Minería

Te Cuento el “Cuento” de la Mina Marlin: Guatemala

Los casos de violación de los derechos humanos relacionados con la actividad minera son cuantiosos y, al mismo tiempo, numerosas han sido las manifestaciones y acciones de los grupos (campesinos e indígenas) afectados por las exploraciones y explotaciones mineras.

Por Luca Martinelli

Los casos de violación de los derechos humanos relacionados con la actividad minera son cuantiosos y, al mismo tiempo, numerosas han sido las manifestaciones y acciones de los grupos (campesinos e indígenas) afectados por las exploraciones y explotaciones mineras

Muertes “Doradas” Te Cuento El ‘Cuento’ De La Mina Marlin En Guatemala

El tema de la exploración y explotación minera en Mesoamérica se ha vuelto más interesante en los últimos años. Debido a una situación de precios en alza en los mercados mundiales (oro, + 19,1% entre 2003 y 2004, de 363.44 a 433.15 USD la onza; plata, + 59,7%, de 4,90 a 7,93; etc.); debido a la aprobación, en muchos países de la región y de toda América Latina, de una legislación “muy abierta” a las inversiones mineras, sin embargo patrocinada por el Banco Mundial, Guatemala, Honduras e México (entre otros países) han estado otorgando varios cientos de concesiones, la mayoría a empresas transnacionales estadounidenses y canadienses.

En el pasado mes de agosto, La Jornada publicó una serie de reportajes de Rosa Rojas sobre la minería en Chiapas, que destaca la concesión por parte del gobierno federal, tan solo en los últimos cinco años y en este estado, de 357 mil hectáreas para la exploración y explotación minera.

Los casos de violación de los derechos humanos relacionados con la actividad minera son cuantiosos y, al mismo tiempo, numerosas han sido las manifestaciones y acciones de los grupos (campesinos e indígenas) afectados por las exploraciones y explotaciones mineras. Entre estas, cabe destacar el caso del Marlin Project, una historia mesoamericana, como muchas otras, de violencia, represión y de resistencia frente a un gobierno que vende (casi regala) los bienes de la Nación a intereses económicos ajenos.

El pasado 8 de septiembre, el Banco Mundial publicó un informe sobre el Marlin Project realizado por el Compliance Advisor/Ombudsman Office. Esta oficina se ubica en el seno de la International Finance Corporation (IFC), brazo del BM que otorga préstamos a particulares y que había prestado 45 millones de dólares a la Glamis Gold, transnacional canadiense que—a través de su filial guatemalteca Montana Exploradora de Guatemala—está realizando el Marlin Project.

El informe se ha realizado después de recibir, en enero de 2005, “formal queja contra la IFC que financia la explotación minera a cielo abierto de metales otorgada a Montana Exploradora de Guatemala”, queja dirigida a la IFC por parte de Magali Rey Rosa, del Colectivo “Madre Selva”, organización civil guatemalteca, activa en contra de las concesiones mineras (más de 550 en el país, que cubren aproximadamente el 10% del territorio nacional). Dicho documento reconoce que los informes del proyecto presentados a los líderes de las comunidades indígenas no dan cuenta adecuadamente de los posibles impactos negativos del proyecto, y critica la consulta que, supuestamente, el BM debería de realizar, como mandan sus reglas internas y las leyes internacionales (en particular, el Convenio no. 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo). El informe también pone en duda que el proyecto pueda respetar lo establecido en los documentos sobre Políticas de Salvaguarda Sociales y Medioambientales del Banco Mundial.

Mientras tanto, el 18 de junio las comunidades del Municipio de Sipacapa se pronunciaron mediante consulta popular contra la presencia en el territorio municipal de la mina Marlin. Ni la empresa, ni mucho menos el gobierno guatemalteco, había manifestado interés frente a los resultados de la consulta, en la cual participó el 98% de los ciudadanos, reunidos en asambleas comunitarias para discutir los pro y contra del proyecto. Doce de las 13 comunidades del municipio se declararon en contra de la mina Marlin.

El proyecto todavía no arranca pero ya cobró sus primeras víctimas mediante la destrucción y contaminación del medioambiente.

Vidas Perdidas

Raúl Castro tenía 37 años cuando, junto con miles de campesinos guatemaltecos de los departamentos del Quiché y de Sololá, participó en el bloqueo de carreteras en Los Encuentros. Ahí obstruían el paso a un cilindro, enorme tubo de acero utilizado en las explotaciones mineras, de propiedad de Montana Exploradora S. A., la filial guatemalteca de Glamis Gold que explotaba una mina de oro, el Marlin Project, en el Departamento de San Marcos.

El 9 de enero, 2005, amaneciendo el día número 40 del bloqueo, el gobierno anunció la intervención del Ejercito: “No hay nada mas que discutir. Ya dialogamos con las autoridades y no podemos seguir permitiendo que cada quien haga lo que quiera”, afirmó el secretario Carlos Vielman a la agencia Associated Press. Dos días después, Raúl Castro murió en Los Encuentros, en los enfrentamientos entre militares y manifestantes.

