Por la construcción de “Territorios de paz para la soberanía alimentaria y la política y la vida digna. Fuera OMC, fuera librecomercio de … Leer Más
Los banqueros están preocupados por la ofensiva norteamericana que mantiene a ese sector en la lista gris del mundo financiero. Más que un problema económico, es un mecanismo de presión política de Washington contra los centros de lavados que compiten con sus propias redes en varios estados. Al mismo tiempo, sin embargo, en el radar del gobierno panameño no aparece lo que el Senado de EEUU estaba a punto de aprobar[1] en materia de intercambio comercial que mueve todo el piso del tratado de promoción comercial firmado hace pocos años. Se trata de la Autoridad de Promoción Comercial (Trade Promotion Authority – TPC) que contiene líneas de acción que van mucho más allá de los intereses comerciales.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados confirmó datos alarmantes sobre el abandono de los campesinos al sector agropecuaria, señalando la situación como un problema estructural que detiene el progreso del país.
La semilla es un recurso tan importante como la tierra. Es el material de reproducción de las plantas, y como tal constituye el primer eslabón de la producción agrícola. El control de las semillas implica el control de las cadenas alimentarias y de todas las cadenas de productos. No es casual que las compañías multinacionales de semillas y biotecnología, sus gobiernos de origen y los asociados locales, demuestren tanto interés y desplieguen tanta actividad en torno a la reforma de la ley de semillas.
Entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, que cayó sobre las comunidades y el sector agropecuario como un derrumbe de hielo y no solamente como una “ducha fría”, al decir el Ministro de Agricultura cuando declaró lo que bien se sabe, que “no estamos preparados para el TLC”. Las importaciones vía TLC con Estados Unidos perjudicarán seriamente a arroceros, lecheros, avicultores y productores de maíz y otros granos. El TLC aumentará las ya grandes dificultades del sector agropecuario colombiano y le impondrá nuevas normas supraconstitucionales que obstaculizarán el ejercicio de los derechos colectivos de campesinos, afros e indígenas.
Los TLC es la estrategia para que los pueblos indígenas desaparezcan. Según Jaime, la expresión más clara de los TLC son los proyectos que se impulsan bajo la sigla del IIRSA. Dice que estan en una etapa de sensibilización contra los proyectos del “famoso” IIRSA. Tienen impactos negativos demasiado fuertes e irreversibles. Significan despojo a las comunidades nativas. Pérdida de biodiversidad. Permiten el ingreso de las petroleras y de los mineros. Insiste que es el principio de la desaparición de los pueblos indígenas.
La lucha amazónica ha de continuar, exigiendo el respeto a la selva. Los nativos amazónicos saben que lo que está en disputa es su propia supervivencia. Esperamos que la población mundial tome conciencia de que ellos están luchando en defensa de toda la especie humana, ya que la selva amazónica es el pulmón del mundo.
La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos.
Del mismo modo en que la crisis alimentaria ha puesto al descubierto que la noción de ‘seguridad alimentaria’ ha sido en sí misma cooptada por un modelo que existe fundamentalmente para generar lucro, y no para alimentar a las personas, las escaramuzas actuales en torno a la sanidad e inocuidad de los alimentos ponen en evidencia que el sistema alimentario industrial no tiene nada que ver con la salud. Las normas sanitarias y fitosanitarias deberían versar sobre la salud y la cultura. Los desafíos que esto le plantea a los movimientos populares son verdaderamente importantes. Las normas sanitarias y fitosanitarias asociadas a la inocuidad de los alimentos tienen que volver a responder a las necesidades y preocupaciones locales, no a las de la industria alimentaria mundial.
La propuesta que el ALBA le tiene al sector agrario y el movimiento campesino latinoamericano se basa en cuatro ejes fundamentales que giran en torno a la tierra, la soberanía alimentaria y la reforma agraria. El ALBA pone el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por lo tanto, expresa los intereses de los pueblos latinoamericanos.
En el debate sobre la nueva Ley de Minería al gobierno ecuatoriano se le escapa ciertos elementos fundamentales que, si realmente pretende hacer una Ley justa y racional, deben ser tomados en cuenta. Sin salvaguardias como el "consentimiento previo" las comunidades y pueblos ancestrales quedan desprotegidos, y ayuda a crear el escenario perfecto para generar desastrosos impactos ambientales y permanentes conflictos sociales.
El desconocimiento de la economía de la naturaleza y de la agroecología, llevado a cabo por el sistema de economía de desarrollo capitalista y afianzado luego por la llamada Revolución Verde realizada a través de la agricultura convencional, han sido la causa de la ruptura con el agroecosistema y los sistemas modificados.
La crisis alimentaria es sólo una expresión de la injusticia que el capital le impone al mundo, porque su objetivo es obtener incesantes ganancias, explotando fuerza de trabajo internacional y local; saqueando la riqueza del Sur y cargándole a éste un intercambio muy desigual. Las formas que adopta el Norte para apropiarse de los fondos y recursos del Sur son múltiples. Entre ellas, está la deuda externa.
Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate a los ministros de Minas y de Agricultura sobre agrocombustibles. Robledo mostró cómo a escala mundial se está dando un profundo debate sobre los impactos de los agrocombustibles. El senador del Polo Democrático Alternativo dijo también que con el etanol y el agrodiesel se está ocultando la pésima negociación del TLC.
Para los países desarrollados, los tratados de libre comercio, se encuadran en una estrategia cuyos objetivos son, por un lado, la imposición por la vía del derecho internacional de reglas del mercado y por otro, darle el cariz de legalidad a un orden en el que los Estados y los pueblos son expoliados, saqueados de sus recursos y riquezas por medio de la exclusión social internacional jurídicamente organizada.
“En el cálculo de las transnacionales está el utilizar a Colombia como punta de lanza contra el movimiento popular de América Latina”. Su defensa de los derechos de los campesinos, indígenas y sindicalistas colombianos le ha llevado a la cárcel en siete ocasiones y al exilio en una, pero a este economista, hoy asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia, no es tan fácil intimidarle.