Salud

Multitudes ambientalistas. Las luchas de los afectados por la sojización transgénica

Las luchas de los afectados visibilizan el sesgo sistemático del estado, la no actuación de un poder de policía legislativo y administrativo que, mediante leyes y recursos institucionales, imponga límites y sanciones a las fumigaciones que afectan a la salud de la población. También visibilizan la inefectividad de un sistema de salud para ejercer la vigilancia y garantizar la asistencia a los afectados, con infraestructura, procedimientos administrativos y protocolos de intervención profesional para casos de malformaciones, plaguicidas en la sangre de niños, entre otros. Tal vez, como pocos, el clamor de los afectados alerta a la población sobre la urgencia de la auto organización para la defensa de derechos y la realización de la justicia ante la impunidad de agroproductores y funcionarios públicos.

Por Cecilia Carrizo y Mauricio Berger

Las luchas de los afectados visibilizan el sesgo sistemático del estado, la no actuación de un poder de policía legislativo y administrativo que, mediante leyes y recursos institucionales, imponga límites y sanciones a las fumigaciones que afectan a la salud de la población. También visibilizan la inefectividad de un sistema de salud para ejercer la vigilancia y garantizar la asistencia a los afectados, con infraestructura, procedimientos administrativos y protocolos de intervención profesional para casos de malformaciones, plaguicidas en la sangre de niños, entre otros. Tal vez, como pocos, el clamor de los afectados alerta a la población sobre la urgencia de la auto organización para la defensa de derechos y la realización de la justicia ante la impunidad de agroproductores y funcionarios públicos.


Desarrollando una perspectiva pragmática en nuestra práctica de investigación sobre derechos e instituciones democráticas, venimos acompañando a los afectados por el proceso de sojización transgénico en la provincia de Córdoba, Argentina.

Hemos conceptualizado a sus experiencias de ejercicio y defensa de derechos, como de iteración democrática (Benhabib, 2005), en tanto instituyen/destituyen reglas y autoridades de la administración del estado, resignifican el sentido de justicia instituido y los mismos derechos en el ejercicio de la autonomía individual y pública. También recuperamos para el análisis la noción de multitudes como posibilitadora de la comprensión de los diversos sentidos de justicia que generan las prácticas políticas en lucha con los representantes corporativos y políticos del modelo agrotecnológico, ni homogéneos ni reductibles al sistema oficial de autoridad, sino generadores de espacios públicos críticos.

Presentamos entonces una sintética reconstrucción de las experiencias de las ciudades de Oncativo San Francisco en la Provincia de Córdoba y de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba Capital. La visualización de sus posibilidades y límites pretende contribuir a su valorización y a la reflexión sobre los concretos escenarios políticos de la agricultura en el siglo XXI.

Agrupación Voz Ciudadana por la Salud y el Ambiente, San Francisco: posibilidades de realización del principio precautorio

“ahí te das cuenta que el derecho ambiental nada,
que ponen arriba de todo el derecho a la producción…” (2)

La difusión del paquete tecnológico que se utiliza para la siembra directa de la soja fue cambiando el paisaje de pueblos y ciudades en Argentina desde 1996. Alrededor del 2000, la población de las zonas periurbanas comenzó a padecer problemas de salud y a vincularlos con los agroquímicos gracias a la circulación de experiencias, estudios médicos y aportes de solidaridades ambientalistas por internet. En este marco, la experiencia de San Francisco enfrenta una decidida acción en torno al Municipio para el logro de una ordenanza que prohíba el uso de agroquímicos en la zonas aledañas a la población. “No podemos quedar al margen siempre tirando panfletos a la intendencia, no podemos estar siempre peleando y gritando, sí o sí necesitábamos la conexión con las instituciones porque lo que pretendíamos tenía que cristalizarse en una ley”.

En su organización, los ciudadan@s identificaron el marco institucional existente y sus falencias. Los fundamentos de la ley provincial de agroquímicos reconocían la existencia de problemas de salud en la población a raíz del uso de estas sustancias, sin embargo la ley no establecía ninguna limitación a su uso en las zonas cercanas a poblaciones. También observaron que si bien la ley establecía algunas prohibiciones en cuanto al uso de productos de las distintas clases toxicológicas era confusa respecto a su posible dilución en agua. El objetivo de la agrupación, “lograr que se acaben las fumigaciones en los alrededores de la ciudad”, fue definido con atención a fin de evitar antagonismos con la población y lograr la cohesión del grupo, de igual modo las alternativas a seguir. La presentación de un recurso de amparo a la justicia fue rechazada ya que se consideró que el tema ambiental no era ni es prioritario para la administración de justicia provincial, la situación pasaba a manos de un juez perdiendo protagonismo el grupo y, finalmente, se evaluaba como muy grave un fallo en contra: “El grupo opta entonces por la vía del reclamo de una ordenanza, considerando que tenía más posibilidades de éxito”.

