Por Onesimo Hidalgo
Los gobiernos federal y estatal han empezado un diagnostico de los conflictos comunitarios donde se ven involucradas las bases de apoyo zapatista, con la finalidad de acotar "el activismo del EZLN" y evitar hechos de violencia como en diciembre de 1997. Partiendo del diagnostico, ambos gobiernos llevan a cabo la contrainsurgencia.
Documentos que han sido filtrados a algunos organismos no gubernamentales revelan que los gobiernos federal y estatal de Chiapas han desarrollado una estrategia contrainsurgente. Un documento en poder de CIEPAC en ningún momento menciona la palabra contrainsurgencia, pero de eso se trata. El documento no tiene portada ni firmantes, mas si otras características que se antojan oficiales.
El planteamiento en el documento es todo un proceso de contrainsurgencia en Chiapas, coordinado y operado por diversas instancias federales y estatales. Además coincide con una serie de hechos que se están suscitando actualmente en diversas comunidades de la zona de presencia del EZLN y que están siendo denunciados por los municipios autónomos. Dicho documento nos hace suponer que el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox, definitivamente ha descartado toda posibilidad de reanudar el dialogo con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Junto con el gobierno del estado de Chiapas y sus diversas instituciones, han optado por desarrollar dicha estrategia que deslegitime, desprestigie, destruya las bases de apoyo y desgaste al EZLN. La lógica es que el zapatismo se pudra y muera por si solo, no escuchándolo, provocándolo, retomando algunas de sus demandas y entregando parte de ese apoyo a comunidades no zapatistas.
Los gobiernos federal y estatal han empezado un diagnostico de los conflictos comunitarios donde se ven involucradas las bases de apoyo zapatista, con la finalidad de acotar "el activismo del EZLN" y evitar hechos de violencia como en diciembre de 1997. Partiendo del diagnostico, ambos gobiernos llevan a cabo la contrainsurgencia, bajo cuatro grandes vertientes de acción:
1.- Vertiente Política
Con esta vertiente el gobierno busca desarticular y deslegitimar las denuncias de las comunidades zapatistas en torno a los conflictos comunitarios que se suscitan en la zona de influencia del EZLN y pretende quitarse de toda responsabilidad, argumentando conflictos intracomunitarios.
En esto el gobierno del estado dirigido por Pablo Salazar Mendiguchia ha contribuido, junto con el CISEN y otros organismos de inteligencia federal, a elaborar un diagnostico de los diversos conflictos comunitarios, para tener claro cuales son los obstáculos a los que se enfrentan los planes y programas de gobierno y así poder implementar diversas acciones coordinadas con los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). El gobierno busca que estas medidas tengan el aval de diversos sectores y con ese apoyo presionar constantemente al EZLN a un diálogo incondicional. El gobierno en realidad no tiene ni ha mostrado una voluntad real de diálogo y se ha mostrado renuente a cumplir las condiciones planteadas por el EZLN, en especial la que se refiere al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en Materia de Derechos y Cultura Indígena.
Esta vertiente política es operada por la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaria de Gobernación (SEGOB) y el Grupo Chiapas (integrado por el Comisionado para la Paz en Chiapas, SEGOB, Secretaria de Relaciones Exteriores -SRE-). Estas instancias junto con el Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional (CISEN) y con el apoyo del gobierno local, han elaborado un diagnóstico de los conflictos comunitarios. Por otro lado, las diferentes secretarias de gobierno han presentado el avance de sus programas y los obstáculos que han tenido para su implementación en aquellos lugares donde se han visto involucradas bases de apoyo zapatista. Para agilizar sus acciones, han formado subgrupos de trabajo que en materia social se coordinan la Secretaria de Gobernación, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Educación Publica, Secretaria de Salubridad y Asistencia, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Reforma Agraria, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Oficina del Comisionado para la Paz y Gobierno del Estado. En el ámbito de la comunicación social se coordinan la SEGOB, SRE, Presidencia de la República, Oficina del Comisionado y Gobierno del Estado. En el ámbito jurídico y de seguridad se coordinan el Ejercito, la Procuraduría General de la República, Secretaria de Seguridad Pública, SEGOB, SEMAR y Gobierno del Estado.
