Política

Constancia sobre el Plan de Desarrollo y Reforma Política

Como sucede con las demás medidas adoptadas por el gobierno de Álvaro Uribe, el Plan no hace otra cosa que consignar las variadas exigencias del FMI. De un lado, las de concentrar los esfuerzos del país en garantizar el pago cumplido de la abultada deuda externa; y de otro, las orientadas a aprestar el país para su vinculación al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA.

Por Jorge Enrique Robledo Castillo

Como sucede con las demás medidas adoptadas por el gobierno de Álvaro Uribe, el Plan no hace otra cosa que consignar las variadas exigencias del FMI. De un lado, las de concentrar los esfuerzos del país en garantizar el pago cumplido de la abultada deuda externa; y de otro, las orientadas a aprestar el país para su vinculación al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA.

Ante la facultad presidencial de dictar por decreto el Plan Nacional de Desarrollo, las mayorías del Congreso se aprestan a aprobarlo, para poder influir, así sea mínimamente, en lo correspondiente al Plan de Inversiones, en lugar de adoptar una actitud vertical frente a la propuesta del Ejecutivo que, como es más que evidente, no consigna ninguna medida que coadyuve al progreso nacional. La aprobación del Plan en estas condiciones demuestra el lánguido papel al que ha sido reducido el Legislativo, en cuanto a la atención de los problemas principales de Colombia.

Como sucede con las demás medidas adoptadas por el gobierno de Álvaro Uribe, el Plan no hace otra cosa que consignar las variadas exigencias del FMI. De un lado, las de concentrar los esfuerzos del país en garantizar el pago cumplido de la abultada deuda externa, para lo cual toda la política debe orientarse a reducir el déficit fiscal; y de otro, las orientadas a aprestar el país para su vinculación al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA.

El Plan, merecidamente llamado de subdesarrollo, no contempla en ninguno de sus apartes ni una sola propuesta seria que conduzca a impulsar las actividades industriales o agrícolas y en general las del sector real de la economía. Por el contrario, su principal estrategia consiste en revivir la fórmula fallida de cifrar el progreso en la construcción de vivienda que, como se demostró en las últimas décadas, es, antes que un acicate de la producción, una enorme veta para la especulación financiera. Estrategia aún menos efectiva hoy, cuando ha caído la capacidad de compra y las cifras indican que se está demandando cada vez menos vivienda de la llamada de interés social. En cuanto a la otra fuente de supuesta reanimación, las exportaciones, el gobierno pretende desconocer que las ventas externas vienen cayendo en términos reales y que los géneros con los que podemos competir en el exterior, cada vez más pocos y exóticos, no permiten siquiera pensar en que se convertirán en fuente de avance económico. Empero, en lo que sí es absolutamente claro el proyecto del gobierno es en que abrirá las fronteras a los productos y capitales extranjeros, principalmente de Estados Unidos, impulsando a rajatabla la anexión del país al ALCA, o en su defecto, a un acuerdo bilateral con la potencia del Norte.

Otras propuestas, presentes a lo largo de todo el proyecto, cuales son las de llenar aún más de gabelas a los monopolios internacionales, facilitándoles adueñarse de sectores estratégicos aún en manos del Estado, como por ejemplo las redes de transmisión eléctrica y algunas entidades financieras; las mayores ventajas que se les conceden para el saqueo de los recursos naturales, como en el caso de los hidrocarburos; o las nuevas garantías en materia fiscal y tributaria para que hagan sus inversiones, para sólo citar unos casos, antes que redundar en pujanza del país, han estado entre las causas principales de nuestro atraso.