El domingo 13 de marzo, 2005, Alvaro Benigno, de 23 años, regresaba a su casa después de un concierto del Coro de San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos. En su camino se topó en Ludwin Waldemar Calderón y Guillermo Lanuza, pistoleros a sueldo del Grupo Golan, encargado de la seguridad del Marlin Project. Los dos le franquearon el paso a Benigno y le dispararon cinco o seis balazos a quemarropa.

La muerte de Alvaro Benigno, quien deja a su esposa e hijita de tres años, fue un mensaje a la población de San Miguel y a todos los que luchan contra la implementación del proyecto.

Los Inversionistas Vienen Primero

Mientras se fortalece la oposición a la actividad minera en toda Guatemala, coordinada por el Frente Nacional Contra la Minería y la Iglesia católica, el presidente guatemalteco Oscar Berger se justifica: “Hay que defender los intereses de los inversionistas”. Tanto más si se trata del Banco Mundial que participa en el proyecto con un préstamo de 35 millones de dólares a Glamis Gold e una inversión directa de 10 millones por parte de la IFC. Con semejantes intereses, resulta imposible pensar que cualquier gobierno, del signo que sea, pueda tomar decisiones soberanas en defensa de sus ciudadanos. El financiamiento del Banco Mundial representa para Glamis Gold algo como un salvoconducto, “con el objetivo de mitigar los riesgos políticos y sociales del proyecto”.

Según las organización sociales que se oponen al Marlin Project, “queda claro que la participación del IFC resulta ser un seguro político por Glamis”, porque, como escribe Sandra Cuffe, experta de problemas relacionados a la industria minera en Guatemala y Honduras [en un informe realizado por la Ong canadiense Rights Action], los gobiernos extranjeros no van a querer interferir con un proyecto del Banco Mundial”.

El proyecto avanza rápido e incluso se habla de que las actividades de explotación empiecen antes de finalizar 2005, adelantándose un año a la fecha prevista. Mientras tanto, siguen las amenazas en contra de todos los que—no intimidados por el asesinato de Raúl Castro y Alvaro Benigno—siguen oponiéndose públicamente a la nueva mina.

El pasado 5 de abril, se encontró quemado un vehículo de propiedad de la Fundación Maya (FUNDAMAYA), organización integrante del Frente Nacional contra la Minería. El mensaje estaba dirigido a Carlos Humberto Guarquez, Dominga Vásquez y al esposo de esta, Alfonso Guarquez. El primero es miembro activo de FUNDAMAYA, la señora Vásquez es alcalde del municipio de Sololá, quien participó activamente en el bloqueo que llevó a la muerte de Raúl Castro. El esposo de ésta, periodista, había escrito artículos exponiendo las razones de los huelguistas. “Esto ocurre, Señor Carlos Humberto, por haber participado en estas mamadas de la sociedad [civil]; mañana será el día, para ti, de dejar este mundo; por cada carro llega su sábado, también por la Señora Dominga y su esposo Alfonso Guarquez", decía el escrito—en un castellano inseguro y lleno de fallas gramaticales—una de las cinco cartas tiradas al lado del carro quemado.

Una “Mina De Oro”

El destino del Marlin Project es volverse una verdadera “mina de oro” para la empresa canadiense. Según el estudio de impacto ambiental, va a garantizar a la empresa ganancias globales por 707 millones de dólares en los diez años previstos para las extracciones. De las ganancias nada más el 1% se quedará en Guatemala, por concepto de regalías pagadas por Glamis Gold a cambio de la concesión y las licencias. Una miseria que se repartirá entre el gobierno federal y el municipal, según establece la Ley de minería aprobada en el 1997 con la bendición del Banco Mundial y de las transnacionales del sector.

La Glamis Gold calcula que el proyecto tendrá una duración de 13 años, durante los cuales serán sustraídos 2.1 millones de onzas de oro y 29.2 millones de onzas de plata (combinando actividad a cielo abierto y subterránea). El gasto real de extraer el oro es de 107 dólares la onza, y el precio en el mercado mundial a finales de 2004 era de 433.15 dólares la onza.

Un análisis de febrero 2004 del investigador independiente Robert E. Moran, basado en el estudio de impacto ambiental del proyecto, a su vez realizado por la Glamis Gold con base en un modelo elaborado por la IFC para las actividades extractivas, evidencia la insostenibilidad social y ambiental de estas enormes ganancias, cuyos efectos se manifestaran sobre los pobladores de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. El estudio, concluye Moran, carece de “un sistema permanente de monitoreo del agua, de datos actuales sobre la disponibilidad del agua en la región, de información sobre la composición química de la vena metalífera, de las rocas de desecho y de los demás residuos, y faltan—por ultimo—medidas de los posibles efectos tóxicos sobre organismos vivientes de dichos residuos y de las rocas de desecho”.

