Por Percy Aquino Rodríguez
Los problemas más críticos tienen que ver con la construcción de la Planta de Fraccionamiento de Gas en Paracas, y con el daño que habría en la ecología de la Selva por el transporte del gas, incluyendo el impacto que tiene en los nativos de la zona. ¿Bastará que el BID concrete su aval financiero para que acabe el problema?
Nadie duda que el uso del gas de Camisea -próximo a llegar a Lima- por ser un energético limpio, significará una reducción de la contaminación. Pero la protección ambiental en el proceso de desarrollo de este proyecto aún tiene muchos nubarrones. Los problemas más críticos tienen que ver con la construcción de la Planta de Fraccionamiento de Gas en Paracas, y con el daño que habría en la ecología de la Selva por el transporte del gas, incluyendo el impacto que tiene en los nativos de la zona.
A pesar de los trabajos y coordinaciones que ha tenido el consorcio Camisea con los organismos del Estado, las comunidades, y las entidades internacionales, subsisten cuestionamientos, cuyos orígenes parecen ser la no implementación de un mecanismo efectivo de consulta con la sociedad civil para tratar los problemas referidos a los impactos ambientales y sociales del proyecto. Los reclamos no sólo provienen de las comunidades afectadas, así como de las ONGs; se han reflejado en la decisión del BID de postergar la entrega de un crédito de US$ 75 millones para el consorcio Camisea. Ese mismo ánimo hace que la Corporación Andina de Fomento (CAF) no desembolse aún otro préstamo de US$ 50 millones. Los montos de no desembolsarse no ponen en riesgo el financiamiento del proyecto Camisea, pero si su reputación ambiental.
El vicepresidente ejecutivo del BID, Dennis Flannery, reconoció, ante grupos ambientalistas norteamericanos, que no se han cumplido satisfactoriamente las condiciones ambientales y sociales impuestas al proyecto y que, en consecuencia, el cierre financiero aún no es viable. Al respecto, el Ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, afirmó que a fines de abril quedaría todo listo (es decir se absolverían las dudas) para que el BID conceda el préstamo.
Los propios criterios y procedimientos para el cumplimiento de esas condiciones, a las que se refiere el BID, y a las cuales se comprometió a cumplir el Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional Camisea, deberían hacerse públicos. Es más, una serie de entidades ambientalistas, entre las cuales se encuentran Conservación Internacional y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, han recomendado que para tener evidencias claras del cumplimiento de esas condiciones, sería necesario ejecutar una auditoria ambiental independiente y transparente.
Es oportuno atender estas preocupaciones si es que se pretende que Camisea se convierta en una experiencia exitosa de concertación y de responsabilidad social empresarial, con la debida participación ciudadana.
Mayor presión sobre la Bahía
Esto no se habría cumplido en el proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la construcción de la Planta de Fraccionamiento de Gas en Paracas. Cuando el Ministerio de Energía y Minas aprobó este Estudio, éste aún no había sido aprobado totalmente por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena).
Las observaciones en el EIA hechas a la infraestructura en tierra de la planta de fraccionamiento fueron de esta manera absueltas, quedando pendientes las observaciones a las instalaciones en el mar (tuberías submarinas y plataforma de carga). Antes de fines de mayo, es decir, a poco de proceder a desarrollar la ingeniería en detalle, Pluspetrol deberá poner a consideración del Inrena y del MEM la aprobación de la tecnología que se utilizará durante la instalación de tuberías marinas.
Según la Asociación para la Conservación del Mar Peruano y el World Wildlife Fund Oficina del Programa Perú, de la serie de condiciones para la construcción de la planta, acordadas para el cierre financiero del préstamo del BID, se han incumplido varias, y otras tienen un cumplimiento parcial. Por ejemplo, la metodología del plan de monitoreo ambiental para la Planta de Fraccionamiento y el Terminal Marítimo, ha sido cuestionada por Imarpe, en términos de métodos y precisión de datos, faltando por tanto establecer una línea adecuada para evaluar los impactos. Asimismo, se carece de una cobertura geográfica que no permite que esos impactos se evalúen en la parte sur de la Bahía de Paracas.
Además, el plan de monitoreo no hace mención a los posibles impactos de los barcos sobre la fauna silvestre, ni se menciona el monitoreo de posibles derrames o accidentes. Tampoco Pluspetrol ha entregado, para conocimiento público, el reporte que explique los mecanismos utilizados para el monitoreo de sus propias actividades en la zona y la de sus contratistas.
Lo que sí se tiene disponible a través de la página web de Camisea son reportes periódicos sobre el Programa de Monitoreo que tiene por finalidad prevenir, controlar o reducir al mínimo los impactos ambientales negativos que pudieran generarse durante la construcción y operación de las obras marítimas de la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural e Instalaciones de Carga. No obstante, los valores de referencia que toma este monitoreo, es decir los parámetros de control de temperatura, oxigeno, turbidez, etc., obtenidos antes del inicio de los trabajos de construcción, corresponden a un ambiente ya dañado y sensible como es la Bahía de Paracas, en donde la industria pesquera no solamente ha afectado negativamente el espacio donde se realiza la pesca artesanal.
