Las realidades del mundo unipolar del presente, lejos de fortalecer y estimular una concertación universal para avanzar sobre aquel camino, tornan más trágico y sombrío el cuadro que ahora se muestra para nuestro análisis. Declaratoria de las ONGs cubanas a presentar en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo
Introducción
El propósito esencial de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, a efectuarse próximamente en Johannesburgo, es revisar el cumplimiento de las metas y compromisos contraídos en la llamada Cumbre de la Tierra, efectuada en Brasil en 1992, centrando su atención en el programa de trabajo conocido como la Agenda 21, cuyo objetivo es lograr que el desarrollo del mundo se realice sobre bases de sostenibilidad y en esa forma salvar al planeta de su ya evidente proceso de destrucción, alcanzando a la vez una distribución de la riqueza que sea justa y equitativa para los pueblos víctimas del subdesarrollo y la explotación.
La situación mundial hoy día, dista mucha de la que existía diez años atrás, cuando un espíritu de cooperación y concientización ante los problemas de la humanidad parecía emerger sobre las actitudes egoístas e irresponsables de la mayor parte de los causantes principales de ese estado de cosas. Las realidades del mundo unipolar del presente, lejos de fortalecer y estimular una concertación universal para avanzar sobre aquel camino, tornan más trágico y sombrío el cuadro que ahora se muestra para nuestro análisis. Los países desarrollados, de espaldas nuevamente a la dura realidad económica, social y ambiental del planeta, se resisten a cumplir los compromisos que contrajeron entonces, rechazando incluso acuerdos anteriores adoptados con iguales propósitos. El bloque integrado por Canadá, Japón, Australia, Noruega y Nueva Zelanda, bajo el liderazgo de los Estados Unidos de América, no respalda la identificación de las necesidades de recursos financieros, ni la transferencia de tecnologías, sobre bases preferenciales y pugna por la reducción o la negación de la asistencia técnica, sin tener en cuenta los efectos de tal actitud en cuestiones vitales como el medio ambiente o de orden social como la pobreza o las enfermedades. Otros países desarrollados acompañan en muchos aspectos posiciones tan negativas y peligrosas.
La sociedad civil tiene ante sí un reto de cuyo resultado dependerá también su propia suerte, pues el cuidado de la naturaleza y la preservación de la Tierra y la especia humana atañe a todos, sin distinción de ricos y pobres. Los problemas ambientales ponen en peligro el mañana de la humanidad. Los pueblos del Tercer Mundo, principales víctimas de la explotación y el hambre, alzan su voz para demandar un nuevo orden mundial que ponga fin a la demencia que hoy amenaza al mundo.
En Sudáfrica debe adoptarse un plan que agilice la puesta en práctica de la Agenda 21 y que identifique de manera clara los términos referidos al cumplimiento de las acciones previstas, así como sus costos, fuentes de financiamiento y los responsables.
Con el propósito de contribuir al debate que nos conduzca a tales resultados en esta Cumbre Mundial, las ONGs cubanas e internacionales radicadas en Cuba, han consensuado el presente documento, en el que analizamos cada punto de la agenda a debatir y fijamos las posiciones ante ellos.
Implementación, monitoreo y cumplimiento de los objetivos medioambientales.
Las ONGs cubanas que participaron en el Forum del Milenio (Nueva York, mayo del 2000), en el documento conjunto que elaboraron para dicha ocasión, referían cómo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en 1995 en Copenhague, consideró la erradicación de la pobreza como un imperativo ético, social, político y económico de la humanidad, y reafirmó, realzándolos, los criterios sobre el desarrollo sostenible y el medio ambiente que la Conferencia de las Naciones Unidas para estos temas efectuada en Río de Janeiro, Brasil, en el año 1992, había ya dejado sentados como resultados de aquella reunión, plasmados en la Agenda 21.
En el Forum del Milenio, realizado ocho años después de la Conferencia de Río de Janeiro, la gran mayoría de las ONGs de los países del Tercer Mundo coincidieron en destacar que si bien la Agenda 21 significó un paso de avance importante en la lucha de los países subdesarrollados por alcanzar un mundo más justo y equitativo, no era menos cierto que las metas propuestas en ella no habían alcanzado su materialización más efectiva. Esta valoración resulta totalmente vigente, pues al cabo de diez años de aquella Conferencia se advierte con preocupación el peligro que acecha en esta Cumbre Mundial de Johannesburgo de que los avances logrados diez años atrás puedan sufrir un golpe sensible, al constatar cómo la situación internacional se muestra mucho más compleja y adversa para la realización de aquellas aspiraciones.
Al inicio de la década que analizamos a partir de la Conferencia de Río, observamos que múltiples gobiernos, en el plano nacional, asumieron los objetivos fijados para el desarrollo sostenible, y al efecto multiplicaron la institucionalidad ambiental, promulgando leyes que recogían varios de estos objetivos. En el plano internacional suscribieron o ratificaron distintos convenios relacionados con la protección al medio ambiente.
La agudización de las crisis económicas en varios países y la inseguridad que ello conlleva para el resto de los países en un mundo globalizado bajo el signo neoliberal, han devenido factores negativos que frenan o impiden la aplicación de políticas de desarrollo sostenible que propicien el desarrollo económico, la igualdad social y la protección al medio ambiente. Más bien, han favorecido la tolerancia de los gobiernos y la complicidad con las prácticas depredatorias que históricamente han caracterizado la actuación de las empresas transnacionales, en alianza con las oligarquías nacionales, con su secuela de inequidad social.
El bloque de países desarrollados, al imponer a los países subdesarrollados su escala de valores, su sistema económico y sus formas de gobierno, expande también por el mundo sus hábitos depredadores de producción y consumo. Como consecuencia, la deforestación elimina cada año millones de hectáreas de bosques, la erosión del suelo ha destruido millones de toneladas métricas de la capa vegetal y la creciente desertificación afecta millones de hectáreas de suelos. Una considerable parte de todas las especies podrían desaparecer en los próximos años, lo que constituye una grave amenaza para la biodiversidad. La contaminación del aire, el agua, los ríos y los mares, pone en peligro la vida de poblaciones enteras.
