ha contribuido a la intensificación de la seudo-cultura del miedo y a la confusión de amplios sectores de la población autóctona, mediante la insidiosa asimilación de delincuencia a inmigración irregular para así poder justificar la guerra contra l@s sin papeles.
Recientemente, el Gobierno Español actual se ha dedicado a regalar (con el eufemismo de donaciones) barcos, aviones y helicópteros a ciertos países africanos para animarlos a la caza y captura de los inmigrantes irregulares, y ejemplo de ello son los regalos de tres aviones de vigilancia C-212 a Senegal, Cabo Verde y Mauritania y de ocho buques patrulleros a Senegal y Mauritania, así como de vehículos todo terreno y material de campaña.
Las consecuencias de tal guerra contra los “sin papeles” saltan a la vista. Mayores dificultades, mayores penurias, más muertes, más sufrimiento, encarecimiento de los servicios irregulares de transporte, un feroz tratamiento inhumano a las personas que se captura, bien abandonándolas en los desiertos, bien recluyéndolas en campos de concentración, bien retornándolas a terceros países.
Analíticamente, la Ley Orgánica 13/2007, por la vía de la persecución y la represión de la inmigración irregular, viene a conectar con las pautas de conformación del racismo institucional rampante en la Unión Europea. Al asociar inmigración irregular con “delincuencia y mafias” se trata de negar que los proyectos migratorios son, de forma absolutamente mayoritaria, producto de la toma de decisiones individuales o colectivas (de ámbito familiar o grupal), y que solo la imposibilidad de hacerlo de forma regular determina el recurso a las redes – más o menos organizadas – de tránsito de personas.
En efecto, en la medida en que logre despojarse a los “sin papeles” de su condición de sujeto, las políticas policiales-militarizadas de control de los flujos podrán presentarse como encaminadas a la protección de sus “vidas” invirtiendo la realidad.
Este enfoque envuelve a las personas inmigrantes “sin papeles” en una espiral denigratoria, en la que a la censura-castigo por la irregularidad se une la identificación con la delincuencia transnacional organizada, bien como irregulares-delincuentes, o bien como víctimas de los delincuentes, pero en cualquier caso relacionadas con los estos.
A su vez se tiende a criminalizar a las propias redes sociales de los inmigrantes y se refuerza la criminalización de la solidaridad.
Las anteriores reflexiones y consideraciones permiten concluir que la existencia de racismo social o xenofobia no es producto autónomo del ser individual, sino que la generación y expansión del mismo se provoca desde la producción normativa de racismo y xenofobia institucional.
Resumiendo
Como hemos visto, el Estado fomenta la desigualdad entre las personas decretando y elaborando leyes discriminatorias, gestando y aplicando políticas excluyentes, persiguiendo y expulsando a los que no pueden cumplir requisitos imposibles, y utilizando a los medios de comunicación en la difusión de un discurso político aparentemente sensato para justificar un trato discriminatorio hacia las personas inmigrantes no comunitarias.
Institucionalmente se pone en marcha el aparato represivo contra ciudadan@s cuyo único delito es ser extranjer@s, se ponen muros y alambradas para impedir la entrada, se encierra en Centros de Internamiento, se expulsa aplicando prácticas inhumanas y degradantes, se convierte a los transportistas en agentes para-militares, se penaliza a quien preste ayuda a una persona indocumentada, se persigue extraterritorialmente, se detiene sin motivo por el perfil étnico, se viola la intimidad, se trata como delincuente, se criminaliza; se está trasladando a la sociedad el mensaje de que hay un problema de invasión y de seguridad a causa de la inmigración y aumenta el racismo social.
Institucionalmente se confunde a la población manipulando la información para generar rechazo y miedo, el discurso político es racista: que no entren, hay que expulsar, lesionan nuestros derechos, no más regularizaciones, etc. y se enfrentan derechos de un@s con derechos de otr@s; se está trasladando a la sociedad el mensaje del miedo y de la inmigración como uno de los “principales problemas” que preocupan a la ciudadanía, aumenta el racismo social.
