Salud

Delitos sin límites. Otro rubro mafioso: el tráfico de ADN

Ya sea de parte de errados o interesados fallos judiciales, o de la actual falta de garantías en muchos estudios genéticos, lo cierto es que hoy en día la adulteración y el tráfico de ADN se ha convertido en otro “negocio” delictivo. Gracias a esas fallas que no parecen contar todavía con soluciones, o al menos con controles efectivos que permitan subsanarlas, las mafias del tráfico de niños, de los crímenes irresueltos y de las muertes dudosas sonríen y celebran, en la dulce espera de que, por el momento, nada los detendrá.

Por Carlos Machado

Ya sea de parte de errados o interesados fallos judiciales, o de la actual falta de garantías en muchos estudios genéticos, lo cierto es que hoy en día la adulteración y el tráfico de ADN se ha convertido en otro “negocio” delictivo. Gracias a esas fallas que no parecen contar todavía con soluciones, o al menos con controles efectivos que permitan subsanarlas, las mafias del tráfico de niños, de los crímenes irresueltos y de las muertes dudosas sonríen y celebran, en la dulce espera de que, por el momento, nada los detendrá.


El 23 de abril de 1997, en la Clínica del Niño de Mar del Plata, nació Rocío Cigarreta. La beba pesaba muy poco y los médicos ordenaron a las enfermeras que la llevaran a una incubadora. Pero tres días después, la nena falleció. Tres meses después, el matrimonio Cigarreta recibió un llamado anónimo. El mensaje decía: “La tumba a la que le están llevando flores no es la de su hija”. A partir de allí, comenzó una batalla judicial que aún no ha cesado. Se hicieron pruebas de ADN sobre el bebé que había sido sepultado y los estudios le dieron la razón a aquel llamado. De inmediato se puso bajo sospecha a los médicos, se llegó a mencionar una banda dedicada al tráfico de bebés y hasta se vinculó a una diputada nacional. En febrero del 2005, un nuevo estudio de ADN determinó que la beba muerta no fue cambiada y es Rocío Cigarreta, la verdadera hija del matrimonio que lleva buscándola todos estos años. Los padres nunca creyeron en este último estudio, considerado “sospechoso” por sus abogados, y dijeron que impugnarían el resultado. La madre de Rocío afirmó: “Con todo lo que hemos pasado ya no creemos más en nadie”, y aseguró que pediría una entrevista con el presidente Néstor Kirchner –que no se habría concretado hasta el momento- para solicitarle que la Nación financie un nuevo estudio en el exterior.

Desde que se produjo aquel llamado anónimo, el caso Cigarreta no dejó de engrosar expedientes y de pasar por distintos despachos judiciales, y en ningún momento la causa estuvo exenta de marchas y contramarchas, hasta que el juez Ricardo Favarotto la cerró, en diciembre de 1998, por considerarla “agotada”. Sin embargo, menos de un año después el entonces fiscal de la Cámara porteña Norberto Quantín, que investigaba el tráfico de bebés en el país y había recibido una carta sin remitente que vinculaba a una ex diputada y a una ex funcionaria de Medio Ambiente, ordenó reabrirla.

Esta nueva investigación derivó en que el caso Cigarreta fuera trasladado al despacho del juez Pedro Hooft, quien junto con la causa recibió aquella carta en la que se denunciaba la participación de una hermana de la entonces diputada nacional menemista Norma Godoy. Con esos datos y utilizando un sistema de rastreo de llamadas se pudo establecer que el día del nacimiento de Rocío Cigarreta se había producido una triangulación de comunicaciones entre una fundación que presidía la diputada Godoy, su hermana –residente en la provincia de Misiones- y la Clínica del Niño de Mar del Plata. De todas maneras, finalmente no alcanzaron a reunirse pruebas concretas contra ellas, pese a existir cada vez más fundadas versiones respecto de que aquella provincia mesopotámica es uno de los principales focos de tráfico de bebés.

Un resultado cien por ciento argentino cuando de la Justicia se trata, y más cuando hay mascarones políticos involucrados y protegidos.

Cabe recordar que la diputada Godoy protagonizó hace unos años un hecho bochornoso en momentos en que un equipo del programa periodístico “Punto Doc”, que se emitía por Canal 2, pretendía entrevistarla respecto del tema que la involucraba. Fue cuando, imponiendo su obesa figura y emitiendo los más ordinarios epítetos, dijo a los cronistas que merecían “ser barridos a escopetazos”, conceptos e imágenes que pudieron ser apreciados en el citado programa.