La caracterización de la sociedad de San Francisco que realiza el grupo para definir su estrategia identifica: alta resistencia a los cambios, individualismo, gran influencia de la Sociedad Rural y la Iglesia, economía muy ligada a la producción agropecuaria y en especial a la soja. “Decíamos, cómo entrar? olvidémonos de las ideologías, había gente de todo tipo de ideologías, de todos los sectores sociales. Hablemos del tema de la salud, hablemos de eso, no metamos el tema de la soja”. Se decidieron como normas de funcionamiento: que el reclamo se fundaría en el derecho a la salud y a la vida, se exigiría la aplicación del principio precautorio, los reclamos se harían dentro de un marco de respeto por las instituciones, las personas y los bienes, no se admitiría involucrar al grupo en ninguna actividad de tipo político partidaria y no se exhibiría a los enfermos ni se darían datos personales de las personas afectadas. Las acciones se dirigieron a hacer público el tema, dando visibilidad a las posiciones de reconocidos científicos, acudiendo a las organizaciones profesionales y educativas. Internet fue una herramienta clave, tanto para la consulta como para la difusión. Frente a la propuesta de conformar una mesa de diálogo con actores sociales, corporativos y estatales, la respuesta fue contundente, la salud de los hijos no se negocia.

En este escenario de debate público, el municipio les asigna a los productores agropecuarios un lugar preponderante en los espacios que organiza: “los campos afectados eran 20 (aledaños a la población), ahí había 150 agropecuarios y nosotros seríamos 10, les habían avisado con días de anticipación, a nosotros con 20 minutos”(3) . Entre las acciones de la Sociedad Rural pueden mencionarse: una campaña por los medios de comunicación en la cual los sanatorios afirman que no habían atendido casos relacionados a fumigaciones, desmentida por los directivos que llegan a afirmar la falsificación de las firmas; otra de las acciones fue la amenaza judicial a los Concejales que votaran el proyecto de ordenanza, argumentando que la restricción afectaba su derecho al trabajo.

A pesar de estas resistencias, la Ordenanza fue aprobada en el 2006, constituyendo una de las primeras en el país en crear una zona de resguardo ambiental en la que se prohíbe la utilización en toda forma de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola o forestal, excepto los productos debidamente autorizados para la práctica de la agricultura orgánica.

Cooperativa de Trabajo La Minga, Oncativo: recuperación de prácticas y saberes para alternativas de producción sin agrotóxicos en la zona periurbana.

La localidad de Oncativo está inmersa en la llamada “Pampa Húmeda” argentina, de la cual en la última década, el sector ganadero fue desplazado casi por completo por la agricultura extensiva de soja, trigo, y maíz. También existe en la ciudad una actividad industrial importante, de maquinarias agrícolas y agroindustrias (desactivadoras de soja, una productora de aceite y harina de soja, feedlots).

La organización “La Minga” surge originalmente como cooperativa de trabajo para dar una solución al tema de la falta de empleo. Sus integrantes reconocen por un lado el legado de los inmigrantes italianos y españoles en la zona, el principio de solidaridad que contiene el concepto de cooperativismo, un ícono en la cultura comunitaria del pueblo. Junto a esta idea, la palabra “minga” refiere al trabajo comunitario para las comunidades americanas andinas.

Los temas ambientales, y puntualmente las fumigaciones con agrotóxicos, constituyen uno de los ejes de la organización; dedicando por ello tiempo y recursos para la formación en temas de agroecología, cambios paradigmáticos, gestión de residuos peligrosos y cuestiones jurídicas. También la asociación en la lucha junto con otras organizaciones: Vía Campesina y sus organizaciones del noroeste provincial; investigadores universitarios, la Campaña nacional Paren de Fumigar, que articula a numerosos pueblos fumigados del país.

