Por Gustavo Castro Soto
Si el control de los recursos energéticos del Continente Americano es fundamental para la estrategia imperialista del gobierno de los Estados Unidos (EU), en el Plan Puebla-Panamá (PPP) podemos ver una expresión regional de esa estrategia que se enmarca en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
Si el control de los recursos energéticos del Continente Americano es fundamental para la estrategia imperialista del gobierno de los Estados Unidos (EU), en el Plan Puebla-Panamá (PPP) podemos ver una expresión regional de esa estrategia que se enmarca en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
En el documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "Conectividad de la Propuesta Regional de Transformación y Modernización de Centroamérica y del Plan Puebla-Panamá" (30 de abril de 2001), se hace mención de los estudios denominados "Terminales Regionales para la Importación y Almacenamiento de Combustibles" y "Suministro de Gas Natural al Istmo Centroamericano". En ellos se afirma la pretensión de "hacer más eficiente la adquisición externa de hidrocarburos" y construir "dos gasoductos, uno desde México y otro desde Colombia, con una longitud de 1,117 y 1,310 Km e inversiones estimadas de 593 y 830 millones de dólares (…)". Este es parecido al gasoducto de 1,464 Km que se ha pretendido construir desde Turkmenistán hasta Pakistán cruzando los territorios de Afganistán, y de ahí 750 kilómetros más para llegar hasta la India. Este gasoducto asiático que transportaría anualmente 20 mil millones de metros cúbicos de gas y todavía sin construir, ha causado ya la muerte de cientos de miles de personas en la región. ¿Cuál será el costo en América Latina y específicamente en el PPP?
En otro documento del BID denominado "Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Básica entre México y los países del Istmo Centroamericano" (noviembre 2000) afirma que "los gasoductos parecen la mejor alternativa para el transporte de gas (en comparación con el transporte de gas licuado por buques)". Además menciona dos elementos fundamentales: primero, "El gasoducto tiene más efectos locales y cuenta con sinergias con el Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC)". Segundo, pone en relieve nuevamente el objetivo estratégico del ALCA: "Permite la eventual interconexión desde Venezuela hasta Estados Unidos: Gasoducto entre Yucatán y Guatemala, con extensión al resto de Centroamérica; Gasoducto submarino de Colombia a Panamá, con extensión a otros países del norte; Gasoducto entre Venezuela y Colombia (para proveer a Panamá)". Estos proyectos debieran poner en alerta a las poblaciones indígenas y campesinas ya que los gasoductos cruzarán por sus casas, milpas, cafetales y bosques.
En otras palabras, se facilitaría a las empresas eléctricas transnacionales invertir en proyectos de gas ya que se prevé será el insumo principal para generar la energía en la próxima década. El PPP y el ALCA vinculan los gasoductos con el mercado eléctrico regional porque "El mercado más importante para el gas natural en Centroamérica sería la generación eléctrica", según el mismo PPP. Por su lado, para el Sistema de Integración Eléctrica para Centroamérica (SIEPAC), "la industria eléctrica sería el principal consumidor de gas natural", y la integración del sistema "facilitará la convergencia con el futuro de la industria del gas natural de la región (…) creando los incentivos para la construcción de gasoductos". De hecho, en México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el principal consumidor de gas natural en el país.
Lo anterior fue luego confirmado por Lourdes Melgar, directora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía de México (SENER) al afirmar que la integración energética entre México, Canadá y EU sería palpable en el mes de marzo del 2002, cuando se presentaría la radiografía oficial de la situación de oferta y demanda del petróleo, gas y electricidad en América del Norte, ya que se pretende establecer una misma normatividad para toda la región. Esto es el ALCA en todo, desregular a las naciones (eliminar sus leyes), para hacer una regulación continental que proteja a las corporaciones transnacionales. El documento se denominó "Perfil Energético de América del Norte" donde establece que "El consumo de energía per cápita crecerá 10% hacia el 2010 en la región de América del Norte". Refiere que EU tiene reservas de gas natural por 167 billones de pies cúbicos, Canadá por 92 billones y México sólo 30 billones de pies cúbicos. Así, aunque las necesidades son más del norte que del sur, con el traslado de las plantas productivas y las industrias hacia el sur en búsqueda de mejores ventajas comparativas y mano de obra barata, la explotación crecerá en América Latina.
Pero el gobierno de México tiene otras cuentas. El secretario de Energía Ernesto Martens informó en diciembre del 2001 que los crecimientos esperados en demanda de insumos energéticos en el país para el periodo 2000-2010 serán: electricidad 70%; 35% en Gas LP, gas en 120% y en cuanto a combustibles líquidos como gasolina, diesel o querosina, crecerá en 45%. Señaló además que para satisfacer la demanda actual, México importa el 27% de gasolina, 19% de combustóleo y 28% de Gas LP, de éste recordó que México es el primer consumidor mundial y que necesita importar 120 mil barriles diarios del combustible. Martens afirmó el 6 de enero del 2002 que en julio del mismo año, la secretaría daría a conocer el primer paquete de licitaciones internacionales para la explotación y exploración de gas natural seco en México a través de los contratos de servicios múltiples, y se espera que para el próximo año se tengan inversiones por mil millones de dólares. Luego, en agosto se informó que la Dirección General de Petróleos Mexicanos Exploración y Producción (PEP) había concluido el segundo borrador de los contratos de servicios múltiples (CSM) que permitirán la inversión privada en explotación y producción de gas no asociado. Se espera que la versión final esté terminada para el mes de diciembre del 2002. Así, haciendo leyes secundarias se saltan olímpicamente la Constitución de la República que en su artículo 27 dice:
"Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales (…) el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, líquidos o gaseosos (…) Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos (…) Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines (…)"
Es por ello que los inversionistas no se encuentran del todo tranquilos hasta que esta "barrera no arancelaria" se elimine en cumplimiento de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es lo que Fox ha denominado elegantemente "darle seguridad a las inversiones".
