Energías

Los agrocombustibles en boga: El caso del etanol en Colombia

En la política agraria del actual Gobierno la promoción de agrocombustibles ha sido tomada como un eje estratégico. A través del Ministerio de Agricultura se desarrollan iniciativas tendientes a la ampliación de las siembras de estos cultivos y a propiciar las condiciones para la inversión, aprobando la exención de impuestos a los productores de agrocombustibles, fijando la obligatoriedad de la mezcla de gasolina con etanol, brindando estabilidad jurídica para los inversionistas, entre otras disposiciones.

Por Paula Alvarez Roa

En la política agraria del actual Gobierno la promoción de agrocombustibles ha sido tomada como un eje estratégico. A través del Ministerio de Agricultura se desarrollan iniciativas tendientes a la ampliación de las siembras de estos cultivos y a propiciar las condiciones para la inversión, aprobando la exención de impuestos a los productores de agrocombustibles, fijando la obligatoriedad de la mezcla de gasolina con etanol, brindando estabilidad jurídica para los inversionistas, entre otras disposiciones.


En la política agraria del actual Gobierno la promoción de agrocombustibles ha sido tomada como un eje estratégico, para el cual se ha realizado una serie de reformas que garantizan este negocio para los inversionistas sin tener en cuenta el ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones.

A través del Ministerio de Agricultura se desarrollan iniciativas tendientes a la ampliación de las siembras de estos cultivos, a propiciar las condiciones para la inversión, a promover leyes como el Estatuto Rural, Agro-ingreso Seguro, ley forestal, que están orientados a brindar garantías al sector privado para que oriente su producción hacia los agrocombustibles. El tema cobra carácter estratégico en la medida en que el gobierno proyecta los agrocombustibles como el nuevo yacimiento colombiano y su objetivo entonces es posicionar al país como potencia en los próximos 20 años.

Para ello el Gobierno ha aprobado exención de impuestos a los productores de agrocombustibles, ha fijado la obligatoriedad de la mezcla de gasolina con etanol, ha sacado resoluciones para incrementar los precios, ha declarado zonas francas, ha brindado estabilidad jurídica para los inversionistas, es decir, se han creado una serie de garantías a los productores y dueños del negocio en el mercado doméstico con miras a la exportación. Es importante mencionar el papel de Cenicaña [1] y otros centros de investigación quienes reciben millonarias inversiones, públicas y privadas, para que desarrollen nuevas variedades de caña, yuca, etc., para que hagan estudios de mejoramiento genético y transferencia de tecnología.

Este artículo quiere mostrar algunas consideraciones sobre la producción de etanol, pues el de agrodiesel extraído de la palma aceitera si bien tiene similitudes también tiene particularidades que requieren de otro análisis. Comenzamos, entonces, con un recorrido histórico general sobre lo que ha significado en el país la industria de la caña de azúcar (principal cultivo en producción de etanol por hectárea), el problema de la tenencia de la tierra, una breve descripción de cómo ha sido el trabajo en los ingenios, la situación actual del trabajo tercerizado, para llegar al negocio del etanol como propuesta del Gobierno en la que se afirma que los agrocombustibles representan una oportunidad para crear empleo, riqueza y prosperidad para mostrar cómo los agrocombustibles atentan contra la soberanía alimentaria, puesto que la tierra para producción de alimentos será utilizada para la producción de combustibles

Algo de Historia

Cuando la caña de azúcar empezó su proceso de tecnificación, se hicieron mayores inversiones en tecnología, se necesito más mano de obra que fue suplida en gran parte con la apertura de la frontera minera del Chocó, de donde llegaron al Valle del Cauca hombres y mujeres de raza negra que se vincularon a las haciendas e ingenios. A comienzos del siglo XIX, el cultivo de caña se expandió por todo el departamento del Valle del Cauca, donde algunos campesinos tenían trapiches de tipo artesanal, siendo esta una particularidad con relación al campesinado del resto del país, puesto que ellos y los hacendados se beneficiaron de las rentas dejadas por la producción cañera: el Estado colonial hizo de este cultivo uno de sus más importantes renglones rentísticos por medio del cobro del diezmo sobre la miel y el establecimiento del estanco de aguardiente.

