Por Olmedo Carrasquilla II
En Panamá en los últimos meses ha escalado a nivel de los movimientos sociales la movilización de campesinos e indígenas amenazados con proyectos energéticos, mineros, y de turismo de mercado unidos a iniciativas territoriales. Urge ademas la necesidad de regular el crecimiento descontrolado en la metrópolis donde a diario sufren desde la salud del transeúnte hasta la seguridad de los animales , en donde no existe un ordenamiento que vele bajo un solo régimen de operación el suministro de agua y sus deficiencias, el problema el tratamiento de la basura y un proceso ordenado de reciclaje, el tráfico masivo de autos y el mal estado de las vías.
El escenario global y sus diversas manifestaciones de índole socioeconómica han repercutido desfavorablemente en el desarrollo y la preservación de las culturas y espacios ambientales de Latinoamérica, donde Panamá forma parte de los países en riesgo por la aplicación de políticas de intervención y explotación bajo la dinámica del mercado depredador.
Profundizar las prácticas de desarrollo sostenible no es más que la fehaciente amenaza de la producción autóctona, donde son arrancados de los espacios verdes por políticas de preservación. Dichas políticas no son más que el inventario de las distintas especies con gran riqueza genética y lucrativa que va en contra del grado de identidad ecológica que representa para Panamá. Brevemente es necesario edificar, a paso ancho, una estructura jurídica que vaya en la aplicación de ordenanzas de conservación y productividad equilibrada, integrada desde la participación ciudadana a la cual llamaría desarrollo sustentable.
Sin perder el desarrollo urbano, urge en materia jurídica la necesidad de regular el crecimiento descontrolado con que a diario sufre el entorno, desde la salud del transeúnte hasta la seguridad de los animales en la metrópolis, en donde no existe un ordenamiento que vele bajo un solo régimen de operación el suministro de agua y sus deficiencias, el problema el tratamiento de la basura y un proceso ordenado de reciclaje, el tráfico masivo de autos y el mal estado de las vías.
Estos preceptos y al igual que los conflictos rurales debido a concesiones de carácter impositivo y lucrativo nos lleva a realizar esfuerzos dirigidos a la elaboración de una Ley Ambiental íntegra, de carácter sustentable, solidaria y participativa.
Conflicto energético
En Panamá en los últimos meses ha escalado a nivel de los movimientos sociales la movilización de campesinos e indígenas amenazados con proyectos energéticos, mineros, y de turismo de mercado unidos a iniciativas territoriales.
Algunas de estas movilizaciones contaron con la participación de más de 800 indígenas de la Emplanada de Corcha, quienes sufren las amenazas de las actividades mineras e hidroeléctricas. Comunidad que además de sufrir las yagas de la pobreza extrema y exclusión social, son actualmente hostigadas por dichos proyectos que pone en riesgo sus tierras comarcales y cultura.
Al igual que estas manifestaciones de carácter multitudinario, los moradores del Río Gariché, Dolega, Paso Canoa y Tabasará han demostrados su descontento.
Estos acontecimientos han puesto en alerta a otras comunidades que viven en ricas tierras y aguas, como es el caso de la Red de Desarrollo Integral compuesta por más de 20 comunidades que viven a orillas de los Río Liri y San Pablo en Veraguas. De estas luchas comunitarias se ha logrado que la Autoridad de los Servicio Públicos (ASEP) haya podido revisar los Estudio de Impacto Ambiental (EIA), desaprobando algunas solicitudes de concesiones.
En Villa Alondra en Puerto Pilón, provincia de Colón los moradores cierran constantemente la carretera que conduce a Portobelo porque se sienten amenazados por proyecto de generación de energía a través de termoeléctricas. La comunidad exige que se suspendan inmediatamente los movimientos de tierra que se realizan actualmente. La misma será afectada por el auge termoeléctrico, así como la comunidad de Buena Vista por el megaproyecto de petroquímico Centro Energético de las Américas que se asentará en las costas colonenses, a escasos kilómetros de las comunidades de Pilón y María Chiquita.
