Desarrollo Sustentable

Los servicios públicos frente a las modificaciones ambientales

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece derechos, garantías y mecanismos participativos de control en relación con la problemática ambiental. No obstante ¿Conocemos nuestros derechos como consumidores y usuarios? ¿Sabemos dónde recurrir en el ámbito gubernamental?

Por Irene Wais

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece derechos, garantías y mecanismos participativos de control en relación con la problemática ambiental. No obstante ¿Conocemos nuestros derechos como consumidores y usuarios? ¿Sabemos dónde recurrir en el ámbito gubernamental?

Una activa campaña de información a usuarios, consumidores y prestadores de >servicios públicos es crucial para prevenir y solucionar los problemas que producen las constantes modificaciones ambientales, afectando la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.

La Argentina y la ciudad de Buenos Aires prevén en sus respectivas constituciones aspectos relacionados con los derechos ambientales de los ciudadanos y su papel como consumidores y usuarios. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece derechos, garantías y mecanismos participativos de control en relación con la problemática ambiental. No obstante ¿Conocemos nuestros derechos como consumidores y usuarios? ¿Sabemos dónde recurrir en el ámbito gubernamental?

Funcionarios y representantes de asociaciones de consumidores y usuarios aspiramos hoy a que los ciudadanos conozcan sus derechos, ya que de lo contrario es imposible hacerlos valer. Para ello es esencial una adecuada y efectiva capacitación y participación comunitaria, con un acceso irrestricto de la población a información actualizada en un lenguaje llano y accesible. Dicha capacitación apunta a formar conciencia sobre estos temas y lograr que cada habitante de Buenos Aires pueda insertarse en una red metodológica práctica, para defender sus derechos y transformarse en un potencial agente multiplicador del conocimiento.

El derecho a la información debe permitir a todo ciudadano descubrir la importancia de las interacciones del hombre con el medio en el cual vive, para mejorar su calidad de vida. Sólo de este modo podrá denunciar todo aquello que viole su derecho a una vida sana y exigir un cambio, actuando como usuario responsable.

Los peligros de las modificaciones ambientales que produce el hombre

Si bien muchas de las modificaciones ambientales de origen humano se producen a escala global, sus efectos se traducen en diferente grado en distintas zonas de la Tierra. Por eso, las medidas precautorias, paliativas o restauradoras deben tomarse en el nivel local y regional. Las evidencias de estas modificaciones (por ejemplo, el llamado cambio climático) exigen involucrarnos en la contaminación del aire, del agua y la que genera la basura, tres de las mayores preocupaciones de la gente. Pero también en la contaminación sonora, visual, o la generada por la interacción de ondas provenientes de todo tipo de antenas, formas de contaminación "invisible" que producen efectos crónicos, perturbadores irreversibles de nuestro organismo.

Es primordial conocer cuáles son los servicios públicos que presentan una mayor vulnerabilidad frente a las modificaciones ambientales. Asimismo, que sus prestadores puedan adaptar su infraestructura para enfrentar, por ejemplo, el aumento de las precipitaciones estacionales.

En la vía pública, servicios como el señalamiento luminoso (semáforos) o el alumbrado público deben extremar sus medidas de seguridad para eliminar potenciales riesgos de electrocución. El transporte de pasajeros también tiene que tomar mayores recaudos, tanto los trenes de superficie como subterráneos, los taxis y los colectivos. En la provisión de servicios domiciliarios como la luz, el gas o el agua potable, se deben también rever cambios frente a los inconvenientes ocasionados. La higiene urbana debe adaptarse adecuadamente o enfrentar riesgos de interposición de los residuos con los sumideros.

Lo expresado anteriormente se fundamenta en la comprobada modificación progresiva en el régimen hidrológico de los arroyos urbanos y ríos correspondientes al complejo sistema que desemboca en la hoya hidrográfica del Plata, y que provoca mayores inundaciones, más allá de fenómenos naturales como el de El Niño. En virtud de esta "tropicalización" se debe prever una mayor proliferación de algunas plagas, dado que la velocidad de procesos metabólicos y fisiológicos "normales" como la reproducción animal y vegetal aumentan al incrementarse las temperaturas.

El calentamiento global es producto del aumento del efecto invernadero artificial y nuestro país no es ajeno al mismo.
En el caso de la disposición final de los residuos, debe revisarse el modelo de rellenos sanitarios próximos a arroyos y ríos urbanos implementados hasta el presente, y considerarse el anegamiento de los mismos, con la consecuente contaminación de las aguas superficiales de escurrimiento y las subterráneas. Quienes prestan los servicios públicos deberán prever mayores costos de mantenimiento frente a estos cambios. Estado y empresas prestatarias de servicios tendrán que aceptar la revisión de ecuaciones costo-beneficio en forma casi permanente para adaptarse a esta nueva realidad.

Costos ambientales y servicios privatizados

Es necesario incorporar en el acervo cultural de los prestadores de servicios públicos la necesidad de adecuar las variables de estos cambios a los mismos y sujetarse a la evaluación de la calidad de los servicios en lapsos que se ajusten a las necesidades. Es indispensable adelantarse a los potenciales problemas.

