Por OPIZ
Como turistas, venimos a disfrutar lo lindo de Oaxaca: a ver la Guelaguetza, a disfrutar del zócalo, admirar las bellas artesanías indígenas. Pero Oaxaca tiene otra cara, la cara trágica de la brutalidad y represión contra los pueblos indígenas. La historia de Loxicha o el por que han estado acampando las mujeres en el zócalo por mas de 4 años.
Como turistas, venimos a disfrutar lo lindo de Oaxaca: a ver la Guelaguetza, a disfrutar del zócalo, admirar las bellas artesanías indígenas. Pero Oaxaca tiene otra cara, la cara trágica de la brutalidad y represión contra los pueblos indígenas.
La historia de Loxicha o el por que han estado acampando las mujeres en el zócalo por mas de 4 años
Loxicha es una región rural y montañosa al sudeste de Oaxaca donde viven 35.000 indígenas zapotecas.
• El 80% de la población no cuenta con servicios básicos como educación elemental o agua potable.
• Sólo 7 de las 32 comunidades cuentan con servicio de energía eléctrica.
• La única clínica médica se encuentra en la cabecera municipal a unas 8 o 12 horas de las comunidades de la región
Documento base de Loxicha
1. Introducción :
La región Loxicha es un pueblo zapoteco de las altas montañas (entre 600 y 2200 metros sobre el nivel del mar) de la Sierra Sur del Estado de Oaxaca, en el distrito de Pochutla, la cual está conformada por 6 agencias y 27 comunidades como son: Magdalena, Loma Bonita, Chilapa, La Sirena Miramar y San Agustín, entre otras. Dicha micro región contaba, hasta antes de la represión, con una población de más de 35.000 habitantes, ahora, después que muchos indígenas tuvieron que huir para no ser asesinados o para buscar un trabajo no es posible tener un dato preciso y cierto.
La comunidad más cercana a la Cabecera Municipal está a una hora y media del camino, la más alejada entre 8 y 12 horas. El único camino que une a los pueblos con la capital del estado es la carretera que va de la ciudad de Oaxaca hasta Pochutla, para tomar la terracería a partir de la ranchería El Manzanal, camino de herradura que el mismo pueblo ha construido. Las viviendas, hechas de tejamanil y zacate con piso de tierra, no garantizan librar los fríos que se vuelven más duros durante diciembre y enero; sólo en estos últimos años, con la llegada del ejército federal, para facilitar los operativos, se empezaron a construir carreteras y llevar electricidad hacia los pueblos más aislados del sur de la región.
La lengua que hablamos es el zapoteco, heredado de los abuelos Xiches, de los cuales no olvidamos tampoco los usos y costumbres en la elección de las Autoridades Municipales, el servicio a la iglesia, la organización del trabajo para beneficio de toda la comunidad, llamado Tequio.
2. La fundación de San Agustín Loxicha:
Los primeros pobladores de San Agustín Loxicha, venían de San Agustín Mixtepec, Miahuatlán, Oaxaca en el año de 1665; por un descontento que se dio entre el mismo pueblo, hizo que tomaran la decisión: un grupo de hombres, mujeres y niños emigraron hacia el poniente llevándose la imagen más grande del Santo Patrón San Agustín y dejando la chica a los que se quedaron.
Tuvieron que caminar mucho tiempo hasta encontrar el lugar, de acuerdo a su creencia, donde sembrar maíz: si nacían todas las milpas ese era el lugar bueno para establecerse, si no, se iban para otro, así iban buscando hasta llegar al cerro en que actualmente vive la familia del Señor Serapio Almaráz.
Le pusieron el nombre de Loo-Mxhiiss, el "Lugar de los Tejones", porque en ese tiempo había muchos de estos animales, así que los pobladores tenían que cuidar en las noches su milpa si no en una sola noche los tejones se acababan toda las mazorcas.
Después de un tiempo se vieron en la necesidad de hacer su panteón, lugar en donde actualmente se encuentra la iglesia, la cancha, el mercado y el palacio municipal.
Luego, los españoles decidieron cambiar el nombre del lugar porque para ellos se oía muy feo. Así, por el hecho de que los pobladores ya sembraban piñas y daban muy buenas cosechas, se acordó que el nuevo nombre fuera oficialmente Loxicha, en zapoteco Loo-xhiss, "Lugar de las Piñas".
Pasaron más de un centenar de años, las autoridades del pueblo originario, San Agustín Mixtepec, investigaron el paradero de la imagen del santo patrón y fueron por ella hasta Loxicha, donde la encontraron dejando en cambio la otra imagen más pequeña, que hoy existe todavía en la sacristía de la iglesia de San Agustín Loxicha.
Según los cuentos de nuestro abuelos, al principio, en esta tierra todo era montañas vírgenes, había tigres, leones, venados, jabalíes, comadrejas, armadillos, iguanas, conejos, tlacuaches, chupamiel (mpshim), perro de agua (mquit), martha (mick), puerco espin (mbhes beel), chachalaca (nghax), guacamaya (mbhou) y otros animales más; en los ríos había camarón o chacal, cangrejo, rana, pescado, mojarra, trucha; la flora también era muy rica, en algunas partes tenemos todavía ocote, encino, caoba y cedro. Pero si nadie se preocupa por impedir la indiscriminada caza de animales, la explotación y la tala de nuestros árboles, bosques y ocotes que nos quedan todavía, a este ritmo dentro de pocos años nuestra fauna y flora desaparecerán, nuestros preciados manantiales también se secarán. Cada uno tenemos la obligación de conservar lo que la naturaleza nos proporcionó.
3. Antes de la revolución del 1910 hasta los años 40
A lo largo de muchos años, desde los tiempos de la conquista, basándose en engaños, agresiones y asesinatos, se ha despojado a los nativos de sus tierras. Este es el caso de Loxicha: antes los españoles, después los mestizos como por ejemplo Mauro Jiménez, que en los primeros años de 1900 se autonombró jefe y defensor del pueblo.