En ese mismo orden energético la empresa francesa Suez Energy Central América está desarrollando en Panamá tres proyectos energéticos con una capacidad instalada de 500 megavatios con una inversión de US$650 millones. Con el funcionamiento de los proyectos Cativá en Colón, la reconversión a carbón de la planta de Bahía Las Minas y la Hidroeléctrica Suez en Gualaca, Chiriquí, se prevé que esta compañía energética tenga una presencia en el mercado panameño del 25 a 30%.
En el mismo jaque del mercado se encuentra ENDESA-IBERDROLA, unión de empresas españolas, participan en la construcción del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), que tras una aportación de US$ 45.8 millones, coordinará y administrará la empresa propietaria de la red, e inaugura su presencia por primera vez en Centro América detrás de SIEPAC y que la comarca Kuna Yala se verá afectada con esta interconexión entre Colombia y Panamá. Igualmente este proyecto se encuadra en el Plan Puebla-Panamá, con una estrategia de desarrollo regional auspiciada por el Banco Mundial y que impulsará el negocio de las multinacionales de la energía que operan en la región, como UNION FENOSA, ENDESA-IBERDROLA que controla 110 empresas de energía eléctrica en muchos países de América Latina y el Caribe.
Sin descuidar otras regiones citamos la región de Bonyic, en Bocas del Toro, donde grupos armados ingresaron con el fin de intimidar y amenazar a las comunidades que se oponen al proyecto hidroeléctrico que lleva su nombre. Este grupo armado es respaldado por la empresa Medellín con antecedentes criminales.
También existen otras comunidades en resistencia como la Mata Redonda, La Pedregosa, Guayabo, La Catalina, La Campana y Las Palmas cabecera, en Veraguas, que de manera libre y con responsabilidad organizada se integraron como red de desarrollo integral comunitaria, con el objetivo de promover y buscar las alternativas para lograr el bienestar de miles de familias. Fue formado para defender las aguas del Río Liri, también las tierras y la vida silvestre ante la posible construcción de un proyecto hidroeléctrico en la región.
La misma situación que viven estas comunidades la vemos también en el Ciruelar del Río Santa María, con los campesinos que viven a orillas del Río Gatú y Cobre en Veraguas, La Concepción, Las Palmas, Charco La Pava, Plan de Chorcha y Caizán en Chiriquí, en donde se dan movilizaciones de centenares de indígenas y campesinos denunciando y rechazando todo proyecto que atente contra los derechos humanos, su identidad y la naturaleza.
Por los ríos, las comunidades y el agua se dio del 18 al 22 de septiembre de 2008 en Bonyic, Territorio Naso, Bocas del Toro, el III FONACOR o Foro Nacional Antirepresas. Espacio de articulación, aprendizaje compartido, construcción de alternativas y coordinación de acciones, en desarrollo de una ciudadanía integral a través del ejercicio democrático y participativo de la responsabilidad social sobre los problemas colectivos, orientado por principios de respeto a la diversidad, solidaridad y justicia social. Este fue el escenario en donde convergieron comunidades en resistencia y organizaciones internacionales.
Conflicto territorial
(Playas y costas)
Tapón del Darién (Panamá y Colombia) ya se han hecho denuncias en rechazo a las declaraciones del gobierno colombiano, a través del consejero presidencial colombiano para la Competitividad, Fabio Valencia Cossio, en reclamo a la terminación de la Carretera Panamericana, detenida hace dos décadas en el Tapón del Darién, en la frontera con Panamá, como prioridad dentro del proyecto integracionista del Plan Puebla-Panamá (PPP) para el año 2010.
De igual modo el presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de Panamá, Martín Torrijos, acordaron acelerar el proyecto de interconexión eléctrica en el marco de la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que se realizó en México.
Pero en el II Encuentro Binacional en Madugandí, que fue del 15 al 18 de septiembre de 2008, el Pueblo Kuna Dule se expresó y reafirmó que son originarios de Abya Yala y declaran que se resisten a la imposición de los estados y las políticas integracionistas, a la producción por monocultivos y a la invasión de sus territorios.