Institucionalmente las actuaciones de la policía y sus comunicados, así como los discursos de los políticos, propagan una visión de la inmigración como fuente de conflicto, delitos y crimen, utilizando estadísticas poco rigurosas y objetivas o mal interpretadas, lo que trasmite a la sociedad la idea de que l@s inmigrantes constituyen un potencial peligro y se estimula el racismo social.
Otros ámbitos del racismo institucional
En otros muchos aspectos, además de los que hemos desarrollado, existe un trato discriminatorio que trasmite a la sociedad una imagen de la población migrada y de las consecuencias de la inmigración que generan racismo social:
Institucionalmente se multiplican los trámites para cualquier asunto de la vida civil –obtener y renovar los permisos, empadronarse, reagrupar familiares, obtener la tarjeta sanitaria, escolarizar a menores, optar a los servicios públicos, convalidar títulos académicos, contraer matrimonio, inscribir a l@s hij@s– lo que sobrecarga las oficinas de atención, tanto las exclusivas como las comunes con el resto de la población, lo que contribuye a que se les atribuya la responsabilidad de colas y demoras y aumente el racismo social.
Institucionalmente se mantienen unos medios escandalosamente insuficientes en la atención a los trámites de extranjería lo que genera la visión de que es consecuencia de su pertenencia a categorías sociales inferiores de personas inferiores con menor derecho a ser atendidas y se fomenta el racismo social.
Institucionalmente la política educativa fomenta los guetos en determinados colegios públicos (el 82,5% estudia en centros públicos) sin realizar dotación presupuestaria para refuerzo, se imposibilita continuar los estudios a los mayores de 16 años con progenitores en situación irregular, se orienta a la formación profesional o a trabajar desde esa edad en la economía sumergida, con lo cual se está trasladando a la sociedad el mensaje de que l@s hij@s de nacionales es mejor que vayan a colegios privados o concertados, porque en los públicos con gran número de inmigrantes baja el nivel y aumenta el racismo social.
Institucionalmente se mantiene un modelo educativo etnocentrista, no se facilitan al profesorado materiales y formación para promover el respeto y el interés por conocer diferentes maneras de convivir y facilitar la dignidad y el reconocimiento de todos los miembros de una sociedad. Se está contaminando a la sociedad con ideas de tipo segregacionista o asimilacionista, y se contribuye así a incrementar el rechazo y el racismo social.
Institucionalmente no se respetan los derechos de niños y niñas, tratando a l@s menores inmigrantes no acompañad@s antes como migrantes que como menores, buscando su expulsión y vulnerando derechos fundamentales: se está fomentando en la sociedad la idea de que si no los echan, esos menores que se “cuelan” serán futuros “raterillos”, y aumenta el racismo social.
Institucionalmente no se ha ratificado el Convención de la ONU sobre la protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias y se ignoran los acuerdos internacionales antidiscriminatorios, no poniendo los medios que frenen la escalada de violencia racista en los centros escolares y la aparición de bandas violentas lo que constituye una responsabilidad grave por parte de la Administración en el aumento del racismo social.
Institucionalmente se favorece el trabajo en la economía sumergida y sólo se valora la productividad económica de las personas trabajadoras extranjeras, se exige para residir y trabajar un permiso de trabajo con requisitos incompatibles con el funcionamiento del mercado laboral, se considera la inmigración sólo como mano de obra, seleccionando la que interesa, supeditando los permisos a que no haya población autóctona en paro para esa actividad -lo que conlleva que cientos de miles de personas estén abocadas a la irregularidad-, se penaliza el trabajo irregular con una orden de expulsión; se traslada a la sociedad el mensaje de que quitan puestos de trabajo, hacen que bajen los salarios (como si la población inmigrante fuera causa del proceso de precarización y no victimas), y que puede haber un problema en la situación laboral de nacionales por lo que es mejor tener a l@s inmigrantes en situación de “vasallaje”, considerando el poder trabajar como un privilegio, no como un derecho, y aumenta el racismo social.