En realidad él robaba, mataba y violaba, colgaba a sus víctimas para que entregaran sus cosas, quemaba las casas, denunciaba a las autoridades municipales inocentes, luego mandaba comisiones para ir a detenerlos y los presentaba al pueblo como los más viles ladrones.
El asunto cambió con la revolución del 1910. Para combatir a los Carrancistas, que venían causando muchos males al pueblo, surgieron en la región grupos armados de campesinos zapatistas. Sus jefes políticos eran Don Gaudencio Ambrosio, Don Prudencio Antonio y Don Serafín Antonio Felipe.
A Don Gaudencio, hombre muy querido y estimado por el pueblo, con su aspecto muy rígido y sus miradas muy penetrantes, sus bigotes y barbas que lo parecían a Don Emiliano Zapata, recurrían inmediatamente las autoridades si se sentían incompetentes para resolver problemas de las comunidades; a veces bastaba su presencia y de su gente para dar solución. Si los problemas eran más graves, él los tomaba bajo su responsabilidad, mandaba una comisión a traer a los culpables y nunca había malicia en sus acciones. Era muy recto, en los días de fiestas él se ponía adelante con su gente para que no entrara gente mala al pueblo y así todo transcurría tranquilamente.
Los zapatistas se encargaban de resguardar el orden y la tranquilidad pública. Así estuvo el pueblo bajo sus responsabilidad hasta los años cuarenta.
4. Caciques, pistoleros y resistencia:
Los caciques
Ya en los años treinta llegaron del Distrito de Sola de Vega, "Los Vásquez", encabezados por Aristeo Vásquez, para establecerse en la cabecera municipal y en Chilapa.
En los años cuarenta, otras personas que venían de fuera, de Coatecas Altas en Ejutla de Crespo, se establecieron en San Francisco Loxicha, agencia municipal de San Agustín. Aquí encabezados por Manuel Martínez y su hermano Antonio, fundaron el grupo de "Los Martínez".
Estas familias, a poco a poco, empezaron a despojar a los campesinos de sus terrenos, sus cafetales, casas, pertenencias, hasta llegar a tomar también el poder político. Los habitantes fueron explotados con el acaparamiento de sus productos, principalmente café, maíz y frijol a un precio muy bajo. El método de la explotación empieza haciendo un préstamo de dinero sobre cosecha como dar mercancía sobre cosecha con un alto porcentaje hasta el 30% de interés mensual. Una deuda que después de ocho meses, a la nueva cosecha, ya no es posible pagar, obligando el campesino a vender sus pertenencias, su casa y su tierra al cacique. En esta manera el cacique pasará a hacerse dueño de otro rancho, el campesino, tendrá que volverse jornalero o emigrar a la ciudad en busca de trabajo.
En la década de los cincuenta ya la presencia del caciquismo en Loxicha se volvió sofocante también a nivel político: las autoridades municipales, cuando ya son nombradas del pueblo, son llamadas unos días antes de recibir el cargo a domicilios particulares de los caciques con el objetivo de sobornarlos, si se dejan; al contrario son amenazados.
Durante ese tiempo, en las asambleas generales del pueblo apenas asistían menos de cien ciudadanos, cuando en un pueblo de 25.000 habitantes por lo menos 6.000 ciudadanos tienen derecho de opinar y tomar decisiones. Además si alguien tomaba la palabra, inmediatamente lo callaban de manera grosera: "Los campesinos pobres no pueden hablar, nomás vienen a comprar chiles y cebollas en los días de plaza, no tienen derecho de opinar".
El fenómeno del caciquismo pudo nacer, fortalecerse e imponer su ley, la "ley del libre mercado" que explota a los pobres para enriquecer una vez más a los ricos, gracias a la pobreza, la falta de recursos y apoyo que afecta el campo en Loxicha, en Oaxaca y en el País. Aprovechando el aislamiento económico en el cual viven las comunidades indígenas, el cacique necesita solamente esperar un año de carestía para poner bajo su poder a los campesinos con la trampa del préstamo, reduciéndolos de pequeños propietarios a jornaleros, esclavos a su servicio. Todo esto no es fruto de casualidad, sino de planeadas decisiones económicas y políticas, de un modelo que sigue los intereses de unos pocos en lugar de la mayoría del pueblo.
Los pistoleros
Y con la presencia de los caciques no tardaron a formarse "grupos de pistoleros".
Nuestra vida cambió radicalmente. Ya no podían dejar la casa sola porque entraban y robaban todas las pertenencias, no podían dejar las cosechas sin vigilar en el campo, también en la noche, dejar el ganado, hasta las aves de corral, porque se las robaban; cuando se llevaba café, maíz, frijoles a vender los asaltaban en el camino, cuando ya sabían que habían vendido sus productos los amenazaban y si no les daban el dinero los asesinaban.
Las hijas no podían caminar solas porque las violaban, las mujeres no podían vivir solas porque eran ultrajadas; no podían asistir a las fiestas donde hay baile porque se las llevaban a punta de cañón para aprovecharse de ellas, las hijas de los campesinos eran "casadas" a fuerza con los hijos de pistoleros. Si a las muchachas y a sus padres no les agradaba esta situación, al oponerse eran asesinados.
El pistolero intervenía en cualquier conflicto que surgía; fuera agrario, familiar u otros. Iba a ambos lados a pedir dinero y donde le ofrecían más se quedaba y el que daba menos se moría. En los festejos sociales y religiosos el pueblo tenía temor porque sabía que los pistoleros aprovechaban la fiesta para asesinar a la gente que ya traían en su lista; a parte de eso, la gente tenía temor porque rebasaban a las autoridades municipales, eran atendidos de las mejores cosas de la fiesta como comida, licores, bailar con las mujeres más jóvenes, meterse a la cocina a pedir lo que querían, luciendo sus armas al público. El pueblo no podía hacer nada, porque era desarmado y amenazado de muerte.