En ese mismo territorio 279 mil hectáreas serán destruidas con autorización del gobierno panameño por la compañía Harken Limited, propiedad de la familia del presidente George W. Bush y subsidiaria del grupo Global Energy Development. Pretende extraer petróleo en Darién y para ello explorará durante 25 años el área, según lo estipula el contrato firmado entre el ex ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, y el representante legal de Harken de Panamá Limited, Stephen Gulwell Voss. Documento que ya apareció en la Gaceta Oficial el 10 de marzo del presente año.
Isla Viveros, Taboguilla, Isla Cébaco y el Archipiélago de las Perlas son amenazadas en todas las dimensiones por la extracción de arena submarina. Extracción que se ejecuta sin un plan regulador que ordene el tipo de actividades. También el auge inmobiliario en el interior del país, sin medir las consecuencias y el valor de la tierra, más allá que por el sentido lucrativo en la ventas de islas y producto de leyes de beneficio a la promoción de proyectos inmobiliarios como la de los intereses preferenciales, permisos de construcción y operación.
Sobre ese mismo punto apunta el mercado inmobiliario del turismo, cuando va destruyendo mangles y humedales para las edificaciones como es el caso en San Carlos con la empresa Desarrollo Turístico, propiedad de Gabriel Diez, ministro de Vivienda. Producto de este desarrollo a Charro Espino, tío del presidente Martín Torrijos, se le abre causa criminal por delito ecológico. El fallo de segunda instancia consideró que Espino había causado un daño ecológico irreversible a una zona costera ubicada en Punta Chame, al deforestarla para construir un proyecto turístico.
Otro caso costero es el Parque Coiba, en donde se dio la Derogación del artículo 11 de la Ley 44 de julio de 2004, mejor conocida como Ley de Coiba, para favorecer a los atuneros. El artículo en mención creaba una zona de exclusión en el pacífico panameño, en la que se prohíbe la utilización de redes de cerco para la pesca de atún, toda vez que afectan especies marinas como peces de pico, delfines, cetáceos, tortugas y otras.
Pero también se han dado logros como el momento en que Ocean Embassy desistió, según la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), de la construcción de un delfinario en San Carlos. Ante esta noticia podemos manifestar que el esfuerzo de organizaciones ambientales y sociedad civil, fue rotunda.
Sobre el entorno ecológico citamos el caso de la Asociación de Indígenas y Campesinos Unidos de Veraguas (ACIUV), que realizaron el miércoles 9 de julio en la Capilla de San José de San Francisco de la Montaña, la consulta y rechazo a la concesión otorgada por ANAM para la extracción de pino por parte de la empresa colombiana Maderas Inmunizadas de Panamá, S.A. (MADERIMPA). Situación que pone en riesgo a comunidades que desde hace 30 años han desarrollado sus tierras como una forma de subsistencia ante la plaza de trabajo que ofrece la empresa. Cuestión que pone en duda y desconfianza el espíritu legal del contrato.
Entre otros casos está la construcción de un proyecto eólico por la empresa Santa Fe Energy en el Parque Nacional Santa Fé, que es el detonante de grupos ambientalistas, que afirman que será construido en un área protegida y en un lugar distinto al que se indica en el estudio de impacto ambiental aprobado por la ANAM. De acuerdo con el estudio de impacto ambiental, se construirá en Cerro Tute y Cerro Delgadito, pero el mapa de ubicación que adjuntó la empresa en ese mismo estudio señala que el proyecto se desarrollará en el Cerro Cabeza de Toro. La preocupación radica en que, según el mapa, se está eligiendo al Cerro Cabeza de Toro para desarrollar el proyecto y esta es una zona boscosa. La empresa necesita unos 25 kilómetros cuadrados para la infraestructura del parque eólico. Esto incluye, entre otras cosas, la construcción de una carretera que comunicará las 40 torres aerogeneradoras.
Conflicto minero
En el ámbito minero, la generadora de energía colombiana ISAGEN acordó iniciar los estudios de factibilidad para un proyecto que atendería las necesidades eléctricas de las concesiones mineras de la compañía Petaquilla en Panamá. De llegar a concretarse el proyecto se atendería parcial o totalmente las necesidades de las concesiones canadiense Petaquilla Cooper. Con esto se permitiría comercializar los potenciales excedentes de energía en el mercado eléctrico de Panamá y Centroamérica.