Los tres niveles de gobierno han formado el Grupo de Coordinación Chiapas en materia de seguridad y la Mesa Agrario Ambiental para el Caso de Montes Azules. Dicho grupo es coordinado por el gobierno del estado para empatar el trabajo estatal con las instancias del gobierno federal. El gobierno del estado funciona como enlace con las autoridades municipales en aquellos municipios donde existe presencia del EZLN, para verificar el desarrollo de las actividades y la plantación de actividades futuras. Las actividades que competen al gobierno federal y que tienen problemas para llevarse a cabo, son enviadas al Grupo Chiapas del nivel federal para determinar lo conducente y lo que compete al estado, se hace lo mismo pero con el Grupo Chiapas ubicado en la entidad.
Por otro lado, la SEGOB, Gobierno del Estado y la Oficina del Comisionado que dirige Luis H. Álvarez llevan a cabo constantes reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial, Congreso del Trabajo, con medios de comunicación (televisión, radio y periódicos no afines al EZLN), con el Congreso Agrario Permanente y con las Fracciones Parlamentarias del PAN y del PRI, del Congreso de la Unión; el gobierno del Estado con miembros claves del PRD nacional y estatal, para conseguir el apoyo en sus acciones.
El Comisionado para la Paz en Chiapas, realiza una serie de visitas a Chiapas y en especial a la zona zapatista, reiterando ante la prensa un constante llamado al diálogo al EZLN, sin que de parte del gobierno haya realmente una voluntad de diálogo, simplemente desparrama un discurso para aparentar su apertura y poner al EZLN como el renuente al diálogo. Cuando un diálogo es para acordar, firmar y cumplir, en este caso el gobierno no cumple.
El Secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Creel, se reúne con diplomáticos extranjeros acreditados en México, para llevar a cabo campañas informativas de lo que hace el gobierno federal en materia social y de aparente búsqueda de solución a los problemas, buscando deslegitimar las demandas del EZLN y contrarrestando su razón de ser.
2.- Vertiente Social
Con esta vertiente el gobierno busca que sus programas y proyectos tengan permanencia y continuidad en comunidades y con organizaciones que lo solicitan, pero aun mas, buscan que las comunidades zapatistas se confronten entre si, ofreciéndoles apoyos y proyectos. El gobierno también busca fortalecer sus relaciones y legitimarse en comunidades de la zona de influencia zapatista. Esto a través de programas como Procampo, Oportunidades, Procede, Coescafe, entrega de pollos, puercos, siembra de árboles, proyectos productivos, aperturas de brechas y carreteras de terracerías, etc. En estos proyectos busca que no haya "desvios" de recursos para garantizar su legitimidad y no dar argumentos de denuncias a las comunidades zapatistas. El gobierno entrega apoyos a las comunidades, haciéndoles firmar pactos de no agresión, de apoyo al gobierno y al mismo tiempo, el gobierno obliga a las comunidades a cumplir con su apoyo prometido.
Esta vertiente es operada principalmente por el Gobierno del Estado de Chiapas, la SAGARPA, SEMARNAT, SEDESOL, SEP, Secretaria de Economía y la SSA. Estas se coordinan con el Grupo Chiapas en la instalación de cuatro mesas para atender los problemas Agrario-Ambientales, proyectos productivos, comunicaciones y transportes y de atención social. El acuerdo con gobierno federal fue que a mas tardar el 4 de octubre del año pasado estas mesas deberían estar plenamente integradas y así ha sido. Estas mesas han pretendido desarrollarse en comunidades donde el gobierno asegura que no hay una fuerte presencia zapatista, sino solamente simpatía hacia el EZLN. Estas serian San Cristóbal de Las Casas, Huitiupan, Simojovel, Salto de Agua, Tumbala, Sitala, Chenalho, Pantelho, Chanal, San Andres Larrainzar, Santiago El Pinar y Aldama. Estos son los municipios donde se ponen a prueba los programas y proyectos de contrainsurgencia de los gobiernos federal y estatal. Dependiendo de las reacciones de los simpatizantes zapatistas, pretenden desarrollar una segunda fase de contrainsurgencia con mayor presencia y control zapatista en los municipios de Altamirano, Ocosingo, Las Margaritas, Palenque, El Bosque, Chilon, Yajalon y Tila. Ahí en donde el gobierno asegura que el EZLN presiona a sus bases y sus comunidades cercanas a que no reciban apoyo del gobierno.
Ambos gobiernos aseguran que en el caso de Las Margaritas donde se localiza el Aguascalientes I, han podido identificar los lugares a donde puede penetrar a comunidades de influencia zapatista, como serian: El Carmen Villaflores, La Esperanza, Poza Rica, Rizo de Oro, San José del Río e incluso Guadalupe Tepeyac.