A partir de la década de los 70 hasta la fecha, los pistoleros han tenido asolado y bajo zozobra al pueblo de Loxicha, para los habitantes fueron un obstáculo para el desarrollo de la región, un cáncer que afecta todos los aspectos de la vida del pueblo. Hoy la realidad es que esos lacras de la sociedad son aliados de las autoridades judiciales para encarcelar, asesinar, desaparecer y perseguir al pueblo.
La resistencia
En los años 70 los legítimos nativos se dieron cuenta que estaban siendo sometidos bajo el dominio de los fuereños, la misma situación hizo que se vieran en la necesidad de organizarse para que ya no siguieran siendo explotados y despojados de sus propiedades, motivo por el cual hubo reacción de los explotadores. "Los Martínez" principalmente, empezaron asesinando a los líderes de los nativos, llegaron pues a masacrar familias enteras. El conflicto armado duró más de diez años, causando cientos de muertos. En San Francisco Loxicha, antes de la "guerra interétnica", había más de 2.000 habitantes, hoy existen 400 sobrevivientes, principalmente en los ranchos, el centro de la población es pura ruina. Más de 150 entre hombres, mujeres, niños fueron asesinados, otros encarcelados y los demás emigraron a las ciudades. Los criminales de tantas masacres fueron obligados a salir del pueblo, aunque desde fuera entraban todavía con el objetivo de exterminar a los nativos que para resistir se internaron a la sierra.
Se tiene conocimiento que al principio del 1998, con el apoyo de autoridades gubernamentales y de la policía judicial, retornaron los criminales al pueblo de San Francisco Loxicha.
En el 1982 llegó en la región también Antorcha Campesina, organización que sirve como grupo de choque al Partido Revolucionario Institucional (PRI), ofreciendo tiendas CONASUPO a las comunidades, se detectó su presencia principalmente en la agencia de policía de Copalita Loxicha, en San Vicente Yogondoy, San Bartolomé Loxicha, San Agustín y Santa Cruz de la Flores. En los años posteriores abarcaron a otras comunidades; así fueron penetrando en la región, formando grupos paramilitares, sembrando marihuana, mal aconsejando a los indígenas de no cooperar económicamente, no prestar servicios, no dar tequio para su población contra la ley de pueblo.
5. El nuevo palacio municipal:
En el año de 1984 logramos elegir democráticamente por mayoría de los ciudadanos nuestro Presidente Municipal. Fue nombrado el ciudadano Alberto Antonio Antonio.
Cuando, como de costumbre, fue llamado por los caciques a la casa de Camerino Almaraz, Alberto Antonio no se presentó.
En la primera quincena de enero, en una reunión extraordinaria de cabildo, se presentó un plan de trabajo: primer punto la construcción del nuevo municipio, el viejo, según la versión del pueblo tenía ya más de cien años. Segundo punto, por falta de terreno, derribar el viejo mercado y construir otro en la planta baja del nuevo edificio. Se deliberó también, que el pueblo cooperaría económica y materialmente y con tequio, porque "si pensamos en el gobierno jamás lo tendremos". Los puntos fueron aprobados unánimemente por el cabildo, sin discusión alguna porque fueron tomados como propuestas necesarias; respecto la cooperación económica cada contribuyente colaborará con 10.000 pesos.
Pero no faltaban orejas que únicamente estaban pendientes de lo que se hablaba en la presidencia para sabotear el proyecto, así, ya a la siete de la noche del mismo día, un grupo de comerciantes encabezado por Abel García Vázquez, cacique número uno, se dirigió al presidente para oponerse a lo que se deliberó diciendo que "Ustedes están tratando de desalojarnos del mercado". Aunque el presidente respondió que estaba disponible a dialogar con calma y buscar una solución, los caciques se retiraron con gran descontento.
Desde este momento trataron de obstaculizar la construcción en cualquier forma, con mentiras y delaciones. De pronto, el día siguiente, viajaron a la ciudad de Oaxaca para buscar apoyo y denunciar al Presidente y Cabildo ante el Secretario de Gobierno. Pero la deliberación del cabildo, aprobada por mayoría, no tenía nada ilegal, nada fuera de la ley, así, en la cuarta asamblea general que se celebró el primer domingo de abril con la participación de unos mil quinientos ciudadanos, se dio a conocer, entre aplausos y gritos de júbilos, el triunfo que obtuvieron las autoridades respeto al amparo promovido por los comerciantes-caciques.
En esa misma asamblea, a estos últimos, se les dieron 72 horas para que desalojaran el mercado recordándoles que si no lo hacían dentro del plazo establecido, nadie se hacía responsable de sus mercancías. Además se acordó que el miércoles sucesivo corresponderán a cada ciudadano dos días de tequio para derribar el mercado.
Todos manifestaron una sola voz, "¡Sí estamos de acuerdo!".
Así los comerciantes-caciques, desde la siete de la noche del mismo día, empezaron a desalojar el mercado acabando al amanecer. El miércoles temprano, como estaba acordado, ya estaban presentes muchos ciudadanos para trabajar: una tarea de piedra y un poste cada dos personas y después de 15 días el trabajo de ampliación ya se terminó.
El 6 de mayo se hizo el trazo de medición de terreno, el 8 se bendijo la primera piedra para la construcción de obras, el 10 se empezó con el cimiento del mercado; la mujeres cocinaban y preparaban para los albañiles café con pan en la mañana, caldo de res al almuerzo y en la tarde, con la comida, también refrescos, todos colaboraban en armonía.