Magia de las mafias: de norte a sur

El anterior es sólo un ejemplo de un delito que aparece como nuevo en el esquema de los delitos mafiosos, que parecen no tener límites: la falsificación de ADN.

Otros casos que pudieron conocerse sucedieron en la provincia de Tierra del Fuego, como el de Alba Torres, quien sostiene que su hijo recién nacido le fue robado el 2 de noviembre de 1993 en Río Grande para darlo en adopción a Lorena G., una joven oriunda de la localidad santafecina de San Martín de las Escobas que por aquella época estudiaba medicina en Rosario. Poco después llegó a saberse que Lorena, quien se hizo pasar por la madre biológica del niño, lo vendió a un matrimonio español radicado en Sevilla, compuesto por el torero Angel Peralta Pineda y Encarnación Rizzo Hurtado. Alba inició la acción legal, y al poco tiempo se realizó el estudio de ADN cotejando la sangre de ella, del niño y de Lorena, que finalmente fue desfavorable al reclamo. A través de su abogado, Alba pidió la nulidad de ese estudio por considerarlo fraudulento y armado de acuerdo a los intereses de la pareja española, que adujo haber adoptado el bebé a Lorena por vía legal. El abogado de Alba, Gonzalo Miño, explicó a la Justicia las irregularidades con que se efectuó dicho examen, por ejemplo: no se permitió la presencia de un perito de parte representando a Alba Torres; se notificó la realización del estudio sólo dos días antes, evitando así la posibilidad de que la demandante o alguien en su nombre viajara a presenciarlo; y peor aún, hay indicios de la falsificación del mismo, sobre todo teniendo en cuenta la sugestiva diferencia de fechas de las extracciones de sangre a cotejar.

Ocurre que a Lorena, quien dice ser la madre biológica, se le extrajo sangre el 31 de julio de 2002 y al niño el 6 de septiembre, más de un mes después. Según el abogado Miño, “evaluando que todo parece apuntado a realizar esa medida sin darnos posibilidad de controlarla y que se obtuvo la sangre del chico mucho después que la de Lorena, podemos sospechar que se obtuvo el código genético de ella y, en función de eso, se buscó un patrón similar para fraguar el resultado del examen, tal vez con la sangre de otro niño. ¿Qué seguridad tenemos de que la sangre analizada sea la del chico?”.


Por otra parte una diputada de esa provincia austral, Fabiana Ríos, fue testigo ocular del embarazo de Alba Torres, e incluso cuando trabajaba en esa época como farmacéutica de la obra social provincial vio varias recetas relativas a dicho embarazo. Precisamente se sospecha de la existencia de toda una organización en Tierra del Fuego dedicada al tráfico de niños, que al igual que ciertos “hogares” dedicados en distintos puntos del país supuestamente a la crianza y cuidado de ellos, estarían conectados con organizaciones similares de Europa. Y a este infame negocio no serían ajenos, justamente, algunos funcionarios de Acción Social de Tierra del Fuego.

Por ejemplo, otro caso en esa provincia fue el sucedido en 1992 a Beatriz Rolón, quien durante su embarazo había acudido a ese ministerio para pedir asistencia alimentaria ya que no tenía trabajo ni dinero, y reveló que en ese mismo lugar la contactaron con un matrimonio que iba a ayudarla “desinteresadamente” hasta que naciera su bebé, que finalmente fue una niña. Beatriz ya tenía un chico de cuatro años, y cuando se internó para el parto este “desinteresado” matrimonio quedó al cuidado del mismo. Luego de nacida la nena, entre amenazas de entregar al niño a un juez de menores y aprovechando el estado de sopor de Beatriz por el reciente parto y la medicación, le hicieron firmar un papel por el cual entregaba “en adopción” a la bebé recién nacida. Dicho papel tenía fecha del 14 de octubre de 1992, y el bebé había nacido sólo un día antes, lo que induce a pensar que esa documentación ya estaba preparada.

Con escasa instrucción y sin asistencia legal, Beatriz Rolón llegó a un diario local con su caso recién un año después. Había hecho la denuncia de secuestro de su bebé al mes de nacida, pero fue desestimada por ese documento que había firmado dándola “en adopción”. Le asignaron un abogado que jamás hizo reclamo alguno. Para cuando llegó con su caso a los medios ya había pasado el año que tiene de plazo para arrepentirse y desestimar la adopción. Varios periodistas de Tierra del Fuego opinan que mucha gente que acudió a buscar ayuda a Acción Social puede haber pasado por situaciones similares, en cuanto desde esa misma oficina pública se hacían los “enlaces”.