Temen que el espíritu del nacionalismo mexicano resucite en un presidente valiente que haga valer la soberanía de la nación. De cualquier modo para el gran capital urgen más las inversiones y se arriesgan con la confianza en que el gobierno mexicano será su aliado más fiel.
La crisis de energía eléctrica en California reactivó el interés de invertir en gasoductos. En febrero del 2002 los gobiernos de EU y México aprobaron realizar las obras de construcción de lo que se considera el mayor gasoducto entre ambos países. Sempra y Pacific Gas & Electric se encargarán de construirla en Baja California con una capacidad de unos cinco millones de pies cúbicos de gas natural diarios. Abastecerá a las plantas Termoeléctricas de Mexicali y de La Rosita, en las que producirán unas cuatro mil toneladas anuales de contaminantes. Este gasoducto podría transportar el gas que EU y México pretenden importar de Bolivia y otras regiones de Sudamérica. También en Chihuahua, estado fronterizo con EU, el gobierno mexicano otorgó el permiso a una empresa norteamericana para construir un gasoducto. En el mes de agosto del 2002, la empresa texana Tidelands Oil and Gas recibió la licitación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que le otorgó el permiso de construcción de un gasoducto de 8 Km para vender gas a Piedras Negras, en el estado mexicano de Coahuila, lo que evitará el envío de más de 100 camiones diarios. Lo que ha tardado hasta 3 años, hoy bastó un año para otorgar el permiso del gasoducto que transportará más de 140 mil metros cúbicos de gas natural.
En el mismo mes se anunció que Ecogas Chihuahua concluyó la primera fase de inversión de más de 50 millones de dólares, de un total de 650 millones, en la distribución, transporte e importación de gas natural así como generación de energía eléctrica. Ecogas es una coinversión entre la estadounidense Sempra Energy International y la mexicana Próxima Gas. La CRE certificó que Ecogas conectó al usuario 51 mil en la región que comprende las ciudades de Delicias, Cuauhtémoc, Anáhuac y la propia capital del estado. La Comisión Federal de Electricidad mexicana (CFE) ya ha adjudicado a empresas extranjeras la construcción del gasoducto Cd. Pemex-Mérida-Valladolid de 700 Km a Bechtel y TransCanadá; el gasoducto Rosarito; el de Samalayuca de 72 Km otorgado a El Paso Energy International y a El Paso Natural Gas; y el gasoducto adjudicado a Enron pasó a Tractebel en Nuevo León. La corporación Bechtel es la misma que en Bolivia pretende quedarse con el agua que compró al gobierno y robó al pueblo boliviano y que ahora lo demanda por millones de dólares.
La Propuesta del Proyecto México Tercer Milenio
Para el Proyecto México Tercer Milenio (PMTM), el potencial hidroeléctrico de los sistemas hidrológicos de la región del PPP y su propuesta de proyectos de multifunciones, la aportación total sería de 18,450 Mw y 56,460 millones de kW/h/a, equivalentes al 51% de la potencia y 32% de la generación del país. La propuesta del PMTM ahorraría 94 millones de barriles de combustóleo y contribuirían a desplazar nuevas centrales de vapor que consumen combustibles fósiles y necesitan alta inversión en divisas.
Según el proyecto, en los nuevos centros energéticos se podrían instalar en un solo lugar refinerías, centrales termoeléctricas, plantas petroquímicas e industrias asociadas de máxima capacidad, tratamiento y producción factibles. "Al localizarse en zonas estratégicas, tanto para la red eléctrica nacional como para el procesamiento de hidrocarburos, las dos industrias más importantes -PEMEX y CFE- conjuntarán sus funciones e inversiones con óptimos índices de rentabilidad y productividad. Así, al existir compatibilidad y coordinación entre sus programas de expansión se alcanzaría un uso eficiente y competitivo del petróleo y gas natural", confirma el PMTM.
"La capacidad de los nuevos centros energéticos aseguraría el pleno suministro de los combustibles destinados a la industria eléctrica; facilitaría transformar en el país los hidrocarburos para darles mayor valor agregado y se exportarían productos procesados en lugar de petróleo crudo. Las centrales termoeléctricas -que tendrían unidades turbogas para aprovechar mejor el calor residual-, consumirían 8 millones de barriles de combustóleo o 1,280 millones de metros cúbicos de gas natural por cada equipo turbogenerador de 750 MW a fin de producir 5000 millones de kW·h-a", afirma el proyecto.
Los sitios alternos para centrales termoeléctricas que cumplen con los criterios, normas y conceptos esenciales para formar los eficientes y modernos centros energéticos serían: Punta El Morro en Veracruz (3000 Mw.); Potosí-Zihuatanejo en Guerrero (3000 Mw.); Francisco Zarco en Durango (1500 Mw.); Ciudad Camargo en Chihuahua (700 Mw.); Litigú en Nayarit (3000 Mw.); Teapa en Jalisco (1500 Mw.); Pátzcuaro en Michoacán (700 Mw.); Rancho de Piedra en Tamaulipas (4500 Mw.); Minatitlán II en Veracruz (3000 Mw.) e Isla Tiburón en Sonora (3000 Mw.). La inversión aproximada sería de seis millones de pesos por megawatt instalado. Además prevé invertir en energía nuclear en la isla Coronado-sur para instalar una central subterránea con grupos turbogeneradores de 1250 Mw. Hoy la planta nuclear de Laguna Verde en Veracruz genera el 6% de la electricidad del país, cuando en Francia el porcentaje es del 80%, según Alfredo Elías Ayub, Gerente General de la CFE.
