Globalización

CAFTA: Tratado Nuevo para Políticas Viejas

Para el gobierno de EEUU se trataba de lograr un objetivo económico, pero sobre todo geopolítico: de hecho CAFTA representa, a 12 años de iniciado el TLCAN—Tratado de Libre Comercio de América del Norte—el siguiente paso hacia una nueva colonización económica, militar y política, de América Latina. Este artículo traza la relación que existe entre el CAFTA y el Plan Puebla Panamá, explica porqué es sensato ver los dos proyectos como expresiones de los intereses de las mismas élites, y porqué conviene no separar las luchas en contra de ellos.

Por Miguel Pickard

Para el gobierno de EEUU se trataba de lograr un objetivo económico, pero sobre todo geopolítico: de hecho CAFTA representa, a 12 años de iniciado el TLCAN—Tratado de Libre Comercio de América del Norte—el siguiente paso hacia una nueva colonización económica, militar y política, de América Latina. Este artículo traza la relación que existe entre el CAFTA y el Plan Puebla Panamá, explica porqué es sensato ver los dos proyectos como expresiones de los intereses de las mismas élites, y porqué conviene no separar las luchas en contra de ellos.

Tratado Nuevo para Políticas Viejas: El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA)

Resumen: Hace pocas semanas el congreso estadounidense aprobó, por una diferencia de dos votos a favor, un nuevo tratado de libre comercio, esta vez con cinco países de Centroamérica y la República Dominicana (el llamado CAFTA). Por las similitudes del CAFTA con el TLCAN (el acuerdo comercial entre México, Canadá y EEUU en vigencia desde 1994), están dadas las condiciones para una repetición del desgarre social y económico que ha sufrido México durante más de 12 años. Preparémonos pues para la profundización del desastre en el sector agrícola centroamericano, el colapso de pequeñas y medianas industrias y una mayor migración de mano de obra hacia EEUU y Canadá. El despoblamiento de Centroamérica seguirá, toda vez que su economía estará al servicio de los intereses de una pequeña élite criolla e internacional y que no existirá oportunidad alguna de plantearse un proyecto autónomo de país o de región. El artículo siguiente traza la relación que existe entre el CAFTA y el Plan Puebla Panamá, explica porqué es sensato ver los dos proyectos como expresiones de los intereses de las mismas élites, y porqué conviene no separar las luchas en contra de ellos.

Introducción


El gobierno de George Bush había señalado el 1o de enero, 2006 como la fecha de inicio del Tratado entre su país, cinco naciones de Centroamérica y la República Dominicana (de aquí en adelante CAFTA por sus siglas en inglés). Los cinco países centroamericanos son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

A pocos días de la fecha perentoria, el portavoz de la oficina del Representante de Comercio de EEUU anunció un atraso, posiblemente hasta febrero o marzo de 2006. La supuesta razón: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la Dominicana no habían “armonizado” todavía sus leyes nacionales a lo dispuesto por el CAFTA en términos de competitividad, servicios de telecomunicación, servicios públicos y el tratamiento nacional para empresas extranjeras. Se trataba de algunos de los temas actualmente no negociados al interior de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero que de todas maneras EEUU están promoviendo a través de los acuerdos que controlan mejor, es decir los acuerdos bilaterales o multilaterales.

Finalizada la negociación a mediados de 2004, durante 2005 el CAFTA fue analizado por los congresos nacionales y ratificado por todos, excepción hecha del de Costa Rica. Para el gobierno de EEUU se trataba de lograr un objetivo económico, pero sobre todo geopolítico: de hecho CAFTA representa, a 12 años de iniciado el TLCAN—Tratado de Libre Comercio de América del Norte—el siguiente paso hacia una nueva colonización económica, militar y política, de América Latina. Es un paso ahora más necesario dadas las graves dificultades por las que atraviesan todos los procesos de liberalización negociados a nivel multilateral, y en particular aquellos que se han discutido en el seno de la OMC, dados los traspiés de la Ronda de Doha en las reuniones ministeriales de Cancún (septiembre 2003) y Hong Kong (diciembre 2005), así como el repudio que ha provocado el ALCA [1] (Area de Libre Comercio de las Américas).