El trabajo siguió avanzando paulatinamente sin detener en ningún momento la construcción, los enemigos buscaban por todos medios la forma de parar la obra, al contrario el maestro de obras metía más trabajadores en la construcción, más material llegaba, más ciudadanos llevaban espontáneamente su cooperación económica y física, cada día más personas apoyaban moralmente porque se estaba viendo la realidad, o sea que las mejores obras se realicen usando el arma que se llama "unidad del pueblo", la honestidad y la honradez. Las autoridades y los ciudadanos estaban juntos en el mismo compromiso.
En semana santa se hizo el primer baile organizado por la autoridad municipal a beneficio de la construcción se cobraban 20 pesos para la entrada. Los Martínez, en la noche, no tardaron a entrar con sus pistolas en el cinturón, para matar a un señor, su ultima víctima establecida, pero esta vez no fue como siempre, esta vez el pueblo logró defenderse: fueron desarmados y después encarcelados.
Al principio de Abril del 1986, nos pasamos al nuevo Palacio Municipal con tanto orgullo.
Pero las amenazas de los caciques no se acabaron. Intentaron dos veces emboscar al Presidente, se fueron a su casa, lo amenazaron hasta que en el mes de agosto tuvo que salirse del pueblo; luego, cuando la presidencia ya estaba cerrada, se fueron a emboscar a nuestros compañeros de cabildo en El Manzanal asesinando a siete personas, por último pasaron, en más de treinta, a las casas de Álvaro Sebastián Ramírez, de los padres del ex presidente, de sus hermanos, balacearon, abrieron las puertas, destruyeron todas sus pertenencias, tanto que también su familia tuvo que dejar el pueblo.
6. Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ):
En ese mismo 84, terminando los trabajos de la ampliación del terreno, se le citó a todos los agentes de policía rural, a los representantes municipales, a los comités de la asociación de los padres de familia para una reunión extraordinaria. Frente a la asamblea, el presidente Alberto Antonio tomó la palabra para decir:
"De las cuatro asambleas generales realizadas se observó detenidamente que cada reunión iba en aumento, más y más ciudadanos estaban interesados en el problema y pedían de manera consciente formar un pueblo más unido, un pueblo más fuerte, capaz de defender sus intereses y protestar en contra de las injusticias que se cometen. Este pueblo ha venido creciendo en el total abandono, marginación, arraigado en el analfabetismo, en la ignorancia y en la pobreza extrema; en nuestro pueblo se impone la ley de los caciques, lo que ellos dicen se hace y no lo que el pueblo dice; los pistoleros asesinan a sangre fría como cualquier animal y todo ha quedado en la total impunidad sin que nadie se ha preocupado para hacer frente a todo esto. Nosotros somos lo que vamos a decidir, si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer".
Todos los presentes escuchamos con suma atención y la respuesta fue por unanimidad que se forme una Organización Democrática e Independiente, para estar más unidos, todos, mujeres, hombres, jóvenes y niños, para tener vínculos con otras organizaciones democráticas e independientes. Luego se procedió a redactar el acta correspondiente y se quedó que en una fecha próxima, en un lapso de tres meses, se constituirá oficialmente la organización y se buscará un nombre. El pueblo preparó diferentes números, los maestros de las escuelas se encargaron de preparar sus alumnos para presentar poesías y bailables.
Jóvenes y adultos tuvieron discursos, duetos con sus guitarras, cantando canciones rancheras y corridos; señores tocaron sus melodías con los violines, eso sucedió el 29 de julio de 1984. Asistieron maestros, alumnos, mujeres, hombres de todas las comunidades; se procedió llevar a cabo el acto cívico y cultural para que después se descubriera en una cartulina el nombre de la organización: Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas (OPIZ).
7. La represión:
Después de Alberto Antonio, asumieron el poder como presidente municipal, Donaciano Valencia Juárez (87-89), Cirilo López Mendoza (90-92), Melesio Martínez Almaráz (93-95), hasta Agustín Luna Valencia.
Este último, únicamente un año estuvo en el poder. Al igual con los demás ciudadanos que integraron el cabildo municipal, caciques y pistoleros aprovecharon para involucrarlos con el Ejército Popular Revolucionario(EPR).
Antecedentes de la represión:
En 1978 los habitantes de San Agustín Loxicha expulsaron a los caciques que tenían sometida a la comunidad a base de pistoleros y el control del poder económico y político municipal. Los campesinos se veían obligados a trabajar por un salario mínimo en las tierras de los caciques sobre todo las familias Martínez, Vásquez, Almaraz, García y Santiago, llegadas en los años 50 a la región. Estas familias poseían tiendas de abarrotes donde los campesinos se endeudaban. Cuando ya no podían pagar a los terratenientes, ofrecían a cambio sus tierras. Como una forma de evitar un mayor empobrecimiento, la población del municipio de San Agustín se comenzó a organizar y a rescatar las formas de vida colectiva, que derivó en la formación de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ).
Esta organización se enfrentó a los pistoleros de los terratenientes que mantenían el control del municipio y lograron la partida de la mayoría de los caciques en la agencia de San Francisco, ya cuestionados por una buena parte de los habitantes. Comenzó a partir de esta fecha un proceso en el cual la población retomó el control del poder político municipal.
En 1984 el pueblo de San Agustín, en una asamblea general, nombró como presidente municipal al señor Alberto Antonio Antonio, quien fue desconocido por los caciques. Con el apoyo de la población, determinó las obras públicas a realizar, entre las proyectadas estuvo la construcción del palacio municipal en el centro de San Agustín. El presidente municipal ordenó la desocupación de los predios del centro de la comunidad, en los que funcionaban tiendas propiedad de las familias adineradas. Logró la desocupación de esas tierras, mediante un enfrentamiento. Desde esa fecha se iniciaron obras comunitarias.
