Racismo Archives - EcoPortal.net

Por Alvaro Díez Astete La realidad antropológica en Bolivia ha sido tradicionalmente ocultada bajo la imagen de ser una sociedad multicultural idealmente armónica, cuando en realidad se trata de un país gravemente herido por la antidemocracia y la desigualdad cultural. Introducción. La realidad antropológica en Bolivia ha sido tradicionalmente ocultada bajo la imagen de ser una sociedad multicultural idealmente armónica, cuando en realidad se trata de un país gravemente herido por la antidemocracia y la desigualdad cultural. Sociedad en la que domina el racismo, por lo que sus relaciones interculturales son extremadamente negativas, y donde las clases económicamente dominantes se autoidentifican como superiores, sobre las clases dominadas que emergen de los pueblos indígenas y originarios, y que paradójicamente constituyen más del 60% de los habitantes del país. En Bolivia existen 33 etnias o formaciones etnosociales distintas, reconocidas oficialmente como tales, y con un abanico poblacional que va desde las macro etnias Quechua (2.500.000) o Aymara (1.500.000), hasta el otro extremo como la micro etnia Pacahuara (11 personas). Al interior de las etnias de mayor población aparecen muchas configuraciones de identidad sociocultural diversa, como el caso de los Callahuayas (aymara-quechuas), los Tentayape (guaranís), los Paiconeca (chiquitanos), los Ignacianos y Trinitarios (mojeños), los Joaquinianos (baures), los afrodescendientes (aymara-criollos), y muchos otros que conservan singularidades etnoculturales dentro de los cuerpos sociohistóricos y sociolingüísticos mayores. Este breve texto de Antropología de Urgencia en Bolivia se referirá solamente a la región de Tierras Bajas (amazonía, chaco y oriente), sin ignorar que existen minorías étnicas oprimidas en la región andina, tema para otra publicación. Aún así, por lo pronto aquí sólo llamaremos la atención acerca de aquellos pueblos en situación de alta vulnerabilidad y los posibles pueblos en aislamiento voluntario, para fijar algunas ideas operativas respecto de aquello, que son cada vez más compartidas por las instancias internacionales de la antropología latinoamericana. Definiciones preliminares. Si bien la definición de “lo indígena” , y más aún “lo étnico” , puede (y debe) ser controversial desde el punto de vista de los procesos electorales en el país (donde cabe esperar la “autoasignación” oportunista de ser o no ser indígena), tratándose de los pueblos indígenas en situación de Alta vulnerabilidad y pueblos indígenas Aislados , tal tecnicismo político sobra, y se impone una visión clara de antropología política y cultural que no dude en identificar frente al Estado grupos étnicos en grave crisis de existencia social y biológica. La definición de la etnicidad puede tener muchos componentes que concurren a formar un concepto comprehensivo y académico, que los antropólogos utilizamos provechosamente cuando se trata de examinar, analizar e interpretar la enorme riqueza de la diversidad cultural indígena y no indígena. Pero cuando encontramos que dentro de esa diversidad existen pueblos nativos que sólo se distinguen ya por una extrema pobreza, que los tiene al borde de la extinción, entonces estamos convocados a asumir un compromiso de defensa de los derechos humanos, en cuanto tales, que aquí denominamos antropología de urgencia. Entonces, nuestro concepto de etnicidad se referirá a los pueblos indígenas históricamente oprimidos, discriminados, humillados y despojados de sus derechos, a tal punto que están en camino a su desaparición, y así pondremos en segundo lugar la consideración de “lo extraño”, “lo sui géneris cultural”, “lo complejo diferente”, y en cambio en nuestra base conceptual se considerarán al menos tres componentes esenciales de la identidad étnica: 1) el derecho a la tierra y sus recursos naturales; 2) el derecho al uso pleno de la lengua propia y la educación situada y pertinente; 3) el derecho a realizar la historia colectiva y sus costumbres con autodeterminación. Todo ello en el entendido de que la etnicidad de los pueblos oprimidos pugna por establecer relaciones de interculturalidad positivas con el Estado, es decir, alcanzar a vivir en un contexto de seguridad