Por Walter Chamochumbi
La creciente conflictividad social y polarización política generada en torno a los proyectos mineros Conga en Cajamarca y Tintaya-Espinar en Cusco, entre otros, viene trazando una línea de quiebre en las expectativas de las comunidades rurales y locales que votaron por la propuesta electoral de “la gran transformación” del entonces candidato y hoy presidente Ollanta Humala.
La creciente conflictividad social y polarización política generada en torno a los proyectos mineros Conga en Cajamarca y Tintaya-Espinar en Cusco, entre otros, viene trazando una línea de quiebre en las expectativas de las comunidades rurales y locales que votaron por la propuesta electoral de “la gran transformación” del entonces candidato y hoy presidente Ollanta Humala. Quien desde el gobierno parece resignar una lectura simplificada de lo que ocurre, aislarse del debate político y estigmatizar de antimineros, radicales y extremistas a quienes -lejos de complotar contra el sistema democrático y Estado de derecho- demandan diálogo en torno a legítimas preocupaciones económicas, sociales y ambientales.
Al respecto es importante recordar el discurso nacionalista del presidente Humala, que hace poco más de un año –en campaña electoral- cuestionaba abiertamente el modelo económico desarrollista-extractivista de recursos naturales (“agua sí, oro no”) y la asimétrica relación comunidades y minería, proponiendo un cambio de enfoque que incorpore la dimensión ambiental y una nueva relación de pares con diálogo e inclusión social para el desarrollo. Sin embargo, frente al escalamiento de conflictos, su gobierno continúa el modelo económico neoliberal y similares métodos de represión de las protestas sociales de anteriores gobiernos, causando descontento en las organizaciones sociales y mayor desconfianza del rol tuitivo del Estado y las instituciones, hartas de engaños y de no ser tomadas en cuenta respecto de sus principales preocupaciones y demandas.
No obstante armonizar enfoques y visiones diferentes –incluso antagónicas- de desarrollo es posible, cuando existen sólidos mecanismos institucionales de diálogo y de planificación participativa en el marco de un Estado de derecho. Lo que consecuentemente debiera traducirse en el diseño de políticas públicas de orden económico, social y ambiental que orienten de forma integral procesos de desarrollo inclusivo en disímiles ámbitos territoriales a nivel local, regional y nacional. Lamentablemente ocurre lo contrario, cunde la falta de voluntad política, la desinformación y la participación asimétrica de los diferentes actores: Estado-empresas-comunidades sin lograr institucionalizar un proceso de diálogo efectivo ni menos construir una visión común de desarrollo país, salvo cuando ante hechos consumados de violencia y desborde social se reacciona tardíamente, cuyas soluciones al final tienen un altísimo costo en pérdida de vidas humanas.
La cuestión es que las protestas y demandas de las comunidades en Cajamarca, Cusco y otras regiones, evidencian -una vez más- los límites del modelo de crecimiento económico a cualquier costo, y el rechazo de un importante sector social a la rígida visión de modernidad global y desarrollo país que sigue imponiendo la tecnocracia neoliberal y los grupos de poder económico y políticos afines hoy al gobierno del presidente Humala. De allí que sobre los proyectos mineros en conflicto, su discurso de hoy contradice su discurso nacionalista de ayer relativizando su propio liderazgo y coherencia política, distanciándose del movimiento social que lo eligió.
Con el escalamiento de los conflictos el panorama político nacional parece oscilar pendularmente: de un lado, de quienes sostienen -desde un enfoque economicista- que el Estado no debe intervenir de forma preponderante en las cuestiones ambientales que limiten el progreso país, al ser el libre mercado la palanca del desarrollo y catalizador del crecimiento económico, y, por ende, de las demandas internas por mejoras ambientales. Y de otro lado, de quienes sostienen -desde un enfoque ambientalista- que el Estado sí debe intervenir e invertir en conservar el capital natural y el soporte de la vida, y las dinámicas sociales y culturales en tanto factores primordiales del desarrollo, por encima de consideraciones económicas y de mercado que se pretendan excluyentes.
Si bien es cierto el panorama descrito puede ser discutible, existen variantes y lecturas extremas y nada autocríticas del papel que han cumplido los partidos políticos de derecha e izquierda, y de partidos incipientes como el nacionalista, que más allá de su ideario político y de que apoyen o cuestionen la continuidad del modelo económico neoliberal, no han logrado internalizar un análisis crítico sobre la dimensión ambiental y las dinámicas sociales en sus programas de gobierno, excepto lo que hoy constituye un mero discurso retórico ante la crisis ambiental y el cambio climático global. La reciente cumbre global de Río+20 sobre desarrollo sostenible en Brasil, donde estuvo el presidente Humala, evidencia justamente una discusión no resuelta: ¿Qué hacer frente a la crisis ambiental y el cambio climático? Siendo evidente su relación causal con la crisis sistémica de la economía global, el proceso de acumulación capitalista y la racionalidad eminentemente económica de los modelos de desarrollo aplicados por los países industrializados y en desarrollo como Perú.
Sobre el particular diversos estudios cuestionan el modelo de desarrollo extractivo basado en el libre comercio y crecimiento económico, sin mecanismos de regulación, porque induce de forma compulsiva la desestabilización y deterioro de los ecosistemas y medio ambiente (agotando o degradando en forma sistemática los recursos naturales). En consecuencia, el crecimiento económico -per se- resulta insuficiente para medir el progreso y desarrollo sostenible del país, cuando el problema principal es la pobreza y distribución inequitativa del ingreso, el deterioro ambiental y la falta de políticas integrales –inclusivas- en materia económica, social y ambiental. Los conflictos por actividades mineras en Cajamarca y Cusco evidencian lo anterior, ameritando una reflexión objetiva de las causas subyacentes.
Es pues evidente que el gobierno del presidente Humala enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos para revertir los índices de desigualdad económica y exclusión social en diferentes regiones del país, como las zonas en conflicto donde hay proyectos mineros y persistentes índices de pobreza, contaminación y pasivos ambientales, ante la necesidad perentoria de planificar y ordenar el territorio, aplicar políticas redistributivas y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, al mismo tiempo de promover la inversión extranjera directa en el marco de una economía abierta y mecanismos de regulación efectivos.
La historia de conflictos entre empresas mineras y comunidades es bastante conocida en Perú. Sin embargo, poco o nada parece aprenderse de ello cuando desde el ejecutivo se niegan a ver los problemas reales. Lo que exige del gabinete ministerial mayor apertura y coherencia política, cambio de su estrategia y una acción inmediata y efectiva para lograr confianza y nuevos términos de relacionamiento con los actores involucrados, institucionalizando el diálogo plural y la mediación como parte del proceso a construir. www.ecoportal.net
Walter Chamochumbi - Consultor en Gestión Ambiental y Desarrollo