Este cuadro alarmante, presentado por las ONGs cubanas ante el Forum del Milenio hace dos años, se ha agravado. Los países desarrollados, máximos responsables de las afectaciones del planeta, al imponer la globalización neoliberal han producido en la práctica la imposibilidad de que países con una mayor voluntad política y sensibilidad ante los problemas ambientales puedan poner en práctica sus estrategias sobre este tema.
Los efectos negativos del reforzamiento del efecto invernadero y el cambio climático ya se han dejado sentir en las regiones más vulnerables del planeta, incluidos pequeños estados insulares, algunos de los cuales como las Islas Maldivas y Tuvalu, podrían desaparecer como consecuencia de la elevación del nivel del mar. Estados Unidos de América, que encabeza el bloque de países desarrollados, hoy por hoy, es el más influyente promotor de las posiciones que impiden una solución justa y razonable que ponga fin a la destrucción paulatina del planeta. No obstante que resulta el país más contaminador, responsable directo del 25 por ciento de los gases efecto invernadero que se lanzan al espacio, ha renunciado a ratificar el Protocolo de Kyoto. La insensibilidad con que se manifiesta la actual administración norteamericana, que tolera la actividad indiscriminada de industrias petroleras, incluso en zonas protegidas de su territorio nacional como Alaska, pone en una grave situación al mundo entero.
La influencia política y económica de EE.UU. y otros países desarrollados sobre instituciones multilaterales como son el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha sido un factor negativo, al utilizar dichas instituciones como instrumentos de imposición a los países subdesarrollados de la globalización neoliberal, con el consecuente resultado de comprometer el cumplimiento de los acuerdos de la Agenda 21, bien sea al debilitar la autoridad de sus mecanismos de implementación internacional o al reducir los fondos indispensables para su materialización.
Las fuerzas hegemónicas devenidas en centro de poder universal, aspiran a que, a través del modelo neoliberal que solo beneficia a las grandes transnacionales, se logre un mundo homogeneizado que haga más viable su control, indiferente a los peligros que acechan al planeta y a los grave problemas que ocasiona a la humanidad. Johannesburgo constituye un nuevo escenario de la batalla que libran las fuerzas progresistas y conscientes de la sociedad civil, frente a esta diabólica pretensión de los que solo toman en cuenta los intereses lucrativos de sus empresas multimillonarias. En esta Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible habrá que defender el compromiso nacido de la Agenda 21 y no permitir que la amenaza o la fuerza de los poderosos nos impongan sus valores, cuestionables por la distorsión y la doble moral con que los aplican dichos promotores.
Estamos convencidos de que las iniciativas y alianzas bilaterales o subregionales, si bien son estimuladoras de las acciones para lograr un desarrollo sostenible, no deben suplantar el rol y liderazgo de los gobiernos ni de las organizaciones internacionales, de las cuales los Estados son miembros, ni diluir el papel de la cooperación internacional multilateral. Johannesburgo en ningún caso debe ser la Cumbre de las Iniciativas de Tipo II, en la que se mezclan de manera desregulada los gobiernos, las ONGs y el sector privado.
Las ONGs cubanas defendemos el multilateralismo como el mecanismo idóneo para alcanzar las metas del Derecho Sostenible.
Los Estados miembros no deberían respaldar decisiones como las que afloraron en Monterrey, en la Cumbre de Financiamiento al Desarrollo, que evaden adoptar metas concretas o desarrollar estrategias que conduzcan a la verdadera solución de los problemas planteados al respecto. Sin un Plan de Acción adecuado, los propósitos para enfrentarlos no serán más que inútiles declaraciones de buena voluntad.
Los países desarrollados, lejos de transferir y compartir sus conocimientos y tecnologías de punta, sostenibles y limpias, a favor de los más necesitados, vienen actuando de modo tal que la actividad científica y sus resultados en los países subdesarrollados son objeto de crecientes medidas de protección y privatización a favor de aquellos y de las grandes corporaciones transnacionales. La pretensión de imponer su manejo como simples mercancías, aleja la posibilidad de su utilización debida en favor de la solución de los problemas ecológicos más graves y de las necesidades concretas del desarrollo sostenible para todos los países. En el Tercer Mundo, difícilmente se mejoraran los índices de contaminación ambiental si no se dispone de los recursos financieros y la tecnología ambientalmente idónea para avanzar en esa dirección. En efecto, el proceso de negociación desarrollado a nivel gubernamental a lo largo de estos dos últimos años para llegar a Johannesburgo, ha puesto al desnudo las aspiraciones de muchos gobiernos de los países desarrollados que impulsan políticas neoliberales, de consolidar esta práctica.
La Conferencia de Naciones Unidas en Estocolmo en 1972 sobre el Medio Humano, que marcó las primeras pautas para el desarrollo sostenible, es hoy ya una lejana referencia. La Agenda 21, acordada en Río de Janeiro en 1992, es realmente el único punto de partida posible para revertir la realidad de los países subdesarrollados. Las Naciones Unidas resultan el lugar indicado para las negociaciones globales sobre el medio ambiente. Las ONGs cubanas reiteran su apoyo al principio de responsabilidad común, pero diferenciada y el reconocimiento de la deuda ecológica del mundo industrializado.