Ambos gobierno se plantearon como fecha limite el mes de noviembre del año pasado, llevar a cabo una serie de reuniones con diversas organizaciones sociales en Chiapas, para analizar el diagnóstico gubernamental y los planes de acción a seguir, para construir alternativas y conseguir el apoyo social.
Para operativizar la entrega de programas y proyectos sociales oficiales, el gobierno busca cobertura con medios de comunicación para denunciar y evidenciar "las tácticas de hostigamiento del EZLN". Al mismo tiempo, sugiere que los proyectos del gobierno federal deben aplicarse simultánea y paralelamente para tener una buena coordinación; con la finalidad de "organizar a la población beneficiaria para que se constituya en un contrapeso al activismo radical de las bases del EZLN".
Para poder llegar a las comunidades, el gobierno desarrolla "caravanas" de instituciones oficiales que llevan los materiales y el personal para el inicio de obras. Van acompañadas de periodistas que puedan dar fe y testimonio de "posible hostigamiento de los zapatistas". Si las "Caravanas" no pueden llegar por oposición del EZLN, el primer paso es difundir a la prensa lo sucedido, y en un segundo momento procurar que las caravanas se conviertan en "Convoyes" acompañadas de la Policía Federal Preventiva, de la Policía de Seguridad Pública (que es lo mismo que la Policía Sectorial) y la Policía Municipal de cada cabecera municipal. Para el gobierno las "Caravanas" tienen las ventajas de dar amplia difusión a los hostigamientos del EZLN, enfatiza que el objetivo del gobierno es el desarrollo social, evita la dispersión de las políticas públicas; se debilita a las bases de apoyo del EZLN; además de que se le quita la bandera de denuncia a aquellos organismos y organizaciones afines al EZLN.
En caso de que la entrega de los proyectos y programas sean obstaculizados por el EZLN, las comunidades beneficiarias podrán recurrir al apoyo del gobierno estatal o federal para solicitar la presencia de las fuerzas de seguridad. Las Procuradurías deberán entonces iniciar las averiguaciones pertinentes en caso de agresiones a personas o daños a los bienes y a la infraestructura.
Para evitar la deslegitimación de los proyectos del gobierno, se han puesto tiempos en el cumplimiento de los programas, verificación, seguimiento y evaluación de los mismos; en caso de existir problemas en su aplicación, deben corregirse en los Comités Locales, después al Subgrupo Local y posteriormente al Subgrupo Central.
En caso de que este modelo de contrainsurgencia funcione, puede empujarse para ser aplicado a otra regiones, previo diagnóstico de las regiones de que se trate, incluso se valora la posibilidad de desarrollarse en otras entidades del país.
3.- Vertiente de Comunicación Social
En esta vertiente el gobierno reitera que el EZLN no es un ejercito, sino una organización social que busca la satisfacción de sus demandas legítimas y que hay enfatizarlo ante los medios de comunicación social nacionales e internacionales.
4.- Vertiente Jurídica y de Seguridad
El gobierno busca con esta vertiente "restablecer el estado de derecho" en la zona de influencia del EZLN y "evitar los conflictos comunitarios". Impartir justicia para evitar que las propias comunidades se hagan justicia por su propia mano. Retirar los retenes del EZLN en la región de las cañadas y frenar las acciones "ilegales" que realizan los "denominados" municipios autónomos. Controlar la presencia de extranjeros en las zonas de influencia zapatista y suspender permisos migratorios a las personas que realicen actividades no especificadas en su forma migratoria. Y, reducir los niveles delictivos, a fin de avanzar en el restablecimiento del estado de derecho y la reconciliación comunitaria. Evitar actos vandálicos que generen impunidad y rechazo a las autoridades. Desactivar grupos de civiles armados para quitar argumentos a las ONG sobre la existencia de "grupos paramilitares".
En el desarrollo de esta vertiente se ven involucradas instancias como la Procuraduría General de Justicia del Estado, Seguridad Publica (hoy Policía Sectorial) y la Procuraduría General de la Republica (PGR).
Las instancias involucradas en esta estrategia se plantean iniciar una serie de averiguaciones previas contra las bases de apoyo zapatista en aquellas regiones donde se susciten conflictos. Para asegurarse mejor, el gobierno se plantea el fortalecimiento de los Consejos Municipales de Seguridad Pública, para abatir la delincuencia.