Pero recientemente la empresa Minera Petaquilla perdió ante la Corte Suprema de Justicia, la cual declaró legales los artículos 3, 4, 5 y 6 del Decreto No. 209 del 5 de septiembre de 2006, que habían sido demandados por la empresa por considerarlos ilegales dentro del proceso administrativo que le sigue la ANAM. El decreto establece sanciones para las empresas que empiezan actividades o proyectos sin tener aprobado un estudio de impacto ambiental.
Sin dejar otras debilidades para el estado panameño, ahora los canadienses pagaron US$44.9 millones para deshacerse de sus socios panameños. El estado no recibió un solo centésimo, a pesar de ser el dueño de las tierras que serán explotadas. El grupo de empresarios panameños dentro de Minera Petaquilla, liderado por Richard Fifer, recibió US$44 millones 920 mil por traspasar el 26% de sus acciones en el proyecto de cobre a la empresa Minera Panamá, cuyos dueños son las empresas canadienses Inmet y Teckcominco. Fueron 20 millones 418 mil 565 acciones compradas a US$2.20 cada una.
Los canadienses ahora tratan de desvincularse de quienes fueran sus socios panameños y como parte de ese proceso anunciaron el cambio de nombre de Minera Petaquilla a Minera Panamá, de la cual Inmet ahora tiene el 76% y Teckcominco es dueño del otro 26%.
Otras comunidades en resistencia son Cañazas, Guaribiria y Cerro Pelado, las cuales se oponen a proyectos de minería, debido a la forma en que las empresas han realizo actividades a diestra y siniestra violando derechos humanos y toda norma legal en territorio nacional y comarcal.
Pero otro de los casos es que el Mici dio luz verde a la exploración de manganeso y otros minerales metálicos, no especificados, dentro del Parque Nacional Chagres. Se trata de mil 597 hectáreas que el Mici le da en concesión a la empresa Minera Cañazas en los corregimientos de Nombre de Dios y Viento Frío en la provincia de Colón. La mayor parte de la concesión está ubicada dentro del parque, cuyos bosques producen poco más del 40% del agua que requiere el Canal de Panamá para su funcionamiento, y también proporcionan el agua potable que se consume en las ciudades de Panamá y Colón, según información de la Autoridad Nacional del Ambiente.
Más de 76 mil hectáreas en Soná y Las Palmas se están tramitando, en la Dirección Nacional de Recursos Minerales a solicitud de Oro Gold de Panamá, S.A. También existe una empresa llamada Aurífera El Sol, S.A., que tiene una solicitud para exploración de oro en 24,700 hectáreas en Bahía Honda, Río Grande, Guarumal y Cativé, que fue rechazada por el Mici, pero que la empresa presentó un recurso de reconsideración para ver si la autoridad cambia de opinión.
Ante esta situación, indígenas y campesinos se unen al establecer el Primer Encuentro Antiminero en Panamá, el cual surge de la necesidad de integrar y promover alternativas ante dicha amenaza. Por ende, la apertura de este espacio facilita la convergencia de ideas y tareas para edificar una plataforma de lucha y desarrollo comunitario, la cual fundan la plataforma de lucha RED ANTIMINERA PANAMEÑA (REDAP) contra las concesiones para explorar y explotar minería a cielo abierto en territorio panameño. Este encuentro fue realizado en Cañazas de Veraguas el sábado 6 de septiembre con la participación de más de 12 comunidades en resistencia y organizaciones de acompañamiento. De igual manera una de las primeras acciones se dio el martes 23 de septiembre ante una reunión de consorcios mineros en el Miramar, en Avenida Balboa, ciudad de Panamá.
Problema Urbano
Entre los conflictos urbanos esta la Ley 29 del 2 de junio de 2008, que sancionó el presidente Martín Torrijos, que incluye un artículo que se ha diseñado exclusivamente para legalizar todas las acciones ilegales que hasta el momento ha realizado el Ministerio de Vivienda, referentes a las áreas revertidas del Canal. Este artículo indica que se legaliza de forma retroactiva todo lo hecho a partir de 1997, cuando se publicó la Ley de Ciudad Jardín. Para permitir la construcción de altos edificios de apartamentos de lujo, en donde no se podía construir nada, y les ha dado a estos edificios de lujo el carácter de “interés social” .