jurídico-legal y social igualitaria. En este punto afirmamos que la etnicidad de la totalidad de las etnias de tierras bajas -a pesar de que sus organizaciones sociopolíticas estén comprendidas dentro del ordenamiento legal del país, y de haber recibido por parte del Estado la promesa de obtener el reconocimiento de sus tierras tradicionales- sufre algún grado de vulnerabilidad permanente . Aunque no es tema específico del presente artículo, conviene hacer una rápida mención de esta situación generalizada. Las organizaciones indígenas y la cuestión de la Tierra y territorio. La Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB) es la organización “de primer nivel” que virtualmente representa a todos los pueblos indígenas de la amazonía, chaco y oriente (que alcanzan a unas 300.000 personas), quienes a su vez están organizados en un “segundo nivel”, como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB); Central de Pueblos Indígenas de Santa Cruz (CEPESC); Coordinadora Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO); Organización de Capitanes Weenhayek y Tapietes (ORCAWETA). Cada una de estas organizaciones agrupa a otras de “tercer nivel”, etnia por etnia, que son las Sub-centrales, y estas finalmente contienen en un “cuarto nivel” a las Comunidades de cada etnia. Sobre esos datos someros de cómo están organizados los pueblos indígenas, veamos un esbozo del proceso de su derecho a la tierra y al territorio. Sabemos que la Reforma Agraria de 1953 favoreció sobre todo al altiplano y los valles de la región andina, que no a las tierras bajas, en las cuales también se favoreció más a colonizadores andinos y a lugareños criollos, y no a los pueblos originarios amazónicos, orientales y chaqueños: pero lo más grave es que a través de las manipulaciones políticas de todos los elementos oligárquicos habidos en todos los gobiernos, sin excepción, particularmente desde 1964 al presente, en las tierras bajas se impuso nuevamente el latifundismo y el gamonalismo: si bien es cierto que hubo algunos momentos y modos de acceso a la tierra por parte de los indígenas a través de la Reforma Agraria, ello era siempre a título individual, con no más de 50 has. por familia (cantidad insuficiente en tierras bajas –por otra parte no aptas para la agricultura- donde la sobrevivencia depende de las labores territoriales de caza, pesca, recolección y agricultura ecológica tradicional itinerante, además de concebirse la profunda unión del ser humano comunitario con la naturaleza irrestricta y con lo sobrenatural que emerge de ella, etc.). De hecho, cuando se alcanzaba una dotación de esta clase, terminaba cayendo en manos de los latifundistas que iniciaron tempranamente (contra la misma Ley y la complacencia de las autoridades locales y nacionales) la compra de esas tierras; en otras ocasiones, y no raras, eran los mismos latifundistas que gestionaban la dotación de tierras a nombre de los indígenas, así de pronto “campesinizados”, tierras que cuando eran dotadas pasaban automáticamente a ampliar el latifundio, por lo que los indígenas de tierras bajas nunca fueron considerados ni siquiera campesinos reales, sino simplemente peones “empatronados” como fuerza de trabajo barata o gratuita, pues en muchos sitios nunca dejó de regir el sistema gamonal del “enganche” por deudas que pasaban de padres a hijos. Dos consecuencias vergonzantes de esto deben ser señaladas netamente: de la compra ilícita de tierras, los latifundistas pasaron a la actual mercantilización de las tierras; del gamonalismo de los grandes patrones derivó la desestructuración y desintegración de muchas comunidades. En 1990, a raíz de la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” realizada por los indígenas de la Amazonía boliviana (200 msnm), hasta La Cumbre de la sede de gobierno (4000 msnm), recorriendo a pie más de 500 kms. (con ancianos, niños y mujeres embarazadas) durante un mes, ellos lograron que el gobierno nacional otorgue por sendos Decretos Supremos 8 “territorios” –luego llamados Tierras Comunitarias de Origen (TCO), en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Nº 1716 (Ley INRA), que se promulgó en 1996. Para la Ley INRA las TCO representarían: “espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguren su sobrevivencia y desarrollo” Esa declaración es solamente lírica, pues hasta el presente ninguna de las TCO otorgadas por Decreto Supremo ha concluido sus saneamientos, habiéndose más bien reducido en algunos casos considerablemente la cantidad de tierra inicialmente designada, por la múltiple aparición de “terceros” en todas partes. Con todo, actualmente existen 33 nuevas demandas de TCO, sin definición completa de saneamiento ni titulación. Además esa declaración tiene que ser comparada con otras determinaciones de la misma Ley, como estas: “La TCO no permite autonomía política y administrativa del pueblo indígena”; “Los recursos del subsuelo en la TCO pueden ser explotados por empresas, cumpliendo un proceso de consulta con el pueblo indígena, cuyo contenido no esté especificado en la legislación”. Así, definitivamente una cuestión queda muy clara: todas las TCO otorgadas carecen de titulación y saneamiento efectivo, y además se encuentran cribadas por concesiones forestales, petroleras y mineras, cazadores furtivos de animales valiosos por sus pieles y otros depredadores de las culturas nativas (por ejemplo los comerciantes que llevan alcohol y baratijas a los pobladores nativos a cambio de sus destrezas en cacería de especies de fauna). Para el resumen de esta vulnerabilidad general de los pueblos indígenas y sus organizaciones, contrastaremos una declaración de sus necesidades y propósitos hecha por la CIDOB en 1998, que tiene plena vigencia: “El desafío actual de las comunidades y organizaciones indígenas consiste en consolidar territorios viables que faciliten un desarrollo como ellas mismas se lo plantean: 1) La consolidación jurídica de la propiedad del territorio y del acceso a los recursos naturales en su interior; 2) La consolidación de la gestión indígena del territorio, tanto para administrar internamente el propio espacio, como para negociar y relacionar con sectores no indígenas presentes en el territorio; 3) La consolidación económica y social, mediante el desarrollo de las comunidades de la manera que ellas mismas proponen” (1). con la cruda realidad de la situación actual en la distribución de la propiedad agrícola y ganadera, a partir de las conclusiones de un estudio técnico fidedigno: - Pequeños productores = 80%; poseen 3% de la tierra. - Propietarios medianos = 15%; poseen 8% de la tierra. - Grandes propietarios = 5%; poseen 89% de la tierra (Fuente: Centro de Servicios Agropecuarios: La Vía, Boletín Nº 4, La Paz, julio-2005) Alta vulnerabilidad y pueblos indígenas aislados. a) Pueblos indígenas en situación de Alta vulnerabilidad en tierras bajas. En esta sección destacamos que de las 29 etnias que componen el mosaico etnocultural de la amazonía, chaco y oriente de Bolivia, nosotros caracterizamos al menos 14 de ellas que presentan diferentes situaciones de vida extremadamente crítica. Los pueblos que entran claramente en esa caracterización son: Amazonía: Araona (97); Machineri (200); Ese Ejja (2.300); Moré (300); Chacobo (850); Pacahuara (11); Yaminahua (400); Mbya Yuki (120); Sirionó (800); Yuracaré (3.600). Chaco-Oriente: Guaraní (77.000, con casos especiales ); Guarayo (11.000, con casos especiales ); Ayoreo (2.500, con casos especiales ); Tapiete (130); Weenhayek (2.500). No vamos a extendernos en la consideración pormenorizada de cada caso, que por lo demás requiere de los estudios específicos y en profundidad que recién estamos adelantando; sin embargo es posible señalar las razones para esta caracterización, algunas en realidad comunes a todas las etnias de tierras bajas, que en estos casos se agravan extremadamente: 1) Bajísima densidad poblacional, con alto riesgo de reproducción biológico- vegetativa, donde la totalidad de las familias sufren de forma masiva el hambre y la desnutrición, la constante mortalidad infantil y la indefensión general ante las enfermedades (habiendo sido poblaciones muy numerosas en sus orígenes). 2) Carencia de recursos naturales de subsistencia, por carecer de tierras, mínimas, o por ocupar tierras eriazas, improductivas y pobres de vida natural (víctimas del despojo, empujados a sitios inhabitables por el latifundismo). 