La importancia de la producción cañera se mantuvo a pesar de la crisis del sistema minero colonial, derivada de los conflictos políticos de la Independencia y de las reformas sociales iniciadas por el Estado Republicano. El repunte agropecuario llevó a que las haciendas de trapiche se dedicaran principalmente a la producción de aguardiente. Posteriormente vino la abolición de la esclavitud en 1851 y con ello el avance de la masificación del trabajo asalariado. Las haciendas invirtieron en modernos alambiques que podían ser abastecidos de caña, mediante la captación de mano de obra concertada por medio de arrendamientos de tierras en las haciendas que eran pagados con trabajo.

Fue así como se fueron consolidando las bases para la conformación de una agroindustria que entre 1920 y 1930 dio origen a los principales ingenios: la Central Azucarera del Valle, que se conoce hoy en día como el Ingenio Providencia S.A; el Ingenio Riopaila perteneciente al mismo grupo económico de Colombina (empresa de confitería); Ingenio Mayagüez; Bengala; Parodías; La industria; y María Luisa. En la década del 40 nuevos empresarios empiezan a montar ingenios como San Carlos, Pichichí, Oriente, Papayal, La Esperanza, El Arado, Castilla, El Porvenir, Meléndez y San Fernando.

El Problema de la tenencia de la tierra

El surgimiento de la agroindustria cañera estuvo enmarcado desde el principio por enfrentamientos por la propiedad de la tierra que aún persisten, pues su desarrollo fue gracias a la apropiación de la tierra por los ingenios debido al despojo de los indivisos (parcelas de tierra que tenían las familias en posesión material, sin escrituras). En la mayoría de casos los hacendados y los grandes ingenios expropiaban a los poseedores de estas tierras por vías diversas.

Se presentaron problemas en la escrituración, terrenos con falsa tradición, cambios en la vocación agrícola que se tenía a favor del monocultivo de caña de azúcar. Una de las formas de expropiación fue la violencia ejercida contra los propietarios que no tenían escrituración sobre la tierra. Otra forma fue a través del arrendamiento que se veían obligados a hacer los campesinos a los ingenios que con el tiempo se convertía en propiedad del arrendatario a través del engaño. Fueron tantos los años que el ingenio se aprovechaba de la ignorancia de los propietarios y le hacían firmar o colocar su huella para quedarse con sus tierras. Cuando se dieron cuenta ya no eran dueños de la tierra sino únicamente de la vivienda, normalmente una pequeña casa, pero la tierra de cultivo había cambiado de dueño, habían sido despojados de sus parcelas [2].

El conflicto por la renta capitalista de la tierra explica por qué los grandes perdedores siempre han sido las comunidades campesinas, indígenas, locales, que cuando no fueron expropiados en nombre de la modernización, les toco perder en el reparto del excedente capitalista. Pero de una forma u otra siempre han tenido que pagar por el acceso a una tierra que originalmente era suya. Así las cosas, este modelo ha estado montado desde su génesis en la expropiación de la tierra.

El Trabajo en los Ingenios

Desde comienzos del Siglo XX se reagruparon varias haciendas en empresas familiares [3], en las cuales las relaciones laborales pasaron de un modelo semi-feudal a la dependencia del salario que se basaba en contratos, a menudo de carácter verbal. El terraje se combinó con una creciente utilización de peones, muchos de los cuales habían sido captados desde el momento en que se abolió la esclavitud, pero esta relación laboral también se incrementó en la medida en que nuevos desarrollos económicos llevaron a su paulatina abolición [4].

Ha sido tal el grado de explotación existente en los ingenios a lo largo de la historia, que las exigencias de los trabajadores en 1953 en el principal paro de trabajadores de la caña, y más adelante en el de 1974, no se distancian de la última movilización en 2005. Hablamos de peticiones mínimas como las condiciones de transporte de los obreros para que se cambiaran los camiones y volquetas por buses, demandas de sanitarios en los frentes de trabajo; zonas apropiadas para comer; y una remuneración justa por tonelada de caña cortada.