El gobierno también se plantea el retiro de los retenes zapatistas establecidos en algunos lugares de su territorio bajo control. Para ello se plantea que las Bases de Operaciones Mixtas, Seguridad Pública, Procuraduría de Justicia del Estado, Secretaria de Gobernación, PGR y la Secretaria de la Defensa Nacional, diseñen operativos para retirar los puntos de control zapatista que se ubican en cruces carreteros e impiden el libre tránsito también se programan patrullajes disuasivos en carreteras federales y estatales, para inhibir nuevas instalaciones de control zapatista. Todo esto se plantea llevar a cabo con acompañamientos de Ministerios Públicos del fuero común y federal, de organismos como la CND, CEDH y medios de comunicación para evitar que las ONG y el grupo armado tergiversen la actuación gubernamental. Al mismo tiempo, el gobierno considera que son una provocación los bloqueos de carreteras que llevan acabo mujeres, niños y ancianos, y considera que para desactivarlos, es necesario llevar acabo una valoración de los desbloqueos.
Reforzar la presencia de la policía sectorial y municipal en las cabeceras municipales, cuando se tenga conocimiento de corte radical realizaran movilizaciones, y en caso de que se presenten actos ilícitos contra el ayuntamiento o la propiedad privada, iniciar las averiguaciones previas correspondientes y difundir los hechos ante la opinión pública.
El gobierno dice plantearse la desactivación de grupos de civiles armados, utilizando a la PGR, Secretaria de Gobernación (CISEN), Procuraduría de Justicia del Estado, Seguridad Publica y PFP; para acelerar las líneas de investigación sobre el tráfico de armas en la zona limítrofe con Guatemala y su posible vinculación con integrantes del EZLN. También se le encomienda a estas instituciones promover la complementación de ordenes de aprehensión rezagadas, e impulsar una campaña de desarme y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El gobierno se plantea en lo inmediato agilizar las investigaciones y el inicio de las averiguaciones previas en torno a actos delictivos del grupo "Los Aguilar", que mantiene presencia en Chilon y se vio involucrado en el homicidio de un simpatizante del EZLN en Reforma Canaquil. Asimismo el gobierno federal apoya acciones del gobierno estatal para mejorar el equipamiento y profesionalizar los cuerpos policíacos.
Los Hechos de la Contrainsurgencia y sus Efectos
Como decía al principio, lo que coincide con lo planteado en el desarrollo de la contrainsurgencia y los hechos lo vemos en las confrontaciones actuales que se vienen desarrollando en diversos lugares de la zona de presencia zapatista, por ejemplo, esta el conflicto en Santa Rosalía (Comitan), San Gregorio, Frontera Mexiquito y La Tejonera. Desde el año pasado se vienen suscitando diversos enfrentamientos entre militantes del PRI, OCEZ y bases de apoyo del EZLN por la construcción de una carretera, cosa que hasta el día de hoy no termina. Todas estas comunidades están dentro de la jurisdicción del Municipio Autónomo "Miguel Hidalgo". Aunque la presidencia municipal de Comitan es gobernada por un miembro del PRD, este ya solicitó la presencia de los cuerpos policíacos para que intervengan en la zona y exige la salida de los extranjeros que están dentro de los Campamentos Civiles de Paz.
En otros lugares existen conflictos parecidos como en los Municipios Autónomos de "Olga Isabel", "Primero de Enero", "Ernesto Che Guevara", "17 de Noviembre", "La Paz", "San Andrés Sachamchen de los Pobres", "Vicente Guerrero", en todos ellos se registran conflictos por la construcción de tramos carreteros.
Asimismo, avanza muy rápido la construcción de la carretera pavimentada que va desde la cabecera municipal de Las Margaritas hacia San Quintín y pasara por La Realidad, lo que suponemos traerá serios conflictos en la medida en que vaya adentrándose a territorio zapatista.
Paralelas a la escuelas de los Municipios Autónomos, el gobierno federal y estatal construyen escuelas primarias y secundarias, como sucede en Bayalemo y la cabecera municipal de San Andrés.
