Por Gustavo Castro Soto
Próximas movilizaciones se registraran en las siguientes semanas contra la privatización de la energía eléctrica, el PPP y las represas que amenazan como fantasmas un paisaje de mas desplazados en las regiones selva, fronteriza y norte, aunque la jerarquía eclesiástica no esté de acuerdo y se oponga a que el pueblo se exprese libremente.
El Plan Puebla-Panamá (PPP) se encuentra con mil obstáculos, entre ellos la falta de consenso y el mucho descrédito que arrastra a los gobiernos federal y estatal encabezados por Vicente Fox y Pablo Salazar, respectivamente, quienes abanderan y facilitan la nueva conquista sobre los mas pobres del país. Pero otro de los obstáculos que enfrenta el PPP es la resistencia activa contra el pago de la energía eléctrica por parte de miles de comunidades indígenas, campesinas y urbanas en todo el estado de Chiapas. Y si la energía eléctrica continúa con su tendencia privatizadora, la confrontación pasará entonces de sociedad-gobierno a sociedad-corporación transnacional. Las grandes empresas transnacionales de la luz se están quedando con todo en América Latina y específicamente en la región del PPP: Endesa, Unión Fenosa, AES, entre otras.
El Planteamiento
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), empresas estatales que distribuyen la energía eléctrica en México, atienden a 24 millones 609 mil clientes en todo el país hasta principios del presente año 2002. Tan sólo los nueve estados del Sur Sureste del país que comprenden oficialmente al PPP, suman 6 millones 289 mil clientes que representan el 25.5% del total de clientes en México. Por orden de importancia, según el numero de clientes, están: 1) Veracruz con 1 millón 632 mil (que equivalen al 6.63% del país); 2) Puebla: 1 millón 106 mil (el 4.49% del numero de los clientes en el país); 3) Oaxaca: 802 mil (el 3.25%); 4) Chiapas: 802 mil (el 3.25%); 5) Guerrero: 640 mil (2.60%); 6) Yucatán: 475 mil (1.93%); 7) Tabasco: 427 mil (1.73%); 8) Quintana Roo: 241 mil (0.97%); y 9) Campeche: 164 mil clientes (que equivalen al 0.66% de los clientes del país). Todos estos estados del PPP mexicano representan el 17.28% de las ventas Gigawatts/hora (Gwh) de todo el país.
Según el documento oficial "Infraestructura de Comunicaciones y Energía" del PPP para el Estado de Chiapas, la inversión para el subsistema eléctrico en la entidad será, durante los primeros tres años del PPP, del 2001 al 2003, de 1,166.6 millones de pesos (116.8 para el 2001; 482.6 para el 2002 y 567.1 millones de pesos para el 2003). En medio del plan eléctrico del PPP para Chiapas, muchas expresiones de resistencia se están moviendo por todo el estado. Resistencia al pago predial, contra la militarización, contra el hambre, contra las maquiladoras, contra la expulsión de las tierras y de la Reserva de los Montes Azules, contra la privatización del ejido, contra la introducción del maíz transgénico, contra los proyectos gubernamentales que dividen y confrontan; hasta la resistencia indígena católica contra las propias políticas vaticanas que les niegan el derecho a la formación de diáconos, incluso de las propias políticas episcopales que pretenden someter a las comunidades a los designios del PPP y convencerlos de sus bondades, ofreciendo que Florencio Salazar exponga a la feligresía católica lo que no ha hecho públicamente por medio de consultas informadas; como si no bastara la agresión de los paramilitares y todo lo anterior. Por ello, próximas movilizaciones se registraran en las siguientes semanas contra la privatización de la energía eléctrica, el PPP y las represas que amenazan como fantasmas un paisaje de mas desplazados en las regiones selva, fronteriza y norte, aunque la jerarquía eclesiástica no esté de acuerdo y se oponga a que el pueblo se exprese libremente. Y es que si hay un antídoto contra la expansión del modelo neoliberal del capitalismo son las trincheras de los pueblos indígenas, sus tierras, sus territorios, sus recursos que defienden para el bien de la Nación y no para unos cuantos.