Conviene analizar tres consideraciones preliminares a fin de aclarar la naturaleza del acuerdo negociado:

1. El CAFTA no tiene nada de nuevo. Representa más bien el destino y la legalización de las políticas impuestas a la región empezando en los años 80, mediante las Políticas de Ajuste Estructural, que provocaron una progresiva apertura de las fronteras comerciales y financieras. Como concluye Joseph Stiglitz, antes de trazar una nueva agenda de reformas para América Latina [2] , que aborde la reducción de la pobreza y las transformaciones sociales en marcha, y antes de la estabilidad macroeconómica, hay que tomar en cuenta:

“i) las reformas aumentaron la vulnerabilidad de los países a riesgos sin aumentar su capacidad económica de afrontarlos; ii) las reformas macroeconómicas no estaban equilibradas; iii) las reformas impulsaron la privatización y el fortalecimiento del sector privado, pero menospreciaron mejoras en el sector público”.

2. El CAFTA va unido al Plan Puebla Panamá (PPP) que desde 2001 intenta crear en el sureste de México y Centroamérica la infraestructura física para hacer de la región atractiva para las inversiones del capital internacional y facilitar la explotación de los recursos naturales. La realización del PPP está subordinada a la capacidad de los países de la región de endeudarse con las instituciones financieras internacionales y regionales (en particular el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica), y de atraer inversión privada durante la fase de la realización del proyecto. [3]

3. No obstante la presentación del PPP como un proyecto de integración regional, el principal problema es que los países centroamericanos han carecido de una verdadera integración nacional. Las minorías indígenas o, en el caso de Guatemala la mayoría indígena, han sido marginadas de la vida económica y políticas de los países. Sus derechos han sido pisoteados. Enormes zonas periféricas y marginales en todo el istmo centroamericano han quedado como tales, sin haber experimentado el mentado “desarrollo” o “progreso”. El modelo dispone que los “ciudadanos marginales” sean reubicados en los grandes corredores industriales (ubicación de las maquiladoras [4] ), que se desarrollarán en torno a arterias de alta velocidad (autopistas), a pesar de que aún hoy la mayoría de los caminos no han sido asfaltados. Paradojas del desarrollo.

La ratificación del CAFTA se da en un contexto de oposición general, incluso en EEUU. En el congreso estadounidense, el Tratado fue aprobado con 217 votos a favor, 215 en contra, una diferencia mínima para una medida definida como “la prioridad comercial número uno de Bush durante 2005”. Hubo oposición también de sindicalistas, organizaciones sociales y de la sociedad civil. En Centroamérica los protagonistas principales has sido organizaciones sindicales, campesinas e indígenas. En toda la región las fuerzas populares se movilizaron en contra del Tratado, afirmando que su aplicación perjudicaría el derecho a la vida de millones de seres humanos, provocando la muerte del sector agrícola centroamericano, la pérdida total de la soberanía nacional, el debilitamiento de los derechos laborales y la concesión de las riquezas naturales a empresas extranjeras.

Las razones de su oposición [5] son harto evidentes y basta leer algunos de los informes publicados en ocasión del décimo aniversario del TLCAN en 2004, tanto los que elaboraron ONG opositoras al libre comercio, como los que redactaron funcionarios del Banco Mundial: millones de campesinos e indígenas mexicanos expulsados de sus tierras por la competencia desleal de los productos agrícolas subsidiados por el gobierno de EEUU [6] , obligados a desplazarse a centros urbanos y a buscar trabajo en las zonas industriales, o a buscar fortuna allende las fronteras mexicanas.

Tomando en cuenta las notables similitudes entre el TLCAN y el CAFTA (ninguno considera las profundas asimetrías económicas entre los signatarios), es fácil prever las posibles consecuencias del CAFTA en Centroamérica en lo económico y lo social.