Pero, insistimos, parece como si el tiempo no pasará y esas mismas exigencias estuvieron al centro del paro del 2005, en el que se levantaron los corteros de la caña. Empezaron 2.700 corteros del Ingenio del Cauca, Incauca, quienes bloquearon la entrada al Ingenio y presentaron un pliego de peticiones. La movilización de los obreros y sus familiares, el respaldo de comerciantes, políticos, e inclusive de la población y la solidaridad del movimiento sindical, permitieron que otros 7.000 corteros de los Ingenios Mayagüez, Manuelita, La Cabaña, Pichichí, Central Tumaco, Castilla, María Luisa y Tumaco entraran en la huelga paralizando la producción.

Esto demuestra que el gran crecimiento de los ingenios ha sido sobre esa base de explotación, hasta convertirse en una de las principales industrias del país, con más de 100 empresas relacionadas con la actividad: energía, papel, sucroquímica, azúcar, mieles, abonos orgánicos, alimentos, bebidas, alcoholes, licores, etc., así como una alta productividad, alcanzando rendimientos de 126 toneladas de caña por hectárea y 12 toneladas de azúcar por hectárea (superando a Australia y Brasil), sumado a un gran avance en investigación y una implementación de tecnologías de punta. En contraste con lo anterior, los trabajadores sufren un deterioro real en los salarios y una ausencia de seguridad social.

Qué pasa hoy en día…

Un trabajador, cortero de caña, le llamaba a estas precarias condiciones de trabajo “la esclavitud de este siglo” en reuniones realizadas en Palmira. Estos obreros han trabajado por más de 25 años en el Ingenio Mayagüez y seguramente es un pensamiento generalizado en los más de 16 mil corteros del Valle del Cauca, que trabajan diariamente en 200 mil hectáreas.

Y es que la situación de los obreros históricamente ha sido la misma de los esclavos de los siglos XVIII y XIX. Lo que pensábamos había superado la modernidad es una realidad para los trabajadores de la caña de azúcar, por ejemplo las jornadas de trabajo extenuantes a temperaturas que superan los 37 grados centígrados, controles de calidad forzosos y humillantes para los corteros, el no reconocimiento de los derechos a salud y seguridad social. Todo esto continúa como si aún estuviéramos en aquellos tiempos para estos corteros que representan casi la mitad de la fuerza laboral de los ingenios y que realizan el trabajo físico más exigente.

Corteros de caña que en promedio superan los 45 años viven en los barrios subnormales, en las periferias de municipios como Palmira, Puerto Tejada, Florida, Cali y Santander de Quilichao. No reciben pago en efectivo alguno (menor que el salario mínimo legal vigente) porque el sistema de cooperativas, del que hablaremos más adelante, capta los recursos y entrega al trabajador su salario en especies: artículos para el hogar, alimentos para su familia y limas para afilar sus machetes (principal herramienta de trabajo).

Para sumar a esta dramática situación, la familia de un cortero de caña en promedio es de 5 personas, los padres y tres hijos, los cuales difícilmente pueden acceder a una educación media y mucho menos técnica o superior y tampoco disponen de una estabilidad laboral. Y en este punto es muy importante diferenciar a los trabajadores de las cooperativas, que representan el 90% del total de obreros de la caña de azúcar, del 10% que aún están contratados directamente por los ingenios, pues es a estos últimos a los que se refieren los diferentes informes de Asocaña [5], cuando presentan las condiciones laborales del sector y los beneficios sociales otorgados: Programa de Red Educativa Azucarera, actividades recreativas y culturales, vivienda propia y formación técnica o universitaria de la mitad de los empleados.

Flexibilización Laboral

Cuando la flexibilización laboral se convirtió en política de Estado, a través de la Ley 50 de 1990, se promovieron nuevas formas de contratación, como las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), las que se han incrementado desde el año 2000. En 2004 se hablaba de 1.500 cooperativas en el sector cañero, a las que el 90% de los corteros pertenecen. Sobre estas cooperativas hay que señalar lo siguiente:

  • Eliminan los derechos de contratación colectiva y la organización sindical de los trabajadores
  • Suministran mano de obra a terceros
  • Hacen que los asociados asuman por igual los riesgos de cada labor que se ejecuta
  • Afilian en forma parcial a la seguridad social a los trabajadores
  • Obligan a cada trabajador a firmar un documento en el que se expresa el deseo de retirarse voluntariamente
  • Existen cooperativas de diversa índole: venta de insumos a los hogares, venta de herramientas para el trabajo, etc., generalmente con mayores precios

