Por Bertha Dimas Huacuz
Los recurrentes eventos de violencia, secuestros y ejecuciones, y no solamente conflictos agrarios al seno de comunidades rurales vecinas, con lamentables pérdidas de vidas humanas, nos obligan a reflexionar sobre las condiciones de vida y seguridad tanto en las ciudades y centros económicos principales como en las zonas rurales e indígenas más empobrecidas de nuestro estado de México.
Vivimos en un mundo inhumano, plagado de conflictos y zonas de desastre que irrumpen en la escena día tras día. Principalmente en el hemisferio sur del globo terráqueo, pequeñas y grandes catástrofes naturales y crisis locales y regionales se multiplican por intereses geopolíticos y económicos; por acciones injustificadas de genocidio y “limpieza étnica”; por cacicazgos y el control de territorios y las fuentes estratégicas de recursos naturales, así como por las desigualdades sociales y económicas existentes. Estas situaciones que ocurren en otras latitudes, se presentan también en México, e incluso en Michoacán, con ejemplos vergonzosos de matanzas de campesinos e indígenas, expulsión forzada de familias y despojo de sus tierras, conflictos derivados de la explotación ilegal del bosque por terratenientes, y “focos rojos” ancestrales de linderos de propiedades y de tenencia comunal.
I. Ingobernabilidad y violencia en Michoacán
Los recurrentes eventos de violencia, secuestros y ejecuciones, y no solamente conflictos agrarios al seno de comunidades rurales vecinas, con lamentables pérdidas de vidas humanas, nos obligan a reflexionar sobre las condiciones de vida y seguridad tanto en las ciudades y centros económicos principales (La Piedad, Morelia, Uruapan) como en las zonas rurales e indígenas más empobrecidas de nuestro estado. Estos hechos violentos, invariablemente con despliegue de armas largas, son clara demostración de una severa falta de gobernabilidad y no solamente de control efectivo del orden. Las estadísticas de los ejecutados en lo que va del año, ya sea que hayan ocurrido en lugares remotos o a la vuelta de la esquina de nuestros vecindarios, son ya motivo de seria preocupación.
Es conveniente dejar claramente asentado que los conflictos de Michoacán no son privativos de la Meseta P’urépecha ni necesariamente resultado de la intransigencia o falta de civilidad de los habitantes de las comunidades indígenas. En este mismo sentido, las riquezas forestales de Michoacán no se encuentran amenazadas por las hachas y machetes de campesinos y comuneros que derriban árboles, de uno en uno, para cubrir sus propias necesidades. La amenaza constante es de las sierras eléctricas de las bandas organizadas que sistemáticamente saquean el bosque en complicidad con algunas autoridades municipales, estatales y federales, las cuales operan equipadas con vehículos todo-terreno, teléfonos celulares y armas de alto poder.
La ausencia de “gobernabilidad” en Michoacán no debemos entenderla solamente como un resultado de conflictos aislados sin mayor importancia y eventos fuera del control de los entes gubernamentales, como se argumenta y pretende justificarse acerca de la presencia del crimen organizado en territorios michoacanos. Por el contrario, los tristes hechos de Cherán Átsikurhin en los últimos días, que sucedieron a la demostración de firmeza y valentía de las mujeres de la Meseta en contra de los talamontes que asedian la región, nos obligan a replantear elementos que consideramos son clave para el bienestar de nuestras comunidades, empezando por las acciones necesarias para que terminen los conflictos por las disputas de tierras comunales –utilizando la negociación y el derecho– y aplicando más la buena práctica que las académicas teorías sobre el desarrollo que manejan asesores que desconocen el estado en que se encuentra la entidad.
Todo planteamiento debe poner en correcta perspectiva la realidad de Michoacán, con respecto del lento y errático ritmo de su desarrollo (uno de los más bajos del país, en función de los índices sociales, económicos, educativos y de salud). Destaca, entre ellos, la extensa ubicuidad del fenómeno migrante, el cual inicialmente era rural, indígena y campesino, mas ahora es ya también urbano e incluye asimismo a personas con estudios superiores.
Estamos además convencidos de que para evitar la violencia, las muertes y los encarcelamientos de jóvenes y gente inocente, se deben tomar en cuenta las convivencialidades inherentes y naturales de las poblaciones rurales e indígenas, y sus elementos comunitarios intrínsecos de unidad, riesgo compartido y resolución colectiva de problemas, y nunca jamás las intervenciones policíacas y militares.
