Desarrollo Sustentable

Comunidades en defensa de la sustentabilidad

En medio de crecientes conflictos sociales y ambientales, diversas comunidades de la región han comenzado a defender por sí mismas los principios de sustentabilidad, pero instituciones políticas, empresas e incluso ONGs, más allá del reconocimiento formal, no asimilan plenamente aún el valor estratégico de esa participación

Por Víctor L. Bacchetta

En medio de crecientes conflictos sociales y ambientales, diversas comunidades de la región han comenzado a defender por sí mismas los principios de sustentabilidad, pero instituciones políticas, empresas e incluso ONGs, más allá del reconocimiento formal, no asimilan plenamente aún el valor estratégico de esa participación

Desde el legendario lema del movimiento ecologista –"pensar globalmente, actuar localmente"– y la adhesión de las ONGs ambientalistas a los valores democráticos, hasta la fórmula común hoy en los acuerdos de las organizaciones internacionales sobre medio ambiente y desarrollo, la participación local, o sea, la intervención de las comunidades en la toma de decisiones sobre las políticas y proyectos que las afectan, parece haberse consolidado.


Se ha consolidado, sin duda, como concepto irrefutable, pero está muy lejos de ser llevado a la práctica. Cada órgano o entidad aplica el concepto según su criterio y son pocos todavía los que se preocupan por averiguar qué creen al respecto y cómo lo harían los propios involucrados. Es más, cuando los aludidos deciden actuar por su cuenta y riesgo, en vez de ser bienvenidos, a menudo son ignorados, se busca manipularlos o son simplemente rechazarlos.

Esto se traduce concreta y dramáticamente hoy en América Latina en un número creciente de conflictos ambientales en los cuales las comunidades locales han decidido actuar. Por lo general ocurre cuando la situación es crítica (contaminación, depredación ambiental, degradación social, etcétera) y evidencia que los actores habituales y las instituciones vigentes en estas sociedades no incluyen ni están preparados para tratar al nuevo protagonista.


Los impactos de la globalización

La región latinoamericana arrastra una serie de problemas ambientales no resueltos, que cada tanto desembocan en alguna catástrofe producida por accidentes o el desborde de condiciones críticas. Los pasos dados a este respecto por los poderes públicos, las empresas y los restantes actores sociales involucrados han sido hasta ahora insuficientes. La cuestión es grave porque, en vez de disminuir o aplacarse, estos conflictos tienden a aumentar y a agudizarse.

La mayoría de los gobiernos de la región, incluidos algunos en donde han triunfado fuerzas de izquierda, no tienen la determinación política de cuestionar las políticas del FMI, el BID y el Banco Mundial. Asumen la globalización económica como un hecho y que la única vía para el desarrollo nacional es la apertura, sin restricciones, al capital extranjero. Esta es la receta que facilitó hasta ahora el saqueo de la región y hoy las características de esa inversión son peores.

A los problemas tradicionales o históricos, se agrega una nueva serie de inversiones interesadas en explotar las riquezas naturales de la región. Desde el ‘boom’ de la minería y la expansión de la agroindustria, como el caso de la soja, hasta las plantaciones de pinos y eucaliptos, con la instalación consiguiente de la industria de la celulosa, son todos proyectos de gran escala con fuertes impactos ambientales y sociales sobre las poblaciones locales.

Extracción de minerales, gas y petróleo en zonas ricas en biodiversidad y frágiles ecológicamente (p.ej.: el proyecto Pascua Lama en los glaciares cordilleranos de Argentina y Chile); deforestación de los bosques naturales y plantaciones masivas de árboles para las fábricas de celulosa; patentes de productos biológicos para la industria farmacéutica y la agroindustria, son algunas de esas inversiones que enfrentan una creciente resistencia de las poblaciones.

Lo significativo de esta resistencia es su asiento territorial, o sea, son movimientos comunitarios, asambleas ciudadanas o juntas de vecinos de una zona o localidad. El antecedente de estos movimientos son los pueblos indígenas que, al conservar su identidad étnica y cultural asociada a la tierra, actúan siempre en forma colectiva y territorial. Al igual que los indígenas, estos movimientos cuestionan las instituciones políticas y a los actores tradicionales de la sociedad.