El 28 de julio de 1996, durante el primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, se dio a conocer un nuevo grupo armado, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), un mes después realizó este grupo dos ataques armados, uno en la Mixteca (Tlaxiaco) y otro en la costa Oaxaqueña (La Crucesita, Huatulco)
La represión en Loxicha tuvo como argumento el hecho de que durante el enfrentamiento entre miembros del EPR y policías municipales en la Crucesita, Huatulco, resultó muerta una persona que el gobierno del estado afirmó, era autoridad municipal de San Agustín. Sin embargo, el cuerpo del señor Fidel Martínez, regidor del ayuntamiento de San Agustín, presentado por el gobierno estatal no pudo ser reconocido por la misma familia. La afirmación del gobierno estatal fue dada a conocer ampliamente en los medios de información. El gobierno estatal, encabezado entonces por Diódoro Carrasco Altamirano, recalcó el origen de la persona fallecida y junto con las familias consideradas caciques de la región tomaron este hecho como un argumento de que las autoridades municipales de San Agustín pertenecían al grupo armado y la población de las agencias de la región (sobre todo las del municipio de San Agustín) era base de apoyo del grupo armado.
Con estas afirmaciones, el gobierno estatal instala retenes militares y de la policía judicial del estado en el paraje El Manzanal, que es una desviación hacia San Agustín. Militariza además las comunidades de La Sirena, Magdalena Loxicha y El Portillo de las Flores. En estas tres comunidades fueron instaladas Bases de Operaciones Mixtas (BOM) y en San Francisco fue instalado un retén temporal. El 30 de agosto de 1996 se realizan las primeras detenciones ilegales (sin órdenes de aprehensión) y desaparición forzada de habitantes de la región de manera masiva. Los habitantes son detenidos en grupos de hasta 50 personas, retenidas durante tres o cinco días, interrogadas, torturadas y obligadas a firmar hojas en blanco. Al cabo de esos días, son puestas el libertad algunas y cinco o seis personas son detenidas formalmente por elementos de la policía judicial del estado.
Para el 5 de septiembre de ese año las autoridades municipales de San Agustín, por acuerdo de las comunidades, realizan una marcha caravana a la ciudad de Oaxaca con demandas de carácter social y político. Reclaman la liberación de los detenidos el 30 de agosto y la realización de obras públicas para el municipio y sus agencias. La caravana, integrada por 1300 personas, fue hostigada desde su inicio, las autoridades estatales trataron de impedir que llegara a la capital de la entidad. La caravana llegó y las autoridades de San Agustín Loxicha pidieron dialogar con el gobernador, Carrasco Altamirano respondió que carecía de capacidad para retirar los retenes de las comunidades y liberar a los presos, impidió a las autoridades hablar y se retiró al cabo de cinco minutos.
El 25 de septiembre el ejército federal y la policía judicial del estado y preventiva realizaron una detención masiva de autoridades municipales, personas que habían desempeñado cargos de representantes del pueblo, adolescentes y ancianos. En total fueron 50 los detenidos, que la misma policía fue liberando antes de presentarlos ante el agente del Ministerio Público, luego de torturarlos física y psicológicamente y obligados a firmar hojas en blanco.
A partir de esta fecha las detenciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, hostigamiento militar y policiaco continúan, así como el robo a los habitantes por parte de las mismas autoridades municipales puestas por el gobierno estatal.
8. El presidente municipal Lucio Vásquez
El municipal fue señalado por habitantes de la región como entregador desde finales de 1996. Posteriormente fue elemento de la policía preventiva y elemento de la policía judicial del estado. Luego de que las autoridades municipales de San Agustín fueron detenidas, el gobierno designó un administrador municipal, al que le sucedió otro administrador. En 1998, fecha de elecciones municipales en todo el estado, en san Agustín fue designado presidente municipal Lucio Vásquez, candidato del gobierno estatal. El señor Lucio Vásquez fue elegido únicamente por un sector de la población de la cabecera municipal, que fue amenazada para votar a su favor.
(Los entregadores son habitantes de la región cuya función es señalar a paisanos suyos como miembros del EPR. Generalmente van acompañando a elementos de la policía judicial y del ejército federal, llevan cubierto el rostro y una lista con nombres de los habitantes).
Él es una de las principales personas señaladas como violadoras de los derechos humanos de los indígenas de Loxicha, ya que de acuerdo con las declaraciones de los habitantes, desde que fue nombrado presidente municipal, contrata a pistoleros y “entregadores” para dividir a la comunidad y lograr la detención de las personas con una filiación política diferente a la del Partido Revolucionario Institucional y sobre todo, de los integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas (OPIZ).
Averiguaciones previas en las que se encuentra implicado Lucio Vásquez Ramírez :
La Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca abrió una averiguación previa por el asesinato del señor Selerino Jiménez Almaraz, muerto el día 24 de abril de 1997 en el rancho Los Limares, de Santa María Jalatengo, Miahuatlán, Oaxaca. El número de averiguación previa es 320(II)/97. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación por este asesinato a la Procuraduría, el número de la recomendación: 16/998. A la letra dice:
“Primera.- Con absoluta imparcialidad se enderece, en contra de Hugo Chávez Cervantes y Pedro Méndez Vásquez, jefes del grupo de la Policía Judicial del estado; así como de los demás elementos que menciona en la recomendación, continúe y concluya, dentro del término de 30 días, la averiguación previa, a efecto de determinar la presunta responsabilidad de los elementos policiacos que intervinieron en el delito.
“Segunda.- Que en dicha averiguación se investigue la probable participación de otros elementos de la policía judicial que hayan intervenido en el operativo.”
Observaciones:
A la fecha la recomendación no se ha cumplido, pues no se ha concluido la investigación ni castigado a los responsables de este homicidio.
Es conveniente mencionar que al expediente penal se ha integrado información que abunda sobre la responsabilidad penal de Lucio Vásquez en este asesinato. Durante la reconstrucción de hechos, realizada en 1999, los policías judiciales que intervinieron señalaron directamente a Lucio Vásquez como el autor material del homicidio, declaraciones que fueron asentadas en el expediente.
