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Por Walter Chamochumbi Las políticas de orden internacional, nacional y sectorial ensayadas en Latinoamérica, en particular en territorios de los pueblos originarios, vienen determinando escenarios sociales muy complejos y disímiles que están en conflicto continuo con los operadores externos de las industrias extractivas de recursos naturales. De allí que la desarticulación y reordenamiento de los componentes de su espacio-territorio tradicional, ocurren al amparo de las contradicciones y tensiones propias del modelo económico hegemónico; y por ende condicionando, marginando o invisibilizando otras consideraciones básicas sobre cultura e identidad territorial de los pueblos, conocimientos locales y biodiversidad, consulta previa e informada y derechos fundamentales. Ensayar en tal contexto un proceso de ordenamiento del territorio, implicará reconocer la compleja dialéctica territorial inmersa en el escenario físico social y geopolítico de intervención, donde problemas de deterioro ambiental y pobreza de las poblaciones más vulnerables por efecto de sobrepastoreo, erosión, deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación, etc., se explican por la injerencia de operadores externos y de otros factores exógenos que también influyen o incluso pueden ser determinantes de su problemática territorial: por ejemplo, el calentamiento global y la variabilidad climática extrema. Espacio-territorio: realidad concreta y percepción local Existen varias definiciones sobre los términos espacio y territorio, que suelen usarse indistintamente como sinónimos sin serlos en realidad. La noción de espacio implica límites establecidos principalmente por la propia estructura y composición biofísica de la naturaleza: por ejemplo un borde litoral marino, un bosque amazónico primario o una cuenca hidrográfica. Esta última presenta límites físicos definidos por la divisoria de las aguas que conforman la cadena de cerros en su nivel más alto -divortium aquarium- delimitando en forma natural el curso de las aguas caídas por precipitación entre un río y sus afluentes conformantes de la cuenca, y otro río vecino que conforma otra cuenca. La noción de espacio se relaciona con una materialidad dada de hecho en el paisaje y que se percibe como parte de una realidad concreta a la que se añade el componente social, sin que los agentes sociales establezcan otros límites más allá de los propios establecidos por cada espacio natural. Al respecto la realidad espacial y social involucrará siempre un principio de interacción y contradicción permanente. La noción de territorio, en cambio, alude al sentido de pertenencia ejercido por distintos grupos humanos establecidos en un espacio dado, y, por tanto, que consienten en establecer límites específicos a dicho espacio en función de determinados fines (intereses) geopolíticos, administrativos, económicos, sociales, culturales, etc. La noción de territorio se percibe con claridad a partir de los límites de índole político, administrativo o jurisdiccional preestablecidos por distintos grupos humanos o agentes sociales-culturales sobre el espacio ocupado, atribuyéndose un sentido de pertenencia y propiedad sobre el mismo. Así, en el ejemplo anterior de la cuenca hidrográfica, la noción de territorio implicará adicionar (o superponer) límites no naturales (políticos-administrativos) establecidos en función a determinados fines de ordenamiento y manejo del espacio de la cuenca. La problemática territorial y ambiental: su compleja objetivación El estudio de las interacciones al interior y exterior del espacio-territorio de una comunidad o población local configura problemáticas específicas que no siempre se analizan de forma lineal o unicausal, a partir de una variable predominante, porque la realidad concreta es compleja y heterogénea, involucrando más bien un escenario multidimensional. No siempre la percepción común y aparente en la objetivación del problema analizado desde la subjetividad de los agentes externos (tecnócratas) resultará suficiente para lograr un diagnóstico territorial adecuado. Lo más probable es que existan otros elementos subsumidos en la configuración de la problemática territorial: los relativos a identidad o sentido de pertenencia, culturalidad, espiritualidad, tradiciones o incluso rasgos sicológicos que no siempre serán explícitos en el análisis, pudiendo por omisión sesgar el diagnóstico y las posibles soluciones. Es importante referir los problemas ambientales a los límites de un determinado correlato territorial, según el cual será posible: 1) Establecer un tipo de racionalidad en la relación recursos locales-potencialidad-necesidades; 2) Definir un marco de referencia según el enfoque de desarrollo territorial, para establecer los términos y pautas de las posibles soluciones; y 3) Estimar los límites de los subsidios al territorio en cuestión, tanto de lo que ofrezca o de lo que reciba, en función de los servicios ambientales, la sostenibilidad de su stock natural y las posibles interacciones con las dinámicas sociales y político administrativas. En diferentes regiones del mundo, los procesos de ocupación de espacios-territorios son resultado de relaciones de tensión y conflicto permanente entre múltiples grupos humanos y sociedades ante diversos factores: crecimiento demográfico de los países, incremento de la presión de uso sobre los recursos naturales y capacidad de carga de los ecosistemas, expansión de la economía de libre mercado, políticas centralistas y excluyentes de desarrollo, transferencia y dependencia tecnológica norte-sur, expansión de las corporaciones transnacionales a costo de los recursos naturales de los países del sur, etc. De hecho la realidad territorial y ambiental involucra