Los argumentos que usa el gobierno para pretender privatizar la energía eléctrica son una farsa. Entre ellos están: que el gobierno no tienen dinero para invertir en el sector eléctrico, por lo que hay que eliminar los subsidios; que es necesaria la inversión de la iniciativa privada, o habrá apagones; que la demanda de energía eléctrica crecerá y el gobierno ya no tiene dinero para invertir; que sólo con la inversión extranjera directa se podrán bajar los costos de la energía eléctrica; entre otros argumentos. Aunque del análisis de ellos nos encargaremos en otro Boletín "Chiapas al Día", donde comprobaremos que esto no es real y mucho menos si tomamos en cuenta las experiencias en otros países sobre la desregulación del sector, por lo pronto analizaremos aquí algunos de estos argumentos desde Chiapas en el marco del PPP.
El Conflicto Eléctrico en Chiapas
En Chiapas, para el año 2000, habían 764.479 usuarios de energía eléctrica que en su totalidad consumieron 1513,907 Mwh, y cuyas ventas represento para la CFE un total de un millón 8 mil 133 pesos. Todos estos usuarios se dividen en 6 sectores:
1) El Doméstico es el principal sector con 703,089 usuarios, y equivalen al 91.9% del total de usuarios cuando la media nacional es de 87.95%. Los hogares consumieron el 51% de los Mwh y en total pagaron el 37.25% de lo que la CFE recibió por el cobro del servicio en ese año.
2) El Comercial indica la existencia de 57,841 comercios. O sea, el 7.5% de los usuarios cuando la media nacional es de 10.32%. Los comerciantes consumieron el 13.31% de los Mwh en el mismo periodo y aportaron el 25.74% del ingreso de la CFE.
3) El sector Servicios cuenta con 1,226 que representa el 0.16% de los usuarios cuando la media nacional es del 0.65%. En total gasto el 4.20% de los Mwh que se consumen en el año y su pago por el servicio corresponde al 9.99% de lo recaudado por el CFE en el año 2000.
4) Los usuarios Agrícolas son tan sólo 948 que equivalen al 0.12% de los usuarios cuando la media nacional es del 0.49%. El sector agrícola gastó el 3.25% de los Mwh del año y aportó el 1.43% de los ingresos totales que cobró la CFE por el servicio.
5) La Mediana Industria es muy raquítica y suman 1,375
empresas que equivalen al 0.18% de los usuarios cuando la media nacional es del 0.59% incluyendo a la gran industria. Sin embargo, luego de los usuarios domésticos, es el que mas gasta Mwh con un promedio del 26.20% del total consumido en el año, y paga menos que los comercios con el equivalente de 25.59% del total de ingresos de la CFE en el 2000.
6) Por último, la Gran Industria. De éstas, no hay ninguna desde 1998 (0%).
Sólo el 8% de los usuarios son empresarios que se distribuyen entre los sectores del comercio, servicios, agrícola y mediana industria. El resto son de casas habitación. Sin embargo, este 8% consume alrededor del 50% de la energía eléctrica y paga alrededor del 62.75% de los ingresos que recibe la CFE.
La capacidad efectiva total de energía eléctrica en Chiapas es de 3,928.4 Megawatts distribuida entre siete hidroeléctricas: Ing. Manuel Moreno Torres (en Chicoasen con 1,500 Mw); Nezahualcoyotl (en Tecpatan con 1,080 Mw); Dr. Belisario Domínguez (en Venustiano Carranza con 900 Mw); Gral. Ángel Albino Corzo (en Ostuacan con 420 Mw); José Cecilio Del Valle (en Tapachula con 21 Mw); Bombana (en Soyalo con 5.2 Mw); y Schpoina (en Venustiano Carranza con 2.2 Mw). Los casi 1,100 trabajadores de la CFE en Chiapas se distribuyen en las tres zonas. San Cristóbal de las Casas atiende a la región Altos con Agencias en Benemérito, Chenalho, Comitán, Fontera Comalapa, Ocosingo, Palenque, Margaritas, San Cristóbal, Teopisca, Venustiano Carranza y Yajalon. La Zona de Tapachula tiene agencias en los municipios de Acapetahua, Arriaga, Cacahoatan, Huixtla, Mapastepec, Motozintla, Pijijiapan, Porvenir, Suchiate, Tapachula y Tonala. Y la Zona de Tuxtla Gutiérrez cuenta con agencias en Chiapa de Corzo, Cintalapa, Concordia, Copainala, Villaflores, Ocozocoautla, Suchiapa y Tuxtla Gutierrez. La Zona de San Cristóbal de Las Casas cuenta con el 23.8% de la potencia de transformadores de distribución, Tapachula con el 18.5% y Tuxtla Gutiérrez con el 57.7%.