El caso fue llevado a la Organización Estados Americanos (CIDH); presentado ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU, y ante la relatora de ejecuciones extrajudiciales y sumarias de la ONU. Estas instancias han solicitado información al gobierno mexicano y éste ha respondido que se encuentra en proceso de investigación.
La segunda averiguación previa en la que se encuentra implicado el ex presidente municipal de San Agustín Loxicha es la número 1942(P.J.)/97 instruida en contra de quienes resulten responsables “de la comisión del delito de lesiones (cuando se tienen fotografías donde se demuestra que fueron torturados) y demás que se configuren, cometidos en agravio de Ponciano García Pedro, Celso García Luna y Alfredo García Luna”.
La detención y tortura que sufrieron los señores Ponciano, Celso y Alfredo, padre e hijos respectivamente, fue el 6 de agosto de 1997, de acuerdo con las declaraciones de estos, mientras que la Procuraduría asentó en la averiguación previa que fue el 7 de agosto de ese año. Fueron detenidos durante un operativo en San Vicente Yogondoy, ranchería perteneciente a San Agustín Loxicha, por policías judiciales, quienes eran acompañados por el señor Lucio Vásquez y Arturo Felipe Almaraz, entonces señalados ambos como “entregadores”. Luego de la detención fueron torturados durante el traslado al reclusorio de Ixcotel y en la Procuraduría de Justicia del estado (aquí les dieron toques eléctricos a los dos hermanos). Ya en el reclusorio fueron visitados por una representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh). Sólo se permitió la entrada a la funcionaria, quien a la salida, dijo a la Limeddh, que sí habían sido torturados “pero nada más poquito”.
La recomendación de la CEDH es la número 4/98 en febrero de 1998 hecha a la Procuraduría de Justicia del estado en la que señala que se obtuvieron pruebas fehacientes sobre los hechos delictivos ejecutados por agentes de la Policía Judicial del estado. La recomendación sugirió la integración de la averiguación en contra de los responsables, señalando a los policías judiciales Hugo Tomás Chávez Cervantes, Joel Eleazar Martínez, Román Merino Sánchez y Aldo de la Cruz Bonequi Pérez.
El 13 de agosto de 1998 se resolvió en procedimiento administrativo de responsabilidad de número 4/PAI-DH/98 en el cual se les impuso como sanción administrativa a los mencionados agentes de la Policía Judicial, una suspensión por treinta días sin goce de sueldo. Así mismo el 20 de enero de 1999 se determinó reservar la indagatoria 1942(P.J.)/97, sin perjuicio de que por otros datos posteriores se resuelva sobre el ejercicio de la acción penal en su contra.
Los señores Celso y Alfredo García Luna impugnaron esta resolución porque no se incluyó a los señores Lucio Vásquez y Arturo Felipe, no obstante haber sido señalados como responsables de las torturas que sufrieron. La respuesta del entonces procurador de justicia, Roberto Pedro Martínez Ortiz fue que “esta institución ministerial se encuentra imposibilitada para presentar a los CC Lucio Vásquez y Arturo Felipe, toda vez que éstos no forman parte de esta dependencia”.
Observaciones:
Efectivamente, en ese entonces, el señor Lucio Vásquez no formaba parte de la Policía Judicial del estado, era señalado como “entregador”, esto es, señalaba a habitantes de la región como pertenecientes a un grupo armado. Ingresó a la Policía Preventiva poco después de estos hechos, posteriormente fue policía judicial y luego designado presidente municipal de San Agustín Loxicha.
El señor Ponciano García Pedro salió libre por sentencia absolutoria en abril de 1999. Sus hijos fueron sentenciados a 30 años de prisión por delitos anteriores a los hechos en Santa María Huatulco (que fueron los hechos por los que fueron detenidos). El delito que se les imputó fue homicidio.
9. Las violaciones a derechos humanos
A lo largo de tres años han sido detenidos 132 indígenas zapotecos por el gobierno del estado, sin embargo, fuera de negociaciones políticas, han salido libres por falta de elementos para procesar 65 de ellos (al 05 de octubre de 2002). La mayoría de los detenidos y desaparecidos han denunciado la detención sin órdenes de aprehensión, la participación de paramilitares, militares y entregadores en sus detenciones, torturas físicas y psicológicas y procesos judiciales irregulares.
Los delitos que se les imputan son sabotaje, conspiración, asociación delictuosa, incitación a la rebelión, rebelión, robo, robo de uso, homicidio, terrorismo y daño en propiedad ajena
Casos de desaparición forzada:
Los casos de detenciones-desapariciones forzadas constituyen uno de los signos de la gravedad de la represión y el hostigamiento que se ejerce sobre la región de los Loxicha. En la totalidad de los casos que han sido denunciados, se ejerció sobre las víctimas tortura física y psicológica y los desaparecidos responsabilizaron, en la totalidad de los casos, a elementos de la policía judicial, de inteligencia militar, especial y a integrantes del grupo paramilitar que, señalan, ha formado, armado y entrenado el presidente municipal de San Agustín.
Además, los señalamientos contra elementos de la policía judicial, quienes interrogaron y torturaron a las víctimas en lugares que no son oficiales de la procuraduría General de Justicia del estado, permiten suponer la existencia de cárceles clandestinas en el estado de Oaxaca.
Estos son sólo tres de al menos 8 personas que han sido desaparecidas y posteriormente presentadas con cargos de posesión ilegal de armas, participación en las acciones del EPR en la Crucecita, Huatulco y Tlaxiaco, sabotaje, conspiración, asociación delictuosa, incitación a la rebelión, rebelión, robo, robo de uso, homicidio, terrorismo y daño en propiedad ajena.