siempre un principio de interacción y contradicción constante que es necesario objetivar y analizar en todas sus dimensiones posibles (técnicas y políticas). Siendo importante esclarecer algunas interrogantes claves: ¿Cómo percibe la población local el problema territorial-ambiental? ¿Quiénes lo definen, reconocen y miden? ¿Cómo entendemos los roles de los distintos actores, sus juicios e intereses en la caracterización del problema-potencialidad y luego en su manejo operativo? Así pues, las dinámicas territoriales son inestables, irregulares e incluso arbitrarias y no siempre siguen una línea evolutiva ascendente (son inciertos). Ordenamiento Territorial Participativo: ¿una alternativa posible? Si bien la problemática territorial involucra -en el tiempo- ajustes y desajustes en la interacción de sus distintos componentes espaciales, como parte de su dialéctica territorial, nos interesa al respecto enfatizar que la planificación del desarrollo en base al instrumento de ordenamiento territorial, debe intentar responder a problemas territoriales específicos, con particular vinculación y expresión sobre la variable ambiental. En ese sentido los criterios e indicadores de sostenibilidad ambiental son fundamentales en los procesos de diagnóstico y planeamiento con enfoque de desarrollo territorial. El ordenamiento territorial debe ser parte de una política de Estado, porque no es un elemento independiente de los objetivos de la política económica del país en materia de crecimiento, redistribución, inclusión social, competitividad, empleo, equidad, sostenibilidad ni de las políticas sociales y ambientales. Se requiere del marco de una ley específica que supedite las consideraciones de orden externo a las de orden interno y que haga prevalecer el interés general sobre el particular, así como la integralidad y la equidad. El ordenamiento territorial debiera concebirse como un instrumento metodológico participativo, inclusivo y flexible, que si bien parte de supuestos de análisis de la realidad concreta. El planteamiento de los fines, objetivos y estrategias deben ser resultado de un proceso participativo interactivo continuo que involucre a las partes en el diagnóstico de la problemática. Siendo factible que este proceso se diseñe a distinta escala y temporalidad, según los recursos disponibles y del marco institucional existente. Lo importante es concordar y explicitar los fines, objetivos, principios, criterios y estrategias a seguir entre quienes participan y conducen el proceso de diagnóstico y de quiénes planifican y toman las decisiones para desarrollar acciones concertadas por el cambio social, alcanzando metas de desarrollo en forma gradual y ascendente. De los innumerables casos registrados de problemas y conflictos territoriales y ambientales en Latinoamérica, se sabe que estos responden a una serie de factores e intereses de orden político, económico, social, institucional relacionados mayormente con actividades extractivas como la minera, petrolera, gasífera, maderera, etc. Por ende en la región tenemos escenarios muy complejos y variables donde se vienen recreando principios, criterios y metodologías disímiles de ordenamiento territorial por cuestión de escala, temporalidad, recursos disponibles (instrumental, técnico, etc.), marco institucional-legal, participación y articulación de los actores, dimensión cultural, étnica, etc. En ese sentido resulta inconveniente pensar en la aplicación de una metodología estándar o rígida de este instrumento, máxime si no se incorpora el componente de participación que es fundamental. No obstante la evolución del marco teórico del ordenamiento territorial, todavía existen criticidades referidas a su nivel aplicativo, porque en muchos casos mantienen esquemas más bien muy técnicos, burocráticos, rígidos y poco funcionales a los escenarios altamente complejos y dinámicos donde se aplican o pretenden aplicar. En la caracterización del problema, por ejemplo, no siempre todos los actores involucrados tienen la misma condición y posición de participación. Por lo que hay que desarrollar de forma creativa mecanismos y metodologías que aminoren (o compensen) estas diferencias y faciliten espacios plurales, equilibrados y plenos de diálogo y participación de todas las partes, incluso en aquellos territorios altamente heterogéneos y conflictivos. Esto de hecho es una condición sine qua non para una región tan desigual como Latinoamérica. Los cambios ocurridos a través de la historia latinoamericana, primero con la desestructuración del espacio-territorio de las culturas originarias por el eurocentrismo, luego durante la independencia y la república y hoy con el proceso de globalización, nos muestra que la imposición de modelos de ordenamiento territorial exógenos han acontecido y acontecen muchas veces en función de episodios violentos y de alta mortandad y violación de derechos humanos, de degradación ambiental y de mayor pobreza e inseguridad alimentaria de las poblaciones locales. En estos y otros casos, como lamentablemente ocurre en los países de la región, la falta de políticas alternativas e inclusivas de desarrollo, la carencia de políticas específicas sobre gestión territorial y ambiental, y la ausencia de gobiernos comprometidos con mecanismos de concertación plural y de diálogo institucional continuo, han devenido en ensayos fallidos de modelos de desarrollo mal impuestos que siguen afectando principalmente las condiciones y medios de vida de las poblaciones locales de menores recursos. Mientras tanto el auge de las exportaciones mineras sigue limitando las posibilidades de los diferentes gobiernos de visionar un nuevo rumbo y transición hacia escenarios post-extractivistas. Ecoportal.net

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