En la definición de su estrategia, la Minga también caracteriza a la sociedad de Oncativo. Según su evaluación, el 90% de la población tomó posición en favor de los productores rurales en el “conflicto del campo”(4) del año 2008: “sabíamos que sin duda tocábamos algunos intereses y eso nos afectaba en lo laboral y no podemos trastocar la fuente de trabajo, por ahí nos han dicho que hay gente que no nos da trabajo por lo que pensamos”. Ante esta situación, la organización se planteó como objetivo lograr que se reconozca la problemática, no con la confrontación directa, sino por la vía del diálogo con las autoridades públicas y los productores rurales. Para ello procuró como estrategia la utilización de un lenguaje y argumentaciones técnicas y científicas. La insistencia de La Minga llevó al Intendente a convocar a asesores, ingenieros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), funcionarios de la Secretaría de Agricultura del gobierno Provincial, al Organismo Regional Intermunicipal de Control, al juez de faltas, a una agrónoma de Syngenta (empresa de agroquímicos), aeroaplicadores, y los mismos productores (quienes participaron sólo del primer encuentro).

Decididos a enfrentar el problema con propuestas, elaboraron y presentaron un Proyecto de Agroproducción sin Agroquímicos, que realizaron asesorados por agrónomos de la Universidad Nacional de Córdoba. En él hacen hincapié en la nocividad del Glifosato, el agroquímico más usado en la zona y más representativo del monocultivo transgénico, aún considerado “no peligroso” por la legislación nacional. El proyecto avanza sobre técnicas de recuperación del suelo, desarrollo de alternativas productivas e incluyen tres demandas al gobierno local: a) la creación de un equipo de trabajo técnico-ambiental dentro del municipio; b) la promulgación de una ordenanza que determine una zona de 500 metros a la planta urbana con prohibición total de aplicación de agroquímicos sintéticos, cualquiera sea su categorización toxicológica y c) realizar un cinturón de árboles en la periferia de esta zona sin fumigación, para resguardar a la población de las derivas de las aplicaciones.

Los profesionales y funcionarios públicos cuestionaron todas las aproximaciones a la problemática planteadas por La Minga: “los plaguicidas son bioacumulables y biomagnificables”; “el glifosato se desactiva”, “no se puede demostrar que las enfermedades de los vecinos y trabajadores rurales son causadas por los productos aplicados”, “no se tiene en cuenta el problema de la pérdida de rentabilidad ante un eventual cambio en el modelo productivo”, “las alternativas de cambio son fundamentalistas”. Frente a esta clara estrategia de disuasión, los integrantes de La Minga apelaron a profundizar la discusión, evidenciando públicamente la defensa de los intereses de los productores por parte de los funcionarios estatales: “los productores no estaban ahí y el modelo se estaba defendiendo igual o mejor que si estuvieran los productores”. Hoy se encuentran sumando voluntades para realizar la propuesta de ordenanza, intentando superar las normas formales que existen para la participación popular en la tarea legislativa.

Barrio Ituzaingó Anexo: la denuncia de los efectos de los agrotóxicos y la complicidad de las instituciones estatales como genocidio encubierto.

“En el caso nuestro, se han violado los derechos humanos y lo que nosotros estamos pidiendo es un derecho a la salud, a la vida y a un medio ambiente sano, que son prácticamente, si vos te das cuenta, un derecho que tendríamos que tener todos y ahora no lo tenemos. Ellos con las fumigaciones, nos han fumigado con avionetas, no les importó la gente, nadie fue capaz de decir: No, hay un barrio cerca…no, si no salía la gente, si no salíamos nosotros a pelear esto todavía lo seguirían haciendo. Se frenaron gracias a la pelea. La organización surgió porque tuvimos que defendernos de algo que nos estaba dañando…” (5)

 


El colectivo “Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba”, surge hacia fines del 2001 tras percibir diversos y numerosos casos cáncer en el vecindario. Autoformándose en el tema y con el apoyo de grupos ambientalistas y de derechos humanos exigen a las autoridades que intervengan sobre distintos factores contaminantes: derrames de PCB de los transformadores de energía eléctrica, desechos industriales de fábricas automotrices en la zona, y puntualmente, la fumigación de los campos de soja transgénica colindantes a sus viviendas. La persistencia de las Madres convierte a su lucha en paradigmática para las movilizaciones de ciudadanos afectados por el uso de agrotóxicos en la producción sojera en todo el país y la región.
El nombre del colectivo, por un lado, evoca y se reconoce en la identidad de Madres de Plaza de Mayo, movimiento de Derechos Humanos que en Argentina surge frente a los asesinatos y desapariciones de la dictadura militar: “Sí, seguramente habían salido en defensa de sus derechos y había que callarlas de alguna manera, y a nosotros no nos han callado de esa forma drástica, que directamente te tiraban al río, a nosotros nos van callando de otra manera”. Por otro lado, la identidad refiere a la situación concreta de su lucha: “El vecino te podía decir: ‘yo a Ud. no la autoricé a decir o hacer tal cosa’. Como mamá, a mí nadie me puede cuestionar, si mi hijo está enfermo, si yo quiero denunciarlo, llevarlo a donde quiera, nadie. La defensa era como mamá…”