En la mayor parte de los casos los verdaderos costos ambientales no son considerados en toda su magnitud cuando se confeccionan pliegos y se evalúan políticas públicas. Dichas políticas muchas veces no evidencian un verdadero reconocimiento del valor científico de variables fundamentales que, ignoradas, ponen en riesgo la integridad física de los habitantes. Habitualmente predomina un criterio de falta de identificación de costos ambientales. O si estos son identificados, no son cuantificados, y sólo una pequeña parte de ellos es asumida por los empresarios de servicios públicos. Parecería que muchas de las empresas privilegiaran el rendimiento económico a cualquier precio.

Las medidas de mitigación presentes en la regulación actual atienden parcialmente a algunos impactos ambientales negativos reversibles. Los irreversibles, por definición, no tienen posibilidades de mitigación. En la práctica, es casi siempre la comunidad la que debe asumir los costos de los perjuicios generados por prestaciones inadecuadas de los servicios.

También es la que se ve obligada a sufrir el traslado de costos "inesperados" a través de las tarifas. Otras veces es la sociedad en su conjunto la que ha hecho en forma involuntaria las erogaciones necesarias para ejercer los controles que debía realizar el Estado Nacional (por ejemplo, a través del trabajo de la sociedad civil organizada en entidades no gubernamentales, universidades y otros ámbitos académicos o comisiones ambientales de consejos profesionales).
Afortunadamente se manifiesta actualmente una creciente conciencia ambiental de la población, la revalorización del medio como bien común y como recurso esencial en una estrategia de desarrollo local sustentable. Como contrapartida, el conflicto de las competencias en la toma de decisiones que se produce entre los niveles de ciudad autónoma y de nación, respectivamente, complica los procesos de fiscalización y control.

Un proyecto de inversión implica la utilización de recursos productivos cuyo valor debe representar todos los costos. Su implementación exige una previa evaluación de los beneficios del proyecto. La cuestión clave en esa evaluación radica en determinar si los beneficios serán mayores que los costos. De este conjunto de costos y beneficios, la evaluación privada suele considerar sólo los directos y primarios, es decir, aquellos que deben ser pagados o cobrados por el empresario. La evaluación económica-social-ecológica, en cambio, considera todos los costos y beneficios, directos e indirectos, primarios y secundarios, que puede identificar, cuantificar y valorar.

Ejemplos de costos indirectos para el caso de la evaluación del control de calidad de los servicios públicos son, entre otros, los daños ambientales (por ejemplo la contaminación sonora en subtes y autopistas, y la sobreproducción de material particulado proveniente de algunos combustibles), el deterioro de las casas y edificios por fisuras (como en el caso del transporte de carga a través de arterias inadecuadas), la rotura de calles debido al tránsito pesado, con el consecuente daño de redes subterráneas de infraestructura, etc. Todo esto repercute en perjuicio del ciudadano común que paga sus impuestos y/o del usuario de los servicios públicos.

La movilización del conocimiento

Cuatro son los pasos consecutivos indispensables para mejorar la calidad de nuestros servicios y elaborar una estrategia común con la población. En primer lugar, identificar los conflictos implicados en la problemática ambiental generada por los servicios públicos. Luego, caracterizar las políticas públicas respecto del problema estudiado, a partir del análisis de los criterios explícitos o implícitos de evaluación.

En tercer lugar, capacitar al ciudadano para que cuente con elementos concretos a fin de que pueda hacer valer sus derechos. Y por último, evaluar los grupos de bajo, mediano o máximo conflicto, en las actividades que promuevan la extracción y uso de recursos naturales en forma no sustentable, las contaminantes, aquellas de consideración "simplista" o parcial o donde falte la consideración de alguna(s) variable(s).

La existencia misma de los conflictos indica que muchos de estos costos son identificados por la comunidad. El análisis de la mayoría de las políticas públicas permite establecer si estos son considerados, y en qué medida, como costos directos de la concesión, o si son transferidos como costos indirectos al conjunto de la sociedad ¿Pueden categorizarse como "públicas" las políticas que internalizan los criterios de evaluación privada y subordinan otros objetivos a garantizar la rentabilidad de las empresas de servicios?

El conocimiento suele ser muy movilizador para la población. Cada consumidor o usuario protagonista de una problemática que lo coloca en situación de indefensión, se da cuenta de que no es el único afectado y que existen normativas vigentes que lo protegen y pueden revertir tal situación.

Quizá la posibilidad de tomar contacto con herramientas para aprender y aprehender nos permita transformar este dificilísimo momento, priorizando la verdadera educación en valores a la hora de actuar, conectándonos con los afectos y las emociones, para "saber hacer" al enfrentar las modificaciones ambientales que amenazan nuestra ya menguada calidad de vida.

* Irene Wais es bióloga y ecóloga.
e-mail: irenewais@entedelaciudad.com

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