Este sistema de cooperativas es posible por un nuevo marco legal que responde a las exigencias del mercado y que hace posible perpetuar las precarias condiciones laborales en las que han vivido los corteros. La llamada tercerización o flexibilización laboral se ha establecido en el país en todos los sectores de la economía – la minería, la industria, la producción de bienes de consumo, actividades de transporte, financieras, de comunicaciones, etc. – y la industria azucarera no ha sido ajena a estas medidas que han traído graves perjuicios porque al aparecer intermediarios en la contratación se menoscaba la calidad del trabajo, se disminuye la remuneración por la mano de obra, se pierden ingresos y en consecuencia se acaba el bienestar de las familias de los trabajadores. La deslaboralización lleva también al fin de la seguridad social y en la práctica los trabajadores pierden el derecho a la negociación colectiva, a la organización y asociación sindical.

El negocio del etanol

La promoción de los agrocombustibles como política de Gobierno, hace que el interés por ampliar las hectáreas de los cultivos sea descomunal, con el argumento principal de que en Colombia se puede expandir la frontera agrícola, el Presidente sostiene públicamente que su meta es de 7 millones de hectáreas para agrocombustibles.

La expansión del negocio del etanol extraído de la caña de azúcar implica la implementación del cultivo en otras regiones del país y por ende de las formas de explotación del trabajo. La firma Etanol Consortiun Board SA ha previsto la siembra de 15 mil hectáreas entre Mahates y Maria la Baja, en una franja entre el Canal del Dique y las estribaciones de los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre. La idea es vincular a campesinos a esta iniciativa, mediante el arrendamiento de tierras para la siembra del cultivo (como en el Valle del Cauca desde los tiempos coloniales) o la compra de acciones de la nueva planta en la que se negociará sólo el 3% de las acciones de la sociedad. Esta compañía ha hecho el anuncio de un proyecto agroindustrial para esta zona que incluye la creación de tres plantas para etanol.

La primera de esas plantas se construirá en cercanías a Sincerín y El Vizo (Bolívar), las otras dos en Momil (Córdoba) y San Onofre (Sucre) que entrarían en funcionamiento en los años 2010 y 2011 respectivamente. La inversión programada es de 343 millones de dólares y en los planes está que cada planta produzca 300 mil litros de etanol. La producción de estas plantas será de un 85% para exportación, especialmente a Europa, y el 15% para el mercado local y se presenta como uno de los proyectos generadores de empleo en la región.

Vale la pena resaltar que estas inversiones están enmarcadas dentro del Proyecto Etanol Caribe Colombiano, iniciativa que es apoyada por la Etanol Consortium Board SA (ECB SA), la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Alta Consejería para la Reintegración y la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) con el objetivo de incorporar parte de los 45 mil reinsertados de los grupos paramilitares mediante un programa que denominan de empleabilidad.

Por su parte, Asocaña ha liderado el proyecto del etanol en el sector azucarero desde hace varios años y ha influido en los cambios normativos, los aspectos técnicos y la selección de tecnologías. Como resultado de esta influencia consiguieron la reglamentación técnica, ambiental y la interlocución con los diferentes actores del tema, un ejemplo claro de ello es el reconocimiento que Ricardo Villaveces (Presidente de Asocaña por 20 años) hace al ex ministro de Minas y Energía Luís Ernesto Mejía en el que señala que “ha sido un líder indiscutible, puede sentirse muy satisfecho de haber sido elemento determinante para que Colombia haya entrado con pie derecho en el prometedor mundo de los agrocombustibles” [6].

De igual forma Asocaña participó en la fundación de la Federación de Agrocombustibles [7], entidad encargada de la vocería de varios de los temas relacionados con esta actividad y promotora de nuevos desarrollos en varios sitios del país. Asocaña se encargó de gestionar y tramitar directamente las licencias ambientales para la producción de etanol: licencia DG No. 415/04, 416/04, y 432/04, expedidas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. Fueron también los que convocaron a las comunidades afrocolombianas en las respectivas zonas de influencia, mediante las audiencias públicas para que aprobaran dicho proyecto.