Brilla por su ausencia cualquier oposición de los gobiernos o parlamentos al Tratado en toda Centroamérica, salvo en Costra Rica, donde no ha sido aprobado el Tratado y en donde la sociedad civil organizada ha tenido una suerte de “educación”, por la vía de los hechos, en los enfrentamientos que ha tenido con representantes institucionales [7] . Destaca también la incapacidad de los representantes de los países centroamericanos de negociar un acuerdo que defienda los intereses de los ciudadanos.

El problema radica en la clase política:

“Negociar significa en primer lugar tener un proyecto. Y teniéndolo, hacerlo viable a través de la negociación. Durante la negociación del CAFTA, una de las partes, los Estados Unidos—y cuando menciono a EEUU, estoy pensando en su clase dirigente—tienen un proyecto y construyen su viabilidad. La otra parte, que representa los intereses de las oligarquías centroamericanas, no tiene un proyecto alternativo. Y como se hizo evidente en la firma del CAFTA, mucho menos tiene la voluntad de resistir ante el proyecto de la contraparte. De hecho su proyecto consiste en hacer parte del proyecto de la otra parte.” [8]

Para comprender mejor las principales críticas hechas al CAFTA, es importante analizar las implicaciones del Tratado en torno a tres aspectos: su impacto en el sector agrícola, en la industria maquiladora y en el control de los recursos naturales.

El sector agrícola

En octubre 2003 un artículo analítico publicado por el Banco Mundial aclaraba las oportunidades que el CAFTA representaría para el sector agrícola y agroindustrial centroamericano además de los mayores desafíos para una verdadera eficacia del tratado. [9]

Según los investigadores del BM en Washington, el Tratado debería responder a dos inquietudes cruciales:

1. “cómo garantizar un mejor acceso al mercado de EEUU para las exportaciones agrícolas y agroindustriales de Centroamérica; y

2. cómo promover una mayor apertura a las importaciones de EEUU de alimentos que son “sensibles” en los mercados internos de los países centroamericanos.”

El mismo documento aclara, sin embargo, cuáles son las categorías que aprovecharían las nuevas oportunidades del CAFTA:

“En Centroamérica como en los Estados Unidos las únicas reacciones positivas a los nuevos negocios relacionados con el comercio provienen de las exportaciones de bienes tradicionales (café, plátanos, azúcar, carne) y no tradicionales y de productores involucrados en la agricultura de sustitución de importaciones o de bienes no comerciables”.

En el mismo artículo el BM sugiere a los países centroamericanos eliminar las tarifas que en la actualidad protegen los “productos sensibles” (“bienes agrícolas clave para el consumo interno, p.ej., lácteos, maíz amarillo, arroz, frijoles, azúcar, carne de res, de puerco y pollo)”. Las restricciones no son las correctas—opina el BM—dada la escasa competitividad de estos productos.

Para precisar, el CAFTA presagia para el futuro de los mercados centroamericanos que éstos sean literalmente inundados de maíz de bajo precio producido por EEUU (producido en exceso por los altísimos subsidios que reciben las grandes empresas agrícolas de EEUU). Así las cosas, saldrán del mercado los pequeños campesinos que producen maíz para el autoconsumo y que venden los excedentes para hacer frente a otros gastos o para emergencias. [10]

Un ejemplo interesante tiene que ver con el comercio del arroz. Sinforiano Cáceres, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales (FENACOOP) de Nicaragua, relata con claridad el escenario que se enfrentará en pocos años:

“Lo peor del CAFTA, lo que nos puede joder la vida, es que no han sido reconocidas las asimetrías de modo que los productos que producimos y que ellos no producen puedan competir lealmente en el mercado. Veamos, por ejemplo, el ejemplo del arroz. Los EEUU son el quinto productor a nivel mundial. Para un productor estadounidense producir un quintal de arroz le cuesta US$9.40. Para un productor nicaragüense del Valle de Sébaco, de nuestras cooperativas, cuesta en cambio US$8.45. Lo cual significa que podemos ser competitivos con el arroz. Pero no lo seremos. Porque el productor de EEUU podrá vender en Nicaragua, y venderá, su quintal de arroz en US$7.65. ¿Por qué lo podrá vender a un precio más bajo que lo que le costó producirlo? Porque recibe de su gobierno un subsidio y cuando lleve una tonelada métrica de arroz (22 quintales) al puerto y que venderá aquí en US$179, ya habrá recibido US$230 de subsidios por esa misma tonelada. O sea que cuando embarca su arroz ya no le importa cuánto ganará al venderlo en Nicaragua. […] Hasta ahora Nicaragua ha importado arroz sólo para cubrir el déficit de la producción nacional. El CAFTA establecerá una cuota anual máxima de importación, una cuota creciente, suceda lo que suceda en el mercado nacional. En el primer año de CAFTA, el arroz importado de los EEUU será equivalente al 43% de la producción nacional actual. En 2015 será ya el 73%.”

Lo mismo se podrá decir a propósito de la leche, del azúcar, del frijol. [11]

Para los teóricos de Washington, sin embargo, esto no representa problema alguno. Según cálculos tomados de una base de datos recabados en El Salvador, Guatemala y Nicaragua,

“la mayor parte de las familias en estos países ganará algo por el cambio de precios asociado a la eliminación de las barreras comerciales para los bienes agrícolas “sensibles”. Más específicamente, el 90% de las familias en Nicaragua, el 84% en Guatemala y el 68% en El Salvador, respectivamente, fueron reconocidas como consumidoras netas de la canasta de bienes sensibles y, por tanto, se puede suponer que podrán beneficiarse del cambio de precios relacionado con el CAFTA. Sólo el 9% de las familias de Nicaragua, el 16% de las de Guatemala y el 5% de las de El Salvador han sido clasificadas como productoras netas de la canasta de bienes sensibles y por tanto podrían experimentar reducciones en su propio bienestar.” [12]

El que no exista un diálogo entre las dos posiciones se debe sin duda a una profunda brecha cultural—empezando con la misma definición de “pobreza” hecha por el Banco Mundial para aquellos que no ganan más de US$2 al día, la cual considera a la agricultura de subsistencia y la misma existencia de pequeños campesinos indígenas como una reliquia del pasado, y no admite que se pueda optar por sobrevivir fuera del mercado y luchar contra los que quisieran eliminar ese derecho.

No permite tal opción porque la apertura de esos mercados es cuestión de supervivencia para el modelo económico y el sistema industrial que atraviesa una fase de sobreproducción y que encuentra cada vez mayores dificultades para entrar a nuevos mercados.

Las maquiladoras

Millones de campesinos expulsados de sus tierras se verán obligados, como hemos visto, a reubicarse en la industria maquiladora. El sector es una importante válvula de escape para tantos que, de otra forma, tendrían que buscar su destino en Estados Unidos.


Es un sector, sin embargo, que registra ya varios años de una profunda crisis (agudizada al iniciarse 2005 por el vencimiento del Acuerdo Multifibras, que limitaba el volumen de exportación de productos textiles desde China). No obstante las aseveraciones de sus promotores, ni siquiera el CAFTA podrá salvar el sector textil—uno de los principales giros de las maquiladoras—en los países centroamericanos. Todd Tucker, director de investigaciones del Global Trade Watch de Public Citizen en EEUU, al analizar algunos de los mitos económicos relativos al CAFTA [13] , destaca condiciones estructurales que hacen del algodón chino totalmente invencible para las empresas instaladas en Centroamérica.