La resistencia de las comunidades

En el norte de Perú se proyectan grandes minas en desmedro de la agricultura. Las comunidades campesinas ven peligrar sus cultivos y el ganado, los cursos de agua y sus condiciones de vida. Un caso ejemplar de resistencia fue Tambogrande, donde la población, gobiernos e iglesias locales, enfrentaron un proyecto de mina de oro a tajo abierto, lo denunciaron dentro y fuera del país y demostraron con un plebiscito su rechazo, hasta lograr la desistencia del gobierno nacional.

El ‘boom’ minero alentado por el gobierno peruano de Fujimori, con apoyo del Banco Mundial, multiplicó los conflictos entre las empresas y las comunidades. Finalmente, de ese proceso surgió la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) para defender los derechos de las poblaciones y luchar por un cambio del modelo económico. La "planificación participativa y descentralizada" fue definida como la "única vía para el desarrollo sostenible".


En forma similar a Tambogrande, en Esquel, en la Patagonia Argentina, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados realizó en 2003 un plebiscito en el que triunfó, con 81% de los votos, el NO a una mina de la Meridian Gold. Las autoridades no respetaron ese resultado y la movilización local continúa. Las reformas legislativas de los años 90 en Argentina alentaron una proliferación de proyectos mineros, que las poblaciones resisten en defensa de su salud y del medio ambiente.

En Brasil, además de los conflictos entre las poblaciones indígenas y las empresas agroindustriales y de celulosa –como los Tupinikim y Guaraní con Aracruz Celulose, en el estado de Spiritu Santo–, el Movimiento de los Sin Tierra y Vía Campesina, que vienen luchando desde hace años por la reforma agraria, se enfrentan también a las políticas de forestación, porque absorben cada vez mayores tierras utilizables para la producción de alimentos por sus familias.

Dos grandes fábricas de celulosa sobre el río Uruguay, compartido por Argentina y Uruguay, han derivado en un serio conflicto binacional por la movilización de las asambleas ciudadanas ambientales de la provincia de Entre Ríos, que cortaron puentes internacionales y obligaron al gobierno argentino a cuestionar esos proyectos ante la Corte Internacional de La Haya, a pesar de existir en ese país emprendimientos de forestación y celulosa similares.


Carencias del marco institucional

El fenómeno se manifiesta en todos los países de la región y en distintas áreas. Se autodenominan comisión, junta o asociación de vecinos, vecinos autoconvocados, comité o red ecológica, asamblea ciudadana o, simplemente, comunidad o población de tal localidad. A veces, el alcalde, el párroco o concejales del municipio se suman a los pobladores. Pueden formar federaciones o confederaciones regionales, pero parten siempre de una realidad geográfica local.

La aparición de este nuevo actor, obliga a los restantes a modificar sus análisis, juicios y acciones habituales. Sus procesos de decisión y formas de acción son diferentes a las de los actores sociales conocidos, como los gremios y asociaciones corporativas. Las reuniones son abiertas a todos,suele estar presente la familia entera, los procedimientos de discusión son más complejos y los tiempos para tomar decisiones mucho más prolongados.

Las instituciones políticas latinoamericanas han sufrido en los últimos años cambios hacia estructuras más democráticas y descentralizadas de gobierno, resultantes en particular de los procesos de democratización posteriores al período de dictaduras militares. Sin embargo, esta tendencia choca con una tendencia contraria de las políticas económicas dominantes. La actual globalización económica ha impuesto una centralización aún mayor de las decisiones.

La deuda externa de la mayoría de los países de la región significa que delegan sus decisiones políticas y de inversión en el FMI, el BID y el Banco Mundial. A esto se agregan últimamente los llamados ‘tratados de inversión’ o de ‘libre comercio’ que traen nuevos condicionamientos a los gobiernos nacionales. Que un grupo local, una comunidad o población de una zona, reclame un lugar en la decisión sobre un gran proyecto de inversión, no encaja en esa realidad.

Incluso en la legislación ambiental de la región, incorporada en años recientes, se contemplan formas de consulta y audiencia públicas en la evaluación de impactos de los proyectos, pero o no se aplican o funcionan como instancias burocráticas que se utilizan para legitimar los proyectos en lugar de exponerlos a la crítica. En definitiva, no existe un marco institucional y normativo que otorgue a las comunidades una participación real en las decisiones del desarrollo.