Por otra parte, los gobiernos de la mayoría de los países desarrollados están intentando privilegiar la iniciativa privada y el mercado como mecanismo "mágico", capaz de dar un nuevo y mayor impulso a la implementación de los acuerdos que se deriven de la Cumbre de Johannesburgo, relegando la responsabilidad que deben contraer los Estados de modo ineludible, a fin de alcanzar el desarrollo sostenible. Corresponde a esta Cumbre promover acciones políticas efectivas para resolver los más graves problemas ambientales y sociales, y enfrentar la actividad de las Transnacionales, y no edulcorar la imagen de estas empresas dándoles mayor protagonismo a las iniciativas conocidas como de Tipo II o Acuerdos de Asociaciones públicas y privadas.
Las corporaciones transnacionales han logrado en estos 10 años de globalización neoliberal un poder económico y político que las ha convertido en las artífices de las políticas de los países desarrollados. A través de los gobiernos de sus respectivos países han alcanzado un poder de influencia prácticamente ilimitada en los principales organismos económicos y financieros internacionales. Con agresivas campañas de marketing para sus iniciativas, han logrado eliminar la posibilidad de que se adopten regulaciones obligatorias para sus actividades y ser presentadas como un factor clave en la solución de los problemas de los países subdesarrollados, haciendo desaparecer toda sospecha de su responsabilidad en la agudización de los problemas sociales y económicos, de violaciones masivas de derechos humanos y de la degradación del medio ambiente.
2. Agua, servicios sanitarios y energía
Un rasgo distintivo del mundo actual es que se esta produciendo un crecimiento económico incesante bajo patrones de producción y consumo irracionales, que implican el agotamiento de los recursos no renovables. Esto ocurre no solo en países desarrollados, que son quienes estimulan esta antiética de la sostenibilidad, sino en otros países que optan por reproducir ese modus vivendi o que su población emigra hacia los países del Norte. Cuando sabemos que un bebé norteamericano nacido en el 2000 causará durante su vida un daño ambiental dos veces superior al de un sueco, tres veces superior al de un italiano, 13 veces superior al de un brasileño, 35 veces superior al de un indio y 280 veces al de un haitiano o chadiano, nos damos cuenta que si no frenamos esta conducta depredatoria no serán necesarias metas hacia el 2050, porque ya no existiremos como humanidad.
La situación mundial respecto al problema del agua y el saneamiento, una de las prioridades del mundo subdesarrollado, también se caracteriza por la desigual distribución espacial y temporal del recurso, la escasez de agua por largos periodos de sequía, la sobreexplotación de algunas fuentes de abasto y el derroche en otras, así como la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, fundamentalmente por residuales industriales y domésticos, entre otras. Algunos estudiosos del tema pronostican que en próximos años el agua puede ser hasta motivo de conflictos mundiales y guerras.
El abastecimiento de agua suficiente y limpia y el saneamiento por su valor social, constituyen necesidades humanas que deberían ser reconocidas como derechos por todos los gobiernos del mundo, derechos que deben estar protegidos por legislaciones nacionales, no obstante la privatización de estos servicios en muchos países. Las elevadas tarifas a los usuarios, como consecuencia de este proceso, afectan la equidad y la justicia, limitando el acceso de los pobres a ese bien publico, que es un derecho fundamental.
Toda actividad humana usa algún tipo de energía. El aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles en la naturaleza se ha diversificado. Pero, el crecimiento desmesurado del consumo en los últimos 150 años ha terminado por ocasionar cargas insostenibles al entorno y daños considerables al ecosistema planetario. El desarrollo no será sostenible si no asumimos, tanto los que viven en países desarrollados como los que habitamos en el Sur, nuevos patrones de uso de la energía ni accedemos a las llamadas "tecnologías verdes" o limpias, abandonando las prácticas de consumo irracionales propias de las economías de mercado. De no ser así, se seguiría incrementando la desaparición de las reservas de combustibles fósiles y se intensificaría los niveles de contaminación ambiental. De igual manera, se agravaría la desigualdad en el acceso a los recursos energéticos, cuyas fluctuaciones de precios comprometen gravemente las disponibilidades de recursos financieros de los países subdesarrollados.
Con la privatización de los recursos naturales, aplicada en los países subdesarrollados bajo el control extranjero de las fuentes primarias de energía y de su transformación, se impide a las naciones más pobres ejercer el derecho a disponer de sus recursos energéticos, y a realizar formas democráticas de su distribución. La privatización de estos recursos a favor de empresas extranjeras resulta un duro golpe al ejercicio de las soberanías nacionales.
Los países industrializados que han aplicado intensivamente la línea energética "dura " basada en los combustibles fósiles y otras fuentes altamente contaminantes del medio ambiente, y que son los principales responsables del cambio climático global, desarrollan aceleradamente tecnologías basadas en fuentes renovables para asegurar su futura independencia energética frente a la escasez de combustibles tradicionales prevista y sostener su dominio del mercado energético mundial. A la vez, promueven el desplazamiento selectivo hacia el Sur de tecnologías limpias de dudosa efectividad mediante instrumentos comerciales como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM), con lo que evaden parte de sus compromisos de reducir las emisiones. La falta de voluntad política del Norte para hacer efectiva la cooperación para el desarrollo del Sur se caracteriza por las muy escasas acciones para apoyar la transferencia no comercial de tecnologías "limpias", concurriendo al mercado con precios elevados que anulan en la práctica la posibilidad de extenderlas masivamente, a lo que se agrega el difícil acceso a créditos ventajosos y las altas tasas de interés de los mismos.
El control de los recursos energéticos tradicionales ha sido y es nuevamente una de las principales causas de muchos de los conflictos de los que hemos sido testigos recientemente. Es un riesgo real que se acrecentó con la guerra norteamericana en Afganistán. Aunque en esta guerra pesan los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos de América en el sur de Asia, la guerra guarda oculto su objetivo de apoderarse del control de recursos energéticos vitales. El dominio unipolar de estos recursos agregará en el futuro más presión sobre el mercado de los combustibles, al permitir a las compañías transnacionales consolidar su monopolio, dominar los precios y potenciar la dependencia de los países subdesarrollados. Con ello, además, esta y otras guerras imponen cada vez más daños irreparables a seres humanos los seres humanos y al medio ambiente, que ponen incluso en peligro a las futuras generaciones.