Por lo anterior, a pesar de que las propias cifras del Plan sobre el crecimiento en el cuatrienio por sí solas demostrarían la postración a la que está sometida Colombia, lo peor es que ni siquiera podrán cumplirse. Por el contrario, todo apunta a que lo que tendremos al final del gobierno actual es la ratificación del total estancamiento económico del país. Esto no sólo por lo anteriormente señalado, sino porque la conjunción de las demás normas dictadas desde el pasado 7 de agosto no pueden conducir a cosa distinta. ¿Cómo puede pensarse que el país logre prosperar cuando el grueso de las medidas oficiales, incluidas las reformas laboral, pensional, tributaria, administrativa y el propio referendo apuntan a reducir hasta el mínimo la demanda de la población? ¿Cómo se propulsará el mercado interior, base del desarrollo, si los 40 millones de colombianos quedarán exánimes con esas políticas?

Por otra parte, la llamada "política social" del gobierno no puede sino corresponder a los anteriores presupuestos. La educación y la salud sufrirán una nueva arremetida que, como viene sucediendo desde los inicios de la apertura, tendrá como ejes el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y la privatización, hasta hacer cada vez menos accesibles y de menor calidad estos servicios esenciales. Del sector de la salud serán sacados alrededor de 30 mil trabajadores; a los nuevos educadores se les contratará negándoles los mínimos derechos adquiridos por el magisterio; el presupuesto de las universidades públicas empezará a escamotearse.

Otros sectores y programas del Estado también serán recortados o se propiciará su eliminación. So pretexto de modificar las "bases" del Sisben, se anuncia que una gran cantidad de colombianos serán sacados de este programa. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, será sometido a una nueva "reestructuración", que significará el despido de más funcionarios y el traslado de parte de sus funciones a particulares o a los entes territoriales, en su mayoría arruinados. Otro aspecto en que se profundizará la penuria que vienen sufriendo los más vastos sectores de la población, es el de las tarifas de los servicios públicos, en lo cual el Plan es pródigo en medidas para elevarlas.

En fin, el plan cuatrienal del gobierno sólo agudizará los males que padece el país, hipotecará más su soberanía económica, acabará de arruinar los sectores productivos y llevará a extremos insoportables la vida de las masas. Por lo anterior, los senadores firmantes dejamos constancia de nuestro voto negativo y llamamos a todos los afectados que constituyen más del 90% de la población a movilizarse contra sus nefastas implicaciones.

Bogotá, 6 de mayo de 2003

Jorge Enrique Robledo Castillo
Carlos Gaviria Díaz
Francisco Rojas Birry

Constancia sobre la Reforma Política

Los senadores abajo firmantes dejamos la siguiente constancia, en la que explicamos las razones fundamentales por las que votamos negativamente la reforma política aprobada por el Senado de la República en el día de hoy.

Porque como lo dijo uno de los ponentes en la plenaria de la Corporación, el propósito principal de la reforma es corregir "el efecto demoledor de las reformas" políticas aprobadas en la década pasada, las cuales tuvieron como uno de los aspectos fundamentales el haberles permitido a sectores diferentes a los partidos tradicionales y a grupos minoritarios dentro de dichos partidos llegar al Congreso de la República.

Por ello es que la reforma aprobada establece el umbral y la cifra repartidora como talanqueras en las elecciones legislativas, de forma que se nos haga más difícil o imposible acceder al Congreso, a las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales a las fuerzas independientes y minoritarias.

También hay que denunciar que esta reforma, en lo que tiene ver con el umbral y la cifra repartidora, es una evidente "clonación" de un artículo del Referendo que se pondrá a consideración de los colombianos, referendo que también busca la reducción del Congreso en el 20%, un obvio ataque a las minorías políticas. Y a este "clon" se le dio vida a pesar de la demagogia del gobierno y del uribismo acerca de que la "clonación" había desaparecido de la reforma política.

Y tampoco podemos estar de acuerdo con la decisión tomada en esta reforma de iniciar una auténtica ofensiva para quitarles las personerías jurídicas a las organizaciones políticas independientes y minoritarias

Bogotá, 5 de mayo de 2003

Jorge Enrique Robledo Castillo
Bernardo Hoyos Montoya
Luis Carlos Avellaneda Tarazona
Francisco Rojas Birry
Jesús Antonio Bernal Amorocho

* Jorge Enrique Robledo Castillo
es senador en Colombia por el MOIR

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