Por Octavio Enrique Carrasquilla Salas
Mientras el país no logre avanzar en la construcción de una plataforma institucional firme que pueda apoyar en forma sólida sus objetivos de gestión ambiental, las autoridades ambientales enfrentarán serias limitaciones sobre el tipo de instrumento que pueden poner en práctica con razonables posibilidades de éxito en un entorno regulatorio que escapa de su control directo.
En las anteriores elecciones presidenciales, las tres principales propuestas de planes de gobierno, contenían una sección que esbozaba lo que sería la gestión ambiental de alcanzar la máxima magistratura de la República. El hecho de abordar el tema ambiental dentro de sus propuestas, fue en sí un avance dentro al proceso electoral. Es necesario evaluar, posterior a la promulgación de la Ley General del Ambiente, cuales han sido los avances obtenidos en la materia. El último informe de CEPAL sobre la "Aplicación de Instrumentos Económicos en la Gestión Ambiental de América Latina y el Caribe" afirma que: "la mayoría de los países todavía no logran construir la plataforma institucional necesaria para que las autoridades ambientales de la región puedan implementar con éxito sus estrategias ambientales asistidas por instrumentos económicos regulatorios", a lo que agregaría: políticas claras, aplicación de la legislación vigente, así como recursos para su ejecución.
En el caso nacional, la problemática ambiental no escapa a esa realidad, la gestión ambiental del Estado panameño carece de coherencia interinstitucional, que suministre una política lógica que permita un proceso sistemático e integrado. Por ello, la necesidad imperante, que el plan de gobierno del presidente electo de 2004, de prioridad a la incorporación de la gestión ambiental dentro de las políticas y en consecuencia, en los procesos decisorios del Estado. Muchos de los problemas afrontados por los anteriores gobiernos, se han derivado de la ausencia de la integración de la gestión ambiental a las políticas y procesos de desarrollo implementados.
Una de las alternativas para solventar de manera parcial este objetivo, podría ser el de elevar a categoría de Ministerio la actual Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), de tal forma, que las decisiones del sector ambiental sean discutidas al más alto nivel (Consejo de Gabinete) e involucren todos los niveles del accionar gubernamental. De no ser así, muchísimos países desarrollados y en vía de desarrollo, no se hubieran dado a la tarea de elevar a calidad de ministerio sus entidades reguladoras del ambiente. Somos consientes, de que el solo hecho de elevar a Ministerio la actual ANAM, no sería más que un paso dentro del proceso para el mejoramiento de la gestión ambiental, ya que el proceso es mucho más complejo que eso y demanda otra serie de medidas.
En la ANAM, existe una concentración de atribuciones, que más que permitir la transparencia, facilitar, mejorar la efectividad y calidad de la gestión ambiental, la desmejora, debido a la característica intrínseca de poder dictar políticas, gestionarlas, aplicarlas y además, ser el propio juez de los procesos de gestión ambiental. Descentralizar la multifuncionalidad de esta autoridad, será el gran escollo que el próximo gobierno, requerirá solventar, dentro de las tareas inmediatas a través de un proceso de reingeniería, con un alto grado de participación ciudadana y una fuerte dosis de voluntad política.
Para el logro de este objetivo, será necesario avanzar en una mejor caracterización de las modificaciones e innovaciones institucionales requeridas para dar mayor operatividad a la gestión ambiental, adecuar las reformas fiscales como factor integral dentro de la tarea ambiental, gestar iniciativas de reforma administrativa que faciliten la gestión ambiental, y procesos de descentralización de la propia gestión de forma más coherente, concreta y sistemática que permita disminuir la presión creada por el actual modelo centralista que no permite dar las soluciones que la ciudadanía demanda.
Es preciso además, exigir la incorporación de la gestión ambiental en la agenda de prioridades políticas de los aspirantes al solio presidencial, de tal manera que no se limiten a convertir la gestión ambiental en una mera repartición política, que en nada favorece el proceso. La articulación de los objetivos de gestión ambiental con la política exigen además, un fortalecimiento previo de las autoridades en los tres poderes con injerencia directa o indirecta en el ambiente y avances en incorporar la temática como prioridad política de su mandato en relación a otras instancias gubernamentales. El avance hacia una articulación efectiva de los objetivos de política ambiental y su instrumentación como parte integral del proceso gubernamental se debe vislumbrar como un área que exigirá mayores esfuerzos económicos, de investigación y análisis por parte del país en los próximos años.
La gestión ambiental continuará enfrentando serias dificultades operativas, hasta tanto no se encuentren formas de insertar sus funciones transversalmente en el aparato jurídico-institucional y se pueda garantizar coherencia con la estructura de las otras políticas sectoriales.
No es posible diseñar, ni ajustar instrumentos de gestión eficaces en presencia de importantes vacíos de información, cuando las funciones de monitoreo, y generación de información y estadísticas ambientales, todavía se encuentran en un estado de desarrollo muy incipiente. Salvar esta brecha funcional, requiere ingentes esfuerzos transectorial e interinstitucional, ya que los sectores productivos y la comunidad de base demandan respuestas urgentes y mejoras substanciales en la eficacia de los instrumentos de gestión ambiental, será entonces éste un esfuerzo que deberá ser asumido de manera gradual y concreta.
Mientras el país no logre avanzar en la construcción de una plataforma institucional firme que pueda apoyar en forma sólida sus objetivos de gestión ambiental, las autoridades ambientales enfrentarán serias limitaciones sobre el tipo de instrumento que pueden poner en práctica con razonables posibilidades de éxito en un entorno regulatorio que escapa de su control directo.
Panamá, no difiere de la mayoría de los países de la región, que se encuentran aún en las primeras etapas de la curva de aprendizaje en lo que respecta a su desarrollo institucional en esta materia. El reto venidero consistirá en lograr avances concretos en este fortalecimiento necesario para la institucionalidad ambiental y su prioridad política, al tiempo que se procede a su integración efectiva con el resto de las funciones del gobierno.
Pese a la poca notoriedad del tema, debemos como sociedad civil exigir que las nuevas propuestas de plan de gobierno, además de abordar la problemática, sean discutidas en debates públicos o cabildos abiertos, para conocer como pretenden resolver la problemática existente y conseguir resultados concretos.
* Octavio Enrique Carrasquilla Salas El Licenciado es Ingeniero Forestal, Cédula de Identidad Personal No 8-241-450, teléfono 277-4800.