3) Grupos étnicos que están bajo tutorías foráneas, no demandadas por los nativos, que aunque intervengan a título humanitario, efectúan traslados forzados de hábitat y desarrollan una labor de inmovilización y aislamiento artificial de estos pueblos. 4) Grupos étnicos perseguidos por sectas religiosas. 5) Ser víctimas de desalojos con violencia armada por parte de sicarios, cuando los indígenas se asientan en sus propias tierras tradicionales, ahora detentadas por los latifundistas (casos Guaraní de Pananti en Tarija, o Guarayos en Santa Cruz). 6) Víctimas de la presión de colonizadores de tierras andinos, madereros, empresas agrícolas, ganaderas, petroleras y mineras; narcotraficantes y comerciantes inescrupulosos. 7) La existencia hasta el día de hoy de familias cautivas en servidumbre perenne por deudas absurdas, sin remuneración y sometidas a pago en especie vil, y mantenidas en relaciones laborales semiesclavistas (2), como otros casos de centenares de indígenas de la etnia Guaraní, en haciendas de las provincias Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca, y en otras de Santa Cruz y Tarija (ver La Prensa, 10.03.06). 8) Difícil accesibilidad a los centros de auxilio médico o de escolarización, viviendo en estado de abandono, que no es lo mismo que el aislamiento voluntario, puesto que ya están contaminados con las enfermedades importadas por el hombre blanco y mestizo, en tanto que los aislados no. 9) Pérdida de cohesión sociocultural propia, al extremo de producirse casos de mendicidad y prostitución para sobrevivir, en tanto individuos desarraigados, como sucede con numerosas personas de los Ayoreo en la ciudad de Santa Cruz. b) Pueblos indígenas en Aislamiento voluntario. A partir de las proyecciones de la Expedición Madidi que venimos realizando desde hace cinco años, con la dirección del historiador y periodista Pablo Cingolani, hemos decidido dar una respuesta definitiva a la acuciosa cuestión de la existencia de la etnia Toromona, y ahora además la Fundación Madidi se propone desvelar las interrogantes sobre la existencia de todos los pueblos indígenas en Aislamiento voluntario en las tierras bajas de Bolivia. Aquí damos cuenta sobre este particular, basándonos en nuestras propias observaciones de campo, y citando ahora un trabajo también de síntesis de otro especialista, con quien hemos coincidido en el presente planteamiento. (3) Departamento de La Paz. 1. Toromona. Al Norte del departamento de La Paz, en el centro del Parque Nacional Madidi (1.895.740 has.), se encontraría viviendo en forma seminómada el pueblo Toromona, entre las cabeceras del río Colorado (o Pukamayu) y las cabeceras del río Heath (o Sonene), en una zona impenetrable de la selva objeto de nuestras expediciones. Son varias las fuentes que se aproximan entre sí para suponer insistentemente la existencia de esta etnia emparentada lingüísticamente con los Araona, por la familia lingüística común Tacana. Aparte de las fuentes etnohistóricas sobre los Toromona y los relatos de la época del auge del caucho en que fueron diezmados, la presunción de su existencia en el siglo XX fue esporádica, pero nunca desapareció, y es a finales del mismo en que la posibilidad de su existencia aislada vuelve a ser mencionada: versiones hay entre los Araona del Alto Manupare, que fueron recogidas directamente por el autor de este artículo; la versión del científico noruego Lars Hafskjold, que en 1997 penetró sólo en la selva en busca de los Toromona y nunca más regresó (la búsqueda de Lars es uno de los objetivos permanentes de la Expedición Madidi); versiones entre pobladores de las comunidades tacanas y mestizas de la región del Madidi, que hablan de la existencia de los “peligrosos chunchos” o de los “chamanes”; versiones en la presunción de algunos miembros del New Tribes Misión; en la mención temerosa de Guardaparques del Parque Nacional Madidi; en la especificación del texto de zonificación del Plan Madidi, que refiere la presencia de un grupo no contactado en las cabeceras del río Colorado, que es zona de protección estricta. El problema principal de existir los Toromona (o cualquier otro grupo humano aislado, obviamente) es lograr un primer contacto con ellos, antes que lo hagan los madereros o buscadores de minerales que ya se desplazan por la región y que intentan penetrar más adentro, a despecho de las disposiciones legales y aprovechando la irregular protección del Parque Nacional: y advertimos, si los depredadores hicieran el primer contacto, tenemos la certeza de que sería desastroso para el pueblo en situación de aislamiento, pues quedarían a merced de las armas de fuego hasta ser borrados del mapa, como en el pasado. De ahí la urgencia de establecer su existencia o inexistencia probadas, para tomar las medidas correspondientes. 