Algunas fuentes sitúan a Chiapas entre el productor que genera entre el 45 y 65% de la energía hidroeléctrica del país. Sin embargo, muchas veces se confunde la producción total de energía a la producción exclusivamente generada de las plantas hidroeléctricas. De cualquier modo, la mayoría de la producción hidroeléctrica de Chiapas está destinada para alimentar a la ciudad de México y a su zona conurbana doméstica e industrializada, a costa del desplazamiento de la población indígena y campesina que hasta hoy no ha sido indemnizada correctamente. Además, muchos pobladores afectados no tuvieron energía eléctrica ni otros servicios básicos mucho tiempo después de haber sido inundadas las tierras por la hidroeléctricas. Todavía hoy, luego de 30 años, muchas comunidades indígenas continúan exigiendo que la CFE realice obras de apoyo social a las comunidades aledañas que fueron expulsadas o dañadas por las represas hidroeléctricas. Además, desde otro punto de vista, los campesinos e indígenas han estado subsidiando al gobierno y a la CFE toda vez que no se les ha pagado adecuadamente la indemnización a cientos de ellos de diversas regiones que se han visto afectados por las inundaciones de sus tierras, por los cortes masivos de energía en muchas comunidades y por la falta de pago al gobierno del impuesto predial por parte de la paraestatal.
Según el testimonio directo de CIEPAC, en algunas comunidades indígenas de Chiapas hay muchos casos en donde hoy la CFE le puede cobrar a una familia indígena desde 120 a 300 e incluso mas de mil pesos bimensuales (entre 13 y mas de 100 dólares, aproximadamente) por el servicio de la energía eléctrica, cuando sólo cuenta con 3 o 5 focos en su hogar. Esto puede llegar a representar desde un 25% hasta un 50% de los ingresos que un trabajador indígena puede obtener al mes, si le va bien. En comparación con la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el cobro puede llegar por 60 o 90 pesos a una casa que cuenta con 10 focos, televisión, refrigerador, aparato de sonido y hasta equipo de cómputo, entre otros aparatos electrodomésticos. Esto sería suficiente para entender lo comprensible de la resistencia indígena y urbana al no pago de la energía eléctrica, que no es que se niegue a pagar, sino que quiere pagar lo justo.
Cuando el 7 de febrero del 2002 entró en vigor la determinación del gobierno federal de eliminar los subsidios a las tarifas del consumo doméstico de energía eléctrica, el Congreso de Chiapas firmó un acuerdo mediante el cual rechaza esta medida y se pronunció a favor de una tarifa preferencial para la entidad. Por su lado, algunos legisladores se han pronunciado por que el gobierno del estado desista de la acción penal contra 200 personas, aproximadamente, que tienen ordenes de aprehensión por fomentar el no pago ante los abusos de la CFE. Y en esto no hay divisiones políticas. Militantes y simpatizantes campesinos, indígenas y población urbana de todos los partidos políticos se han unido para impedir que trabajadores de la CFE se introduzcan a las comunidades y corten el suministro de energía en algún poblado. A otros los han mantenido retenidos o de plano no los han dejado bajar del poste de la energía eléctrica hasta que el trabajador vuelva a conectarla. En casos extremos, han sido amarrados en postes cuando regresan de realizar el operativo de cortes de energía.
Según el Diario Popular, en la entidad hay alrededor de 450 mil familias en 78 municipios que desde 1994 se han declarado en resistencia civil al no pago del servicio eléctrico, por lo que a la fecha adeudan al menos 177 millones de pesos (20 millones de dólares, aproximadamente). (El Diario Popular, viernes 8 de febrero de 2002). Pero la CFE tiene otras cifras. Según el superintendente José Domínguez Narváez el adeudo acumulado de los usuarios que no han pagado es de casi 42 millones de pesos (5 millones de dólares, aproximadamente). Ellos provienen de 48 municipios (el 40.67% del total de municipios del estado) y suman un total de 128,635 clientes deudores que representan al 16.82% de todos los usuarios de Chiapas.La mayoría de los deudores proviene del sector rural de las zonas Norte, Altos, Selva y Fronteriza de Chiapas, entre ellos Las Margaritas, Ocosingo, San Andrés, Chenalho, etc. (Heraldo, 31 de enero del 2002). Sin embargo, en la región Costa y Sierra la resistencia organizada es muy fuerte. Pero hay otros datos. Entre los 48 municipios que forman la superintendencia de San Cristóbal existen 246 mil usuarios, de los cuales 19,603 están ubicados en la zona rural o indígena donde el 52% están en resistencia con la CFE. (Cuarto Poder 31 enero 2002; Heraldo, p. 3F, 31 de enero de 2002, resumen informativo de prensa de la CFE). La danza de cifras sigue y la misma CFE no se pone de acuerdo. En otros momentos la paraestatal ha manifestado que existen alrededor de 182,759 usuarios que se encuentran en resistencia al pago del servicio de la energía eléctrica, en aproximadamente 3,595 comunidades en 45 municipios de la entidad, representando una pérdida anual de 77 millones 559 mil pesos (Boletín "Chiapas al Día" No. 288).