3. Atención de salud frente al VIH/SIDA
Por lo regular nos sentimos más impactados al producirse grandes desastres automovilísticos o aéreos, y no ante la paulatina desaparición de la especia humana por el avance, hasta ahora incontenible, del virus de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, aduciendo que los primeros accidentes son de riesgo real para cualquier persona, mientras que en relación con la enfermedad, solo algunos deben desarrollar una preocupación. Pero, el SIDA es un riesgo permanente para todos ya que habitamos en un mundo cada vez más interrelacionado. Y así será mientras no aparezca la tan ansiada vacuna y un tratamiento para la curación.
A un ritmo anual de cinco millones de infestados, de los cuales 800 000 son niños menores de 15 años y 4,2 millones son adultos, y tres millones de muertos, el SIDA amenaza con barrer países y pueblos enteros. En la actualidad, se estima en 40 millones de personas las que padecen del VIH/SIDA, de las cuales tres millones son niños menores de 15 años y 37,1 millones son adultos entre 15 a 49 años (de estos 18,5 millones son mujeres). Es en el África Subsahariana donde la situación se ha tornado más difícil, debido a que más del 8 por ciento de su población de entre 15 y 49 años está infectada (28 500 000), siendo en algunos países de este subcontinente superior al 36 por ciento. En Botswana, por ejemplo, el 39 por ciento de los adultos esta infestado, y en regiones del noreste del continente esta tasa, que también incluye a mujeres embarazadas, supera el 50 por ciento. En este orden le sigue Asia del Sur y del sudeste con 5,6 millones de personas infestadas; América Latina, 1 millón 500 mil; Europa Oriental y Asia Central y Asia Oriental y Pacífico, un millón respectivamente; América del Norte, 950 mil; Europa Occidental, 550 mil; África del Norte y Medio Oriente, 500 mil; El Caribe, 420 mil, y Australia y Nueva Zelanda, con 15 mil.
Cualesquiera de las diversas soluciones que se planteen en las reuniones internacionales que se convoquen sobre el tema para erradicar esta pandemia, la entrega completa del 0.7 por ciento del PIB de los países donantes destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo, acordado por las naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), contribuiría a fortalecer las débiles estructuras sanitarias y educativas de los países más afectados.
Las grandes diferencias entre ricos y pobres a la hora de acceder a los medicamentos profundizan la extensión de la enfermedad, básicamente en los países subdesarrollados. Las modernas terapias triples han convertido el VIH/SIDA en una condición tratable para un millón de pacientes en el mundo rico, sin embargo, solo tienen acceso a esas mismas medicinas 230 mil enfermos de los países del mundo pobre, a pesar de ser en esas naciones en las que más peso tiene la pandemia. El drama del Tercer mundo será mayor además si solamente se garantiza a dos millones de enfermos el acceso gratuito a los medicamentos antirretrovirales antes del 2004, tal y como acordó recientemente la XIV Conferencia Internacional sobre el SIDA que se efectuó en Barcelona, España.
Solo con una cooperación internacional estable y desinteresada, los países más afectados podrán obtener las materias primas necesarias para los medicamentos, equipos y recursos materiales de esas producciones y servicios. Es la base mínima requerida para establecer programas para sangre segura, prevención de transmisión vertical (madre a hijo) mediante el examen a las mujeres embarazadas y profilaxis en los casos positivos con tratamiento a los enfermos y acciones de prevención encaminadas a evitar las nuevas infecciones.
Debería revertirse la poca cohesión entre los diferentes laboratorios, investigadores y países que más han avanzado en la cura del mal, así como reducir el alto precio de los fármacos para tratar el VIH. Ambos fenómenos son reflejos del sentido mercantilista que prima en la solución a tan letal flagelo, y ello explica por qué las grandes compañías farmacéuticas estadounidenses gastaron el pasado año 15 mil millones de dólares en publicidad y promoción de sus productos, mientras que África ha podido invertir solamente cinco mil millones de dólares en la atención del SIDA. Lo óptimo será llegar a los 10 mil millones de dólares para el Fondo Global, establecer una "reserva de patentes no voluntarias" y encomendar a la Organización Mundial de la Salud que establezca una lista de patentes esenciales de fármacos que se corresponda con la ya existente.
4. Reducción de la pobreza, creación de empleos y seguridad alimentaria
Millones de personas se sumarán a la población mundial en los próximos 25 años, y de ellas la inmensa mayoría vivirá en países subdesarrollados. Ello presupone un desafío en el enfrentamiento a problemas tan críticos para la humanidad como lo son la urgencia de la reducción de la pobreza y la creación de empleos, que no pueden tener respuestas en medio de la hegemonía de la globalización neoliberal excluyente y de la cada vez más mayor concentración de la riqueza en un número limitado de países, corporaciones transnacionales y personas.
Según las Naciones Unidas, se estima que el número de pobres es superior a 1,200 millones de personas y 350 millones de ellas viven en la absoluta pobreza. Las mujeres, que son quienes más sufren el recrudecimiento de la pobreza en sus países, constituyen el 60 por ciento del total de pobres en el mundo. En algunos países subdesarrollados el número de mujeres rurales que vive en la pobreza absoluta ya supera el 50 por ciento del total de mujeres que habita en el campo. El crecimiento de la pobreza ha sido tal que para referirse a los que sufren de este mal se han definido diferentes niveles del "sufrimiento": "nuevos pobres", "pobres crónicos" o "pobres inerciales". Más que de erradicación de la pobreza, debemos hablar de derecho al desarrollo.