Desde el 2005, se inició la producción de alcohol carburante o etanol con la entrada en operación de las destilerías de Incauca y del Ingenio Providencia. En febrero de 2006 se sumaron los ingenios Risaralda, Mayagüez y Manuelita. Actualmente son cinco los ingenios que producen mas de un millón de litros diarios y el Gobierno ha venido aumentando el porcentaje de mezclas de alcohol en la gasolina, que empezó con un 10% y para el año 2015 se espera llegar al 25%, esto se aplica en el suroccidente del país desde finales del 2005 y desde el 2006 en Bogotá y Santanderes.

Este negocio es presentado como un negocio con “bondades” ambientales. En el Informe de Asocaña 2006–2007 se afirma que en el marco del protocolo de Kyoto el cultivo de caña reduce el efecto invernadero, pues con la utilización de la biomasa energética se disminuye el CO2 de la atmósfera. Pero tal y como lo controvierte Elizabeth Bravo, lo que no dice este tipo de discursos es que se promueve un monocultivo mecanizado que requiere de agroquímicos y maquinarias, modelo productivo que se basa en el consumo de petróleo contaminante, lo que finalmente aumenta las emisiones de CO2. Mientras los bosques captores de carbono son eliminados para abrir el camino a los cultivos destinados a los agrocombustibles, las emisiones de CO2 aumentarán en vez de disminuir.

La producción de agrocombustibles en los países del Sur, destinada a la exportación, aumentará el uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases en el transporte mismo de la biomasa vegetal convertida combustible líquido, aumentando así el efecto invernadero (Pimentel y Patzek 2005).[8]

Algunas consideraciones finales

Actualmente el Gobierno Nacional subsidia con más de 1500 millones de dólares al año a cinco ingenios para la producción de etanol, como parte de la política que se impulsa desde el Ministerio de Agricultura, a través de decretos y resoluciones que exoneran de impuestos al sector y crean incentivos a la producción tanto de etanol como de agrodiesel. El subsidio general que vienen recibiendo de todos los colombianos, convierte al negocio del etanol en un negocio redondo, puesto que tal y como lo señala Aurelio Suárez, en un año el precio que están pagando por galón los consumidores de las áreas que mezclan etanol con gasolina en un 10%, ha crecido en un escandaloso 84%; tan sólo entre agosto y septiembre de este año subió un 7%. El litro vale $ 1.533; por tanto, el precio del galón al público, al cambio actual del dólar, es de 2,5 dólares, en tanto el costo de producción de los ingenios es de 1,21 dólares.


Al mismo tiempo, este impulso a los agrocombustibles es acompañado por la idea de generación de empleo, que para el caso que nos compete, el del etanol, Asocaña afirma que con el nivel actual de producción de alcohol los empleos vinculados corresponden a 40.600, cifra que aumentaría a 56.900 con una mezcla del 10% en todo el país y a 138.300 para una mezcla del 25%. En el caso del área plantada, el gremio plantea que se pasaría de 37.000 hectáreas de caña en el 2006 a 72.000 en el 2020. Pero lo que nos cuestionamos es cómo y qué tipo de empleo generara este nuevo negocio, si incrementará las diferencias entre los trabajadores vinculados por los ingenios de los de las cooperativas, pues la tendencia es a acabar la pequeña contratación directa que aún tienen los ingenios y más bien seguir creando nuevas CTA que traen consecuencias nefastas para los trabajadores. Pero si las expectativas son la ampliación de hectáreas de cultivos y generar mayor cantidad de litros de etanol, esto llevará a una mayor mecanización en el sector, lo que reduce significativamente las posibilidades de creación de empleos en torno a este negocio. Estos son algunos interrogantes que surgen y que no han tenido respuestas por parte de los empresarios y mucho menos por los funcionarios del Gobierno. Lo cierto es que las cifras brindan claridad al respecto, en Brasil se calcula que 100 hectáreas para agricultura familiar generan 35 puestos de trabajo, mientras que las mismas 100 hectáreas para la producción de agrocombustibles solo crean 10 puestos de trabajo.