Institucionalmente se infrautilizan las capacidades profesionales de las personas trabajadoras extranjeras discriminándolas en el acceso al empleo, concentrándolas en los sectores de trabajo menos remunerados –restricciones a empleos públicos, cupos, temporeras-, lo que transmite a la sociedad una desconfianza hacia sus capacidades, considerándolas como “al servicio” de las autóctonas, y aumenta el racismo social.
Institucionalmente se criminaliza a la población inmigrante a causa de la inestabilidad jurídica en la que se la sitúa, puesto que su consideración dentro o fuera de la “legalidad” depende de la situación laboral, y se califica la situación de irregularidad como “ilegal”. Por tanto se está criminalizando y transmitiendo a la sociedad la idea de que algo “malo” habrá hecho y aumenta el racismo social.
Institucionalmente se impide la vida familiar poniendo obstáculos a la reagrupación familiar y se traslada a la sociedad el mensaje de que serían ya much@s lo que conllevaría más gasto social, que el poder vivir en familia es un privilegio que tiene que ganarse a base de años y aumenta el racismo social.
Institucionalmente se discrimina por razón de origen y se instaura la presunción de sospecha sobre los matrimonios mixtos y quienes pretenden contraer matrimonio con nacionales tienen serias dificultades para hacerlo, tienen que demostrar no ante su pareja si no ante la Administración sus motivaciones; se les convierte en sospechosas de hacerlo por motivos espurios, de estar actuando en fraude de ley y sus sentimientos hacia su pareja son puestos en cuestión, lo que aumenta la desconfianza y potencia el racismo social.
Institucionalmente se utiliza una necesidad básica como la vivienda como medio de control, se ponen obstáculos para trabajar “legalmente”, para empadronarse, se transmite la idea de delincuencia simplemente por no tener unos “papeles”, se fomentan el miedo y la sensación de inseguridad de los propietarios de viviendas para alquilárselas a inmigrantes y aumenta el racismo social.
Institucionalmente se favorece a ciertos sectores económicos disminuyendo los costes laborales al mantener a una numerosa población laboral en situación irregular sin poder cotizar a la seguridad social, anulando su derecho a las prestaciones socio-sanitarias y trasladando el mensaje de que se les atiende por “caridad”, y que ello tiene un coste social, cuando realmente se les niega la posibilidad de acceso a cotizar y aumenta el racismo social.
Institucionalmente se manipula la precaria situación de la administración de justicia estableciendo una relación de causa-efecto entre la falta de capacidad del sistema judicial y los recursos que presenta la población inmigrante. Es sistemática la producción de resoluciones administrativas, emanadas de órganos policiales y gubernativos, sin fundamento ni motivación, fruto de la arbitrariedad del sub-sistema policial; frente a la arbitrariedad, la falta de motivación y la ilegalidad formal o material, las personas inmigrantes ejercen el derecho al recurso, que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, y se les culpa de la carga de trabajo y el desbordamiento de la capacidad de respuesta rápida de los Jueces y Tribunales y aumenta el racismo social.
Institucionalmente se crea una categoría de ciudadanos sin derecho a sufragio, a la población migrante no se le permite votar ni ser elegibles en las elecciones municipales, autonómicas ni generales, se traslada a la sociedad el mensaje de que en cuestión de “ciudadanía”, hay ciudadan@s de 1ª, de 2ª, de 3ª,…y “no ciudadan@s”, considerando los derechos de ciudadanía como un privilegio que hay que alcanzar, no como derechos de las personas, de todas; y aumenta el racismo social.
En todos estos ámbitos y en otros ya que la exposición no es exhaustiva se evidencia cómo el racismo institucional está en la raíz del racismo social, lo genera e influye en su crecimiento.
Propuestas:
Si no se toman medidas drásticas para acabar con el racismo institucional, en el sentido de dar un vuelco al enfoque actual de las legislaciones y políticas del Estado Español –y por supuesto de la Unión Europea- sobre el hecho migratorio, estarán gravemente dañados, tanto en el presente como de cara al futuro, la convivencia de las personas, la confianza y solidaridad internacional y los Derechos Humanos, por lo que proponemos:
1.-A nivel legislativo: Igualdad ante la Ley.