CHIAPAS: Dentro del marco del PPP se pretenden realizar tres proyectos de hidrocarburos que igualmente debieran preocupar a los campesinos e indígenas. La propuesta de PMTM son "Uno para el abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo en la península de Yucatán, otro de alcance ecológico para cumplir con normas ambientales internacionales en el principal yacimiento marino del país (México) ubicado en el Golfo de México (pozo Cantarell, el quinto más importante del mundo, y que produce el 70% del crudo mexicano) y otro para aumentar la producción de petróleo y gas en 55 mil barriles diarios y 69 millones de pies cúbicos diarios, respectivamente, en uno de los yacimientos ubicados en esa región (Delta del Grijalva)", específicamente en Chiapas, frontera con el estado de Tabasco.
Por cierto, los indígenas tabasqueños del municipio de Centla viven una batalla contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que pretende ampliar la carretera Villahermosa-Frontera en un tramo de 50 kilómetros. El 8 de agosto del 2001 escribieron al presidente Vicente Fox: "Sabedores de su ambicioso Plan Puebla-Panamá y conscientes de los beneficios que obtendrán las compañías transnacionales, apelamos a la conciencia de usted y por justicia divina le pedimos que no permita este despojo. Nosotros estamos decididos a ofrendar nuestra sangre, pues es nuestro único patrimonio que heredaremos a nuestros hijos para su sobrevivencia". Afirman que esta carretera garantizará el acceso a puerto de Frontera, Tabasco, y a la Ciudad del Carmen, Campeche, ante la futura explotación de 400 pozos en el campo petrolero "Delta". La suspensión reciente de las carreteras en Guatemala es un antecedente esperanzador para los pueblos campesinos ante los intentos de despojos de sus tierras.
En la región sureste de México, que incluye Chiapas, Pemex pretende invertir 63 mil millones de pesos durante los próximos cinco años, de los cuales casi el 32% que equivalen a 20 mil millones se destinarán para la perforación y producción, empezando el año 2002 con una inversión de 6 mil millones (Chiapas produce el 17% del crudo nacional). Además informó que las reservas de hidrocarburos en el sur-sureste han disminuido por sobreexplotación y desinversión en hasta un 40% en los últimos años. Pemex niega que haya proyectos de exploración en la Selva Lacandona, aunque muchos de estos ya se llevaron a cabo y los cuales se pueden ver en el capítulo de "mapas" en www.ciepac.org pero al mismo tiempo confirma que existen quince proyectos de bioprospección en la región sur-sureste. Los proyectos de exploración de petróleo en Chiapas han incluido a los municipios de Palenque, Ocosingo, Benemérito de Las Américas (Marqués de Comillas), Las Margaritas, Independencia, La Trinitaria y Maravilla Tenejapa. En muchas de estas regiones confirmaron la presencia de yacimientos petrolíferos que fueron cerrados previo a la irrupción del EZLN en enero de 1994.
Actualmente hay actividad petrolera en los municipios de Reforma, Juárez y Pichucalco, y se han incorporado los municipios de Ostuacán y Sunuapa. En Reforma, Ostuacán y Sunuapa se abrirán nuevos pozos que presuntamente generarán seis mil empleos directos y seis mil indirectos además de desplazamiento de población, carestía de productos básicos, contaminación ambiental y problemas sociales. Por ello, la paraestatal intentará amortiguar los efectos invirtiendo 150 millones de pesos al cuidado ambiental. Además, Pemex ampliará la carretera Reforma-Pichucalco destinando 35 millones de pesos, invirtiendo seis en este año. Nuevos y mayores impactos se prevén entonces para los pobladores de la región. Recordemos que entre 1999 y 2000 se dieron escapes de crudo por parte de Pemex afectando a comunidades indígenas, impactando en el medio ambiente y aumentando la contaminación del río Coatzacoalcos.
Gas y Petróleo en Centroamérica
Para Oil Watch, las economías de los países que dependen de la extracción del petróleo se vuelven rentistas y tienen dificultad de superar las propias crisis, ya que existe una total dependencia de la coyuntura internacional sobre todo cuando los precios de petróleo no son controlados por los países productores, sino por los conflictos armados, los movimientos de las compañías petroleras, la inestabilidad política en países exportadores de crudo, entre otros factores. Por otro lado, los países productores observan un rápido crecimiento económico concentrando grandes inversiones en el sector petrolero pero debilitando a otros sectores e incrementando a la vez su endeudamiento externo. En estos países no es rentable producir nada localmente ya que es más barato importar todo. Cuando se acaba la bonanza petrolera, la economía carece de sectores competitivos y se viene abajo poniendo incluso en crisis su soberanía alimentaria acompañada de otros índices elevados de pobreza. Entre ellos se observan los elevados gastos militares; bajo índice de Desarrollo Humano y crecimiento económico; alta mortalidad y malnutrición infantil; bajo gasto en salud, baja escolaridad y alto analfabetismo; vulnerabilidad a impactos económicos; alta corrupción y autoritarismo; baja efectividad gubernamental así como alta probabilidad de violencia armada.