Con la aprobación de nuevas leyes en materia agraria se constata como el gobierno se ha enfocado en la producción de agrocombustibles principalmente con base en palma y caña de azúcar. Con el Estatuto Rural por ejemplo se funda un nuevo marco institucional para adecuar el campo al plan agroexportador de cultivos de tardío rendimiento, se otorgan apoyos, se financian proyectos productivos y se adjudican tierras. Con esos criterios es como se interviene el ordenamiento del territorio y se califica la propiedad rural, además de adecuarse las tierras que posteriormente serán entregadas a quienes presenten los mejores proyectos para manejos de suelo, es decir a los que están desarrollando proyectos de agroindustria

Además y sumado a lo anterior, en un reciente informe la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), Colombia es el segundo país en América Latina con mayor desnutrición, con alrededor de 6 millones de personas. Sugiere también esa institución, que se debe diseñar una política de Estado que asegure la alimentación de los ciudadanos como un derecho, ya que en América Latina sólo algunos países: Argentina, Brasil, Ecuador y Guatemala, aseguran en sus constituciones y otras leyes nacionales la alimentación como derecho.

La discusión fundamental radica entonces en la intención de ampliar la frontera agrícola para agrocombustibles como lo plantea el Gobierno o para la alimentación como plantean las organizaciones campesinas a nivel global. Con la política de promoción de los agrocombustibles se atenta contra la soberanía alimentaria, en tanto que la tierra para producción de alimentos ahora será reservada para la producción de combustibles. Esto ocasiona impactos negativos de todo tipo: especulación en los precios de los alimentos, aniquilamiento de la economía campesina, incorporación de los campesinos o pobladores de estas zonas a las plantaciones abandonando su cultura y forma de relacionamiento con el campo, así como mayor utilización de agrotóxicos para estos monocultivos.

Esa competencia por el uso de la tierra también repercutirá en el valor del agua y por supuesto en su apropiación, ya que el uso de agua para este tipo de monocultivos es de enormes proporciones, no sólo de aguas superficiales en las que se hacen trasvases para el riego de las plantaciones, sino de aguas subterráneas y otro tipo de acuíferos, por ejemplo, para el caso del monocultivo de caña de azúcar del Valle del Cauca se requieren 100 millones de metros cúbicos en un año para el riego de 200 mil hectáreas. Por esta razón creemos que es probable que se radique nuevamente en el Congreso el Proyecto de Ley del Agua que estuvo en trámite en el año 2005, en el que se hablaba de concesiones de larga duración y el eje radicaba en la apropiación privada de este bien común.

Finalmente lo que plantea el Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas [9], en el que se afirma que los agrocombustibles, tendrán como secuela el hambre, además se reconocer que no existen estudios preliminares de los impactos que traerá el uso de los cultivos alimentarios, en combustible para automóviles y que no se han examinado los efectos que tendrá en el hambre en el mundo. De allí que se proponga una moratoria mundial en la expansión de los agrocombustibles hasta cuando no se examinen los efectos sociales, ambientales, para los derechos humanos. Porque tal y como lo señala el Movimiento de los Sin Tierra del Brasil, el modelo actual de producción de agrocombustibles se basa en la apropiación de la tierra, la concentración de la propiedad y la explotación de la fuerza de trabajo [10]. www.ecoportal.net

* Paula Alvarez Roaes politóloga e investigadora del Grupo Semillas.

Notas:

[1] Centro de Investigación de [1] Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia
[2] Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca. 2007
[3] Para profundizar sobre este tema ver, Los negocios del Biocombustible y de la caña de nuestros empresarios y del gobierno nacional de Héctor Mondragón. Mayo 2007
[4] MEJÍA, Eduardo, MONCAYO, Armando: “Origen y Formación…”, ob. cit., p. 100
[5] Asociación de cultivadores de caña de azúcar de Colombia
[6] Tiempos de transformación. Asocaña. Ricardo Villaveces Pardo.
[7] Fedeagrocombustibles
[8] La tragedia social y ecológica de la producción de agrocombustibles agrícolas en América. Por Elizabeth Bravo y Miguel Altieri
[9] Informe General de la Asamblea de Naciones Unidas. 2007.
[10] MST Manifiesto: Tanques llenos a costa de barrigas vacías, la expansión de la industria de la caña en América Latina

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