Por Jorge Fuentes
Estos tres planes tienen, por supuesto, una sola intención: incorporar a la globalización neoliberal una extensa región que, dado su desigual desarrollo, se ha mantenido como parte de la reserva estratégica de la expansión capitalista.
En el desarrollo del Plan Puebla Panamá -PPP-, desempeña un papel toral la política de seguridad nacional de Estados Unidos. Primero, porque la región tiene varias rutas de tráfico de estupefacientes y, segundo, por la presión que ejerce la creciente migración originada en los países centroamericanos con destino final en Norteamérica. Lo anterior sin olvidar la pretensión del capital transnacional de apropiarse de los abundantes recursos naturales existentes en la extensa región cubierta por el PPP.
Para México, nuestro vecino del norte, el PPP también forma parte de las preocupaciones estatales sobre la seguridad nacional, ni más ni menos que por las mismas razones que para los Estados Unidos. En efecto, la Oficina del Plan Puebla Panamá, adscrita a la Presidencia de la República, advirtió que parte del compromiso social de Vicente Fox tendría una clara instrumentación en el PPP por considerarlo parte de la seguridad nacional y agregó: "Una simple mirada de lo que somos, evidencia dos Méxicos: el que mira y participa de Estados Unidos y el que está atado a su retraso, junto con nuestros vecinos del sur. La desigualdad regional atenta contra la seguridad nacional." Sin embargo, todo proceso de modernización, es decir, de incorporación de la extensa región comprendida en el PPP a la lógica del capital y del mercado, debe hacerse sin descuidar la capacidad de imponerse por la fuerza si el consenso falla. Así, no es casual el proyecto de militarización de la frontera México-Guatemala mediante el Plan Nuevos Horizontes, diseñado para realizar maniobras conjuntas entre los ejércitos de Estados Unidos y Guatemala en la frontera con México, precisamente en el departamento de Petén, región guatemalteca que tiene comunicación a través del río Lacantún con la zona de Las Cañadas en la selva lacandona, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tiene fincadas buena parte de sus bases logísticas de apoyo operativo.
Sin duda, como parte de la necesidad de identificar y cuantificar con fines de explotación económica la biodiversidad el área que comprende el PPP, el Banco Mundial patrocina un proyecto que ha sido denominado Corredor Biológico Mesoamericano, de carácter multinacional y al que recientemente se ha incorporado el istmo mexicano.
Estos tres planes mencionados tienen, por supuesto, una sola intención: incorporar a la globalización neoliberal una extensa región que, dado su desigual desarrollo, se ha mantenido como parte de la reserva estratégica de la expansión capitalista. Para lograrlo, es preciso vencer la resistencia de muchos de sus pobladores a la modernización capitalista, particularmente la de los pueblos indígenas que decidieron emprender la lucha armada como último recurso para hacerse escuchar. Por lo anterior, el Plan Puebla Panamá resulta ser también un proyecto con una faceta contrainsurgente.
El 11 de septiembre del 2000, el Presidente electo Vicente Fox en la ciudad de Guatemala, presentó ante los empresarios locales la propuesta para ejecutar un plan de desarrollo que comprendiera el sursureste mexicano y los países de Centroamérica. Fox señaló los siguientes puntos medulares del PPP: impulsar los mercados regionales de productos básicos, facilitar la transferencia tecnológica, construir un corredor de turismo ecológico y crear una estructura aduanera más funcional y expedita. Por su parte, el Director Ejecutivo para México ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informó que solo la inversión en el ámbito nacional mexicano permitirá construir 2,485 kilómetros de carreteras; tecnificar 694,000 hectáreas de riego; mejorar dos puertos marítimos y seis aeropuertos regionales además de modernizar el ferrocarril del istmo de Tehuantepec e incrementar la cobertura de los servicios educativos de salud y vivienda en toda la región comprendida en el PPP.
El 30 de noviembre, Fox reunido en México con los presidentes de Panamá, Mireya Moscoso; de Honduras, Carlos Flores; de Guatemala, Alfonso Portillo y de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, acotó que "el Plan Puebla Panamá sería el más ambicioso de su gobierno." El reto, dijo entonces Vicente Fox, consiste en buscar los consensos que permitan consolidar el plan para integrar y desarrollar Centroamérica con nueve estados del sursureste mexicano.
La falta de precisión en la información sobre el PPP, hizo que cada quien, de acuerdo con sus posibilidades imaginativas, diseñara un plan a la medida de sus intereses económicos y políticos; incluso fue tal el entusiasmo que se amplió a otras regiones. En efecto, poco antes de concluir el año 2000 se hablaba ya de que el PPP contemplaba grandes corredores carreteros y ferroviarios desde Alaska hasta Panamá, lo mismo que gasoductos y líneas troncales de electricidad donde el que tiene la energía la pone en esa línea y quien la necesita la consume de ahí mismo."
Desde entonces, el objetivo del plan se amplió a la constitución de una comunidad económica de Norteamérica, con más alcances que los del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá; por cierto, un reiterado propósito del presidente Fox y parte sustantiva del proyecto de expansión de EEUU en América Latina.