II. Principios y Propósitos de la Gobernabilidad
La falta de gobernabalidad en nuestro estado es de origen por la limitada comprensión de la función misma del buen gobernar en su sentido más amplio. La ingobernabilidad va más allá de las funciones específicas de administración que no son ejecutadas con la transparencia, efectividad y probidad como debería ser, ya sean estas relativas a la formulación de planes y programas de desarrollo o a la asignación de presupuestos y su ejecución. Pero incluso en estas funciones, y por lo que corresponde a las comunidades indígenas, es generalizado el reclamo por la ausencia de atención personal del C. Gobernador, aunque aun así sin garantía, como se demuestra por los múltiples pendientes sin solución.
La gobernabilidad, por definición, comprende las tradiciones, instituciones y procesos que determinan la manera en que el poder es ejercitado, la forma en que los ciudadanos pueden expresar sus voces, y el modo en que las decisiones son tomadas y ejecutadas, en la práctica, acerca de los asuntos de interés público. Gobernabilidad no es un sinónimo de gobierno; ni los problemas de política pública (que son intrínsecos a esta condición) son sólo de preocupación o responsabilidad gubernamental, sino de todos los actores sociales, entre los cuales el gobierno es uno de los tantos participantes. Y servir es la obligación del gobernante.
Uno de los principios clave de la buena gobernabilidad consiste en la libre determinación, expresada de manera material en la autonomía; y ésta en la territorialidad político-administrativa. Aquí, sencillamente, se aplica el principio básico de la administración pública de que lo local es y debe ser manejable por los que ahí habitan. Esto es relevante tanto para ciudades grandes y municipios importantes, como para la más pequeña unidad administrativa, como sería el caso de una jefatura de tenencia. Y un entendimiento separado y análisis completo, merecen los asuntos de la gestión de los territorios y de los recursos naturales, principalmente por lo que se refiere a las regiones y comunidades pobres y marginadas con bosques bajo tenencia comunal.
Cabe aquí mencionar la falta de sensibilidad y la precaria planeación regional que se ejerce en Michoacán, en tanto que se ha negado sistemáticamente cualquier discusión seria por parte del Legislativo y del Ejecutivo sobre la importancia de la creación de nuevos municipios que se requieren en regiones específicas para, así, activar las economías regionales y la consolidación de la gobernabilidad local comunal.
III. Autonomía Indígena y Gobernabilidad Comunal
Respetar el concepto de municipio indígena autónomo es uno de los pendientes principales para la gobernabilidad de los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán. Y junto con éste, entre los asuntos fundamentales pendientes de respuesta satisfactoria, se incluyen además: el reconocimiento a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades; la garantía de la tenencia, uso y usufructo comunal de los recursos naturales; y la integración de nuestras poblaciones a las vertientes principales de la vida económica y social del país, en condiciones de respeto e igualdad.
Debemos, en consecuencia, apoyar el re-establecimiento de estructuras organizacionales, auténticamente representativas, como sería el caso de un “consejo autónomo de representantes de bienes comunales”. Estas estructuras nos hacen falta. Ayudarían a poner en práctica la autogestión colectiva de los territorios y recursos patrimoniales de nuestras comunidades y cimentar las bases de una nueva economía rural.
Es por estas razones que se debe dar paso, como parte de las acciones de La Otra Campaña y de la organización independiente de las autoridades comunales, al ejercicio de autonomías regionales y comunales plurales y diversas. Estas autonomías – de hecho– son condiciones necesarias para la creación de estructuras institucionales auténticamente representativas en nuestros territorios, las cuales permitan el ejercicio de pluralismos político-administrativos para una verdadera gobernabilidad económica, social, medioambiental, y no sólo para una simbólica representación interna, ostentación protocolar de bastones de mando y procuración menor de justicia.
Esta nueva gobernabilidad se fundamenta en nuestra percepción milenaria de la vida y la sociedad, en los instrumentos y maneras de ejercer nuestros recursos colectivos: propiedad comunal de tierras, territorios y patrimonio cultural; asambleas comunales y de barrio; cumplimiento de cargos y responsabilidades sociales; ejercicio extendido de relaciones sociales y familiares, entre otros.