– Derogación de la legislación específica: Ley de Extranjería y Reglamento, así como de los artículos que discriminan a las personas extranjeras en toda la normativa legal del Estado Español y de la Unión Europea.
– Derogación de la Ley para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina y anulación del Protocolo policial de repatriaciones.
– Ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
– Cumplimiento inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de asilo y derecho de l@s trabajador@s inmigrantes.
– Creación de una legislación integral contra el racismo y la xenofobia.
– Regularización de quienes están en territorio español, sin condicionarla a contar con un contrato de trabajo; eliminación de la imposición legal de obtener permiso de trabajo y de residencia para poder trabajar y residir legalmente.
– Eliminación de la sanción de expulsión por estar en situación irregular, máxime a quien denuncie irregularidades laborales, abusos policiales, agresiones xenófobas o violencia de género.
– Cierre y desmantelamiento de los Centros de Internamiento para Extranjeros.
– Reconocimiento efectivo del derecho a vivir en familia, que la persona inmigrante decida libremente qué familiares quiere reagrupar y que éstos tengan desde su llegada todos los derechos.
– Modificación de la Constitución para el reconocimiento del derecho al sufragio activo y pasivo, sin condicionamiento a la reciprocidad.
2.-A nivel de actuaciones administrativas:
– Puesta en práctica de los mandatos antidiscriminatorios a que obligan las directivas europeas, en particular la 43/2000, creando el organismo especializado de lucha contra el racismo.
– Tratamiento de l@s menores extranjeros no acompañados como menores y no como inmigrantes y que se haga efectivo el interés superior del menor y sea acorde con los derechos del Niño y con los Derechos Humanos.
– Cese de las actuaciones policiales arbitrarias y discriminatorias de controles de documentación, detenciones, redadas, secuestro de pasaportes y expulsiones.
– Erradicación inmediata de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos o degradantes y los abusos policiales; cese de la impunidad y exigencia de responsabilidades penales para quienes los realicen.
– Derogación de las medidas de control especiales como la renovación del padrón, el acceso de la policía a los datos del mismo y la obligación de notificar a la policía cambios en el estado civil, domicilio, etc.
– Reconocimiento del tiempo trabajado en la economía sumergida y los correspondientes derechos, cuando se detecte un empleo sin alta en la Seguridad Social, con obligación de las empresas a la cotización y sin sancionar a la persona trabajadora.
– Medidas para la igualdad de oportunidades en el empleo.
– Procedimientos administrativos: eliminar las discriminaciones, fin de la multiplicidad de trámites, normas acordes con la realidad y dotación de medios a las oficinas de extranjería.
– Resoluciones administrativas fundadas y ajustadas a derecho.
– Tratamiento no discriminatorio por parte de los juzgados en lo relativo a libertades provisionales.
– Formación y refuerzo del turno de oficio de l@s abogad@s de extranjería.
– Trámites para matrimonios mixtos iguales al resto.
– No discriminación en el acceso a la seguridad social, sanidad y a los servicios sociales al margen de cualquier situación administrativa.
3.- A nivel social, educativo y cultural:
– Medidas efectivas para evitar las escuelas gueto, dotación presupuestaria y de personal en los colegios con gran número de alumnos con necesidades especiales; reconocimiento del derecho a proseguir los estudios y obtener las titulaciones correspondientes al margen de la situación administrativa; formación del profesorado y cuantas medidas sean necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y la educación intercultural.
– Revisión de los textos escolares sobre la base de respeto a las culturas y civilizaciones y del análisis de la Historia desde un punto de vista no etnocentrista.
– Facilitación del reconocimiento de los títulos académicos obtenidos en otros países.