Los siete países de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá) dependen mucho del petróleo importado. Por ejemplo, la dependencia del petróleo es del 100% en el caso de Belice y del 52% en el caso de Costa Rica. Por otro lado, el consumo de petróleo se ha duplicado en la región desde 1980, llegando a 244 mil barriles por día en el 2000. El consumo es comparable a Chile (245 mil) aunque Centroamérica tiene el doble de población; y a Hong Kong (254 mil) aunque es seis veces más chica que Centroamérica en cuanto a población cuyo gran porcentaje no tiene acceso a la electricidad. En 1998 los países de la región tuvieron un consumo de energía de 0.62 millones de millones de BTU´s que equivalen al 0.2% del total mundial, cifra similar a la de su participación en el producto mundial bruto.
Del total de la energía consumida por toda la región, el 71% corresponde a petróleo equivalente al 0.3% del consumo mundial de petróleo, el 24% a energía hidroeléctrica, el 0.3% a carbón y el 5% a otras fuentes que incluyen la geotermia e importaciones netas de energía eléctrica. La región importaba así 186 mil barriles de petróleo diarios y 0.08 toneladas cortas de carbón. Centroamérica contiene cerca del 0.05% de las reservas probadas de petróleo del mundo y prácticamente no tiene reservas de gas natural y no tiene carbón.
México y Venezuela son los países que principalmente suministran petróleo a la región en el marco del Pacto de San José y el Acuerdo Energético de Caracas. En el Pacto de San José de 1980, y renovado año con año, Venezuela y México se comprometieron a entregar a los países Centroamericanos y a 4 países caribeños, 160 mil barriles de petróleo crudo y productos petroleros en términos preferenciales. En el Acuerdo Energético de Caracas de octubre de 2000, Venezuela se comprometió a abastecer petróleo adicional a los países centroamericanos y caribeños a precios y términos preferenciales para los próximos 15 años. Así, para el año 2000, el consumo petrolero correspondió aproximadamente el 75% del total del consumo energético de Centroamérica, región que no consume gases naturales y consume muy poco carbón. Ya desde el 2001, Florencio Salazar, Coordinador del Plan Puebla-Panamá en México confirmó que el gobierno proyectaba el tendido de gasoductos para aumentar la venta de hidrocarburos y gas natural a los siete países. Si las empresas transnacionales se adueñan de la tierra, la distribución de los energéticos y de la producción de energía eléctrica, se verían beneficiados por estos precios preferenciales de Venezuela a la región. Y van tras ello.
En Centroamérica la energía eléctrica proviene principalmente de las presas hidroeléctricas. En 1998 la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica fue cercana a los 5,517 MW, un 52% de ella proveniente de las hidroeléctricas, 40% de termoeléctricas y 4% de geotérmicas y de biomasa. Según la Comisión Mundial de Represas (CMR), México cuenta con 540 represas para generación de energía eléctrica, control de inundaciones e irrigación de todos los tamaños, y tiene 3 en planeación; Guatemala cuenta con 4 y 9 en planeación; Belice cuenta con una; Nicaragua con 4; Panamá con 2 y planea construir tres más; Costa Rica cuenta con 9; Honduras con 9; y El Salvador con 5. Todas ellas dan un total de 574 represas hidroeléctricas y 15 en planeación. Y aunque la tendencia en la región del PPP es crear más represas hidroeléctricas, se prevé también que el gas sea la principal fuente de generación de energía. Sin embargo, a finales de los 90’s las empresas extranjeras comenzaron a penetrar agresivamente en la región sobre todo de las transnacionales españolas y estadounidenses, y el uso de generación termal creció rápidamente.
Aunque por lo pronto los recursos energéticos en Centroamérica son limitados, la región es estratégica para los mercados internacionales de energía como centro de transporte de petróleo por el canal de Panamá por donde cruzaron diariamente en 1998 cerca de 625 mil barriles de crudo y productos petrolíferos, lo que representa el 62% del total de los embarques petroleros en dirección del Atlántico al Pacífico y la mayoría de los productos petrolíferos en dirección opuesta. Pero también es estratégica la ruta entre el Norte y Sudamérica, o entre Norteamérica y Asia. De ahí que el PPP plantee el cruce de todo el territorio, del Atlántico al Pacífico, por medio de canales pluviales y secos con redes carreteros y ferrocarrileros. Para garantizarlo, los gobiernos de la región están colaborando estrechamente con el gobierno de Bush, como también algunas organizaciones "no gubernamentales" (ONG’s), para impulsar los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se requieren con el objetivo de aceitar el tránsito comercial, flujo de mercancías y capital, pero no de mano de obra. Es por ello que en mayo del 2000, después de 4 años de negociaciones, el "Triángulo del Norte" conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras firmaron un TLC con México, y negocia otro con la comunidad andina conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Además, junto con Nicaragua desarrollan la unión de aduanas que daría comienzo en enero del 2004. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos impone ("negocia") con los gobiernos Centroamericanos un TLC, convencidos que con ello saldrán de pobres, pero ignorando, o queriendo ignorar, que será el epitafio de su sepultura. Por si fuera poco para perder la soberanía, las negociaciones avanzan para interconectar las redes de electricidad de los países centroamericanos administradas por la eléctrica española Endesa.
Ante la impresionante deforestación de las selvas, el cambio climático y los efectos que vemos ahora sobre el medio ambiente, como si la pobreza no fuera suficiente como para convencerse, los que ahora critican y vociferan contra los opositores a los megaproyectos del PPP argumentando que están en contra del desarrollo, mañana les aplaudirán. Porque la resistencia continúa. Comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y ecologistas de Guatemala asestaron una fuerte derrota al PPP al lograr la cancelación de dos carreteras que unirían el circuito turístico Olmeca-Maya, según informó el diario "Tabasco Hoy" en los primeros días de octubre del 2002. Una iría desde Tikal hasta el Parque Nacional El Mirador-Río Azul en la frontera entre Guatemala y Campeche. La conectaría a Tenosique, Tabasco, con la comunidad de El Naranjo en Guatemala. Ambas carreteras en la selva petenera de Guatemala ya de por sí amenazada por la extracción del petróleo.