Con o sin CAFTA, escribe Tucker, “Centroamérica perderá su participación en el mercado, por las enormes ventajas de costos en China”. El nivel tan bajo de los salarios chinos, normalmente unos 15-30 centavos de dólar por hora, arroja costos de producción que difícilmente se podrán igualar, si bien en Guatemala, República Dominicana y Costa Rica los salarios son todo menos dignos (US$1.49 por hora, US$1.65 y US$2.70 respectivamente).

Ni siquiera la cercanía geográfica entre Centroamérica y EEUU puede asegurar ventajas importantes frente a la industria china. En primer lugar, algunas empresas marítimas chinas han reducido significativamente el tiempo de la travesía hacia la costa occidental de EEUU y, además, los productores centroamericanos no podrán jamás convertirse, por motivos de escala y capacidad productiva, en proveedores “sobre medida” (es decir, no podrán ofertar a las grandes tiendas estadounidenses nuevos estilos en poco tiempo cuando las costumbres y las modas cambien repentinamente).

Es necesario por tanto analizar si se puede considerar positiva o negativa la presencia de una mayor cantidad de empresas de ensamblaje en estos países.

Cálculos para México, donde nacieron las maquiladoras, a lo largo de la frontera con EEUU—pero que creemos válidos para el contexto centroamericano—demuestran que el valor agregado nacional por cada dólar exportado por la industria maquiladora no excede los dos centavos (o sea, el 2%).

Se ve que este tipo de industria—ya de por sí beneficiaria de grandes concesiones del gobierno (no paga impuestos, tiene un acceso al agua ilimitado, no se reconocen los derechos sindicales—) no produce riqueza en el país ni para el país. Todo esto ¿puede considerarse desarrollo?

El control de los recursos naturales

Los indígenas se ven obligados a abandonar sus tierras también por estrategias corporativas de algunas empresas transnacionales. El interés de las corporaciones—y la búsqueda de nuevas y mayores ganancias—es de hecho el motor de la política económica impulsada por el gobierno de EEUU. En el caso del sector rural las estrategias promueven el acaparamiento de siempre mayores superficies de cultivo para las grandes plantaciones de productos agrícolas. En CAFTA hay un reconocimiento de la “ventaja competitiva” de estos productos centroamericanos respecto a los de EEUU. Además existen abundantes recursos naturales que actualmente se concentran en áreas donde tradicionalmente habitan los pueblos indígenas.

Según la lógica neoliberal, cueste lo que cueste, será necesario despojar de la población indígena su control de la tierra. Sea mediante el l CAFTA o mediante las reformas constitucionales aprobadas y que formarán parte del Tratado, o aprobadas en años anteriores para complacer al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, se busca legalizar este saqueo. [14]

Para entender esta situación, basta leer la Ley General sobre Concesiones, que el parlamento guatemalteco consideró en 2004, en lo concerniente a las disposicionespara promover el desarrollo de la infraestructura del Estado y de los servicios público y fijar la normatividad de base para su ejecución y/o prestación de parte de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, mediante la asignación de concesiones.

La ley, que se aplica a la construcción y/o mantenimiento de carreteras, autopistas, viaductos, túneles, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, acueductos, oleoductos, gasoductos; instalación y/o operación y/o prestación del servicio de generación de energía eléctrica, de desarrollo turístico, de plazas y edificios públicos, de limpia y tutela ambientales, servicio postales, servicios de alimentación para hospitales, cárceles y escuelas; elaboración de documentos de identidad, como pasaportes, cédulas, patentes; sistemas de transporte público (autobús, trenes de superficie, metros, otros); y parques turísticos, ha recibido el visto bueno de las Comisiones para la Descentralización y el Desarrollo del Congreso de la República que reconoce, mediante el presente, el derecho—de personas legales o jurídicas que inviertan fuertes sumas de capital en el país—“ a recuperar y de obtener las ganancias que todo inversionista necesita por participar en el proceso de concesión de servicios públicos o de la construcción de obras públicas.”

Vale la pena preguntarse si en el Norte pudiera haber interés en controlar algunos de estos sectores.