– Inclusión como una tarea prioritaria para las instituciones culturales, teatro, cine, salas de concierto, bibliotecas, archivos y museos, el facilitar un más amplio conocimiento de la historia, los valores y las actitudes de las distintas tradiciones culturales de las gentes que viven en nuestro país promoviendo el mutuo respeto y conocimiento, así como el impulso de propuestas culturales conjuntas producto de la interacción de todos con el entorno político, social y ecológico en el que vivimos.
– Políticas que fomenten el acceso al alquiler de viviendas para la población migrada.
– Erradicación del término “ilegal” para quienes se encuentran en situación de irregularidad.
– Exigencia a los medios de comunicación de un tratamiento no discriminatorio en relación con las minorías tanto en noticias como en artículos de opinión, espacio para la expresión de las minorías, en este caso de la población migrada y sus organizaciones y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
4.-A nivel político:
– Erradicar desde las instituciones el tratamiento de la población migrada como una categoría social.
– Finalizar con la presentación de la inmigración como un problema, así como con la atribución a este colectivo de características problemáticas para el conjunto de la sociedad.
– Acabar con los discursos que culpabilizan a la inmigración de las limitaciones en los servicios públicos.
– Suprimir las referencias étnicas en noticias sobre delincuencia, objetividad en las informaciones de la policía a los medios en cuanto a la calificación de los grupos de delincuentes y las bandas juveniles, ofrecer datos estadísticos no sesgados.
– Reconocimiento de la inmigración como un derecho, acabando con la consideración de estas personas como mano de obra y ciudadan@s de segunda.
– Exigencia de responsabilidades a l@s representantes español@s en el Parlamento Europeo que han contribuido con su voto a la aprobación de la Directiva Europea de Retorno.
– Fin de la política represiva de control de fronteras; mecanismos realistas para posibilitar la inmigración; fin del expolio a los “países en vías de desarrollo”; políticas de cooperación al servicio de las necesidades de la población.
Los movimientos sociales debemos contribuir al debate y a la toma de conciencia evidenciando cómo el fin de las políticas segregacionistas es también responsabilidad del conjunto de la sociedad y que las mismas nos convierten en futuras posibles víctimas de estas estrategias de segmentación social a través de la creación de grupos con distintos derechos en función de procedencia, extracción social, nivel de formación, lengua, creencias, practicas sociales o rasgos corporales.
La raíz del racismo social está en el racismo institucional generado por los intereses dominantes de las jerarquías de poder socioeconómico.
Debemos exigir un giro total en las políticas de inmigración del Estado Español –y de la UE– para que los esfuerzos y medios se empleen, no en seguir creando barreras para impedir que pasen personas de países no comunitarios (sin preocuparnos de los miles de muert@s que quedan por el camino en el intento), sino en el avance del estado de bienestar para toda la ciudadanía y en acoger a las personas que llegan, que viven entre nosotr@s y tienen el mismo derecho a vivir en este trozo del planeta que nos hemos apropiado egoístamente, para contribuir a lograr una sociedad libre de racismo y xenofobia, aceptando la realidad de que la sociedad está compuesta por personas de diferentes orígenesnacionales y culturales y que así va a seguir siendo.
Frente a los programas de uniformación de la población debemos sentir orgullo de las diversas identidades que cada quién hereda y construye.
Hay que hacer realidad el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en sus artículos 1º y 2º dice:
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
La puesta en práctica con valentía de estos contenidos de la Declaración Universal, contribuirá además a un avance ético y de justicia en la humanidad, y puede frenar la peligrosa e insolidaria deriva que está tomando la Unión Europea. www.ecoportal.net
Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU) – Madrid, Agosto de 2008
Ponencia presentada por la asociación CEDEHU en el III Foro Social Mundialde Migraciones celebrado en Rivas Vaciamadrid el mes de Septiembre de 2008, titulada: “RACISMO SOCIAL E INSTITUCIONAL EN EL ESTADO ESPAÑOL: ¿Está el racismo institucional en la raíz del racismo social?” y que es un extracto de un trabajo más amplioque puede consultarse en su blog (http://www.centrodefensaestudioderechoshumanos.blogspot.com)