En la guerra absurda de Bush contra Irak donde ganan las empresas militares y petroleras y pierden los civiles que ponen los muertos, nos hace reflexionar sobre el águila imperial sedienta de petróleo y gas que ahora mira hacia el territorio del Plan Puebla-Panamá (PPP) como una región de tránsito comercial y de búsqueda potencial de más hidrocarburos. A Irak no la controla, pero sí Mesoamérica endeudada y empobrecida que encuentra fuertes aliados entre sus gobiernos, oligarquía y organizaciones civiles que aplauden los Tratados de Libre Comercio (TLC) bajo el espejismo de "humanizar" lo inhumanizable: la globalización neoliberal voraz y despiadada sobre los pueblos del Continente. Y lo único que seguimos observando es el saqueo de los recursos naturales, la militarización y violencia sangrienta contra los pueblos indios por el saqueo que ha caracterizado a toda la región. Por ello analizaremos ahora la situación que guardan los países centroamericanos en torno al oro negro que codicia el imperio.
1) GUATEMALA: Centroamérica produce cantidades pequeñas de petróleo crudo y la mayoría es destinado a Estados Unidos para refinación y otra parte para consumo doméstico. Del total del consumo energético de la región en 1998, Guatemala consumió el 4% quien es además el productor más grande de petróleo en Centroamérica y donde todas las reservas probadas de la región se localizan ahí. Los 526 millones de barriles de reservas de petróleo comprobadas en Guatemala se ubican principalmente en las selvas y la cuenca de Petén, que se presume están asociadas a los yacimientos mexicanos en los estados de Tabasco y Marqués de Comillas en Chiapas. Guatemala importa alrededor de 500 barriles diarios de gasolina y 2,300 barriles diarios de diesel desde México. En 1998 Pemex firmó un acuerdo para empezar a construir a partir de 1990, gasolineras en Guatemala. Por su lado Texaco distribuye gas licuado en el país y cuenta con gasolineras al igual que Shell.
Desde el fin de la guerra y de los supuestos acuerdos de paz en 1996, el gobierno abrió las inversiones y concesiones para la exploración de petróleo y gas por lo que la producción petrolera se incrementó de 19 mil barriles diarios en el 2001, a 21 mil en el año 2000. Hoy ya produce cerca de 25,000 barriles de petróleo diarios que equivalen al 0.02% del total mundial. Es más, para los investigadores Sarah Aird y Adrián Boutureira, Guatemala se encuentra en un antiguo cinturón geológico que subyace bajo el 75% de las reservas petróleo verificadas en el mundo. Según ellos, las empresas WesPac Technologies Corporation y Tradestar Corporation, estiman que hay hasta mil millones de barriles de petróleo en los 300 mil acres de sus concesiones en el Petén. Aunque para Amy B. Rosenthal de Conservación Internacional las reservas podrían llegar a 1,400 millones de barriles.
Desde 1998 la empresa estadounidense Union Pacific compró la empresa canadiense Norcen Energy quien a su vez era propietaria de la empresa "Basic Resources International" (empresa francesa hasta 1997 que operó con muchos financiamientos del Banco Mundial). La compra se hizo por más de 300 millones de dólares y desde entonces controla prácticamente la totalidad de la producción petrolera del país. La venta incluyó todos los campos petrolíferos de Guatemala, un oleoducto de 275 millas de petróleo crudo, la refinería La Libertad que produce 4 mil barriles diarios y también las instalaciones de almacenaje y carga/descarga. Sin embargo, en los últimos 20 años de exportaciones del crudo, sólo un 20% ha sido en beneficio del Estado y el resto para las transnacionales petroleras.
En el mes de mayo del 2002 el gobierno guatemalteco, por medio del Ministro de Energía y Minas quien luego ocuparía el cargo de Comisionado Presidencial del PPP en Guatemala, otorgó la concesión A-6-96 a la empresa Compañía Petrolera del Atlántico (CPA) para explorar petróleo y gas natural en el Lago Izabal, el lago más grande de Guatemala y cerca del golfo de Honduras, donde sobreviven más de 50 comunidades indígenas a orillas del lago. En 2001, el gobierno aprobó dos contractos de exploración cerca del lago, pero en mayo del 2002 el Presidente Alfonso Portillo canceló uno de los contractos debido a fuertes presiones de grupos ambientalistas. Y es que aquí se encontraron intereses opuestos generados por la misma fuente. Por un lado, las políticas de Ajuste Estructural impuestas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de abrir al capital transnacional la inversión petrolera, acompañada con el apoyo que el BM otorgó con préstamos por más de 40 millones de dólares a la empresa petrolera, violando las propias normas operativas y los estudios de impacto ambiental. Por otro lado, el proyecto de contención y paleativo que el BM entregó por 110 mil dólares en créditos blandos, con promesa de otros 200 mil, para proyectos de conservación y servicio al turismo a organizaciones del municipio de El Estor, departamento de Izabal, quienes hoy demandan la cancelación de estas concesiones de explotación petrolera. Muchos de ellos no saben que es el mismo BM, quien supuestamente les ayuda con créditos a costa de los impuestos de la población, el que fomenta la extracción del petróleo.