Marcelino Santiago Pacheco, originario de Quelove, San Agustín Loxicha y Felipe de Jesús Antonio Santiago, oriundo de la Conchuda, fueron desaparecidos el 20 de julio de 1997 en la ciudad de Oaxaca. Fueron presentados por la PGJE, primero Felipe de Jesús, el 11 de abril de 1998 en Pochutla. Las autoridades declararon que había sido detenido el día anterior. Marcelino Santiago fue presentado el 18 de abril de ese mismo año en Miahuatlán. De los nueve meses que permanecieron desaparecidos el gobierno del estado de Oaxaca negó toda responsabilidad.
Adalberto Jorge Pacheco Santiago, de 24 años, es originario de la agencia municipal La Conchuda desapareció el 15 de febrero de 1997 de su propia casa. Estuvo desaparecido durante cuatro meses, al cabo de los cuales fue presentado por la policía judicial. El 10 de junio de ese mismo año la Procuraduría de Justicia del estado afirmó que fue detenido cuando se percató que el señor Adalberto cuidaba un campamento del grupo armado EPR, en la agencia municipal El Aguacate. El detenido presentaba huellas evidentes de tortura física.
Ejecuciones extrajudiciales:
De los casos denunciados por familias de ejecutados extrajudicialmente, dos de ellos han tenido como resultado recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Procuraduría general de Justicia del estado CHECAR Sin embargo, aún estos dos casos que han tenido recomendaciones han permanecido impunes hasta la fecha.
Adrián Sebastián Antonio, originario de Llano Maguey, de 26 años, fue detenido por policías judiciales junto con otras personas. Sus familiares, entre ellos su esposa, Obdulia Pérez Pacheco, han realizado declaraciones por las que se presume que el señor Adrián fue muerto como consecuencia de la tortura a la que fue sometido, la versión oficial es que murió como consecuencia de una volcadura automovilística en la que los policías que lo acompañaban resultaron ilesas, mientras el señor Adrián Sebastián Antonio tuvo estallamiento de vísceras y golpes contusos en todo el cuerpo, entre otras. Las otras personas que fueron detenidas el mismo día fueron puestas en libertad antes de ser presentadas ante el Agente del Ministerio Público. Posteriormente estas personas también declararon que el señor Adrián murió como consecuencia de los golpes recibidos.
Gaudencio Pacheco Pérez, de 90 años, originario de la comunidad La Sirena, San Agustín Loxicha. Fue detenido y muerto en el mes de marzo de 1997. Su hija, Margarita Pacheco Hernández y su esposa, Casimira Hernández Hernández, responsabilizaron de su muerte a la policía judicial del estado, pues los elementos policiacos entraron a la casa y ahí mismo le rompieron el cuello. La versión oficial es que murió debido a su avanzada edad.
Eustorgio José Ruiz, originario de la comunidad de Magdalena, de 26 años de edad, fue detenido el 9 de mayo de 1997. Murió a consecuencia de los disparos hechos por la policía judicial, en un hospital de Pochutla. El gobierno del estado dijo que intentó fugarse, aunque también, su esposa, Oliva Martínez López asegura que le aplicaron la “ley fuga”, que consiste en instar al detenido a escapar, y cuando éste corre, los elementos de la policía judicial disparan
Selerino Jiménez Almaráz, originario de la comunidad de Copalita, fue detenido y asesinado el 24 de abril de 1997, en su misma comunidad. De acuerdo con la versión oficial, fue muerto por disparos hechos por la policía judicial a corta distancia durante un enfrentamiento y que el señor Jiménez Almaráz, en lugar de huir corrió hacia donde estaban los judiciales. De acuerdo con las declaraciones de su esposa María Estela García Ramírez, Selerino, fue sacado de su casa en la madrugada, cuando ambos dormían, torturado a pocos metros de ahí y muerto en este momento. Fue presentado algunos días después de muerto.
Pedro Hernández Monjaraz, de 55 años de edad, era originario de la comunidad de Río Granada. Fue encontrado enterrado en el panteón de San Agustín Loxicha por su esposa, Domitila Martínez. El cadáver presentaba más de 50 orificios de bala, que el gobierno del estado justificó diciendo que habían sido producto de un enfrentamiento. La señora Domitila declaró que la ejecución fue realizada por elementos de la policía judicial y pistoleros al servicio de los terratenientes de la región.
Octavio Monjaraz, originario de Río Granada, San Agustín Loxicha, tenía 27 años de edad. De acuerdo con las declaraciones de sus familiares fue asesinado por elementos de la policía judicial del estado y pistoleros.
Agustín Juárez, originario de la comunidad de La Sirena, tenía 62 años de edad cuando fue asesinado en Río Platanillo. Según la denuncia de los familiares por pistoleros de la región al servicio de la familia Ramírez.
Calixto García López fue asesinado el día viernes 3 de abril de 1998, a las ocho de la noche. De acuerdo con las declaraciones de sus familiares, llegaron hasta su casa, policías y hombres vestidos de negro con el rostro cubierto. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la muerte ocurrió durante un fuerte enfrentamiento con integrantes del EPR, del que salieron ilesos todos los elementos policiacos, la única víctima fue el señor Calixto.
Población desplazada:
Producto de la presencia militar y policiaca en la región, de la aplicación de una política gubernamental de exclusión hacia las familias no priistas y de la desarticulación del tejido social, han provocado que las familias de los presos de Loxicha sean perseguidas y señaladas por los elementos de las corporaciones policiacas y por los mismos habitantes.
Por estos motivos, y para demandar a las autoridades la aplicación de la justicia para sus familiares presos, las esposas, madres, hijos e hijas de los indígenas detenidos, constituyen una población desplazada de sus comunidades de origen por la violencia y la guerra de baja intensidad.