En cuanto a la contribución de Pluspetrol para la instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales para las plantas de harina de pescado, destinado a reducir la contaminación de la Bahía de Paracas, la empresa ha expresado que no está dispuesta a cumplir con esa condición, pues según indica ello es responsabilidad de las empresas pesqueras. Si bien es cierto la contaminación pesquera e industrial en Paracas no es responsabilidad de Pluspetrol, lo será desde ahora al presionar ambientalmente con su actividad esa frágil zona.
A propósito, tampoco no se ha cumplido con agilizar la aplicación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) a las plantas de harina de pescado. A pesar que la mayoría de esas plantas cuentan ahora con tecnología adecuada, no se han disminuido los contaminantes vertidos en la Bahía y el Estado no tiene las herramientas fiscalizadoras necesarias.
¿Hechos consumados?
Pluspetrol tiene bien avanzada la construcción de la planta de fraccionamiento, cuya inversión supera los 100 millones de dólares. Si el estudio del ambiente marino determinará que hay un impacto ambiental importante, sería más que probable que el Gobierno y Pluspetrol argumenten que no se puede abandonar el proyecto cuando la construcción en tierra está por terminar, y ya se vendió a la gente la idea del mercado del gas.
La Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, creada, por cierto, recién cuando la situación en la zona era dramática, cuenta con parte de los fondos para su funcionamiento y el plan que elabore necesitará de bastantes recursos para su implementación. Esta comisión deberá considerar también que en esa zona crítica existen empresas pesqueras en un proceso de reubicación a 10 años, promovido por el Consejo Nacional del Ambiente, pero la presencia de la Planta de Fraccionamiento de Gas obliga a una situación, cuyo costo ambiental podría ser más grande.
¿Era el mejor lugar?
Asimismo, está pendiente de resolverse la Acción de Anticonstitucionalidad sobre la legitimidad de construcción de la Planta en la Playa Lobería en Paracas, presentada por el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Biólogos del Perú. La demanda es contra la Ordenanza Municipal que aprobó el cambio de uso de la zona urbana a zona para industria pesada contaminante, posibilitando que ahí se construya la planta de fraccionamiento.
La ordenanza, además de no tomar en cuenta la fragilidad de la Bahía, no fue dada a publicidad antes de su aprobación, según lo establece la ley. No obstante los representantes del consorcio Camisea consideran que la zona era considerada de facto como de uso industrial, ya que cerca de ahí se ubican plantas pesqueras u otras industrias. En todo caso Playa Lobería se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, y existía un plan para convertirla en zona de ecoturismo.
Posiblemente si entre las alternativas del lugar donde construir la planta de fraccionamiento de gas, se hubieran escogido alguno de los otros sitios evaluados por Pluspetrol (ya sea las Playas Centinela, Silencio, Camacho, ó Pampa Clarita), ubicados al sur de Lima, los cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales también se hubieran dejado sentir. Pero existe una diferencia: Playa Lobería resulta la más segura por su ubicación, por eso significa una inversión en la construcción de sólo US$ 100 millones, cifra que hubiera aumentado hasta en US$ 80 millones si se elige algunas de las alternativas mencionadas, según la evaluación que mandó a preparar Pluspetrol.
Asimismo, resulta por lo menos curioso que quien vendió las 260 hectáreas en Playa Lobería a Pluspetrol para construir la planta sea Carlos Godoy, el actual Teniente Alcalde de la Municipalidad de Paracas, la misma comuna que concedió la licencia de construcción a la empresa. No es por eso extraño que a la audiencia pública para tratar el tema de la inconstitucionalidad, convocada en Paracas, no hayan asistido los representantes de la Municipalidad. En el mes de abril se cumplió el plazo administrativo para que el Tribunal Constitucional resuelva la acción presentada, y de ser ésta negativa para Paracas, se pensaría en entablar una demanda judicial, comentó la Arq. Liliana Miranda, de la Sociedad Nacional del Ambiente.
Al respecto, y sobre otros cuestionamientos en torno a la relación con las comunidades nativas de la Selva, los representantes de Pluspetrol, como de la compañía Transportadora de Gas del Perú (TGP), enfatizan que cuentan con seguros para cubrir las contingencias ambientales, de salud y de seguridad. El Gerente General de TGP, Alejandro Segret, ha dicho que su empresa ha cumplido con todos los compromisos ambientales, y que cualquier objeción por resolverse quedaría en manos del Estado.
También en la Selva
Según varias organizaciones, entre ellas Comaru, Aprodeh y Oxfam América, apoyadas por el trabajo de especialistas ambientales y sociales, el análisis de los impactos producidos por el Derecho de Vía del proyecto en la zona de Selva, demuestra que la mayoría de las condiciones para el cierre financiero solicitadas por el BID no se han cumplido.
Han manifestado también su preocupación por la "ausencia de garantías para la vida y salud de los indígenas de la Reserva Kugapakori-Nahua", y solicitado que el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA revise esta situación.
Asimismo, han señalado que existen en la Selva daños e impactos que no están reflejados en los informes de monitoreo hechos por el Estado y las empresas del consorcio Camisea. Por ello insisten en una auditoria socio-ambiental independiente y experta por la ruta del gasoducto, y en una evaluación de las consecuencias para la salud.
El Ministerio de Salud, a pedido del Ministerio de Energía y Minas, analiza la situación de la tribu de los Nantis, para ver hasta qué punto su salud y vidas se habrían afectado con el proyecto Camisea, como han sugerido algunas ONGs.
* Por Percy Aquino Ródríguez
Periodista