El propietario de CPA es Ramón Campollo, uno de los más ricos empresarios de Guatemala que cuenta con inversiones en el sector azucarero en Costa Rica y Republica Dominicana, además es propietario del ingenio azucarero Madre Tierra en Guatemala. Cuenta también con inversiones en generación de electricidad a base de carbón y posee acciones en la Empresa Eléctrica de Guatemala, operada por la española Unión Fenosa. El contrato otorgado a Campollo establece: "1. Da libertad al contratista para usar, vender, disponer, comercializar y exportar en forma que más le convenga los hidrocarburos, así como procesar o licuar gas natural, azufre y otras sustancias. 2. Pasados seis años del contrato el contratista puede llevar perforados tres pozos de tres mil metros de profundidad cada uno. 3. La empresa está obligada a pagar al Estado el 34% cuando la producción neta sea de uno a veinte mil barriles de producción diaria".
Prácticamente Centroamérica no consume gas natural. Sin embargo, en diciembre de 1999, Guatemala y México firmaron un protocolo comprometiéndose a construir un gasoducto de gas natural desde Ciudad Pemex en el estado de Tabasco a la ciudad Escuintla en el sur de Guatemala. El gasoducto de 347 millas y 450 millones de dólares seguiría el camino del oleoducto ya construido en la selva petenera de Guatemala. El gasoducto pretende ser terminado en el 2004 y podría extenderse hacia el resto de Centroamérica. Estas inversiones de gas facilitarán la fusión con las inversiones en el sector eléctrico ya que el gas será la principal fuente de generación de electricidad como ya lo hemos visto en otros Boletines "Chiapas al Día" que pueden ser consultados en www.ciepac.org. En esta línea el gobierno guatemalteco ha permitido a las compañías generadoras de electricidad establecer contratos con sus propios clientes y conectarse al sistema eléctrico. En 1998 el 80% de la empresa distribuidora de electricidad en los centros urbanos, EEGSA, que distribuye el 70% de la electricidad en Guatemala y cuenta con 510 mil clientes en la zona metropolitana de la ciudad capital, fue vendida por 20 millones de dólares al consorcio conformado por la española Iberdrola Energía, la portuguesa Electricidad de Portugal y la estadounidense TECO Power Services. Iberdrola tiene planes de inversión por 100 millones de dólares y está interesada en competir en el mercado desregulado de la región. En agosto de ese mismo 1998 entraron en operación cuatro nuevas plantas de generación de energía eléctrica, incluyendo la primera geotermoeléctrica del país, la primera hidroeléctrica privada y una nueva termoeléctrica a petróleo. Pese a todo, en 1999 tan sólo el 56% de la población tenía acceso a la energía eléctrica. Hay otras fuentes que difieren de la Comisión Mundial de Represas ya que afirman que el gobierno guatemalteco pretende construir 12 hidroeléctricas y no 9, además de una geotérmica y dos termoeléctricas de 120 MW cada una. En fin, cada fuente con sus cifras. Pero lo que nos queda claro es que la energía en el contexto del PPP, como ya hemos analizado en otros Boletines, no es para los hogares ni los pobres y mucho menos para los indígenas, sino para las industrias.
En 1998 Unión Fenosa compró por 101 millones de dólares la distribución de energía eléctrica rural, el INDE, con 580 mil usuarios y 30% de la energía eléctrica del país. En el mismo año la empresa GGG subsidiaria de Constellation Power de Estados Unidos, compró dos viejas plantas y el derecho de vender energía eléctrica por los próximos 18 años. El consorcio integrado por las empresas TECO Power Services, Coastal Power y la guatemalteca Compañía Eléctrica de Centroamérica, construyeron en el 2000 la mayor planta de generación del país y primera carboeléctrica eléctrica de Centroamérica, San José (de 120 Mw). En el mismo año la empresa Powerhouse Energy Corp anunció una coinversión con Servicios Electromecánicos de Guatemala (Selmeca) para construir una planta hidroeléctrica de 31 millones de dólares a 80 km al occidente de la ciudad capital.
2) HONDURAS: Del total del consumo energético de la región en 1998, Honduras consumió el 11.3%. Un año después, en 1999 se confirmó la presencia de yacimientos petrolíferos. Inmediatamente, el gobierno firmó un tratado con Colombia de delimitación de la plataforma marina, una semana después que Bogotá había otorgado derechos de exploración a una compañía Británica sobre los bancos de Serranilla. En el mismo año la compañía japonesa Japex realizó un estudio sobre el potencial de hidrocarburos en la Costa Norte. En el 2001 la Secretaría de Recursos Naturales publica los términos de referencia para las licitaciones de los bloques de Tela y los de Gracias a Dios y Moskitia Hondureña, donde sus pobladores ignoran que pisan grandes yacimientos de petróleo. Por lo pronto existen 24 pozos perforados a lo largo de la costa atlántica en la que han participado las empresas petroleras Esso (1978), Texaco (1979), Pure Oil (1963), PAC (1963), Cambria (1991) y PetHond (1956).
En Mesoamérica conviven con la naturaleza alrededor de 60 pueblos indígenas. La región representa el 0.5% de la superficie del planeta y pose el 7% de la biodiversidad, estando el área compuesta por una variedad de ecosistemas frágiles, por lo que la presencia de los yacimientos ponen en peligro el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) y la sobrevivencia de millones de indígenas y campesinos.