La preocupación de la comunidad internacional sobre el tema del desarrollo es completamente justa, porque es evidente que no es sostenible un mundo donde más de la mitad de la población vive en condiciones deplorables, sin los más elementales medios de vida, como vivienda, agua potable, salud, educación, empleo y alimentos, que se expresan en cifras que no han dejado de crecer. Ello es resultado de la forma injusta en que se distribuyen las riquezas, del derroche de las sociedades de consumo y de la inequidad del orden económico y político internacional vigente, el que atenta, de forma permanente, contra los derechos a la vida, la educación, el acceso al conocimiento, la salud, el desarrollo y a una existencia digna.
Los altos índices de analfabetismo, los elevados costos y difícil acceso a la educación, así como los insuficientes recursos de que disponen la inmensa mayoría de los países subdesarrollados para los gastos en educación, hacen que cada vez se vean más lejanas las metas de construir un real desarrollo sostenible. Si bien resulta necesario priorizar e impulsar la integración de los enfoques del desarrollo sostenible en los diferentes niveles de los sistemas educativos nacionales, más urgente resulta trabajar por garantizar un total acceso para toda la ciudadanía, así como elevar la calidad de la enseñanza.
Hoy más que nunca, la lucha contra la pobreza plantea la necesidad imperiosa de que se cumpla con la Resolución de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo y que los Estados de la OCDE honren su compromiso de aportar el 0.7 % del PIB como ayuda al desarrollo, y pongan fin a la bochornosa práctica de reducirlo paulatinamente o someterlo a infames condicionalidades. Un desarrollo sostenible no debe obviar, bajo ninguna circunstancia, la posibilidad y oportunidad de multiplicarle a las mujeres los niveles de acceso y control de los medios necesarios para poder vivir en condiciones sostenibles a largo plazo, y recibir los beneficios de dicho acceso y control.
Observamos con preocupación el incremento en casi la totalidad de los países del número de desempleados, que en ocasiones llega al 40 por ciento de la fuerza laboral activa, por lo que ello representa en su incidencia en la pobreza. A la escasez de empleo, por la quiebra fundamentalmente de empresas de países subdesarrollados, se suma también la reducción de salarios y las leyes que revierten las conquistas históricas alcanzadas por los trabajadores. El sub-empleo y el crecimiento del denominado sector informal o de baja productividad, que conforman ya una característica ostensible y notoria de los países subdesarrollados, no hacen más que empeorar la dramática situación del tercio del total de personas que son fuerza laboral activa.
La pobreza ha extendido por el campo una situación de inseguridad alimentaria, a la que también han contribuido la falta de acceso, escaso control y la desigual e inequitativa redistribución de los beneficios de los recursos naturales. Es allí donde el número de hambrientos y malnutridos es mayor, y si no se realizan esfuerzos superiores a los evaluados en la reciente Cumbre Mundial de Alimentación, para mejorar el suministro de alimentos o de insumos para producirlo y superar las desigualdades, el hambre y la malnutrición en la población rural de la mayoría de los países con seguridad aumentará.
Si queremos que la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible pueda considerarse exitosa y el Plan de Acción que los Estados miembros aprueben pueda implementarse realmente, debemos instar a que se incremente sustancialmente el acceso de los países subdesarrollados a recursos nuevos y adicionales, y se contribuya efectivamente al desarrollo de capacidades de los países subdesarrollados, y se apoye con estos fines la cooperación Sur-Sur, modalidad de la cooperación internacional en la que las ONGs de Cuba creen firmemente y desarrollan diversas acciones en las esferas de la salud, educación y en la protección del medio ambiente. El acceso de la humanidad -sin distinción de raza o género- a la educación, salud, cultura, empleo, a un medio ambiente sano y en definitiva al desarrollo propio, constituyen requisitos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible.
5. Democracia, derechos humanos, conflictos y desarrollo sostenible
La adopción en 1948 por la comunidad internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 1993 de la Declaración y el Plan de Acción de Viena, significaron hitos importantes en la lucha por la dignidad plena del ser humano, pero su cabal aplicación a escala global no puede desconocer la diversidad política, económica, social y cultural del mundo en que vivimos ni que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y por tanto, la violación de uno de estos afecta de una forma u otra el goce efectivo o la posibilidad de ejercer todos los otros.
Esa aplicación requiere, por tanto, terminar con la situación de discriminación en que la política de las potencias occidentales ha situado a los derechos económicos, sociales y culturales en comparación con los civiles y políticos. En este sentido, resulta inaceptable la situación de olvido o de segunda categoría en que tratan de mantener a derechos humanos fundamentales que afectan intereses colectivos vitales, como son el derecho al desarrollo y a la libre autodeterminación de los pueblos.
La pobreza no es meramente un problema social y económico, sino que constituye también la más grave e injusta violación de los derechos humanos, tanto de los sociales, económicos y culturales, como de los civiles y políticos. Producto de la inequidad reinante en el mundo de hoy, la pobreza priva a millones de personas de su derecho humano al trabajo y mantiene la discriminación contra las minorías, practicada por autoridades y organizaciones en los EE.UU. y Europa, en evidente violación de los derechos fundamentales del hombre. Por otra parte, al amparo de las políticas neoliberales, las instituciones financieras internacionales como el FMI imponen severos recortes a los presupuestos para fines sociales (salud, educación y otros) de los países deudores. Estos programas de ajustes no solo atentan contra los derechos humanos de amplias capas sociales sino que además impiden cualquier esfuerzo para alcanzar el desarrollo sostenible.
Haría una larga lista enumerar otras violaciones de los Derechos Humanos por quienes con una doble moral pretenden ser jueces supremos de los países del Sur en ese tema. Es hora ya de terminar con tales pretensiones, porque cada vez es más evidente que tras semejante actitud se esconden viejos apetitos imperiales dirigidos a sojuzgar a otros pueblos imponiéndoles la escala de valores, el sistema económico y las formas de gobierno del mundo desarrollado.
