Pueblos Indígenas

La irresponsabilidad social de Aguas Araucanía

El tratamiento de aguas servidas en la región de la Araucanía es un problema grave. De hecho el promedio nacional de cobertura de tratamiento asciende al 81% de las aguas servidas, mientras que en esta zona del país alcanza sólo al 15%, quedando esta como una de las más atrasadas del país.

Por Matias Meza

El tratamiento de aguas servidas en la región de la Araucanía es un problema grave. De hecho el promedio nacional de cobertura de tratamiento asciende al 81% de las aguas servidas, mientras que en esta zona del país alcanza sólo al 15%, quedando esta como una de las más atrasadas del país.

Aguas Araucanía y la Irresponsabilidad Social de la Empresa: sus métodos en territorio mapuche

Plantas de tratamiento de Aguas Servidas: ¿remedio peor que la enfermedad?

El tratamiento de aguas servidas en la región de la Araucanía es un problema grave. De hecho el promedio nacional de cobertura de tratamiento asciende al 81% de las aguas servidas, mientras que en esta zona del país alcanza sólo al 15%, quedando esta como una de las más atrasadas del país. El restante 85% se vierte si directamente en lagos, ríos y costas de la región amenazando la salud de las personas, el desarrollo de la agricultura y la biodiversidad.


En este contexto fue que la empresa empresa Aguas Araucanía S.A., controlada por el grupo Solari, ganó la licitación para llevar a cabo el programa de saneamiento de aguas servidas 2005-2006 en la región [1] , que contempla la instalación de 17 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS). Pese a la evidente necesidad de revertir esta situación, la empresa se ha encontrado con la fuerte oposición de organizaciones sociales y mapuche. Estas han denunciado que las plantas que se están instalando son primarias y químicamente asistidas, por lo que son altamente contaminantes [2] . Además la Corte Suprema falló un recurso de protección constatando la ilegalidad en que ha incurrido la empresa a la hora de ingresar los proyectos al sistema de impacto ambiental, ya que ha negado la existencia de comunidades humanas cercanas a las PTAS para así evitar la participación ciudadana y eventuales medidas de mitigación [3] . Incluso CONADI, organismo gubernamental encargado de proteger a las comunidades indígenas, ha cometido gruesos errores al afirmar la inexistencia de comunidades aledañas a los proyectos de Botrolhue (Temuco) y Nueva Toltén (Colico) o el hecho de haber sido las comunidades consultadas previamente (Lonquimay). Por otra parte se ha evidenciado el racismo subyacente en la ubicación de las Plantas, ya que la totalidad de estas están proyectadas se encuentra en territorio mapuche y nada se les ha consultado a estas, volándose así los derechos internacionalmente reconocidos a los Pueblos Indígenas [4] .

Ilegalidad e inconsticionalidad en Nueva Toltén

Ahora revisaremos el caso de la Comunidad Mapuche Eugenio Cienfuegos, ubicada en el sector de Colli Ko, comuna de Nueva Toltén, donde la empresa ha instalado una nueva PTAS violando flagrantemente el principio de la buena fe, la legalidad y los derechos colectivos de la comunidad aludida como así mismo los derechos individuales de sus miembros.

La comunidad Eugenio Cienfuegos es particularmente pobre. Originalmente era poseedora de unas 800 hectáreas pero hoy sus miembros deben subsistir en menos de 50, debido a las usurpaciones de que han sido objeto en el último siglo. Ubicados a 1 kilómetro de nueva Toltén, la comunidad carece de agua potable. Cuando a mediados del 2005 comenzaron ciertos trabajos en la comunidad todos pensaron que finalmente el alcalde estaba cumpliendo su promesa recientemente reafirmada de darles acceso a esta. Tiempo después apareció un cartel que anunciaba la construcción en el lugar de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para la Araucanía La Comunidad comenzó a pedir explicaciones. Averiguaron que este tipo de construcciones requerían de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya que al estar tan cerca de comunidades humanas podían ser peligrosas. Además el EIA implicaba que se les consultara y compensaran los daños que la obra ocasionare. Cuando pidieron información a COREMA, esta señaló que el estudio no se llevó a cabo porque la empresa había señalado en declaración jurada que no existían comunidades aledañas al sector en que se pretendía construir la PTAS. Incluso CONADI había afirmado que allí no existían ninguna comunidad indígena. O sea el organismo estatal encargado de promover el desarrollo integral de las comunidades indígenas decía que ellos no existían. De esta manera la empresa, al igual que en los casos de Putúe y Temuco, vulneró descaradamente el principio de buena fe que rige el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental consagrado en la ley 19300, para así sortear la participación ciudadana y eventuales medidas de mitigación y compensación.