Al mismo tiempo el desalojo de las comunidades de Montes Azules y los patrullajes militares en los Chimalapas se ubican en esta lógica de la contrainsurgencia. Se pretenden provocar choques entre Lancandones y bases de apoyo zapatista y el gobierno y el ejercito pretende erigirse como los pacificadores, cuando son los verdaderos responsables de lo que ahí ocurre. Tampoco presentan un alternativa viable y dada su ilegitimidad, el gobierno pretende usar a organismos no gubernamentales como sus mediadores, cosa errónea y absurda. ¿Hasta cuando el gobierno seguirá otorgando permisos a la empresas madereras para destruir los bosques de Chiapas, ubicadas en los aserraderos de Altamirano, Comitán, Cintalapa, Palenque, Teopisca, etc.? ¿Cuando dará una solución justa y digna a los indígenas de los Montes Azules?.
Con esta lógica de contrainsurgencia se han ido incrementando los presos militantes de las bases de apoyo zapatista, en las cárceles de Ocosingo, Cerro Hueco y San Cristobal, el caso mas reciente es el de un indígena del municipio Constitucional de Tenejapa, pero que pertenece al municipio Rebelde de "Lucio Cabañas", a quien acusan de despojo de tierra. Pero se trata de un problema político, en donde esta involucrada la presidencia municipal Constitucional.
Por otro lado, los paramilitares han reaparecido destruyendo el tanque de almacenamiento de agua en el Municipio Rebelde de "Olga Isabel", ubicado dentro de los territorios constitucionales de Chilon. Los paramilitares de Paz y Justicia han empezado a hostigar con armas a comunidades de Lote Ocho en Salto de Agua. Esta también el resurgimiento del grupo "Los Puñales", ahora conocidos como "Los Cholos" en los territorios del Municipio Rebelde de "Miguel Hidalgo". Si fuera poco, en Chenalho los priistas y evangélicos de la comunidad Canolal la semana pasada empezaron a amedrentar a los miembros de Las Abejas con disparos de armas de fuego. Las Abejas denuncio que el 2 de abril pasado los paramilitares priistas y evangélicos de Yaxgemel adquirieron un lote de armas, y ese mismo día por la noche realizaron disparos con armas de fuego.
A esto hay que agregar el incremento de la militarización, con mayores retenes, hostigamientos, sobrevuelos, y hostigamientos a las comunidades indígenas; pero también se ha extendido este fenómeno al centro del estado, al grado que de Tuxtla Gutiérrez a Tapachula, hay que atravesar cinco retenes permanentes del ejercito mexicano y de la Policía Federal Preventiva (La Jornada 27/05/2003)
A todo esto se suman las cinco visitas a Chiapas del Comisionado para el Diálogo del gobierno federal Luis H. Álvarez, quien ha desparramado discursos de los programas del gobierno y llamando al EZLN al diálogo; cuando en realidad habla solo, sin que nadie lo escuche, porque el gobierno federal tampoco ha escuchado al EZLN y a los pueblos indígenas ¿hasta cuando el gobierno tendrá voluntad política para solucionar las demandas de los pueblos indígenas?.
Nadie, ni ninguna comunidad se opondría a la construcción de los proyectos carreteros, de las escuelas, de los proyectos productivos, etc., si estos hubieran sido parte del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, de la Mesa de Bienestar y Desarrollo, Mujeres y la de Democracia y Justicia, donde gobierno, EZLN y sociedad civil, hubieran continuado con el diálogo que trajera consigo la democracia, dignidad, justicia y paz para todos. Como ha sido así, hoy se trata de la guerra de los golpes bajos desde el gobierno para intentar derrotar al enemigo, indígena que tiene dignidad, es pobre, es rebelde, y además muchos de ellos zapatistas.
Frente a las siguientes ofensivas militares que se avecinan por parte de Estados Unidos a Siria e Irán, etc. es necesario seguir demandando: !ALTO A LOS ATAQUES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS CONTRA QUIENES CONSIDERA SUS ENEMIGOS!. !ALTO A LOS ATAQUES DE ESTADOS UNIDOS CONTRA CUBA!. !CASTIGO A BUSH POR CRÍMENES DE GUERRA!. !RESPETO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!. !PEDIMOS DE LA ONU, ACCIONES MAS ENÉRGICAS PARA DETENER EL MILITARISMO EN MEDIO ORIENTE Y EN AMÉRICA LATINA! . !SI A LA VIDA Y NO A LA MUERTE!. !SALIDA DEL EJERCITO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE CHIAPAS
* Onesimo Hidalgo
CIEPAC; CHIAPAS, MEXICO
29 de mayo de 2003
http://www.ciepac.org