Las Madres hablan de “genocidio encubierto”, al igual que otros colectivos en el país, denuncian la connivencia del estado con la industria contaminante y la injusticia sistemática que padecen los reclamos de los afectados. La figura del genocidio también reenvía a la memoria de la dictadura: “Cuando teníamos que mandar el trabajo a Ecuador (para participar en el Informe Alternativo sobre la Salud en América Latina) hablamos de genocidio encubierto, como fue en la época de los militares, es un genocidio, están matando gente y ellos siguen actuando exactamente igual. Hay responsables, los que están en el poder son responsables, pero ellos se tiran la pelota: “Este problema es del gobierno anterior”. Otra forma de evadir el problema es referirlo a cuestiones de jurisdicción cuando las leyes definen competencias concurrentes y principalmente la implementación de respuestas tecnocráticas, una interminable sucesión de metodologías de investigación que luego de 7 años no llega a definir los hechos, si está o no contaminado el barrio y las responsabilidades correspondientes, es decir, impunidad. El análisis de estas estrategias, que hemos denominado de despojamiento de ciudadanía, nos ha llevado a diferenciarlas entre formas de menosprecio y formas de burocracia (Carrizo y Berger, 2009). Con ello pretendemos aportar a identificar las operaciones de denegación de razonabilidad, discriminación por género, etc., así como a los procedimientos utilizados por la administración de justicia y en el poder ejecutivo que se agotan en ritualismos y tecnocracia, diluyendo el contenido de justicia de las demandas por derechos.

Conclusiones

Las luchas de los afectados visibilizan el sesgo sistemático del estado, la no actuación de un poder de policía legislativo y administrativo que, mediante leyes y recursos institucionales, imponga límites y sanciones a las fumigaciones que afectan a la salud de la población. También visibilizan la inefectividad de un sistema de salud para ejercer la vigilancia y garantizar la asistencia a los afectados, con infraestructura, procedimientos administrativos y protocolos de intervención profesional para casos de malformaciones, plaguicidas en la sangre de niños, entre otros. Tal vez, como pocos, el clamor de los afectados alerta a la población sobre la urgencia de la auto organización para la defensa de derechos y la realización de la justicia ante la impunidad de agroproductores y funcionarios públicos.
La defensa de la vida, la salud y el ambiente como prácticas de la diversidad, ha surgido y se organiza en medio de los efectos y la violencia de un sistema de producción concentrado y tecnologizado, revitalizando el discurso de los derechos como una esfera de posibles formas de vida no centradas en la maximización de las ganancias y la destrucción del ambiente. www.ecoportal.net

Cecilia Carrizo y Mauricio Berger
Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública- Universidad Nacional de Córdoba.

Notas
(2) Entrevista a Alicia Rópolo, integrante de la Agrupación Voz Ciudadana, mayo 2009.
(3) Idem nota 2.
(4) En marzo de 2008 el gobierno nacional decreta el aumento de las retenciones a la exportación de soja. Un amplio proceso de politización se desarrolló en el que el foco de la discusión fue la apropiación de la renta sojera. Los efectos ambientales y sanitarios de su producción fueron y son discursivamente utilizados por el gobierno, sin promover acciones reparadoras del daño ambiental tal como lo establece la Constitución Nacional.
(5) Entrevista a Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, marzo 2006.

Bibliografía
Benhabib, Seyla (2005): Los derechos de los otros. Gedisa Editora, Buenos Aires.
CARRIZO, Cecilia y BERGER, Mauricio (2009): Estado incivil y ciudadanos sin estado. Paradojas del ejercicio de derechos en cuestiones ambientales. Narvaja Editor, Córdoba.
NAISHTAT, Francisco (2005): Problemas filosóficos en la acción individual y colectiva: una perspectiva pragmática. Prometeo Libros, Buenos Aires.

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