A los pobres se les regatea lo que a los ricos se les regala. Entre los años 2002 y 2004, México deberá pagar 53 mil 900 millones de dólares por concepto de deuda externa pública y privada que equivalen aproximadamente a 490 mil 100 millones de pesos. Por otro lado, lo que el gobierno pretende entregar al sistema bancario "mexicano" controlado en un 80% por los bancos extranjeros es de 681 mil 917 millones de pesos, que son los pasivos totales al cierre de 2001 del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. (La Jornada, 26 de marzo de 2002).
Pese a que el gobierno argumenta que está perdiendo dinero y no tiene para invertir en el sector y culpa, entre otros, a los deudores, la CFE informa que cuenta con un 98.8% de la oportunidad de la cobranza en todo el país y presume de ser la mejor empresa pública de México incluso que muchas en el Continente, con el mejor servicio y eficiencia. Sin embargo, antes de pretender venderla se le ha generado competencia interna y se van eliminando los subsidios, denominados hoy por el discurso neoliberal como "proteccionismo", cuando en los mercados de los países del norte éstos se mantienen en muchos sectores con millones de dólares, pero allá se le denomina "incentivos a la inversión", "bonos", gratificaciones", "compensaciones", etc. Lo peor es que hay quien consume y reproduce con gusto el discurso neoliberal que acompaña, en este caso, a la privatización del sector energético; y hasta hay quien lo defiende con capa de progresista, lo que en otros países ya se ha visto que es un fracaso. Entre ellos algunos gobiernos locales de Estados Unidos que se arrepienten de la "desregulación" del sector eléctrico que se entregó en manos del monopolio y la rapiña de las corporaciones transnacionales, como Enron que desfalcó las finanzas públicas y aumentó los costos de energía. Y en América Latina sobran las experiencias de mayores apagones, aumento en las cuotas y pésimo servicio por parte de las transnacionales que se adueñaron de la energía eléctrica de los países.
Por cierto, en una información publicada en páginas interiores de "El Sol de México", revela que Acapulco ocupa el primer lugar nacional en robo de energía eléctrica, mismo que se realiza tanto en las zonas populares como en la turística, situación por la que la CFE perdió sólo el año pasado 300 millones de pesos, denunció Gabriel Pérez Pérez, superintendente de zona de la CFE (resumen de prensa del 27 de enero del 2002, CFE). Tan solo hay 20 mil "colgados" en las colonias periféricas del puerto. Sin embargo, en este estado también hay resistencia. Los cortes de energía que la CFE realizó durante el mes de junio en las principales ciudades de Guerrero han generado pérdidas económicas por 12 millones de pesos, afirmaron dirigentes empresariales, quienes preparan una demanda penal contra la empresa paraestatal. La CFE argumentó que se debe a la ocupación de la presa hidroeléctrica de Petacalco, en el municipio de la Unión, en los limites con Michoacán. Esta acusación la rechazaron los 23 pescadores que desde hace dos meses obstruyen los cinco accesos de la termoeléctrica Plutarco Elías Calles para exigir la condonación de deuda por la energía eléctrica, el desistimiento de las ordenes de aprehensión y proyectos productivos. Los pescadores dicen que "es una vil mentira por parte de la CFE que nosotros estamos afectando los trabajos de la termoeléctrica, pero eso no es cierto. La planta esta trabajando las 24 horas y las chimeneas no han dejado de funcionar en estos 59 días de plantón". (La Jornada, 21 de junio de 2002).