La democracia entendida como el gobierno del pueblo y para el pueblo, no puede ser formal y ha de ser realmente participativa y de beneficio para las grandes mayorías populares y no de élites poderosas que ostentan el poder a expensas de sus pueblos. Por tanto, es un concepto dinámico cuyo contenido está determinado por las condiciones económicas, políticas, jurídicas y sociales de una sociedad determinada y es imperativo respetar el derecho de los pueblos a elegir los respectivos sistemas políticos, económicos y sociales, que consideren dan respuesta a sus problemas y aspiraciones, como está consagrado en el Derecho Internacional.
Debemos estar alertas en relación con la manipulación de algunos conceptos además del de democracia, como son los de "buen gobierno", "derechos humanos" y otros, pues generalmente son utilizados para perfeccionar los mecanismos de dominación por los países poderosos. Es una ironía, y una burla además, que el Gobierno de los Estados Unidos de América, que contrariamente a la opinión internacional, utiliza el bloqueo económico y comercial como elemento de coacción y en el caso de Cuba ha violado sistemáticamente todos los derechos de nuestro pueblo, trate de presentarse como el principal defensor del "buen gobierno" y de los derechos humanos. Estos enfoques están dirigidos a los países subdesarrollados para cuestionar y controlar los manejos de sus asuntos domésticos. La intromisión en estos asuntos es inaceptable y mucho más si se toman tales criterios como condicionantes a la recepción de la ayuda financiera o de la transferencia tecnológica.
Ante esta situación y para revertirla, se requiere promover una democracia participativa que se está convirtiendo en un movimiento mundial. Una fuerte sociedad civil y un sistema donde las organizaciones e instituciones intervengan y participen efectivamente en el desarrollo de la vida social y en los procesos de toma de decisiones, en la que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer sus derechos y tengan acceso a procedimientos administrativos y judiciales transparentes e imparciales cuando consideren que estos han sido violados.
Igualmente reclamamos el derecho de los pueblos de los países en vías de desarrollo a recurrir a instancias administrativas y judiciales internacionales, transparentes e imparciales, cuando sus derechos son violados por las empresas transnacionales, o por las decisiones que se adoptan en las instancias financieras internacionales tales como el FMI y el Banco Mundial, en las cuales imponen sus intereses los países desarrollados, basándose en la antidemocrática repartición de los votos y por tanto del poder de decisión.
6. Aseguramiento de la responsabilidad de los negocios alrededor del desarrollo sostenible
Los últimos años del siglo XX se caracterizaron por una ofensiva de las megaempresas y transnacionales, orientada a destruir, por cualquier vía, las medidas de apoyo a la industria nacional implementadas por numerosos estados del Tercer Mundo. Su política emblemática -el neoliberalismo- partió del supuesto de que eran veraces una serie de sofismas encaminados a confundir a las grandes masas: crecimiento económico equivale a desarrollo, la equidad frena la eficiencia; el mercado "libre" es el instrumento perfecto para resolver los problemas acumulados; el Estado es incompetente económicamente; el Estado Paternal frena el desarrollo de la iniciativa creadora; las empresas transnacionales son portadoras del desarrollo; lo que beneficia a las megaempresas beneficia a los países y a los pueblos; la solución a la deuda pública es reducir los presupuestos de salud, educación y seguridad social, entre otros.
Si se tiene en consideración el avanzado efecto negativo del neoliberalismo y de las empresas transnacionales como promotores del desarrollo humano, todas las medidas que conduzcan a multiplicar su grado de libertad e independencia constituyen un apoyo significativo a la oligarquía internacional en momentos en que su acción es nefasta para los intereses populares.
Corresponde a los países trazar sus propias estrategias de desarrollo, como también la capacidad para movilizar sus recursos propios se convierte en un factor decisivo en esos esfuerzos. Sin embargo, la historia más reciente del desarrollo demuestra que esa capacidad movilizativa está asociada directamente a los patrones de generación, distribución y apropiación de la riqueza en estos países. En los últimos sesenta años, las experiencias de promoción del desarrollo no han alcanzado su objetivo, en primer lugar, por la incapacidad de introducir reformas estructurales radicales y duraderas en los flujos productivos, el perfil de distribución de los ingresos y los términos de relaciones económicas externas de los países del Sur. En efecto, se observa el mantenimiento y profundización de estructuras productivas y de distribución excluyentes que poco o nada ayudan a los propósitos de desarrollo.
En el mundo de hoy por cada dólar que se mueve con una contrapartida productiva, se mueven en otra dirección de 30 a 50 dólares sin contrapartida y en ocasiones hasta 100 de esa moneda. Tales dinámicas engendran las denominadas burbujas financieras que explotan en cualquier momento y que inexorablemente llevan a la quiebra a países y regiones enteras. En ello tienen una gran responsabilidad los Bancos más grandes del mundo, que son quienes controlan los flujos financieros internacionales, sean de origen estadounidense, europeo o japonés, los que no se someten al dictamen de ningún Estado ni control financiero internacional.
Los últimos veinte años de predominio neoliberal son una prueba inobjetable de que el crecimiento del producto y de la riqueza, aun insuficientes, no conduce automáticamente al desarrollo. Tampoco el orden económico internacional vigente, sobre la base de esos mismos postulados neoliberales, ha propiciado flujos crecientes de recursos en condiciones adecuadas hacia los países subdesarrollados, ni acceso adecuado para los bienes y servicios de estos países a los principales mercados del mundo. Las fallas internas han sido reforzadas por esas otras fallas externas, lo que ha conducido a un continuo proceso de ampliación de la brecha de ingresos y niveles de vida entre ricos y pobres.
En realidad, el logro del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza se verían favorecidos por una combinación entre la movilización efectiva de recursos internos y una administración racional de los recursos disponibles, tanto internos como externos. Es importante, tener en cuenta que estos últimos, según su naturaleza, objetivos y destinos, pueden favorecer o perjudicar a las economías receptoras.