La empresa estadounidense Applied Energy Service (AES) tiene fuertes intereses para invertir en Honduras. Hasta la fecha no ha recibido el permiso de instalar una planta generadora de energía eléctrica por el incumplimiento de los requisitos ambientales. La ministra hondureña de Recursos Naturales y Ambiente, Xiomara Gómez, dijo que el permiso "no se le ha denegado, pero tampoco le ha sido aprobado". AES pretende invertir 780 millones de dólares para levantar la planta en Puerto Cortés, en el Caribe, y que funcionaría con gas natural. La planta generaría unos 600 megavatios para el mercado nacional y vender energía a Guatemala y El Salvador.
El gobierno de Honduras, por su parte, firmó un acuerdo con el FMI obligándose a privatizar su consejo de electricidad, el ENEE, con un precio estimado de 500 millones de dólares. El sistema eléctrico de Honduras con capacidad de 610 MW depende en más de la mitad de hidroeléctricas que sufrieron grandes daños con el huracán Mitch. A principios de 1999 un incendio en la presa de El Cajón afectó más del 60% del suministro de energía eléctrica del país. La desregulación impuesta por el FMI pretende atraer a las corporaciones transnacionales uniendo los intereses entre los sectores del gas, petróleo y generación de energía. Texaco, por su parte pretende, manejar la importación de combustibles a través de Puerto.
3) NICARAGUA: Durante el conflicto y poco después, el país no realizó inversiones en su sector energético entre 1980 y 1994. Tiene un consumo de energía eléctrica per cápita muy bajo y un déficit de electricidad por lo que la debe importar desde Panamá cuando la demanda aumenta, lo que podrá cambiar ante la conformación del Sistema de Integración Eléctrica para Centroamérica. Sus plantas geotérmicas e hidroeléctricas operan muy por debajo de su capacidad. Según estimaciones del Instituto Nicaragüense de Energía, durante los próximos 20 años la demanda de energía eléctrica podría crecer con tasas anuales medias de 6%, requiriendo incrementar su capacidad instalada en el mismo lapso a 1180 Mw.
Del total del consumo energético de la región en 1998, casi el 9.7% lo consumió Nicaragua. En el mismo año el Congreso aprobó la privatización de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) que generaba, transmitía y distribuía la energía eléctrica. Pero el huracán Mitch prolongó el proceso de privatización ya que las empresas no comprarían infraestructura hasta que el gobierno compusiera los desperfectos. La paraestatal se dividiría en varias distribuidoras, para más tarde privatizar las plantas de generación geotérmicas, hidroeléctricas y térmicas que representan una capacidad total instalada de 340 Mw. La red de transmisión permanecería en manos gubernamentales que es el mismo esquema de privatización que propone hoy el presidente mexicano Vicente Fox.
En 1998 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó a Nicaragua préstamos para generación de electricidad con fuentes renovables de energía. En el mismo año inició la construcción de una planta geotérmica de 232 Mw en el occidente del país, con apoyo de los gobiernos de Alemania, Estados Unidos y Rusia; y los legisladores nicaragüenses aprobaron leyes con nuevos procedimientos para la exploración petrolera con el fin de facilitar la inversión transnacional. En 1999 la estadounidense Coastal inauguró su planta de diesel de 51 Mw para vender energía a ENEL. Para el 2000 se llevaron a cabo una treintena de subastas para concesiones, principalmente en la plataforma marítima. Para ese año Nicaragua ya contaba con un sistema eléctrico conformado por dos plantas hidroeléctricas de 50 Mw cada una; una geotermoeléctrica de 33 MW; cinco termoeléctricas con una capacidad total de 220 Mw; y una termoeléctrica de diesel con 51 Mw.
Dos años más tarde, en el 2002 ENEL anunció que licitaría seis plantas de energía en el país donde cinco empresas tienen interés de invertir: Coustal Power, Keppel Fles, Anfels, AES, Hidro-Quebec y Duke Energy. Luego, la contraloría del país ordenó la suspensión por anomalías en el proceso en la venta de la paraestatal, Empresa Generadora Hidroeléctrica (Hidrogesa), adjudicada a Coastal Power International El Paso, que licitó ENEL. En esta licitación también participó Enron de Nicaragua. Hidrogesa es propietaria de las plantas generadoras Centroamérica y Santa Bárbara ubicadas en el norte del país con capacidad de 100 megavatios cada una. En el mismo año el Presidente Enrique Bolaños anunció la apertura del país a la exploración petrolera de compañías extranjeras, concesiones de tierra y campos petrolíferos submarinos en los océanos Atlántico y Pacífico. Pero Colombia y Honduras también reclaman como suyas las 44 mil millas cuadradas del Caribe que está ofreciendo Nicaragua a las empresas. En el marco del PPP y el ALCA las nuevas inversiones requeridas por el sistema eléctrico de Nicaragua entre hoy y el año 2020 se estiman en 1,800 millones de dólares.
Nicaragua no tiene producción comercial o reservas probadas de petróleo. Si embargo, se considera una de las pocas áreas de la región para explorar la existencia de petróleo y gas, sobre todo en la cuenca de Miskito, frente a la costa del Atlántico, y en la cuenca de Sandino, frente a la costa del Pacífico. Pero es en la cuenca de Miskito donde las poblaciones indígenas se mantienen en resistencia a la explotación maderera y es a quienes les debemos la protección del medio ambiente. Actualmente empresas extranjeras desarrollan un oleoducto por 450 millones de dólares para canalizar 480 millones de barriles de crudo de Venezuela, desde Punta del Mono en territorio indígena en la costa Atlántica, para cruzar hasta Corinto en la costa oeste y de ahí embarcarlo hacia EU.
