Pueblos Indígenas

El Proyecto Hidrológico Boruca y los Indígenas

En la discusión sobre el Proyecto Hidroeléctrico Boruca es necesario dar a conocer algunas informaciones de base y plantear algunas interrogantes que ayuden al país y a los distintos actores involucrados a tomar las decisiones correctas.

Por Carlos Borge

En la discusión sobre el Proyecto Hidroeléctrico Boruca es necesario dar a conocer algunas informaciones de base y plantear algunas interrogantes que ayuden al país y a los distintos actores involucrados a tomar las decisiones correctas.

El llamado Proyecto Hidroeléctrico Boruca, aún no existe. Hasta el momento se han propuesto seis esquemas alternativos, que van desde el más pequeño con una elevación de la cota del embalse a 160 msnm, una altura de presa de 133 metros, un embalse de 57 KM2, un costo de 847 millones de dólares y una potencia instalada de 596 MW; hasta el más grande, con una elevación de 250 msnm, una presa de 220 metros, un embalse de 181 KM2, un costo de 1.826 millones de dólares y una potencia instalada de 1124 MW.

Todos los esquemas tienen en común la construcción de la presa en Cajón (dos sitios propuestos), será de concreto compactado con rodillo (RCC), tendrá un embalse, la casa de máquinas estará al pie de la presa en la margen izquierda y a ella el agua será llevada por un túnel de 800 metros de longitud.

Desde hace años hay una discusión técnica sobre el sitio de presa. Algunos expertos opinan que existe la posibilidad que el proyecto no se pueda hacer por las eventuales fugas de agua que habrían como consecuencia de la sismisidad del lugar y por las formaciones cársticas que se disuelven al contacto con el agua.

La cuenca alta y media del río General está altamente deforestada y erosionada. Hay que estudiar los costos de enmiendas en que debería de incurrir el ICE para restaurar esa zona y su relación con la vida útil del embalse. Hay posibilidades que los sedimentos colmaten el embalse en muy poco tiempo si no se toman las medidas necesarias.

Cualquiera de los esquemas propuestos inunda el pueblo indígena Yimba o Rey Curré (aproximadamente 100 viviendas) y afecta directa o indirectamente a otros siete territorios indígenas. También será necesario cambiar la ruta de la Carretera Panamericana.

En los costos estimados de los esquemas propuestos no se incluyen los ambientales, es decir los costos monetarios por prevenir, mitigar o compensar los impactos negativos y por potenciar los impactos positivos. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) aún no se ha realizado.

Los pueblos indígenas tienen protegidos sus derechos por la Constitución de la República, por la Ley Indígena y por el Convenio Internacional 169. Dichas legislaciones obligan a que se les consulte, que ellos acepten voluntariamente y sin presiones el proyecto, y a que se les restituya con equivalencia los bienes materiales y espirituales que perderán con la construcción de la obra.

Hasta ahora, los pueblos indígenas no han sido formalmente consultados por el ICE y no han dado aprobación alguna al proyecto. La consulta exige información sobre el proyecto y el ICE nunca ha entregado una descripción técnica del proyecto. Los potenciales entes financieros de este tipo de proyectos cuentan con directrices operativas muy estrictas con respeto a la protección de los derechos indígenas, la consulta y participación ciudadana, la protección de sitios arqueológicos, los traslados de población y la afectación a humedales.

Las siguientes son sólo algunas de las interrogantes e inquietudes que es necesario discutir para estudiar las posibilidades de explotación hidroeléctrica en la cuenca del Río Térraba:

¿Necesita realmente nuestro país la construcción de alguna de las propuestas de generación eléctrica para la Cuenca del Térraba?

La respuesta podría ser dada en términos de composición de la demanda actual y futura, de los planes de ahorro energético, de las posibilidades de producción de energía por medio de otros proyectos hidroeléctricos u otras fuentes y de la necesidad de mejorar la oferta (situación tecnológica de las compañías que distribuyen energía eléctrica como las cooperativas, JASEC y la ESPH).

¿Están ligadas estas propuestas al diseño de un modelo de desarrollo nacional? ¿Existe ese modelo?

La envergadura de este proyecto, en cualquiera de sus versiones, debería estar engarzada y respondiendo a un modelo político de desarrollo en el país.

¿Está el mercado centroamericano bien estructurado y desarrollado para comprarnos tales flujos de electricidad?

Un altísimo número de hogares de Centroamérica no cuentan con servicio de electricidad y están muy distantes de contar con dicho servicio. Es necesario estudiar a profundidad dicho mercado, antes de afirmar que ellos comprarán la electricidad que se produciría.

¿Tienen capacidad de pago y de qué forma nos pagarán?

Importantísimo punto de partida. En cualquier negocio lo primero que nos preguntamos es si nuestros potenciales clientes tienen como pagarnos.

¿Quién nos prestará el dinero, y bajo que condiciones políticas y financieras?

