Economía

Tribunal por la Soberania Alimentaria

Juicio al Banco Mundial y al Bid por su Deuda Social y Ecologica con los Paises y Pueblos de America Latina. Presentación del Tribunal, veredicto final y presentación del caso brasilero sobre la políticas destructivas del Banco Mundial en el Medio Rural.

Por Cristiano Morsolin

Juicio al Banco Mundial y al Bid por su Deuda Social y Ecologica con los Paises y Pueblos de America Latina. Presentación del Tribunal, veredicto final y presentación del caso brasilero sobre la políticas destructivas del Banco Mundial en el Medio Rural.

El martes 27 de Julio del 2004 se realizó el Tribunal por la soberanía alimentaría de Juzgamiento al Banco Mundial y al BID, durante el Foro Social de las América de Quito. Participó como juez, junto a otras personalidades, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; mientras que entre los testimonios acusatorios destacó la presencia del diputado italiano Francesco Martone (Verdes Europeos). Al final, el veredicto fue de culpabilidad del Banco Mundial y del Banco Interamericano y de co-responsabilidad de los gobiernos locales.

En Quito fue también presentado el libro "NO MAS SAQUE y DESTRUCCIÓN! – Nosotros, los Pueblos del Sur somos acreedores Ecológicos" – Edición Abya Yala, Accion Ecológica, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, APSADE.


Aquí siguiente se puede encontrar la presentación del Tribunal, el veredicto final y la presentación del caso brasilero sobre la políticas destructivas del Banco Mundial en el Medio Rural.

Para concluir quiero subrayar la organización de Aurora Danoso, Ivonne Yánez, Esperanza Martinez (Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Ecologica) por haber organizado este importante evento que representa un significativo aporte al fortalecimiento de las luchas de los Pueblos de Latinoamérica y del Sur del Mundo con la conciencia de ser acreedores de la deuda ecológica y social.

Presentación Tribunal

¿Cuánto nos deben el BM y el BID por promover un modelo de producción basado en el uso de Agrotóxicos y Transgénicos?

¿Cuáles han sido las estrategias para imponernos estas tecnologías?

¿Cuáles son los impactos sociales, ambientales y culturales de estas tecnologías agrícolas impuestas?

¿Qué daños han causado a los pueblos indígenas y comunidades campesinas?

¿Quiénes son los deudores y acreedores ecológicos?

¿Cuáles son las demandas y las propuestas?

Respuestas a éstas y otras inquietudes se debatirán en el Tribunal por la Soberanía Alimentaria.

No somos deudores, somos acreedores.

Asumirse Acreedores de la deuda ecológica es otro argumento más para fortalecer los procesos de lucha están dando los movimientos sociales, principalmente indígenas y campesinos de América Latina.

Jueces
Adolfo Pérez Esquivel, Argentina, Premio Novel de la Paz. Alberto Anrango, Defensor de los Pueblos Indígenas del Ecuador. Cléa Carpi da Rocha, Brasil, Presidenta de la Asociación Americana de Juristas. José Augusto Padua, Brasil, Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica. Luis Macas, Ecuador, Movimiento Indígena del Ecuador. María Elena Rozas, Chile, Coordinadora de Rapal en América Latina. Nemesia Achacollo, Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Siza.

Acusaciones al BM y al BID:

La Política Destructiva Del Banco Mundial Para La Reforma Agraria En El Brasil.
Las políticas del Banco Mundial para el medio rural siguen la lógica del modelo neoliberal. Sus principales principios son la privatización de la tierra y de los recursos naturales, la implementación del "mercado de tierras" y la integración de los campesinos al agronegocio, privilegiando las políticas agrícolas orientadas para los monocultivos de exportación. Las principales consecuencias de ese modelo son el debilitamiento de las funciones del Estado y de las organizaciones sociales, el endeudamiento de los trabajadores, la destrucción ambiental y el control del territorio y de los recursos naturales por grandes empresas. (Marcelo Resende, Brasil. Geógrafo. Actualmente es asesor de Vía Campesina, de ABRA (Asociación Brasileña de Reforma Agraria) y de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.)