Sin embargo, para lograr un crecimiento basado en el esfuerzo propio, primeramente deben crearse las capacidades para generar esos recursos, lo que resulta imposible con las políticas impuestas a la mayoría de nuestros países. En primer lugar, se precisa de un cambio hacia políticas macroeconómicas autónomas que generen cambios estructurales, de forma tal que estimulen el ahorro interno, consoliden las finanzas públicas y aseguren una fuente endógena de recursos a largo plazo. Cada país debe ser libre de aplicar soluciones especificas a sus problemas particulares, bajo el principio del respeto a la soberanía y al tipo de sistema socioeconómico.
7. Convertir a la OMC, el BM y al FMI en apoyos al desarrollo sostenible
El comercio internacional es un factor fundamental para alcanzar el desarrollo. En las condiciones actuales las economías subdesarrolladas se ven sensiblemente afectadas por los precisos deprimidos de sus principales productos de exportación (básicos), el deterioro de los términos de intercambio, y las prácticas proteccionistas y discriminatorias de los países industrializados, que afectan los ingresos de los países subdesarrollados.
Las ONGs cubanas ratifican su reclamo por un nuevo Orden Económico Internacional, la eliminación del intercambio desigual y una solución justa y adecuada de la deuda externa, sin lo cual la liberalización comercial no conducirá al desarrollo sostenible.
Es necesario que las normas de comercio beneficien realmente a todos los países y no sólo a aquellos que gozan de ventajas competitivas adquiridas a costa del saqueo histórico de los demás. El sistema multilateral de comercio deberá basarse en el predominio real de las normas aceptadas por todos y no en la imposición de la ley del más fuerte o la aplicación extraterritorial de las leyes de las grandes potencias económicas. Al igual, debe basarse en la consideración de las condiciones particulares de los países subdesarrollados y en el tratamiento diferenciado y preferencial de los mismos, con el objetivo de ayudar a su desarrollo e integración al mercado y la economía mundiales. No es admisible, por tanto, que se imponga a los países subdesarrollados la liberalización a ultranza de sus mercados, mientras la generalidad de los países desarrollados mantiene los subsidios a su agricultura, la pesca y la industria, lanzando a la marginalidad y la miseria a millones de hombres y mujeres, agricultores y pescadores del tercer mundo y acentuando la dependencia en materia alimentaria.
Siete años de funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio, que sucedió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), no han logrado cambiar los desequilibrios entre países desarrollados y subdesarrollados en el comercio internacional, y sí han propiciado la expansión comercial de las transnacionales hacia los países del Tercer Mundo. La actual interdependencia entre naciones y los diferentes niveles de desarrollo, establecen la necesidad impostergable de revertir tales desigualdades, a lo que debieron contribuir, sin éxito, los Acuerdos surgidos de la cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, dado los compromisos alcanzados, tanto para la solución de las cuestiones de aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, aún pendientes, como en la nueva Ronda Comercial Multilateral.
Resulta indispensable que en el contexto de las nuevas negociaciones que está relanzando una vez más el sistema multilateral de comercio, en las que han de participar países industrializados y subdesarrollados, se establezcan principios que, aunque basados en la búsqueda de beneficios mutuos, tengan en cuenta las responsabilidades diferenciadas entre unos y otros. Los países industrializados han de ajustar sus políticas comerciales con el fin de mejorar el acceso a los mercados de las exportaciones de países subdesarrollados, y otorga un trato especial y diferenciado a estos, la eliminación de los fuertes subsidios y las barreras a los no agricultores, aranceles que aún prevalecen. El Tercer Mundo, en especial los países de menor desarrollo, no ha recibido los beneficios de la globalización, habiendo sido excluidos de ese proceso y, por tanto, se han profundizado los desequilibrios y las asimetrías en las relaciones económicas internacionales. La crisis del modelo de globalización neoliberal exige diseños, enfoques y soluciones que se correspondan con la magnitud y gravedad de los problemas actuales.
Aunque las funciones de la OMC son en rigor atender los acuerdos contractuales entre los países miembros, asistir a las negociaciones para dar ingreso a nuevos miembros y mantener el Mecanismo de Solución de Controversias, esta institución puede jugar un importante papel en cuanto a la sostenibilidad propiciando un análisis diferenciado acerca de las consecuencias para la sostenibilidad de las actuales políticas comerciales.
Se trata de conocer si existen consecuencias o efectos colaterales desfavorables encubiertos para el autoabastecimiento energético y alimentario y más generalmente para la seguridad alimentaria y energética. No se trata de encubrir ineficiencias de la gestión económica particular, sino de poner de manifiesto potenciales efectos estructuralmente negativos encubiertos entre las bondades del libre comercio.
Para que los países subdesarrollados recuperen la confianza en el sistema multilateral de comercio, es necesario eliminar realmente los desequilibrios existentes en los acuerdos de la OMC, entre otros, el uso y abuso por parte de los países desarrollados de las medidas antidumping y de los derechos compensatorios, así como mejorar sustancial y verdaderamente el acceso a los mercados industrializados de las exportaciones del Tercer Mundo, al igual que el otorgamiento, a cabalidad, de un trato especial y diferenciado a los países subdesarrollados, que vaya más allá del limitado reclamo de las prórrogas o períodos de gracia para la aplicación de los compromisos ya contraídos, lo que si bien resulta imprescindible, no resuelve los problemas actuales.