4) COSTA RICA: Del total del consumo energético de la región en 1998, cerca del 21% correspondió a Costa Rica. Su gobierno lanzó a concurso en 1998 una primera ronda de contratos de exploración petrolera (dos sitios en la plataforma continental del Caribe y dos en la marítima). En 1999 dio comienzo la construcción de la planta geotermoeléctrica Miravalles III con 27.5 Mw, y fue la primera en régimen de construcción-propiedad-transferencia del país y la primera geotérmica de éste régimen en América Latina. Al año siguiente, en el 2000 los legisladores aprobaron una ley que abriría ICE a la competencia lo que provocó grandes movilizaciones sociales. Sin embargo, en el mismo año el gobierno otorgó a la empresa estadounidense Mallon Resources Corporation una concesión para la exploración de petróleo y gas en 2.3 millones de acres en seis bloques en la parte noreste del país. Según la empresa estadounidense Harken Energy Corporation la costa caribeña del país cuenta con petróleo suficiente para poder invertir.
Al interior de la región todos los países muestran una alta dependencia del petróleo y en el caso de Costa Rica es de un 52%; y la Compañía Nacional de Luz y Fuerza de Costa Rica anunció la construcción de un proyecto de gas metano en los terrenos de relleno de Río Azul, al este de San José. La paraestatal petrolera de Trinidad y Tobago (Petrotrin) pretende invertir en la modernización de la refinería estatal de Recope y sus estaciones de servicio, así como en la distribución de productos petrolíferos de Costa Rica.
En Costa Rica cerca del 80% de la población cuenta con energía eléctrica, abastecida en un 90% a partir de plantas hidroeléctricas. En el marco de la especulación de las inversiones deseadas para el gran capital, el país requerirá inversiones por 3,000 millones de dólares entre hoy y el año 2011 para cubrir el incremento anual de energía eléctrica del 10%.
5) EL SALVADOR: Del total del consumo energético de la región en 1998, el 14.5% correspondió a El Salvador donde la geotermia es particularmente importante de la misma manera como lo es en Nicaragua. Exceptuando a Belice, la energía hidroeléctrica es en todos los países de Centroamérica la segunda fuente de energía en importancia, representando el 14% en El Salvador. La privatización de activos energéticos es reciente en este país. En 1998 la empresa estadounidense AES and Houston Industries, Enersal de Chile y Electricidad de Caracas, Venezuela, con 585 millones de dólares ganaron el 75% de las acciones de cuatro empresas de distribución de energía eléctrica que atienden a 900 mil usuarios. La paraestatal CEL camina hacia la privatización de sus plantas hidroeléctricas al tiempo que busca socios para invertir en plantas geotérmicas. En el 2000 la empresa Duke Energy International inició la expansión de la planta de Ajutla para atender los mercados de El Salvador y Guatemala.
6) BELICE: Del total del consumo energético de la región en 1998, Belice consumió el 0.6%. Prácticamente el país depende de un 100% de la importación de petróleo. Sin embargo, exceptuando a Belice que proyecta la nueva hidroeléctrica El Chalillo, la energía hidroeléctrica es en todos los casos la segunda fuente de energía en importancia. México le vende hasta el 80% de sus necesidades de energía eléctrica.
7) PANAMÁ: Su producción petrolera es poca llegando a mil barriles diarios de petróleo en el 2001. Su importancia principal radica en el transporte por el Canal de Panamá. En 1999 las importaciones de petróleo de los Estados Unidos que transitan por el Canal de Panamá fueron de un promedio de 78,670 barriles por día. En el 2001, por el canal, aproximadamente 613 mil barriles de petróleo crudo y productos petroleros pasaron diariamente; así mismo el 57% del total de los transportes hacia el sur del Atlántico al Pacífico y de productos petroleros dominando el tráfico hacia el sur. De acuerdo con el Tratado del Canal de Panamá de 1977, Panamá asumió responsabilidad plena del canal en diciembre de 1999. La Comisión Estadounidense del Canal de Panamá fue reemplazado por una entidad panameña llamada la Autoridad Canal de Panamá. El Tratado garantiza la neutralidad permanente del Canal.
Del total del consumo energético de la región en 1998, un 22.6% correspondió a Panamá. Para otros analistas Panamá es el mayor importador de energía de la región. Ya desde 1999 se propuso construir un gasoducto desde Cartagena, Colombia, hacia Colón en Panamá con el fin de abastecer inicialmente a una planta termoeléctrica.
En 1998 la paraestatal eléctrica IRHE se vendió por 603 millones de dólares dividiéndose en cuatro empresas generadoras y tres de distribución. Coastal Corporation e Hydro-Quebec International adquirieron el 49% de la hidroeléctrica de Fortuna Generation (la tercera parte de la capacidad instalada de Panamá). Enron Caribe III compró el 51% de la planta de Bahía Las Minas en 91.72 millones de dólares y AES compró el 49% de las plantas de Chiriquí y Bayano quien además pretende construir otra hidroeléctrica con 200 millones de dólares. Desde la venta de IRHE la ciudad capital tiene déficit de energía eléctrica por lo que la empresa alemana Minova y las estadounidenses Noresco y Wartsila desarrollan una nueva planta de 60 Mw. Desde 1998 el BID confirmó que la inversión necesaria hasta el 2008 podría ser de más de 7 mil millones de dólares para poder satisfacer el crecimiento anual del 6%.
Fuentes y Bibliografía:
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– Otros: www.eia.doe.gov/cabs/centam.html ; "El Petróleo y los Minerales en Guatemala" de Rafael Piedra Santa, Universidad de San Carlos, Guatemala 1979.
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Publicado en Chiapas al Día, No. 318
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