El BM y El BID y Los Monocultivos de Soya Transgénica en la Argentina.
Argentina, país que fuera conocido como el "Granero del mundo" hoy produce aceite de soja y alimento para ganado para exportación. Esta actividad, concentrada en no mas de cuatro empresas multinacionales, se basa en la producción de materia prima genéticamente modificada con elevado uso de agroquímicos y un método de siembra que ha posibilitado traspasar barreras agroecológicas; ha desplazado y sigue desplazando, actividades productivas locales como el tambo (producción láctea) cinturones frutihorticolas y alimentos tradicionales como el trigo, arroz.

El BID, BM y FMI son responsables de concebir, financiar e implementar un modelo de producción agrícola industrial, un modelo agroexportador de mercancías que solo tiene por finalidad el pago de la deuda externa. No importando si para lograr dichos fines se desmontan áreas frágiles o se deteriora el medio ambiente con agrotóxicos. (Adolfo Boy, Argentina. Ingeniero Agrónomo. MSc (Horticultura, WSU) Grupo de Reflexión Rural – GRR, junio 2004)

La Deuda Ecológica Del Uso De Los Agrotóxicos

El BM y el BID han cumplido un papel fundamental en la promoción del uso de Agrotóxicos en la Agricultura. A través de condicionamientos y créditos han promovido el paquete tecnológico de la Revolución Verde basada en monocultivos, mecanización del campo y uso de agrotóxicos El uso de agrotóxicos ha cobrado la vida y salud de nuestros pueblos, 3 millones de personas al año se envenenan por el uso de plaguicidas a nivel global, según un estimado de la OMS en 1990. El envenenamiento de la tierra, el agua y el aire por contaminación de agrotóxicos es alarmante. Pueblos y culturas que se han desintegrado por la incidencia de los monocultivos en sus zonas y la pérdida de su soberanía alimentaria. La migración es un indicador fehaciente de que estamos viviendo una guerra silenciosa. Más aún ahora con la nueva estrategia, los tratados de libre comercio. (Elsa Nivia, Colombia, Representante de Rapal.)

Defensor de oficio:
Dr. Hugo Ruiz Díaz, CADTM, Bélgica.

Moderadores:
Aurora Donoso, Acción Ecológica
Juan Pablo Muñoz, Terranueva.

Agenda

Introducción del contexto internacional y las estrategias neoliberales.
Presentación del Tribunal
Intervención de los Jueces.
Exposición de los casos por la parte Acusadora.
Intervención de la Parte Defensora
Foro Público
Tiempo para que los Jueces decidan en base a los argumentos y pruebas el Veredicto.
Presentación del Veredicto.

Al final de este evento se realizará la presentación de la publicación: "Cosecha Perversa"

Organizan:
Via Campesina. Cloc. Alianza De Los Pueblos Del Sur Acreedores De La Deuda Ecológica. Asociación Americana De Juristas. Cadtm. Centroamericana Y Amazonica De La Deuda. Estrategia Andina. Instituto De Estudios Ecologistas Del Tercer Mundo. Instituto Latinoamericano De Investigaciones Sociales – ldis/Fes. Plataforma Interamericana De Derechos Humanos. Rapal. Jubileo Sur. Cric. Intermon. Oxfam.

Movimiento Sin Tierra. Acao Educativa-Brasil. Unafisco Sindical-Brasil. Acción Ecológica. Centro De Derechos Economicos Y Sociales-Cdes. Conaie. Confeunassc. Debate Educación – Instituto Fronesis. Desarrollo Y Democracia. Ecuarunari. Fenacle. Fenocin. Instituto De Estudios Ecuatorianos Iee. Jubileo 2000 Red Guayaquil. Mujeres Transformando La Economia – Rmte. Terranueva. Universidad Intercultural Amawtay Wasy.

Con El Apoyo De Kairos, Consejo Mundial De Iglesias, Hivos

Veredicto Final – Del Tribunal Por La Soberanía Alimentaria Juicio al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano De Desarrollo (BID) por su Deuda Social y Ecológica en la Agricultura con los Pueblos de los Países de América Latina

El Tribunal Por La Soberanía Alimentaria y Juicio al Banco Mundial y al Banco Interamericano De Desarrollo por su Deuda Social y Ecológica en la Agricultura Con Los Pueblos Y Países De América Latina, convocado por los movimientos sociales, principalmente indígenas y campesinos, nacionales y del continente, y por varias redes y organizaciones vinculadas con la problemática agrícola, la deuda externa y deudas sociales y ecológicas, se reunió el día 27 de julio del 2004, en Quito, Ecuador, como parte del I Foro Social de las Américas.