Ningún beneficio, al final, para los comuneros, que se quedaran con las montañas de desechos—38 millones de rocas pulverizadas – y los suelos, ríos y faldas contaminadas. Todo esto a cambio de 1,400 empleos en el primer año (de abertura de la mina), y 180 en los diez años sucesivos.

Extrañas Consultas

La Defensoría Q’echi’—una organización indígena que trabaja en el tema de derechos humanos—declara, “La concesión de centenares de autorizaciones por parte de la Secretaria de Energía y Minas constituye una seria violación de los derechos de miles de guatemaltecos indígenas, que no han sido consultados ni informados del hecho de que los derechos de propiedad subterránea de sus tierras habían sido otorgado a una compañía minera”. Basándose en el Acuerdo no. 169 de la OIT sobre los derechos de pueblos indígenas y tribales, ratificado por Guatemala como parte de los Acuerdos de Paz en 1996, los movimientos sociales del país reivindican la ilegalidad del Marlin Project.

Aunque la Glamis declare haber consultado las poblaciones indígenas ‘afectadas’ por el proyecto, una investigación independiente realizada por el periódico guatemalteco Prensa Libre en noviembre 2004 demuestra que el 37.5% de los afectados por la mina no sabían nada de la concesión minera. Otros, según informa un documento de marzo de 2005 publicado por el Bank Information Center (Centro de Información sobre la Banca), “se lamentaban del hecho que la compañía hablase sólo de los beneficios del proyecto, sin informar de los riesgos a la salud y al medioambiente”. El 95% del total de los entrevistados por Prensa Libre se manifestó en contra del proyecto, invalidando así lo aseverado por la Glamis Gold. Según la compañía, el proyecto contaba “en un largo apoyo de las comunidades”.

La opinión pública sobre la Glamis no mejorará por la creación de la Fundación Sierra Madre, que, junto con el préstamo otorgado por la IFC del Banco Mundial, son consideradas iniciativas dirigidas a lograr un salvoconducto al Marlin Project. Un proceso de desarrollo comunitario basado en el respecto a la cosmovisión de los mayas de las comunidades del Departamento de San Marcos, sostienen éstos, no puede ser definido por parte de una multinacional interesada exclusivamente en las defensa de sus propias ganancias.

Empresas Vs. Comunidades: Diferentes Ideas De Desarrollo

“La visión del desarrollo de las comunidades indígenas, de las Ong y de los activistas que luchan en contra de la pobreza es diferente, en muchos aspectos, de la dominante”, sostiene Rights Action, organización canadiense que apoya la lucha en contra de la industria minera de las comunidades indígenas de Guatemala y Honduras. “Protestando en contra de los intereses de las compañías mineras canadienses y estadounidenses, las comunidades locales y las organización están luchando por una idea de desarrollo controlada y definida a partir de las exigencias de las comunidades”, concluye la Ong de Canadá.

Absurda resulta la declaración de la Glamis Gold, que considera que los que se oponen a su proyecto son “una minoría de activistas del antidesarrollo”. Son, según la empresa, agitadores extranjeros que llegan a movilizar a la población guatemalteca, que aparentemente no puede por sí sola darse cuenta de los extraordinarios beneficios de las actividades mineras, que representan “el desarrollo”, así de simple, por lo menos en el pensamiento de la empresa.

Al respecto el Banco Mundial piensa que: “El sector minero es una industria esencial y un camino no inmediato e importante para ayudar los pobres a obtener algunos de los beneficios de la sociedad moderna”.

Como, por ejemplo, la carretera que conectará las comunidades de Concepción Tutuapa y San Miguel Ixtahuacán. Veinte kilómetros de carreteras y una inversión de 5 millones de dólares, que Glamis Gold anunció el 6 de septiembre, en presencia del presidente de Guatemala, Oscar Berger, que agradeció a la empresa con palabras conmovedoras: “Ninguno va a perder; todos vamos a ganar. San Miguel va a ganar gracias a nuevos empleos, actividades económicas e infraestructura… Este es un proyecto ejemplar”. Todo esto se dijo justo unos días antes de la publicación del informe del Compliance Advisor/Ombudsman office.

A pesar de esta nueva carretera, todavía es largo el camino de la justicia para un pueblo que no se ha recuperado de las heridas de 36 años de guerra civil, que desangraron al país hasta 1996. Heridas que se han abierto otra vez después de la ratificación, en marzo 2005, del Acuerdo de Libre Comercio de Centro América ( Central American Free Trade Agreement, CAFTA, por su siglas en ingles), que nuevamente somete a Guatemala al dominio de Estados Unidos. Como hace 50 años, cuando el gobierno del presidente ‘comunista’ Jacobo Arbenz fue derrotado por un golpe de estado, elaborado por la CIA, Agencia Central de Inteligencia del gobierno estadounidense. www.EcoPortal.net


* Lu ca Martinelli
CIEPAC A.C.
http://www.ciepac.org/

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