Reacomodos en empresas y ONGs

Tradicionalmente, las grandes inversiones y proyectos funcionaban en su mayoría como economías de enclave, o sea, un territorio aparte del país en que la empresa fijaba las reglas sin rendir cuentas a nadie. El gobierno nacional era llamado para reprimir las protestas y la comunidad local nunca tenía voz en el proyecto. Aunque son poco visibles y mucho menos aceptadas en la actualidad, estas reglas siguen aplicándose en muchas regiones del continente.

Hoy en día, existe una creciente preocupación pública por la responsabilidad social y ambiental de las inversiones. Algunos bancos, grupos de inversionistas y grandes corporaciones explicitan en sus principios que los proyectos requieren una ‘licencia social’ para operar y procuran, incluso con independencia del gobierno, acuerdos duraderos con la población local.

Cuando las condiciones impuestas a la población se hacen insostenibles surgen los estallidos sociales. La presencia de organizaciones no gubernamentales (ONGs) con un reconocimiento formal de parte del gobierno y las empresas ha servido, en muchos casos, como nexo o mecanismo de intermediación con las comunidades o poblaciones locales y ha permitido paliar esa ausencia de reconocimiento formal y de procesos participativos regulares.

Pero cuando las comunidades reclaman su papel como participantes con plenos derechos de decisión, las ONGs dedicadas a los problemas sociales y ambientales deben redefinir claramente su función. En los conflictos ambientales en donde las comunidades o asambleas ciudadanas están actuando como tales se perciben diferentes actitudes políticas y reajustes en el accionar de las ONGs, que pueden contribuir o no a afianzar la nueva dinámica social.

Unas se ponen al servicio de las comunidades, aportando en la elaboración de las políticas y en la marcha del proceso participativo, pero otras adoptan liderazgos y protagonismos que las singularizan a toda costa. Esta actitud puede responder a necesidades de preservación política o financiera, pero cuando llegan a competir con las comunidades, tales ONG se convierten en un actor político más y dejan de cumplir el papel de intermediación social original.

Un factor clave de la transición

No se trata de sostener, simplemente, que todo lo que venga de las comunidades autoorganizadas será lo correcto. Estos movimientos ciudadanos tienen muchas dificultades y carencias, entre otras cosas, debido a la aún escasa experiencia participativa, la falta de transparencia de gobiernos y empresas que dificulta el acceso a la información y a los estudios necesarios para tomar decisiones y, por último, pero no menos importante, a la ausencia de una cultura centrada en la sustentabilidad del ecosistema del planeta.

La cuestión principal, es establecer el eje del tránsito desde la situación actual hacia un mundo basado en la sustentabilidad social y ambiental. En el plano del conocimiento y los medios para alcanzar ese propósito pueden existir todavía muchas incertidumbres. No obstante, se ha logrado a través de serios estudios y largos debates que la comunidad de naciones defina una serie de políticas y acciones, pero es evidente que los poderes constituidos no tienen la voluntad política requerida para ejecutarlas.

Esto confirma que la crisis ambiental es una crisis de paradigma, de los presupuestos de esta civilización en su relación con el universo en que está inmersa. Considerarla un simple conflicto de intereses sociales, económicos o políticos es minimizarla en su alcance, pues afecta las nociones culturales y filosóficas del ser humano. Por tanto, sólo se logrará que los responsables políticos actúen en consecuencia con ese fin si las personas y sus comunidades adoptan una posición conciente y firme sobre las causas de la crisis y las formas de resolverla.

Las comunidades se pueden equivocar, pero partimos de una equivocación mucho mayor, de un modelo de civilización insustentable, y la transición para recuperar la sustentabilidad debe ser realizada por todos o, de lo contrario, fracasará. Se podrá discutir entonces si son apropiados o no tales o cuales diagnósticos y soluciones, pero lo que no se puede soslayar es que las propuestas sólo serán llevadas a la práctica y hasta sus últimas consecuencias, cuando se cuente con la participación conciente y activa de las comunidades.

Esta es exactamente la manera de aterrizar en la realidad el principio de "pensar globalmente, actuar localmente". No se trata simplemente de hallar el diagnóstico y las mejores soluciones en el laboratorio o entre científicos y pensadores geniales, tampoco de encontrar los líderes serios y comprometidos o de llegar a acuerdos exhaustivos en las cumbres y conferencias internacionales, sino de poner todo ello al servicio de las comunidades en acción. Si esto no ocurre, es señal de que aún falta mucho para llegar a la sustentabilidad. www.ecoportal.net

* Periodista uruguayo

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