Este Tribunal tuvo lugar con el objetivo de juzgar la responsabilidad del Banco Mundial y del BID como parte de los actores fundamentales en la promoción y financiamiento de las tecnologías agrícolas de la llamada "Revolución Verde" y de la Agro-Biotecnología, así como del proceso de concentración de tierras en pocas manos, para favorecer las necesidades corporativas y de comercio de los países del Norte, generando graves impactos sociales, ambientales, culturales y económicos que constituyen una inmensa deuda social y ecológica con los países y pueblos de América Latina.
Este es un Tribunal ético-político, no una corte judicial, sin embargo, respeta una argumentación y documentación rigurosas, apoyado en la diversidad de las tradiciones jurídicas y éticas. A partir de una Acusación basada en un amplio material documentado y de testimonios presentados por hombres y mujeres de pueblos de América Latina, los Jueces, como representantes de la sociedad de diferentes países, llegaron al siguiente VEREDICTO:

CONSIDERANDO:

Que el BM y el BID, desde hace medio siglo, a través de incidir en las políticas agrícolas y proveer financiamiento, han venido promoviendo el modelo de agricultura de la Revolución Verde y en los últimos años de la Agro-Biotecnología, basado en monocultivos, uso de agrotóxicos e industrialización de la agricultura, agudizando la pobreza en el campo y destruyendo los ecosistemas agrícolas y silvestres de la región.


Que estas políticas y financiamiento sirven a un proyecto global, coronado por la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio regionales y bilaterales, que responden a intereses de las corporaciones transnacionales de semillas, agrotóxicos y biotecnología.

Que este modelo agrícola, impulsado por el BM y el BID, introduce a pequeños agricultores a modelos industriales y ésto los lleva al endeudamiento, quiebra y a abandonar sus tierras.

Que el modelo agroexportador que estos bancos financian, es un modelo a gran escala y que ha dado como resultado la concentración de la tierra, el despojo de las tierras de pueblos indígenas y comunidades campesinas y la migración interna y externa.

Que en varios países, las políticas de ajuste estructural defendidas por el Banco Mundial y el BID han estimulado la privatización de tierras públicas y comunitarias, además de la privatización de las aguas y selvas.

Que la promoción agresiva de las políticas de ajuste estructural y de desarrollo rural del BM y el BID favorece la intensificación agrícola y la producción orientada a la exportación a costa de la agricultura de menor escala y bajos insumos externos, siendo esto la principal barrera a la adopción significativa del manejo integrado de plagas con bases ecológicas o la adopción de prácticas agroecológicas.

Que a pesar de que, desde la década de los 80, grupos de la sociedad civil y comunidades han exigido al BM que suspenda la financiación de plaguicidas y promueva alternativas ecológicamente sanas y socialmente justas, sus políticas han significado el mayor uso de agrotóxicos y por tanto mayor exposición a los plaguicidas químicos que generan impactos en la salud, problemas de desequilibrio ambiental y pérdida de biodiversidad.

Que entre 1988 y 1995 el Banco financió más de US$ 250 millones en ventas de plaguicidas y que entre 1993 y 1995 todos los contratos firmados fueron directamente cesiones a las mayores compañías de plaguicidas en Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, mientras los agricultores participantes en estos proyectos vieron afectada su salud y la estabilidad ecológica de sus sistemas de producción por usar más plaguicidas; el Banco reconoció que sólo 1% de los proyectos aplicados tuvo una evaluación ambiental completa.

Que existe suficiente información publica que acredita que los plaguicidas usados a través de los proyectos financiados por estos Bancos, son dañinos para la salud humana, por su característica toxica, por sus efectos cancerigenos, teratogénicos sobre el sistema nervioso, neurológico y reproductivo de ésta y de las futuras generaciones. Estos plaguicidas ya han sido catalogados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), así como por la Unión Europea, como de extremadamente peligrosos. El BM y el BID son responsables del deterioro de la salud e los pueblos y de los ecosistemas porque, a pesar de conocer sus efectos, sigue promoviéndolos y financiando su difusión y venta.