Los ADN ya no son infalibles

Que los análisis de ADN ya perdieron su tan mentada infalibilidad de hace algunos años lo demuestran opiniones como la del presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense (SLAGF) –con sede en Miami-, el bioquímico argentino Gustavo Penacino, quien ha señalado que “desde sus inicios los estudios de ADN estuvieron rodeados de un aura de infalibilidad que no estaba de acuerdo con la condición humana de quienes realizaban esos estudios, situación que se mantiene aún hoy en los estrados judiciales. Debido al gran potencial individualizador y a la facilidad con la cual lo resultados pueden ser alterados por falta de cuidado o inescrupulosidad, deben extremarse las precauciones en la cadena de custodia de las muestras y en su procesamiento dentro del laboratorio”.

El Dr. Penacino aludía intrínsecamente al caso del asesinato de María Marta García Belsunce, que aún –pese al manto de silencio que cubre al hecho- continúa generando escándalos. Uno de ellos se suscitó a mediados de 2003 cuando el fiscal que investiga el caso, Diego Molina Pico, sospechando que existía un plan de los familiares y amigos de la víctima para manipular o adulterar los estudios genéticos, le pidió al Juez de Garantías de San Isidro, Diego Barroetaveña, que ordenara allanar la Fundación Favaloro, donde los involucrados –que son aportantes de donaciones a esa entidad- se realizaron exámenes privados de ADN. El planteo del fiscal Molina Pico fue rechazado 24 horas después de presentado por el juez Barroetaveña, con quien el fiscal mantiene un enfrentamiento surgido de la orientación de las pistas en el expediente. Para Molina Pico, el objetivo de la presunta adulteración era lograr que el ADN de los sospechosos nunca coincidiera con los de las manchas de sangre halladas en el lugar del crimen.

Para sostener su pedido de allanamiento de la Fundación Favaloro, el fiscal se basó en dos escuchas telefónicas, la primera entre uno de los involucrados y un abogado defensor, y la segunda entre el mismo involucrado y el médico genetista Eduardo Raimondi, director de la Fundación Favaloro y a la vez perito de parte de los García Belsunce. Las casualidades no existen.

¿Y cómo podría lograrse esta adulteración?. Aquí van algunas formas de hacerlo, válidas tanto para el caso García Belsunce como para los “mágicos” cambios de ADN utilizados por las mafias del tráfico de bebés: primero, conociendo los códigos genéticos de las personas en estudio antes de que lo haga la Justicia; segundo, teniendo acceso a los resultados de las muestras tomadas; tercero, guiando o modificando los resultados de las muestras.

Cabe destacar que, al margen de la idoneidad del Dr. Gustavo Penacino en la materia y la validez de sus opiniones, aquí vertidas, la entidad que preside –que se proclama dispuesta a recibir denuncias de quienes se sospechan perjudicados por irregularidades en estudios de ADN- en los hechos no aporta demasiados resultados. Además, ésto como dato al margen sin querer convertir en sospechoso, por ahora, al citado profesional, se sabe que el Dr. Penacino es amigo de Daniel Corach, hermano el ex ministro del Interior en la década menemista, y precisamente Corach fue quien efectuó los estudios de ADN en los casos de Alba Torres y de Alfredo Yabrán.

Existen opiniones de personas perjudicadas que dan a entender que la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense “quiere mantener su imagen y nunca se va a descubrir nada”. Incluso hay quienes se han realizado más de diez análisis de ADN, además de contra muestras, en diferentes laboratorios, con el objeto de cotejar si los resultados coinciden o no. Finalmente sólo se obtuvo esta conclusión: “Todos los laboratorios están conectados, y la política es que si uno comete un error el otro lo debe ocultar”. Cristina Ortizá, la madre de Rocío Cigarreta, fue una de las que denunció las irregularidades ante aquella entidad, lo cual le resultó contraproducente: lo único que obtuvo es que se ocultara más el caso.

Ya sea de parte de errados o interesados fallos judiciales, o de la actual falta de garantías en muchos estudios genéticos, lo cierto es que hoy en día la adulteración y el tráfico de ADN se ha convertido en otro “negocio” delictivo. Gracias a esas fallas que no parecen contar todavía con soluciones, o al menos con controles efectivos que permitan subsanarlas, las mafias del tráfico de niños, de los crímenes irresueltos y de las muertes dudosas sonríen y celebran, en la dulce espera de que, por el momento, nada los detendrá. www.ecoportal.net

Carlos Machado

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