Los montos de financiamiento presupuestados no son tan frecuentes en nuestro endeudamiento externo. Es preciso estimar el riesgo político y financiero de aumentar la deuda. Si se decidiera que los costos ambientales se pagan de nuestros recursos fiscales, entonces aumentaría la deuda interna.

¿Habrá entes financieros reconocidos y sólidos que presten dinero para un proyecto que afecta poblaciones indígenas, sitios arqueológicos y humedales?

En principio las directrices operativas de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Banco Japonés de Desarrollo, niegan tal posibilidad adportas. Esta situación ha recrudecido luego del informe del año pasado del Comité Mundial de Grandes Represas que llama a los organismos internacionales a no financiar grandes proyectos como Boruca.

¿Cuáles serán los costos socioambientales y a quién se le imputarán?

Es importante establecer desde el inicio si esos costos irán a las cuentas generales del Estado, a las corporativas del ICE o a las del proyecto. De cualquier manera, deben ponderarse a la hora de establecer los cálculos costo/beneficio.

¿Cuáles serían los costos de oportunidad de hacer o dejar de hacer el proyecto y de asumir los costos socioambientales?

Se calcula que sólo el trabajo de prospección arqueológica -sin trabajo de rescate- costará un millón de dólares. También serán muy altos los costos de pago de tierra y traslado de poblaciones.

¿Está el ICE preparado tecnológica y científicamente para asumir el reto de la construcción de un megaproyecto controlando los impactos ambientales negativos?

Cuando se construyó Arenal no existían los requerimientos ambientales actuales y los proyectos que el ICE ha construido posteriormente han sido pequeños. La experiencia de lo que pasó ambientalmente en Arenal no ha sido estudiada ni sistematizada como bagaje institucional.

¿De qué forma se insertará el proyecto en la dinámica de la economía regional?

La crítica de fondo de empresas como Electrobras de Brasil o el Comité Mundial de Represas es que estos proyectos no son pertinentes al desarrollo local y que en su conjunto, implican más maleficios que beneficios. Afirman los expertos de Electrobras que los proyectos tienen un potencial de desarrollo regional no explotado, debido a la ceguera de los proyectistas de producir energía eléctrica al menor costo.

¿Cuál será la participación de los pueblos indígenas en el proceso de discusión técnica, económica y política del proyecto en sus fases de factibilidad, diseño y construcción?

Los indígenas son los dueños de una parte de las tierras que serán inundadas y de algunos de los sitios que se usarán para extraer materiales y para depositar escombros. También son propietarios de bosques que garantizan agua de alta calidad, principal medio productivo de un proyecto hidroeléctrico.

¿Quiénes serán los testigos, los mediadores y los garantes del proceso de diálogo y negociación entre el ICE y los indígenas?

Los pueblos indígenas, el resto de los ciudadanos y los organismos internacionales que velan por los derechos indígenas debemos garantizar un debido proceso.

¿Quién pagará los costos de defensa de sus derechos?

Desde hace un tiempo ellos vienen incurriendo en gastos para defenderse. Éstos serán cada vez mayores.

¿Cuál será la participación de los pueblos indígenas en las ganancias netas del proyecto?

Una forma justa de hacer bien este proyecto, y tal vez la única forma de hacerlo, es haciéndolos socios.

¿Requieren las obras asociadas Evaluaciones de Impacto Ambiental?

Este proyecto lleva asociado obras mayores como el traslado de aproximadamente 60 kilómetros de Carretera Panamericana (un gran proyecto en sí), la construcción de una red vial para los trabajos del proyecto y para reconectar pueblos, la explotación de tajos, los sitios de depósito de escombros, los inmensos campamentos de trabajadores, las nuevas urbanizaciones para reasentar poblaciones, los acueductos y la construcción de la línea de transmisión que transportará la electricidad hacia los centros de carga.

¿Quiénes manejarán el proyecto? ¿tienen la formación holística para manejar un proyecto multivariable y multicomponente?

El proyecto conlleva componentes propios de un megaproyecto que tienen una gran complejidad como las obras civiles, la gestión financiera, la gestión ambiental, la gestión política, además, de los relacionados con las obras mencionadas en el punto anterior. Con el agravante que el proyecto se encuentra en un contexto en que intervienen variables muy complicadas como la indígena, la arqueológica, los humedales, las relaciones internacionales con Panamá, la desordenada tenencia de la tierra (no indígenas con fincas en tierras indígenas y fincas sin catastro ni escritura) y sobre todo, en medio de un dramático e histórico conflicto racial.

Para mayor información: Centro para el Desarrollo Indígena (CEDIN)
Apartado Postal: 30-8100 Buenos Aires, Puntarenas, Costa Rica.
Telefax: (506) 730-0516 / Teléfono Móvil: 367-4336.
http://www.cedin.iwarp.com

* Por Carlos Borge
Antropólogo
ggmaroto@racsa.co.cr

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