Se debe pugnar, por lo tanto, por la integración de un nuevo y consistente tercer nivel de gobierno que represente, ante las instituciones e instancias exteriores, los intereses de nuestras comunidades. Este nivel gubernamental consistiría en –y estaría delimitado por: (i) la agregación territorial de zonas geográficas con población predominantemente indígena; (ii) la suma organizacional de comunidades individuales (colindantes o separadas); y (iii) el ejercicio de las funciones de un nuevo tipo de “municipio”, regido y organizado bajo esquemas comunales de representación.
Esto daría lugar al ejercicio, no solamente de facto sino también de derecho, de una jurisdicción indígena –inédita en el contexto de las promesas de políticos y gobernantes (incluyendo a los candidatos en campaña por la presidencia de la República)–, la cual comprendería las áreas claves para la auténtica gobernabilidad comunal: organización comunal interna, salud pública y medio ambiental, educación y servicios sociales, procuración de justicia, desarrollo económico y gestión de los bienes de todos, y comunicación y patrimonio cultural.
Las acciones enlistadas, en su conjunto, serían componentes de un proceso tendiente a la reconstitución del pueblo Purhépecha y de los otros pueblos indígenas de Michoacán. En suma, la autonomía indígena es una condición esencial e imprescindible para poder materializar un nuevo pacto social Estado-pueblos indios, pero en condiciones de respeto, igualdad y dignidad.
IV. Jimbánerani Uinhápikua –
Razones y Aspiraciones del Zapatismo Indígena en Michoacán
Es el tiempo de la definición de nuevos rumbos para el autentico bienestar de las comunidades urbanas, rurales e indígenas de México y Michoacán. Es la hora de construir la “obra negra” de aquellas estructuras institucionales indispensables para la organización auténticamente representativa de nuestras comunidades.
Es el momento de abandonar la actitud del “pliego petitorio” y de denunciar las componendas. El tiempo de dejar de ser objeto de consulta, asistencia y atención; y de exigir ser tratados como sujetos de juicio y de derecho. El tiempo del rechazo a las lisonjas y a los pequeños premios por nuestra obediencia, por agachar la cabeza, por hacer la reverencia…Es el momento de caminar unidos con la cabeza erguida, con firmeza, honra y decoro.
La Otra Campaña es ante todo una manera diferente de ver y entender las cosas, máteru jásï erátsekua .Es a la vez un llamado –con el tañido de nuestras propias campanas locales y regionales– a la autonomía de espacio, territorio, pensamiento y acción. Es por la construcción de una comunidad de comunidades, y en defensa de los derechos territoriales, comunales y humanos de sus habitantes. Es de apoyo solidario a la biodiversidad y la diversidad cultural de los Mazahua, Nahua, Otomí y P’urépecha, y de los demás pueblos indígenas de nuestro país.
La Otra Campaña es para acabar con el México de los milagros, de las especulaciones y de las promesas incumplidas; para erradicar de una vez por todas, la manipulación, la mediatización y la compra de inconformidades. Es para desterrar la arrogancia de los anuncios espectaculares y las lonas publicitarias de mercadotecnia gubernamental; todas ellas constituyen una afrenta insensible ante la pobreza de miles de familias del campo y de la ciudad, y un insulto al buen juicio de la ciudadanía.
La Otra Campaña es una iniciativa de nuevas prácticas políticas sin trucos ni efectos especiales; de reflexión y debates acústicos, sonoros, en la busca de las respuestas que se merecen los reclamos de nuestros jóvenes y las quejas de la gente humilde de nuestros pueblos.
La Otra Campaña es para darle forma y contenido al zapatismo indígena del siglo 21, el de la recuperación definitiva de nuestros bosques y territorios. Es para hablar en plural y en nuestra lengua. Para el florecimiento de la sabiduría comunal y compartida. Para caminar serenamente y sin angustia por las calles y veredas de nuestros barrios y comunidades.
La Otra Campaña es para que nuestros hijos se atrevan a conocer de cerca el horizonte. Para que sean ellos los autores de su propio futuro. Sin mitologías. Para construir una nueva, emancipada y justa nación. ¡Májku xanhárani juchari uinhápikua jimbó! www.EcoPortal.net
Barrio de San Pedro Urhepati, Santa Fe de la Laguna, Michoacán, a 15 de marzo de 2006.
* De origen P’urhépecha, la autora es médica, especialista en salud pública, y comunera de Santa Fe de la Laguna. Recibió el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2004 y 2005.- LA JORNADA MICHOACÁN – Las fotografías pertenecen al reportaje gráfico disponible en: http://www.xiranhua.com/afotos/talamontes.htm