Toda esta situación es aun más grave cuando se constata que la PTAS está ubicada en plena Ngillatuhue o cancha de Nguillatun, lugar sagrado en que las comunidades mapuche realizan sus principales ceremonias espirituales y rituales y que no puede destinarse para un uso distinto que aquel. Este tipo de territorios está protegido por la ley indígena, tanto por su carácter de tierra indígena inalienable, como por su carácter culturalmente valioso [5] . De esta manera la empresa violenta profundamente la espiritualidad de la comunidad y pone en duda incluso la supervivencia de su especificidad cultural violando su derecho constitucional a la libertad de culto.

Todo esto motivo a que la misma CONADI interpusiera un recurso de protección en favor de la comunidad, similar al interpuesto a favor de la comunidad de Putúe en Villarrica. Hoy esperan que la causa sea vista y acogida por la Corte de Apelaciones de Temuco.

El problema de la impunidad o la prepotencia sin límites

Las irregularidades no se limitan a las ya descritas que han sido distintivas del actuar de Aguas Araucanía en la Región. Van más allá y continúan. Aquí veremos dos situaciones que aquejan a familias que colindan con la Planta.

Doña Eliana Márquez acusa a Aguas Araucanía de aprovecharse sin pudor de la indefensión de los comuneros por su carácter de mapuche y su pobreza. Ella vive en un sitio que apenas le alcanza para solventar sus gastos, cuestión que poco le importó a la empresa que hace ya unos construyó un camino de ripio que va desde la Planta a la carretera instalando al mismo tiempo un cerco de madera y alambre de púa en sus tierras. Según doña Eliana, la construcción nunca le fue consultada. Además durante esta le tumbaron sus árboles leñeros y destruyeron una zanja que ella tenía para evacuar las aguas invernales, la cual sólo reconstruyeron parcialmente dejándola inutilizable y llena de árboles caídos (foto 2). Doña Eliana exigió una explicación a la empresa la cual le ofreció hacerle una nueva zanja y pagarle 500 mil pesos en especie de indemnización por los árboles pero sin retirarlos. Sin embargo, dicho acuerdo no se ha cumplido. No se ha pagado lo pactado y sólo se hizo una zanja de aproximadamente 50 metros que no tiene desagüe al río boldo. Además le obstruyeron el paso hacia el pueblo, indispensable en época invernal. Junto con todo esto, en la mitad del camino hicieron un hoyo y le instalaron una tapa del alcantarillado. Hace pocos días atrás instalaron unas mangueras en el agujero del camino con las que extrajeron agua de calidad y procedencia desconocida, inundando su terreno [6] .


La señora Eliana siente una gran impotencia ante los abusos de Aguas Araucanía. “Se aprovechan solo porque a uno la ven pobre y sin marido”, señala.