2. Araona. Fuera de los 90 Araona señalados anteriormente, es posible que existan algunas familias aisladas en la selva, en las cercanías de Puerto Araona, que no hayan querido estar bajo la tutela de los misioneros norteamericanos de “Nuevas Tribus”. Esta afirmación la hicieron los mismos Araona al autor de este trabajo en 1986 y 1994; Brackelaire cita que el antropólogo francés Michaël Brohan, quien estudia actualmente a los Araona, recogió la misma versión, y otra fuente semejante es la Organización del Pueblo Indígena Mosetén. 3. Ese Ejja. La población central habita a orillas del río Beni, entre los departamentos de La Paz y Beni; pertenecen a la familia lingüística Tacana. Se menciona que podrían haber grupos nómadas sin contacto en la frontera entre Bolivia y Perú, en territorio del Parque Nacional Madidi. Departamento de Santa Cruz 4. Mbya Yuki. La población central (120), de la familia lingüística Guaraní, se encuentra en el puesto Mbya Recuaté, regentada por “Nuevas Tribus”, sobre el río Chimoré en el Parque Nacional Carrasco de Cochabamba. Allí mismo habrían algunas familias aisladas que se separaron del grupo principal por no aceptar vivir bajo la normativa de los misioneros. Hay que aclarar que el hábitat original de los Yuki no era éste sino el de las tierras del Chore, en los alrededores de Puerto Grether sobre el río Ichilo y sobre el río Yapacaní en el departamento de Santa Cruz, de donde fueron sacados forzosamente y llevados en avioneta en 1989 y 1992 por los miembros de “Nuevas Tribus”: se dice que quedaron en su territorio de origen alrededor de 15 yukis sin aceptar ningún contacto hasta hoy, de lo que dan fe algunos lugareños que habrían sido atacados con flechas, sin mayores consecuencias. 5. Ayoreode. En el Parque Nacional Kaa Yya (3.441.100 has.) del Gran Chaco boliviano en la provincia Cordillera de Santa Cruz, existe un grupo no contactado del pueblo Ayoréode (2.500), de la familia lingüística Zamuco, que se distribuye en pequeñas poblaciones-clanes en las provincias Chiquitos y Germán Busch de dicho departamento. Fuera de las versiones de lugareños, se tiene la de los mismos ayoreos que participaron en los talleres para la creación del Kaa Yya, por lo que se menciona a ese grupo de aislados en el mismo. Departamento de Pando 6. Pacahuara. Se ha dicho en otro momento que los Pacahuara son actualmente sólo 11 personas, que han sido acogidos por los Chacobo ,de la misma familia lingüística Pano, que tienen su localización en el Alto Ivon, de la provincia Vaca Díez del departamento del Beni. Estos Pacahuara fueron trasladados allí en avioneta desde su hábitat originario, el río Pacahuaras del departamento de Pando, por los misioneros norteamericanos del ex Instituto Lingüístico de Verano y “Nuevas Tribus”. Ahora se recibe diferentes versiones sobre la existencia de un grupo de familias Pacahuara no contactadas (serían 50 personas), que se encuentran entre los ríos Negro y Pacahuaras, en el municipio Santa Rosa de Abuná, en la provincia Federico Román, dentro de concesiones forestales y cerca de la frontera con el Brasil. Departamento del Beni 7. Yuracaré. De familia lingüística aislada (sin clasificación científica), tienen como hábitat (3.600) el Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro-Sécure (TIPNIS) del departamento del Beni, donde viven en pequeñas comunidades dispersas. Conversaciones con miembros de la etnia y con diferentes viajeros hablan de la existencia del algunos grupos de yuracarés no contactados, que viven en la selva libremente, pero como en los otros casos bajo potenciales amenazas, especialmente por la presencia comprobada del narcotráfico. c) Algunas estrategias actuales para enfrentar ambas situaciones. Los pueblos indígenas que se encuentran en