Reformar el sistema monetario y financiero vigente no sería lo más efectivo, pero parece ser lo único alcanzable en el contexto actual. Por tanto, se impone una concertación de los países subdesarrollados para lograr una reforma efectiva y radical de la actual arquitectura financiera internacional. Lo óptimo sería desmantelar las instituciones financieras actuales que resultan obsoletas, y crear nuevas instituciones multilaterales que no estén regidas exclusivamente por el G-8, que fueran más justas, democráticas, coherentes y que se insertaran además en un orden económico internacional de nuevo tipo, que redefina los patrones de funcionamiento de la economía mundial, teniendo en cuenta una inserción transparente, real, justa, equitativa de los países subdesarrollados. No se concibe una reforma que no sea ampliamente discutida por todos los países, que no incorpore en la agenda aquellos temas esenciales que le atañen al grupo más vulnerable dentro del tablero económico mundial. Tenemos que convertirnos en actores y no en simples espectadores del diseño de una nueva arquitectura financiera internacional.
Es una necesidad imperiosa que se condone y elimine la insostenible carga de la deuda externa. La deuda de los países subdesarrollados ha sido un excelente negocio para la banca acreedora y un azote para los gobiernos endeudados. En 1990, el mundo subdesarrollado tenía una deuda de alrededor de 1,4 millones de millones de dólares y en el año 2000 esa cifra era de 2,5 millones de millones. Solamente por concepto de servicio de la deuda, se pagaron en el transcurso de la década casi 3 millones de millones de dólares, que representa mucho más que el incremento de la deuda en el mismo período. No sería descabellado pedirle a los acreedores que se compensara a los deudores por los profundos desequilibrios económicos y sociales generados en sus países como resultado de las políticas que se han visto obligados a implementar para manejar el endeudamiento externo.
La condonación de la deuda, sin embargo, no resuelve por sí sola el problema medular del fenómeno del endeudamiento; si bien constituye un alivio muy necesario para los deudores, si la misma no va acompañada de mecanismos que garanticen un flujo de recursos sostenido en condiciones concesionales y una verdadera inserción en una economía mundial cada vez más global, el problema tiende a multiplicarse en el tiempo. Se necesita, por tanto, un nuevo "orden económico internacional" que redefina los patrones de funcionamiento de la economía mundial en función de los países subdesarrollados.
La política del BM y el Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) en cuanto al financiamiento del desarrollo sostenible ha estado dirigida esencialmente hacia aquellos proyectos que generan beneficios globales en mayor medida que los beneficios nacionales.
En este sentido resulta importante estudiar la ampliación de la cartera de proyectos con financiamiento proveniente de estas instituciones con los siguientes objetivos:
– Proyectos para asimilación de tecnologías limpias y utilización de energías renovables basados en estudios internacionales que avalen los "costos de asimilación de tecnologías", con efectos comprobados sobre la sostenibilidad de las economías.
– Proyectos para garantizar el desarrollo de tecnologías y políticas relacionadas con el ahorro y uso adecuado del agua potable, con efectos comprobados sobre la sostenibilidad de las economías.
– Proyectos de carácter socio-ambiental enfocados al desarrollo sostenible que permitan incrementar la cooperación sur-sur y la transferencia de tecnología entre estos países.
En el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, correspondiente al año 2001, se señala que "las políticas nacionales no bastarán para compensar las fallas de los mercados mundiales. Se necesitan nuevas iniciativas internacionales y una aplicación equitativa de las normas mundiales, a fin de encauzar a las nuevas tecnologías hacia las necesidades más urgentes de los pobres del mundo". Sería conveniente que, adicionalmente a las nuevas iniciativas internacionales, se realicen esfuerzos concretos e inmediatos para que reorienten los recursos destinados a gastos militares, y ponerlos en función del desarrollo, y apliquen el impuesto Tobin, las cuales han quedado solo como buenas intenciones.
8. Creación de movimientos sociales para el desarrollo sostenible
La participación ciudadana ha demostrado ser un elemento fundamental para la consolidación de la democracia y una base esencial para el desarrollo sostenible, y en las localidades en las que ha faltado la consulta previa a la toma de decisiones, los problemas sociales y ambientales se han agudizado. Pero, tanto la participación ciudadana, como los movimientos sociales que de ella dimanan, requieren para la lucha, en primer lugar, de un mayor acceso a la educación a todos sus niveles y un adecuado conocimiento de la realidad internacional y de las luchas de otros grupos y ONGs, por lo que el Foro Global de la Sociedad Civil, a propósito de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, es una oportunidad para intercambiar experiencias, ganar alianzas y multiplicar los escenarios de enfrentamiento a la globalización neoliberal, el principal enemigo de los movimientos sociales.
La situación actual del mundo urge multiplicar los espacios de debate en estos momentos de grandes cambios, globalización económica, revolución en la tecnología de las comunicaciones e información, en un marco de respeto a todos los derechos humanos convenidos en las Naciones Unidas. Como una de las acciones más inmediatas que instamos a desarrollar a todos los actores de la sociedad civil está incrementar nuestra relación con las Naciones Unidas. Corresponde ser a las ONGs la conciencia crítica de sus sociedades, y por tanto velar por el cumplimiento de los acuerdos intergubernamentales alcanzados en las Naciones Unidas. Con ello se fortalecería a este organismo internacional. Es en esta organización y no en otra donde debemos asentar nuestras esperanzas por un mundo mejor.
Todos los actores de la sociedad civil tienen, además, que promover y luchar por modelos alternativos de desarrollo, que contemplen la equidad y la justicia sociales y patrones sostenible de producción y consumo compatibles con la Biosfera. Así como no escatimar recursos ni tiempo en denunciar la conducta depredatoria de gobiernos, empresas y transnacionales, que no hacen más que adelantar la destrucción del planeta.
Si bien ha sido la manifestación, la pancarta, la denuncia, el lema y la marcha los que han distinguido a los movimientos sociales, muchas ONGs de las cuales son parte también, contribuyen con esta lucha haciendo posible a nivel local el desarrollo sostenible con proyectos de cooperación, lamentablemente de incidencia restringida. Con la implementación de dichos proyectos, muchas ONGs detectan y contribuyen a solucionar aquellos problemas que deben ser resueltos por el Estado.