Desde el 10 de junio de 1997 las esposas, madres e hijas/os de los presos de Loxicha instalaron un plantón bajo el palacio de gobierno de la ciudad de Oaxaca para demandar la impartición imparcial de la justicia, el castigo a los responsables de las detenciones ilegales y las ejecuciones extrajudiciales, sin que ninguno de los dos gobernadores haya dado una respuesta satisfactoria. Durante 4 años y medio de plantón, las cerca de 90 mujeres y 200 niñas y niños padecieron la persecución y hostigamiento policiaco y de funcionarios del gobierno del estado. No han sido reconocidas como desplazadas por causa de un conflicto armado, y las enfermedades físicas y psicológicas que padecieron el cien por ciento de las mujeres y sus hijos, no tuvo atención médica.
La organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, (OPIZ) y El comité de Presos Políticos y de conciencia de la Región Loxicha da a conocer las violaciones a los derechos humanos de cientos de indígenas zapotecos. Consideramos que la no evaluación e intervención política de las autoridades permitiría que continúen estas violaciones no sólo en Loxicha o en Oaxaca, sino en todo el país.
10. Situación socio-económica actual de las mujeres de Loxicha
A casi tres años de manifestación pública frente al palacio del gobierno estatal de Oaxaca y en la ciudad de México, un grupo de mujeres y niñas y niños, familiares de los presos de la región Loxicha, desplazadas por motivos políticos y temor a la represión policiaca y militar que priva en la zona, viven en condiciones difíciles por la falta de un hogar digno, de servicios, con una alimentación deficiente y una permanente persecución policiaca que inciden negativamente en su salud física y mental.
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos realizó un censo socio-económico de las mujeres y sus hijas e hijos, instalados en plantón para conocer la situación en la que viven las mujeres desplazadas de la región Loxicha.
La principal demanda de las mujeres de Loxicha es la libertad de sus familiares presos, pues a la mayoría de ellos se les detuvo sin orden de aprehensión, se les torturó física y mentalmente y se les hizo firmar hojas en blanco o declaraciones falsas en español, cuando la mayoría sólo habla zapoteco.
La mayoría de los presos son compañeros o esposos de las mujeres que estuvieron en plantón (62 %), sus padres y hermanos un 21 % y otros familiares, un 18 %.
El 47,3 % de las mujeres que mantuvieron el plantón tienen entre 26 y 31 años de edad, el 26,3 %, entre 20 y 25 años, el 21 % entre 32 y 43 años y sólo el 5,2 % más de 38 años. El zapoteco de la sierra sur, su lengua materna, es hablado por el 63,15 % de las mujeres, de este porcentaje, un 10,52 % hablan también el español. El 36,84 % de las mujeres hablan sólo español.
Por cada 25 mujeres, hay 10 que carecen de toda instrucción y sólo dos de cada 15 terminaron el sexto año de primaria, así, más de la mitad de estas mujeres no sabe leer ni escribir.
Por cada 19 de estas mujeres instaladas en el plantón, hay 67 hijas e hijos. El 40,29 % de las niñas y niños tiene entre 6 y 11 años; el 35,82 %, entre 0 y 5 años; el 17,9 % entre 12 y 16 y el 5,96 % más de 17.
Para sobrevivir ellas y sus hijas e hijos, las mujeres de Loxicha realizan diversas actividades, la primordial es la venta de las bolsas que realizan sus familiares en la penitenciaría Ixcotel, y complementan sus ingresos con trabajo doméstico o lavado de ropa.
El ingreso de la mayoría es de 15 a 50 pesos, sólo una percibe 200 pesos diarios, porque el ingreso de su esposo preso es cobrado por ella.
Las casas donde se turnan para dormir son de lámina en su mayoría, sólo 3 son de concreto.
En el plantón las mujeres y los niños padecieron de tos y gripa, temperatura, falta de apetito, infecciones gastrointestinales, los y las hijas, y depresión e insomnio, las mujeres. En los casos de enfermedad, la mayoría de las mujeres acuden al centro de salud en primer lugar, y en segundo a remedios caseros.
En general, estas indígenas zapotecas, cuyas demandas han sido ignoradas por los dos titulares del poder ejecutivo estatal (Diódoro Carrasco Altamirano y José Murat) en la demanda de justicia para sus familiares, mientras tanto su situación educativa sanitaria y económica requiere de manera urgente de la atención y el apoyo de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.
11. Los yacimientos minerales
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México ha señalado que en la región de Loxicha existe un importante yacimiento de minerales que son útiles para la alta tecnología, la industria aero-espacial, la tecnología computarizada y para plataformas marítimas. Los minerales detectados en la región, sobre todo en las agencias del municipio de San Agustín, son uranio y titanio.
Para este grupo de investigadores, la coincidencia entre la existencia de recursos minerales útiles para este tipo de industrias, y la existencia de conflictos aparentemente de carácter étnico, intercomunitario, agrario, religioso, como en el caso de Loxicha, de grupos armados, no es tal. Han documentado casos en todo el país, en donde conflicto y riqueza mineral o forestal en territorios indígenas hace pensar en una estrategia de desplazamiento de las poblaciones indias de sus territorios.
En la región de Loxicha se han hecho ya algunas exploraciones, de acuerdo con datos oficiales, existe un proyecto de exploración en la región, que podría llevar a la explotación de estos minerales sin la resistencia de los pobladores originarios.
El proyecto se llama Elvira, se enfoca sobre todo a la comunidad de Candelaria Loxicha y la empresa que el gobierno mexicano tiene registrada como la interesada en ejecutarlo, es Kennecott S.A de C.V, de Canadá.
Esta información no ha sido hecha pública aún, pero existen documentos oficiales que sostienen la hipótesis del grupo de investigadores de la UNAM, de que en Loxicha la intención es desplazar a la población indígena para la explotación de estos minerales. www.ecoportal.net
OPIZ: La Voz de Loxicha – (Organización De Pueblos Indígenas Zapotecos)