En el PPP participan siete naciones y nueve estados federados de México donde habitan 65 millones de personas, de las cuales 28 millones viven en el sursureste mexicano y cerca de 37 millones en Centroamérica. La población de los estados mexicanos integrados por las buenas o por fuerza en el PPP (en realidad, ni los gobiernos de las nueve entidades ni la población fueron consultados sobre su participación en el PPP), alcanza un ingreso promedio por persona inferior a la media nacional mexicana que es de 36,400 pesos anuales; en cambio la media para los ocho estados del sursureste de México es de 21,900 pesos aunque en algunas regiones es mucho menor como en Chiapas o en Oaxaca donde es de 15 mil y 15,200 pesos respectivamente. En otros estados, como Campeche y Tabasco, sus elevados promedios de ingreso personal registran una reducción sustancial cuando se aísla el efecto de las actividades extractivas vinculadas al petróleo.
En febrero del 2001, en El Salvador, el coordinador general del PPP, Florencio Salazar, presentó un plan a los empresarios de ese país y estableció el papel de los participantes el sector privado sería el principal promotor del PPP mientras el sector público actuaría exclusivamente como incentivador de la inversión privada. Desde ese momento quedaron definidas varias cuestiones. Una de ellas, el papel subordinado del sector privado local, consistente en buscar y establecer distintas formas de alianza, en calidad de socio menor, con el capital extranjero. Por su parte, con recursos fiscales el sector público deberá desarrollar "una infraestructura adecuada, por lo que la inversión [pública] en transporte, comunicaciones, carreteras, energía y desarrollo territorial es importantísima para la puesta en marcha del PPP" y, en todo momento, "las políticas públicas deberán buscar estimular las decisiones de inversión de los particulares."
Como se puede observar, la subordinación al capital extranjero tanto del sector público como del sector privado se propone absoluta. Pero a la población, a los pueblos indios y no indios, se les margina de cualquier actividad en el PPP, ya no se diga del proceso de toma de decisiones del plan. La población es sólo fuerza de trabajo barata y, su organización en defensa de sus derechos y recursos se convierte en el obstáculo a vencer para lograr incorporar esa región a la dinámica del mercado mundial.
Una sola intención
Estos tres proyectos, aparentemente distintos y aislados, muestran coincidencias no sólo en sus declaradas preocupaciones ecológicas, sociales y humanitarias sino primordialmente en su interés por la zona cercana a la frontera México-Guatemala. Estas coincidencias suscitan preocupación en cuanto a los verdaderos propósitos económicos y de subordinación de esta zona a los intereses del capital transnacional.
Es bien sabido que la región que se extiende desde el sursureste de la República Mexicana hasta Panamá incluye zonas de excepcional biodiversidad. Esta región, aunque representa sólo el 0.5 por ciento de la superficie terrestre total, se estima que contiene el 7 por ciento de la biodiversidad conocida en el planeta. Tan sólo la región que cubre - que comprende el sur de México y el norte de Guatemala- es particularmente rica en recursos naturales como bosques, fuentes hídricas y petróleo entre otros codiciados recursos. En particular, en el sursureste se concentra la riqueza biológica de México, de ahí se extrae más del 90 por ciento de la producción nacional de petróleo y se encuentra la mayor parte de la capacidad instalada y potencial de generación hidroeléctrica del país.
Ante tal riqueza, el PPP se propone: "Eliminar los obstáculos que han inhibido su potencial productivo y, con ello, impulsar su desarrollo y favorecer su integración con los mercados nacionales e internacionales, no sólo con América del Norte sino también con Centroamérica." En este caso, la conservación ambiental se utiliza como el catalizador necesario para reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida, fomentar la cooperación regional y preservar el patrimonio cultural de la región. Para ello se enfatiza la necesidad de recursos financieros ciertamente inexistentes en la región y, entonces, es fácil concluir en la indispensable participación de los capitales transnacionales en el plan.
Por supuesto, los abogados del PPP consideran que uno de los obstáculos inhibidores del desarrollo de esta región son las poblaciones indígenas y sus reivindicaciones. De ahí las apresuradas declaraciones de la "Santa Paz en Chiapas", de acorralar al EZLN y tratar de convertirlo en fuerza política para tener un interlocutor válido con el cual negociar y legitimar así las acciones del Plan Puebla Panamá.
Epílogo
Por supuesto, tanto para mexicanos como para centroamericanos, resulta absolutamente legítimo preguntarse por las consecuencias de la apertura al capital privado nacional y extranjero de una región extensa y riquísima en recursos naturales que van desde el uranio, el petróleo, las maderas preciosas, el agua y la generación de electricidad en Chiapas, los bosques y la biodiversidad de los Chimalapas en Oaxaca y Chiapas, hasta el petróleo de la Sonda de Campeche, Tabasco, Veracruz y El Petén, así como las bellezas turísticas y arqueológicas de Yucatán, Quintana Roo, Honduras y Guatemala.
La estrategia propuesta en el PPP de crecer mediante la promoción de grandes inversiones extranjeras en la región que abarca, puede significar la formación de enclaves incapaces de promover el desarrollo y sí responsables de generar nuevas desigualdades en la región. Pero en este momento son muchas más las preguntas e inquietudes que provoca el PPP y su imposición, que las respuestas ofrecidas por sus escasos documentos y sus muchos apologistas.
* Por Jorge Fuentes
Profesor de la Universidad de San Carlos