Otra situación de abuso sufre Doña Juana Penchulef, dueña de un pequeño sitio en la comunidad. Ella celebró un contrato de arrendamiento sobre su casa habitación con la Constructora Pérez-Castro, subcontratista de Aguas Araucanía, para utilizarla como oficina. Doña Juana solicitó expresamente que esto constara en el contrato ya que usaba su pequeño sitio como chacra. El contrato era por 4 meses hasta el 12 de enero, sin embargo la empresa funcionó continuamente en el lugar hasta el 11 de febrero y con posterioridad en forma irregular. Hasta la fecha la empresa no ha pagado los dos últimos meses de arriendo, ni mucho menos el mes extra que utilizó las dependencias. Agravando la situación, la empresa usó y sigue utilizado el terreno como un recinto de entrada y salida de camiones, grúas y otros vehículos pesados causando una gran cantidad de daños como ripio, árboles destrozados, escombros y huellas de camiones. En terreno pudimos comprobar que hasta el día de hoy, 22 de febrero, el recinto seguía siendo ocupado y los materiales no habían sido retirados (foto 1). Además la empresa destruyó el acceso al río, que antes del arriendo era una playa y ahora es casi vertical. Resulta evidente que esto se llevó a cabo para instalar el desagüe de la PTAS, que este está justo al lado del límite del terreno. Las aguas químicamente tratadas se descargarán en la que fuera la playa de la familia de doña Juana, desconocemos la composición de estas. Además fue destruido un pozo de agua (noria), que la empresa en compensación trato de reconstruir, pero que quedó inconcluso, constituyéndose en un verdadero peligro para los 4 hijos de doña Juana.

Actualmente la comunidad ya ha sufrido malos olores provenientes de la PTAS. La respuesta de la Empresa fue acorde con la actitud que ya la ha hecho famosa en la región: ¿cómo sabe que los olores provienen de la Planta? Doña Rosa Penchulef, presidenta de la comunidad, tiene una nueva preocupación. La PTAS está ubicada justo en el sitio donde corren usualmente las abundantes aguas lluvia-invernales. Temen que este año la nueva construcción cause estragos en los sitios vecinos.

¿Qué dirá Aguas Araucanía si esto sucede? A estas alturas podemos imaginarlo.

Este caso deja en evidencia la cara oscura de la modernización en Chile. Constatamos que ni siquiera se respeta la exigua legislación ambiental ni la insuficiente ley indígena. Para qué hablar de la normativa internacional. Sin embargo las comunidades están comenzando a reunirse, asesorarse y alisarse entre sí y con los sectores organizados de la sociedad civil chilena para hacer valer sus derechos. De esta manera comienza a vislumbrarse un futuro distinto, con un desarrollo sustentable que respete los derechos de las personas, de los Pueblos Indígenas y el medio ambiente. www.EcoPortal.net

* Por Matías Meza-Lopehandía G.
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

[1
]
El grupo Solari, uno de los más poderosos del país, adquirió a mediados del 2004, la concesión por 30 años de la administración de empresa sanitaria estatal de la Araucanía (ESSAR) ahora denominada Aguas Araucanía. De esta manera se hizo cargo del suministro de agua potable y de la recolección y tratamiento de aguas servidas de la Región por unos 64 millones de dólares. Hasta el momento, este grupo económico se ha adjudicado concesiones estatales por largos plazos en algunas regiones de Chile con cientos de miles de clientes y decenas de miles de millones por ventas anuales, consolidándose como uno de los grupos más importantes y poderosos en este sector. (SEGUEL, Alfredo, De nuevo el racismo ambiental: Aguas servidas en la Araucanía. Consultado en línea http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=133, el 23 de febrero de 2006.)
[2
]
SEGUEL, Alfredo, Aguas servidas: las plantas que vienen en tierras Mapuche, consultado en línea http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=245, 14 de febrero de 2006.
[3
]
Comunidad mapuche Pedro Ancalef y otros contra Aguas Araucanía.
[4
]
Incluso la Ley Indígena 19253 vigente en el país, establece en su artículo 34 el derecho a la consulta previa que asiste a los indígenas en los asuntos que afecten sus intereses.
[5
]
Art. 12, 13 y 19 de la Ley 19253
[6
]
Similar situación aconteció en la comunidad de Huacha Huenulaf en Temuco con la misma empresa. Actualmente existe una querella por daños.

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