Por Alicia Tejada Soruco
Desde que este país naciera como república, su historia agraria refleja los vanos esfuerzos del Estado por resolver los problemas entre latifundistas y “sin tierra”; los primeros, ante la ausencia de un mercado formal y diferenciado para la tierra, la han traficado en el mercado informal, con los que tienen excedentes para concurrir a este.
Desde que este país naciera como república, su historia agraria refleja los vanos esfuerzos del Estado por resolver los problemas entre latifundistas y “sin tierra”; los primeros, ante la ausencia de un mercado formal y diferenciado para la tierra, la han traficado en el mercado informal, con los que tienen excedentes para concurrir a este.
A casi una década de la promulgación de la Ley INRA, el mercado volvió a hacer de las suyas: Comunidades enteras han desaparecido comercializadas también entre indígenas, que las demandaron al Estado, y empresarios que concurren a un nuevo mercado de de la informalidad. Centenares de solares campesinos se han reagrupado con el mismo fin.
La producción agrícola campesina y la riqueza cultural y multiétnica indígena hasta ahora se han traducido en mejoras económicas; los excedentes continuaron en las mismas manos. Ignorar datos de la realidad y de la historia en cualquier análisis sobre el tráfico, soborno, chantaje, extorsión y abusos de poder, que hoy adornan la problemática agraria del país es, cuando menos, una actitud irresponsable.
La apropiación de una laguna, en el municipio cruceño de Ascensión de Guarayos corresponde al mismo contexto: Se trata de un Estado con incapacidades acumuladas para regular incluso aquellos bienes que tienen antecedentes de derecho propietario menos difusos.
La Laguna Corazón es un cuerpo de agua, legalmente definido como un bien de dominio originario del Estado, al que habitualmente accedía el pueblo indígena Gwarayú por su valor (social y de subsistencia) en recursos pesqueros por lo que éstos detentan un derecho consuetudinario. Su valor paisajístico y eco sistémico nunca fue tomado en cuenta formalmente hasta que, en la década del noventa, en pleno auge de los derechos indígenas y de la tercera generación, la Laguna fue declarada Patrimonio Municipal de Ascensión de Guarayos. Tras esta ordenanza hubo otras pero ninguna logró impedir que la mano invisible de la economía se apropiara del corazón de agua de Guarayos, corazón que late junto al pueblo y junto a uno de los centros urbanos cuyo crecimiento demográfico desmesurado, en la última década, demanda una política clara sobre sus espacios verdes, áreas de recreación y patrimonios naturales.
Laguna Corazón es un bien de dominio originario del Estado y de Utilidad Pública, debido a ello adquirió el carácter legal de inembargable, imprescriptible, intransferible, inalienable, etc. Laguna Corazón tiene entonces el mismo carácter legal que el de la propiedad de las tierras comunitarias de origen del pueblo Gwarayú, carácter que no ha logrado impedir que dichas tierras sean diariamente transferidas, en el mercado informal, a sus compradores no indígenas ni de origen Guarayo. A ello obedece la presencia de propietarios croatas, rusos, brasileros y collas y que todos aleguen mejor derecho sin que el Estado logre demostrar lo contrario. Intento demostrar en este artículo que el problema que enfrenta hoy el municipio de ascensión de Guarayos no se reduce a la discusión de unos cuantos metros de acceso a una Laguna que un ciudadano de origen croata usufructúa hace años: Bajo el sagrado manto de instituciones no menos sagradas, y cuyos males no se cuecen precisamente en el centralismo altiplanico, Branco Marincovick, actual presidente de la Federación de Empresarios Privados, propietario de industrias aceiteras y líder autonomista cruceño extendió su dominio supra-estatal, sobre la tierra, las aguas, los bosques y hasta sobre los habitantes de una comunidad indígena. Gwarayú asentada en lo que considera su propiedad, hoy trasladada a Santa María.
Por haberse atrevido a ignorar leyes nacionales, departamentales y municipales, Marincovick, no sólo obtuvo privilegios a los que ningún ciudadano/a boliviano/a accede por la vía formal: Marincovick demostró también que el Estado concurre al mercado informal y hasta determina el precio del daño a sus propios bienes eficientemente, a través de multas, compensaciones y otras medidas de dudosa seriedad en la cuantificación del daño.
El declarado autonomista, apostó a la ilegalidad; al mercado informal de los bienes del Estado: Definió el fin de un patrimonio municipal, construyendo incluso un silo soyero en las áreas de protección de la Laguna Corazón, puso un precio económico a la destrucción de setecientas hectáreas de bosques, con lo que seguramente demostrará también su derecho propietario de la tierra; reforzando así la visión recaudadora de la Superintendencia Forestal en la que cuenta con familiares en cargos jerárquicos; y pagó, con una escuelita, a las familias de la comunidad indígena San José Obrero, que expulsó pacíficamente, legitimando una práctica usual de dirigentes indígenas a los/as que la justicia comunitaria nunca alcanza.
Hace una semana, tras un reportaje de la periodista Gisela López publicado en EL DEBER en el que se denuncia la apropiación de la Laguna Corazón por parte de Marincovick, éste personaje fue objeto de una convocatoria a reunión en el despacho del alcalde municipal de Ascensión de Guarayos. Tuve la oportunidad de ver algunos episodios de dicha reunión, a través de un canal de televisión local, su actitud y su expresión corporal fueron las de quien vino a conceder gracias y favores a los vasallos de su dominio, y no de quien actuó de forma irrespetuosa y abusiva con toda la sociedad guaraya. Fuentes confiables aseguran haber escuchado a Marincovick expresar su molestia porque tras cada cambio de caciques o autoridades tenía que “pagar” a alguien.
En dicha reunión ofreció doscientas cinco hectáreas de tierras al gobierno municipal de Ascensión de Guarayos. A las comunidades Guarayas les concedió también un acceso, asegurándose de proteger el que ya ha construido por razones de seguridad a sus inversiones y de que, a cambio, todas las instituciones le reconozcan propiedad y no lo molesten por “faltas irrelevantes”.
Por supuesto su alambrado continuará encerrando la Laguna y no moverá un milímetro las construcciones realizadas en sus orillas sin Estudio de Impacto Ambiental y sin autorización de ninguna instancia del Estado. Para que nadie dude de sus buenas intenciones sobrevolará, junto a ciudadanos guarayos, los desastres que están ocasionando sus vecinos en los curiches que alimentan la Laguna que, según él, producirán mortandad de peces sobre los que deslinda responsabilidad. (Privaticemos las ganancias y socialicemos las pérdidas, es el mensaje de quien asegura que gracias a sus inversiones la Laguna se ha conservado protegida)
Si su oferta es aceptada, representantes campesinos, cívicos, municipales e indígenas de esta provincia, podrían concurrir, en veinte días más, a ese mercado informal, en el que históricamente se han resuelto los bienes comunes del país para concluir en un acuerdo que “resuelva definitivamente el problema de Laguna Corazón”.
Autonomías y Régimen de Recursos Naturales Renovables de dominio originario del Estado boliviano; un tema de agenda para los ciudadanos/as responsables que no admite demagogia histórica.
Y la eficiencia empresarial es sin duda otra ausente que desde hace tiempo se confunde con el pionerismo y la aventura. www.EcoPortal.net
* Alicia Tejada Soruco, Ascensión de Guarayos, 5 de marzo del 2005