Que el Banco Mundial apoya el establecimiento de actividades dañinas para el ambiente y las comunidades locales en muchas actividades extractivas en América Latina como por ejemplo el cultivo de camarón en América Sur y Central que produce destrucción y contaminación de manglares, lo que torna inviable la pesca artesanal, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos costeros.

Que el Banco Mundial y el BID han impuesto todas estas políticas en muchos casos en connivencia con los Gobiernos del América Latina. Estos Bancos presionan a los gobiernos a través de amenazas económicas, relacionadas con el pago de la deuda financiera, para que éstos no puedan cambiar sus políticas. Los Gobiernos son entonces cómplices de estas políticas y deben explicar porqué la siguen aplicando sin evaluar sus efectos. Además, el BM y el BID sostienen que realizan procesos de consulta, pero son mecanismos manipulados con actores que no tienen real representación de la sociedad civil.

Que muchas investigaciones independientes indican que los proyectos del Banco Mundial y del BID no han sido exitosos, presentando problemas económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, permanecen como parte estratégica de un megaproyecto que busca garantizar las bases para la expansión del neoliberalismo.

Que el Banco Mundial tiene como parte a organizaciones como la Corporación Financiera Internacional (IFC), de capitales privados, que invierte en actividades dañinas al ambiente y a la sociedad en diversos países.

Que el proyecto del Banco Mundial se contrapone a las propuestas y luchas históricas de los movimientos sociales rurales por una reforma agraria amplia, profunda y justa.

Que el Banco Mundial y el BID no respetan los convenios internacionales, sobre ambiente, trabajo, derechos humanos y derechos de los pueblos, en especial, de los pueblos indígenas.

Que el Banco Mundial y el BID han desnaturalizado el carácter multilateral de su organización y responden unidimensionalmente a los intereses hegemónicos de las grandes potencias y de las grandes corporaciones multinacionales.

Que todos los proyectos y créditos del Banco Mundial y del BID, con sus impactos sociales, ambientales, culturales y económicos generan una inmensa deuda social y ecológica de las instituciones financieras internacionales con los países y pueblos de América Latina.

Que la deuda ecológica y social incurrida por estos bancos excede enormemente a la deuda externa atribuida a nuestros países.

Por todo los CONSIDERANDOS expuestos ante el Tribunal por la Soberanía Alimentaria, por unanimidad, los Jueces dictan la siguiente SENTENCIA:

Declarar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo responsables de los crímenes sociales y ambientales producto de sus programas y políticas expuestas en la acusación.

Ordenar al BM y al BID indemnizar con justicia a las víctimas de estos programas y créditos

Obligar al BM y al BID la inmediata restauración de los ecosistemas afectados por sus proyectos.

Ordenar el resarcimiento a los pueblos indígenas y campesinos por la deuda en la agricultura, el mismo que debe ser aplicado a los proyectos de reforma agraria y transformación de la agricultura, propuestas desde las organizaciones sociales, indígenas y campesinas.

Ordenar que se retiren y paren inmediatamente estos programas y créditos que incrementan las deudas sociales y ecológicas.

Obligar al BM y el BID no seguir fomentado ni financiando el uso de agrotóxicos, ni monocultivos transgénicos que han demostrado altos impactos sociales y ambientales y que han puesto en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos.

Los jueces hacen las siguientes exigencias a los Gobiernos de América Latina:

Exigir a los gobiernos de América Latina que se declare prioridad la soberanía alimentaria de los pueblos y la defensa de sus fuentes de sustento basada en producciones agroecológicas locales y de mercado interno.

Exigir a los Gobiernos que se declare a América Latina Libre de Transgénicos.

Exigir a los gobiernos de América Latina generar condiciones dignas para los pueblos indígenas y comunidades campesinas en base al desarrollo local de fortalecimiento de comunidades solidarias, basadas en la producción LOCAL, de alimentos SANOS, LIMPIOS y ACCESIBLES para todos los pueblos.

Finalmente, el Tribunal declara a los pueblos y países de América Latina ACREEDORES DE LA DEUDA SOCIAL Y ECOLÓGICA y al BM y al BID DEUDORES.

Y dispone la ejecución de esta sentencia.

Dado en Quito, Ecuador, el 27 de julio, 2004

Por los Jueces:

Adolfo Pérez Esquivel, Argentina
Premio Nóbel de la Paz.