Lo que no se ha podido entender al norte de Centroamérica, específicamente en México, es la estrategia de las organizaciones activistas en los países centroamericanos de relegar a un segundo plano el PPP. El PPP está imbricado, como hemos visto, con los tratados de libre comercio y, específicamente, el CAFTA. El PPP, cabe aclarar, no es un tratado de libre comercio, pero responde a los mismos intereses de las élites estadounidenses que maniobran en estrecha colaboración con las centroamericanas. Si bien se comprende que ha sido prioritario para organizaciones sociales y civiles en los países centroamericanos derrotar al CAFTA, desvincular éste del PPP, y no trazar su íntima relación, ha producido un efecto previsible: el CAFTA ha sido aprobado en seis de siete legislaturas y empezará a regir las relaciones comerciales en breve, no obstante la demora que ha tenido en legislatura costarricense. Pero el PPP es hoy un tema virtualmente desconocido en Centroamérica. Retomarlo costará esfuerzo, como se pudo comprobar en el VI Foro Mesoamericano en San José, Costa Rica, realizado en diciembre 2005, y a donde acudieron 1,500 representantes de distintas organizaciones regionales. A pesar de su importancia para Centroamérica y México, el PPP no fue eje de análisis (salvo en una breve mesa redonda promovida por organizaciones mexicanas), ni se propusieron estrategias de lucha en contra de él. Peor que el desconocimiento reinante es el avance que siguen teniendo los megaproyectos de infraestructura en la región, sin una adecuada organización y respuesta de los pueblos que más resienten sus efectos.

En resumen, la estrategia de “aislar” al CAFTA y concentrar todo el peso de la oposición para derrotarlo no tuvo el éxito esperado. En cambio se perdió la oportunidad de seguir vinculando los dos fenómenos como expresiones particulares y locales de un proyecto más amplio y hacia donde habría que apuntar todas las baterías: el capitalismo en su actual fase neoliberal. www.EcoPortal.net

* Traducido del original en italiano por Miguel Pickard
Lu ca Martinelli
El presente escrito fue elaborado por su autor en el ámbito de un proyecto de investigación del centro interuniversitario de investigación para la paz y la cooperación (cirpac) de las universidades de Florencia, pisa y Siena, financiado por la región toscana.
Nombre : CIEPAC A.C.
Página Web: http://www.ciepac.org/