Al igual que la Cinta Costera, en donde residentes y dueños de inmuebles del área de Calidonia, Avenida Balboa y la Vía Justo Arosemena se oponen al pago de una tasa de valorización, para sufragar el costo de la obra, según el Ministro de Obras Pública, Benjamín Colamarco. Cada vez surgen más inconvenientes para los ciudadanos y el ambiente. En torno al agua, el Tribunal Latinoamericano del Agua el 8 al 12 de septiembre, realizó una audiencia en Guatemala ante el estado panameño en materia de agua. El primer caso que se llevo a audiencia es: Proyectos Hidroeléctricos sobre los ríos Bonyic y Changuinola, Bosque Protector Palo Seco / Parque Internacional La Amistad en la provincia de Bocas del Toro, específicamente las comunidades Naso de Bonyic y Ngöbe de Charco La Pava.
Esta denuncia fue presentada por las organizaciones Alianza Naso, Asociación para la Conservación de la Naturaleza y la Cultura Ngöbe, Alianza para la Conservación y el Desarrollo y Asociación para la Conservación de la Biosfera. En oposición a esta demanda estuvo el Gobierno de Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Empresa de Servicios Públicos de Medellín y la empresa AES.
El segundo caso fue presentado por organizaciones civiles que es: Panamá Ley de Concesión para el aprovechamiento del agua en Panamá. Territorios de las comarcas indígenas panameñas: Ngöbe-Buglé, Madungandí, Kuna Yala, Wargandi y Emberá-Wounaan. Esta demanda fue interpuesta por Consumo Ético y Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP). En oposición a la demanda estuvo la Autoridad Nacional del Ambiente y la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional.
Ampliación del Canal
Aún no se ha establecido una plataforma de información que con veracidad que garantice el buen uso de los fondos vertidos en las operaciones de la ampliación del Canal. Todo un delirio que en la opinión pública no convence sobre la información que divulga el gobierno nacional con las autoridades del Canal de Panamá (ACP).
Sin embargo, sí hay informes de la devastación de gran parte de la vegetación ubicadas a orillas de la gran zanja, y que pertenecen a grandes parques verdes como Chagres y otras reservas que representan yacimientos de investigaciones, y por supuesto el hábitat de especies migratorias, que por el corte histórico quedaron en Panamá.
En conclusión, podemos manifestar que el movimiento rural como ecológico de Panamá ha cogido fuerza y movilización debido al mercado depredador de cómo el gobierno implementa como una necesidad nacional, como fue la movilización de indígenas y campesinos el 20 de marzo, en donde por más de 25 días realizaron un plantón en el parque Catedral frente al Palacio Presidencial.
Este año se dio también el Primer Foro Socio Ambiental con la participación de distintas delegaciones del país con conflictos socio-ambientales y expertos nacionales e internacionales. Dicho evento dentro de la modalidad de ambiente y sociedad tuvo como objetivo impulsar todo esfuerzo de lucha y alternativa ante las concesiones de exploración y explotación energética, mineral, turismo desbocado y petróleo en territorio nacional. Esto se dio el sábado 7 y domingo 8 de junio en Veraguas.
De igual manera se dio la Primera Marcha Verde el 28 de junio en ciudad de David, unas 2,000 personas marcharon entre organizaciones ambientales, sociales y delegados nacionales para protestar por el auge que ha tomado en los últimos tiempos las ofensivas de empresas y el estado en el desarrollo de proyectos depredadores como las decenas de proyectos hidroeléctricos. Una de las primeras marchas masivas en defensa de nuestros recursos naturales. www.ecoportal.net
Olmedo Carrasquilla II – Ecologista Social
Fuentes
Diario La Prensa
Oilwatch Mesoamérica
Asociación Ambiental de Chiriquí
Frente Unido en Defensa del Ecosistema (FUDECO)
Asociación para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
Ministerio de Comercio e Industria (MICI)
Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP)
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Comunidades afectadas y en resistencia.