Siguen las firmas de los Jueces en el Veredicto del Tribunal por la Soberanía Alimentaria y el Juicio al BM y al BID por su deuda social y ecológica con los pueblos y países de América Latina.

José Augusto Padua, Brasil
Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica.

María Elena Rozas, Chile
Coordinadora de Rapal en América Latina.

Nemesia Achacollo, Bolivia
Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Siza.

Cléa Carpi da Rocha,
Presidenta del Tribunal

Juan Pablo Muñoz
Secretario del Tribunal

Siguen firmas de representantes de organizaciones que se suman al Veredicto Tribunal Por La Soberanía Alimentaria: Juicio al BM Y Al BID por su Deuda Social Y Ecológica En La Agricultura Con Los Pueblos Y Países De América Latina, realizado en Quito, Ecuador, el 27 de julio del 2004 en el marco del I Foro Social De Las Américas.

Las Políticas Destructivas del Banco Mundial en el Medio Rural
Caso Brasil – Marcelo Resende , Brasil. Geógrafo.

En varios países, las políticas de ajuste estructural defendidas por el Banco Mundial han estimulado la privatización de tierras públicas y comunitarias, además de la privatización de las aguas y las selvas.

Muchas investigaciones independientes indican que los proyectos del Banco Mundial no han sido exitosos, presentando problemas económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, permanecen como parte estratégica de un proyecto que busca garantizar las bases para la expansión del neoliberalismo.

En el medio rural, los principales programas del Banco incluyen las siguientes etapas:

Catastro y georreferenciamiento de los inmuebles rurales
Privatización de tierras públicas y comunitarias
Titulación de posesiones
Mercantilización de la reforma agraria
Mercado de tierras
Integración de los campesinos al agronegocio

De acuerdo con esta concepción, el Estado se desentiende de su obligación de promover la desconcentración agraria a través de la distribución de la tierra. Al contrario de ello, estimula el control del territorio agrario por parte de grandes empresas.

Imponiendo y supervisando las políticas de desarrollo de los países periféricos, el Banco Mundial les obliga a comprometer sus presupuestos con proyectos que benefician a las grandes corporaciones. El resultado de esta intervención se refleja en el contingente estimado de 4.8 mil millones de personas, en su mayoría desempleados, subempleados o en el sector informal.

La llamada "reforma agraria de mercado" – denominación criticada por los movimientos sociales, por considerar que tal modelo no hace justicia al término "reforma agraria" – tiene como base el fomento de la venta de tierras por parte de los latifundistas a los trabajadores con poca o sin tierra.

El proyecto del Banco Mundial se contrapone a las propuestas y luchas históricas de los movimientos sociales rurales por una reforma agraria amplia y profunda. Muchos trabajadores rurales, deseando realizar su sueño de acceso a la tierra para trabajar, se comprometen con préstamos con tasas de interés de mercado, estimulados por promesas de una vida mejor. Contrario a ello, ocurre un proceso de endeudamiento que somete a los campesinos a la desilusión y expulsión de las tierras adquiridas.

Por otro lado, esa política genera mayor concentración de tierra y beneficia a los grandes propietarios que venden sus peores áreas a precios inflados, en efectivo. Además, las experiencias muestran que los programas de "reforma agraria de mercado" estimulan practicas de corrupción y clientelismo, pues colocan el control del proceso en manos de las elites rurales.


En Brasil, esos programas van en sentido contrario al precepto legal que determina la desapropiación como el principal instrumento de obtención de tierras improductivas. La constitución brasileña establece que las tierras agrícolas deben cumplir su función social, o sea, deben producir alimentos y respetar las leyes ambientales y de trabajo. En caso de que esto no sea así, el gobierno debe expropiar esas áreas para fines de reforma agraria y asentamiento de familias sin tierra.

Al sustituir la expropiación debido a intereses sociales por la compra y venta de tierras, el estado deja de cumplir su obligación constitucional. De esa forma, no hay penalización al latifundio, sino su valoración pues son los hacendados los que pueden decidir vender o no sus tierras. Una expansión del mercado de tierras acaba en muchos casos provocando un encarecimiento de los precios y, consecuentemente, beneficiando a los grandes latifundistas.