[1
]
La negociación del ALCA comenzó en 1994 justo después de entrar en vigencia el TLCAN. En un principio debía haber entrado en vigencia el 1o de enero, 2005. Sin embargo el proceso se ha detenido varias veces a partir de 2003 y hasta la última Cumbre de las Américas celebrada en Argentina en noviembre 2005, con motivo de los cambios políticos en los países de Sudamérica y en particular por la vigorosa oposición de Argentina, Brasil y Venezuela.
[2
]
Stigltiz, Joseph, Hacia una nueva agenda para América Latina. El rumbo de las reformas, Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador, Corporación Editora Nacional, Quito, 2004.
[3
]
Para un análisis detallado del Plan Puebla Panamá, véase Luca Martinelli, Mesoamérica hacia el barranco: El Plan Puebla Panamá y la estrategia de liberalización “paso a paso”, CIEPAC, A.C., www.ciepac.org, 11 de enero, 2005.
[4
]
“La palabra maquiladora se utiliza para denominar cualquier fabrica en México, de propiedad nacional o extranjera, que cuenta con la autorización del gobierno mexicano para importar y exportar productos al amparo de un régimen especial de aranceles e impuestos sobre la renta. El término evoca, a menudo, imágenes típicas de la primera generación de maquiladoras: plantas muy grandes a lo largo de la frontera norte, propiedad de compañías transnacionales. Sin embargo, hay una gran diversidad en el sector maquilador: desde inmensas filiales de corporaciones transnacionales hasta pequeñas empresas que exportan sólo una parte de su producción bajo el régimen de maquila para complementar las ventas en el mercado nacional”. Extracto del artículo “Los conglomerados locales en las cadenas globales: la industria maquiladora de confección en Torreón, México”, de Bair, Jennifer, e Gary Gereffi, Comercio Exterior, abril 2003, vol. 53, No. 4, México, p.343.
[5
]
Según encuestas realizadas en varios países centroamericanos, en Costa Rica el 58% de la población pide la renegociación del Tratado o rechazar la ratificación; el 60.8% de los dominicanos se opone; el 76% de los salvadoreños opina que no ayudará o empeorará su situación; en Guatemala el 65% de la población opina que el CAFA será nocivo para el país. Los datos, recabados de diversas fuentes centroamericanas y estadounidenses, fueron publicados en Tucker, New Year sees delay in CAFTA implementation, op.cit.
[6
]
La ley granjera (“Farm Bill”) de 2003 estableció un aumento del 70% en los incentivos para productores locales. Se trata en realidad de subsidios a las exportaciones, cuyo efecto directo es sacar del mercado a los productores locales en los países del Sur. El maíz es el cultivo que más apoyo recibe de parte del gobierno de EEUU. En 2000 las subvenciones al grano sumaron US$ 10,100 millones. México, antes del TLCAN, importó en 1993 8.8 toneladas de maíz (granos y oleaginosas), pero en 2002 importó más de 20 millones de toneladas de maíz.
[7
]
El candidato de la oposición en las elecciones de febrero 2006, Ottón Solís (derrotado en 2002, pero logró ganar un cuarto de los votos, siendo el tercer partido del país) realiza su campaña con un planteamiento anti CAFTA. En Costa Rica hay una opinión bastante negativa sobre la gestión del presidente saliente Abel Pacheco, signatario del Tratado de Libre Comercio. Véase Costa Rica’s Pacheco will depart with low numbers, Angus-Reid GlobalScan, 18 de diciembre, 2005.
[8
]
Barahona, Amaru, op.cit.
[9
]
Monge-González, Ricardo, Miguel Loría-Sago y Claudio González-Vega, op. cit.
[10
]
Recordemos que en Centroamérica más del 33% de la población labora en el sector agrícola (con un máximo de 42.9% en Nicaragua, según el Banco Mundial).
[11
]
Sinforiano Cáceres, El CAFTA será como un huracán Mitch, con nombre comercial, in Revista Envío, Universidad Centroamericana –UCA–, Managua, septiembre 2005.
[12
]
Banco Mundial, Central America Department and Office of the Chief Economist Latin America and Caribbean Region, “DR-CAFTA: Challenges and Opportunities for Central America”. Análisis del Banco Interamericano de Desarrollo sugieren en cambio que “los ingresos rurales no agrícolas representan el 29% de los ingresos rurales en Costa Rica, el 38% en El Salvador, el 22% en Honduras y el 42% en Nicaragua) (Reardon et al, 2001). Arias, Diego, Jessica Todd e Paul Winters, CAFTA and the rural economies of Central America: a conceptual framework for policy and program recommendations, IADB, December 2004.
[13
]
Tucker, Todd, Porque CAFTA no puede salvar a Centro América de la expiración de la Cuota Textil, IRC Americas Program, 27 de enero de 2005. www.americaspolicy.org
[14
]
Sobre el tema de la deforestación, véase los resultados de la investigación realizada en Honduras de la Environmental Investigación Agency y el Center for International Policy: La crisis de la tala ilegal en Honduras. De cómo la importación de madera ilegal hondureña por los Estados Unidos y la Unión Europea incrementa la pobreza, acelera la corrupción y destruye bosques y comunidades, publicado noviembre 2005. En cuanto al tema de la industria minera: Cuffe, Sandra, “Un Desarrollo Patas Arriba y al Revés” Actores Globales, Minería y Resistencia Comunitaria en Honduras y Guatemala, Rigths Action, www.rightsaction.org, febrero 2005; o Martinelli, Luca, Muertes “doradas”: te cuento el “cuento” de la Mina

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