En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, el Mercado de Los Ancianos reportó una caída en las ventas hasta en un 40% debido al incremento de los precios de la energía eléctrica. "Lo único que se logra al subir las tarifas es que se lesione a la economía del pueblo", afirmó José Luis Sánchez Huerta, quien asegura que se dispararán los precios de los productos con esta medida (Cuarto Poder, 26 de febrero 2002). Curiosamente, el mismo día, el 26 de febrero de 2002 un siniestro apagón dejó sin energía eléctrica por varias horas de la tarde a gran parte del país, específicamente en 7 estados del sureste comprendidos en el PPP: Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y parte de Veracruz. Comercios, bancos y otros negocios cancelaron todos los servicios; además de afectarse al transporte, hospitales, residencias, etc. Inmediatamente corrieron las versiones sobre las fallas en el sistema de distribución de las presas hidroeléctricas de Chiapas (La Angostura y Chicoasen), hasta fallas en el sistema central de cómputo. Ante este impresionante apagón, las molestias de la población surgieron y presagiaba ya los sucios mecanismos gubernamentales para encaminar a la privatización mediante la desregulación constitucional del sector energético y entregarla a las transnacionales extranjeras mas poderosas de la luz. (Cuarto Poder, 26 de febrero de 2002).
Según Rene Avalos Carranza, subgerente de Generación de las Plantas del Sistema Hidroeléctrico Grijalva de la CFE, Chiapas genera alrededor de 500 mil kilowatts, mientras que en los Noticieros Televisa se afirmaba que las presas hidroeléctricas de Chiapas trabajan al 50% de su capacidad (6 de marzo de 2002). Por su lado, personal de la presa La Angostura afirma que de las 5 turbinas que cuenta la hidroeléctrica, con menos de la capacidad de una de ellas se daría electricidad a todos los habitantes del estado. El Departamento de Generación de Energía de la presa La Angostura en Chiapas reportó que los niveles de embalse se encuentran al 50%, con mas de 15 metros de volumen útil, operando con normalidad, como en años anteriores. Para el gerente de la división Sureste de la CFE, el manejo de las presas lo lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua (CNA): "La CFE únicamente utiliza el vital líquido como un insumo y se atiene a la disponibilidad existente para la generación de energía eléctrica". (Boletín de Prensa de la CFE, México, DF, 6 de mayo de 2001).
Electrificación Para La Selva Lacandona
La titular de la Oficina de representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xochitl Gálvez Ruiz, informó que se invertirán 100 millones de pesos en diversas comunidades chiapanecas, en infraestructura carretera, electrificación y agua potable (Reforma, 27 de enero 2002). Luego, la Secretaria de Energía (Sener) anunció que llevaría a cabo el Programa de Electrificación Rural que tienen el propósito de dotar de energía eléctrica a través de tecnología fotovoltaicas, ya que considera que de unas 1,200 comunidades indígenas, 860 podrían contar con este sistema tomando en cuenta que el consumo de 25 kilovatios-hora por comunidad, supondría el desarrollo de capacidad instalada de aproximadamente 22 megavatios fotovoltaicos (5 de enero de 2002, resumen informativo de prensa de la CFE). Esta es la propuesta del gobierno: para los pobres, que la luz se las de el sol, pero no una empresa porque los pobres no son rentables.
En este contexto, en Chiapas la CFE anunció que prevé electrificar unas 700 comunidades de mas de cien habitantes en los próximos cinco años, según informó el gerente de la División Sureste de la empresa, Jesús Eliseo Ramos. En entrevista, indicó que la paraestatal registra un crecimiento del 1.5% de cobertura anual, por lo que consideró que en cinco años se podría dar atención a todas las poblaciones que no tienen el servicio. Dijo que tienen proyectos, estudios y comunicación con las poblaciones y la Secretaria de Planeación, "ahorita estamos trabajando en un proyecto que viene del año pasado en Marques de Comillas para atender a 30 poblaciones en la frontera con Guatemala". La localidades, 700 de mas de cien habitantes, se encuentran dispersas en todo el estado, aunque el mayor rezago en materia de electrificación se localiza en municipios de las regiones Norte, Altos y Selva. (Novedades, 13 de febrero de 2002. Síntesis periodística de la CFE).