Desde 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, estos programas han alcanzado a 70.000 familias y utilizado cerca de 500 millones de dólares.

De acuerdo con los estudios realizados por académicos y organizaciones sociales, estos programas presentaron los siguientes problemas:
1.Aumento del valor de la tierra y pago al contado, como forma de premiar el latifundio (la existencia del un Fondo de Tierras inflacionó el mercado).
2.Inviabilidad económica, imposibilidad de pago de los préstamos y endeudamiento de los trabajadores rurales. Las áreas adquiridas, muchas de mala calidad, no reunieron las condiciones de permitir la generación de renta suficiente para el pago de la deuda.
3.Adquisición de tierras sin registro e improductivas, por lo tanto aptas para el programa de reforma agraria.
4.La compra de la tierra se hace por medio de asociaciones de trabajadores, sin autonomía a la hora de la elección de las áreas. Dichas asociaciones son, muchas veces, organizadas por los mismos latifundistas y políticos locales.
5.Condiciones precarias de supervivencia y abandono de áreas. En vez de aliviar la pobreza, la situación financiera de los participantes del programa se agravó.
6.Denuncias de corrupción involucrando a administraciones municipales, políticos y sindicatos, que habrían sido favorecidos en las transacciones de compra y venta de tierras.
7.Destrucción ambiental: en muchos proyectos, se ha constatado la explotación de recursos naturales, la producción de carbón como medio de supervivencia y la explotación de reservas forestales, como las de carnaúba en el Nordeste.

Con el inicio del gobierno Lula, el conjunto de los actores sociales del campo depositaron sus esperanzas en la reversión de este proceso. La expectativa era que la reforma agraria estaría en el centro de la agenda política, como una forma importante de generación de empleos, de garantía de la soberanía alimentaria y como base de un nuevo modelo de desarrollo.

Al contrario de eso, asistimos a la continuidad de las políticas del Banco Mundial para el medio rural. En noviembre de 2003, el Ministerio de Desarrollo Agrario anunció la continuación del programa de Crédito Agrario de Combate a la Pobreza Rural, con la meta de alcanzar a 130.000 familias.

Otra política del Banco Mundial en Brasil, que apunta a facilitar la implementación del "mercado de tierras", es el registro y georreferenciamiento del territorio nacional, con la regularización de 2,2 millones de inmuebles rurales y la titulación de 500.000 "posseiros" (ocupantes sin ducumentación legal). Este programa acaba con el concepto de tierras públicas y comunitarias y puede contribuir al aumento de la concentración de la propiedad de la tierra. La venta de áreas tituladas puede beneficiar a latifundistas y a los llamados "grileiros" (individuos que se apoderan de tierra ajena mediante falsificación de escrituras de propiedad), además de fortalecer a los gobiernos de los estados en la concesión de tierras públicas y devueltas a madereros y grandes empresas agrícolas. En la región amazónica y del cerrado ya se verifica la expansión del monocultivo de soja, que puede ser facilitado por la privatización de las áreas georreferenciadas. El proyecto permite también que el Banco Mundial tenga acceso a datos estratégicos sobre el tejido agrario brasileño.

En diferentes países, las políticas de ajuste estructural defendidas por el Banco Mundial han estimulado la privatización de tierras indígenas, de afro descendientes y de otras comunidades rurales, además de la privatización del agua y de las selvas, aumentado las desigualdades sociales. La creación de mercados de tierras se plantea en este contexto más amplio.

El caso de Colombia es ejemplar. En 1950, el Banco Mundial recomendaba la migración incentivada de los campesinos y la formación de un sector agropecuario concentrado en la expansión del rebaño bovino para abastecer al mercado norteamericano de proteína animal. El principal obstáculo al crecimiento del país, de acuerdo con el Banco, era el número excesivo de campesinos, y sugería dos formas de resolver la situación: atraer a los campesinos a las ciudades o expulsarlos mediante un "shock". Según el economista Héctor Mondragón, "no hay desplazados en Colombia porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados".

Con el fracaso de las políticas de mercado de tierras, en el 2002, el Banco Mundial inició el programa de "Asociaciones Productivas" en Colombia, con el objetivo de subordinar a los campesinos a las grandes corporaciones. El programa convertía a los campesinos en "socios" de los grandes propietarios, proporcionando mano de obra para las empresas transnacionales y eliminando las obligaciones laborales.