situación de Alta vulnerabilidad en nuestro país, aún no cuentan con ninguna política oficial, profesionalmente competente y decidida, para empezar siquiera a dar soluciones a los urgentes problemas de sobrevivencia y de defensa de los derechos humanos más elementales de aquellos compatriotas que hasta ahora son considerados como “salvajes”, bolivianos de segunda o tercera categoría, a pesar de que las mismas entidades internacionales que controlan el desarrollo económico del país –y por ende el pensamiento neoliberal de los gobiernos de turno- como son el Banco Mundial o el BID, han donado cientos de miles de dólares para que los distintos gobiernos intervengan contra esta inhumana e inaceptable (aún para esas entidades) situación en pleno siglo XX . Nada significativo se ha logrado hasta ahora. Respecto de la situación de los pueblos indígenas en Aislamiento voluntario, se están produciendo a nivel internacional, esta vez desde entidades de la sociedad civil y el apoyo de algunos gobiernos, diferentes eventos que tienden a desembocar en la creación de una Alianza Internacional para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados, de pronta constitución. Los países en los que se encuentran pueblos indígenas aislados (es importante el apunte de Brackelaire, de que el concepto de “aislamiento” es muy relativo, ya que la sociedad moderna está hoy tan cerca que amenaza realmente su sobrevivencia) son: Brasil, Colombia, Ecuador Perú y Bolivia de la Cuenca Amazónica, y Paraguay y Bolivia del Gran Chaco, países todos que han ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es dolorosamente irónico que, como lo dice el autor citado, numerosas especies animales en vías de extinción son mejor protegidas gracias a la Convención CITES sobre especies amenazadas, que los últimos pueblos desconocidos del planeta, con sociedades, tipos de saber, lenguas y culturas que pueden ser extintos antes de ser conocidos, como muchos desaparecieron estos últimos cinco siglos, y probablemente todavía estos últimos años. Este ha sido el convencimiento en la realización del Primer Encuentro Internacional sobre Pueblos Indígenas de la Amazonía y del Gran Chaco en Belem do Pará (Brasil), que emitió el 11 de noviembre de 2005 la “Declaración de Belem sobre los Pueblos Indígenas Aislados”, en la que con sabia precisión y contundencia, bajo 15 Considerandos, se plantean 14 Demandas y Exigencias a los gobiernos de los países involucrados, que ya consisten en la base para el diseño de políticas de investigación, acercamiento y solución a la multiplicidad de campos que entraña la existencia de seres humanos prácticamente segregados por las sociedades nacionales (por parte de Bolivia asistieron al evento el antropólogo Bernd Fischermann y Arturo Villanueva del Defensor del Pueblo). Finalmente, repetimos que los documentos internacionales fundamentales, que deben ser tomados como referencia constante para asumir definitivamente este desafío (pues se trata de desafío ético y profesional, tanto como humano) son: Declaración Universal de los Derechos del Humanos (1948); Convenio sobre Prevención y Sanción del Genocidio (1948); Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO (2001); Convención de París sobre Protección del Patrimonio Intangible (2003); Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río, 1992); la Resolución 3056 sobre Pueblos Indígenas que viven en Aislamiento Voluntario en la Región Amazónica y el Chaco de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UINC, dada en Bangkok, Tailandia, 2004); Recomendación (Párrafo 73) sobre Pueblos Indígenas Aislados adoptada en la 4ª Sesión del Foro Permanente de la ONU (2005); Propuesta del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estado Americanos (OEA), Guatemala(2005). www.EcoPortal.net (1) -De Vries, Aldert. Territorios Indígenas en las Tierras Bajas. CIDOB, SNV, Santa Cruz, 1998. (2) -Guerrero Peñaranda, Ramiro . Huacareta: Tierra, territorio y libertad. Fundación Tierra, La Paz, 2005. (3) -Brackelaire, Vincent (Sociólogo-antropólogo- Río de Janeiro, vibra@alternex.com.br) . “Pueblos indígenas no contactados de Bolivia, un tesoro cultural sin protección”. Febrero, 2006.

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