Luego de estas declaraciones aparece la propuesta para la Selva Lacandona donde actualmente sólo cinco de las 41 localidades de los municipios de Marques de Comillas y Benemérito de las Américas en Chiapas, cuentan con energía eléctrica. Esta región fronteriza de Chiapas con Guatemala a lo largo de la Cuenca del Usumacinta, únicamente cuenta con una línea de distribución de 34.5 Kv, con una longitud de 315 kilómetros, que se encuentra saturada. Tienen que llegar las promesas de inversión en la región para que los indígenas sean aparentemente rescatados del olvido.
Es así como en el mes de junio del 2002, el Presidente Vicente Fox inauguró el Programa de Electrificación para la Selva de Chiapas, "con el que se dotará de energía eléctrica a 18,925 habitantes de la selva lacandona que habitan en 36 comunidades" de la región donde el tráfico de inmigrantes, de narcotráfico y madera cuentan con al apoyo del ejército mexicano. Región altamente militarizada, con comunidades fuertemente divididas, con inversiones y fraudes de grandes empresas que llegaron prometiendo desarrollo con las grandes plantaciones de hule; región con mucho petróleo y gas, pero con sus pozos tapados. Es aquí, a lo largo de esta Cuenca del Usumacinta, donde los gobiernos del PPP pretenden formar cinco presas hidroeléctricas que implicarán el desplazamiento de miles de indígenas de sus comunidades, la inundación de templos mayas además de un impacto ecológico enorme e irreversible. La explotación de tantos recursos, la creación de carreteras y otras infraestructuras que el PPP exige, requieren de líneas de transmision de la energía eléctrica hasta ahora saturadas por un raquítico servicio que cubre tan solo al 12% de las comunidades indígenas de la región que no son rentables para el capital.
El Programa pondrá esta infraestructura necesaria, pero además servirá como pretexto para afirmar que el nuevo "gobierno del cambio" se acuerda de los pueblos indios, o como sedante para luego introducir las represas del Usumacinta. El Programa de Electrificación se realizará en dos etapas "y surgió a solicitud del Gobierno de Chiapas con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de la región", según reza el Boletín de Prensa de la CFE. Esto se llevará a cabo con una inversión aproximada de 245.6 millones de pesos que serán aportados por los gobiernos Federal y Estatal y por la CFE. ¿Por qué se afirma entonces que el gobierno y la paraestatal no tienen recursos para invertir en el sector, pero sí en las regiones estratégicas para el PPP?
La primera etapa concluirá este año y se construirán 44 kilómetros de línea de distribución de 34.5 kilovolts (Kv), seis redes de distribución y 18 kilómetros de línea de distribución, "que beneficiarán a 2,645 habitantes de la región". Las inversiones en esta fase ascenderán a 25.4 millones de pesos. En la segunda etapa se construirá la siguiente infraestructura: un alimentador de 115Kv en la Subestación Tenosique (estado aledaño de Tabasco), 94 kilómetros de línea aislada a 115 Kv y una subestación reductora de 115/34.5 Kv. Todo con una inversión de 103.8 millones de pesos. En la segunda etapa también se construirán 1,049 kilómetros de línea de distribución aislada a 34.5 Kv y 30 redes de distribución, que tendrán un costo de 116.5 millones de pesos y beneficiaran a 16,280 pobladores (CFE, Boletín de Prensa, 19 de junio de 2002).
La demanda de la energía eléctrica para los pueblos no es novedad. Ha sido una exigencia durante cien años. Pero cuando el gobierno se refiere a la "demanda" actual es la que el capital transnacional necesita hoy. Sin luz no llegan las maquiladoras, no funcionan los puertos o aeropuertos, no hay turismo, no hay explotación de los recursos. La luz ha sido, y seguirá siendo con mayor fuerza en el futuro inmediato, una causa de lucha y resistencia de los pueblos para alcanzar justicia.
Fuentes y bibliografía: Comisión Federal de Electricidad (CFE) ; Sur Proceso No. 44; Quehacer Politico 1061; INEGI Anuario Estadístico del Estado de Chiapas; Plan Puebla-Panamá, Infraestructura de Comunicaciones y Energía para Chiapas, Septiembre del 2001; Programa de Inversiones 2002 SCT del PPP, enero de 2002; "Conexión México-Guatemala", interconexión eléctrica del PPP, 8 de febrero de 2002; BID; CIEPAC; La Prensa Gráfica; El Heraldo de México; Cuarto Poder, Diario Popular; Novedades, Reforma; El Sol de México; Noticieros Televisa, La Jornada.
*Por Gustavo Castro Soto
Boletin Chiapas al día Nº 298
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