En México, las políticas del Banco incentivaron la destrucción de los ejidos – comunidades de reforma agraria, en las que no era permitida la venta de la tierra y los campesinos mantenían los derechos adquiridos desde la Revolución Mexicana de 1917. En 1991, el presidente Carlos Salinas anunció la enmienda del Artículo 27 de la Constitución, permitiendo la división de los ejidos en propiedades privadas. Esta medida seguía la lógica del "mercado de tierras" y preparaba al país para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN – NAFTA).

En Guatemala, el mercado de tierras fue implementado en 1994, a través de un Fondo de Tierras con financiamiento del Banco Mundial. El objetivo era la privatización de las tierras públicas y la venta negociada de los latifundios para evitar las ocupaciones y vaciar las demandas de los movimientos sociales.

En India, en 1975, el Informe de Política de Reforma Agraria del Banco Mundial indicaba a la articulación y el registro de tierras como los principales problemas para el establecimiento de un próspero "mercado de tierras". Para ello, ofrecieron un "paquete" que incluía la titulación, el relevamiento catastral y el registro para permitir las transacciones de venta de tierras de los productores "menos eficientes" para los "más eficientes", que en la terminología del Banco Mundial significa "generar lucros máximos".

En Tailandia, el acceso seguro a la tierra fue el argumento para la intervención del Banco Mundial en la política agraria. Sin embargo, una evaluación interna hecha por el propio Banco confirma que la posesión de la tierra en el país era "relativamente segura e igualitaria", basada en sólidas tradiciones sociales y culturales, y de esta forma no se justificaba la prioridad de un proyecto de regularización de la propiedad de la tierra.

En Sudáfrica, orientado por el Banco Mundial, el gobierno dio inicio a un complejo paquete de medidas para la implementación del mercado de tierras, apuntando a aumentar los niveles de producción y mejorar la "confianza de los inversores". Los programas del Banco se destinaron a una elite de agricultores considerados "eficientes", con mayor poder adquisitivo. Esto eliminó la participación de los campesinos de baja renta, que siguieron siendo dependientes de los salarios en las haciendas y de relaciones sociales paternalistas. Este modelo impidió la realización de una amplia reforma agraria que tuviera poder de transformación social.

En Zimbabwe, entre 1980 y 1996, el gobierno les compraba tierras a los blancos y se la distribuía a los negros, constituyendo asentamientos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimulaban a la Unión de los Hacendados Blancos a no vender las tierras porque se oponían a la constitución de asentamientos. En los años 90, el Banco Mundial invirtió recursos para operar en el mercado de tierras, según el modelo de producción individual de la agricultura familiar. Sin embargo, la agencia decidió suspender esos recursos y, a partir de 1997, el gobierno pasó a realizar la adquisición compulsiva de tierras, con indemnización tan sólo de las mejoras.

La gran semejanza entre las fórmulas aplicadas por el Banco Mundial y sus impactos negativos en diversos países generó un movimiento internacional de oposición a la política de "reforma agraria de mercado." Muchas organizaciones sociales – como la Vía Campesina, la Red de acción e Investigación sobre la Tierra (LRAN) – iniciaron un trabajo de articulación, con el objetivo de sistematizar y divulgar tanto las denuncias sobre los proyectos del Banco Mundial como las propuestas construidas a través de las experiencias de trabajadores rurales.

Como podemos observar, los proyectos del Banco Mundial se contraponen a las luchas históricas de los movimientos sociales. Es incomprensible que la responsabilidad de la formulación de políticas para el campo, incluyendo el uso y la ocupación del territorio, sea delegada a una institución financiera internacional como el Banco Mundial. Es necesario que cada país posea políticas públicas compatibles con la complejidad de las demandas históricas, de las experiencias y de las formulaciones de los movimientos sociales que luchan por la democratización de la tierra y por la soberanía.
Foro Social-América: Juicio al BID y al Banco Mundial

* Lima, 17.8.2004
Periodista y educador italiano, operador de redes internacionales.
Fundador del Observatorio Independiente sobre región Andina SELVAS – www.selvas.org
Después varias experiencias en Italia, Ecuador, Brasil, Perú, ahora trabaja en Lima en la cooperación internacional.

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