Suelos

Colombia: Crónica de una infamia

Destrozar los ecosistemas protegidos, ese delito –así se tipifica en el código Penal- se comete ante los ojos de la ciudadanía, el alcalde de la ciudad, el gobernador de Bolívar, las autoridades de toda índole, los tribunales de justicia, los Mandatos Constitucionales, las fuerzas armadas, la fiscalía y las entidades competentes.

Por Rafael Vergara

Destrozar los ecosistemas protegidos, ese delito –así se tipifica en el código Penal- se comete ante los ojos de la ciudadanía, el alcalde de la ciudad, el gobernador de Bolívar, las autoridades de toda índole, los tribunales de justicia, los Mandatos Constitucionales, las fuerzas armadas, la fiscalía y las entidades competentes.


¡Insólito!, En la ciénaga de la Virgen, la despensa alimentaria de La Heroica, se talan manglares y se rellena de noche y día. Hay abundante y está barata la materia prima o –mejor- el arma de la depredación masiva de un Ecosistema.

Los escombros provienen de las demoliciones de casas de Bocagrande; a los ojos de todos recorren la avenida Santander, transitan por el sector amurallado, pasan al frente del tránsito Distrital y en Crespo se muestran ante el CAI. En ese barrio, además, queda la sede de la enceguecida Fiscalía. Los incontrolados escombros pasan también al frente del vigilado aeropuerto. Pasan frente a las narices de las autoridades antes de ejecutar el asesinato del ecosistema, pero nada pasa.

Nada ni nadie detiene los ritmos de la máquina depredadora. Ya es una rutina y –dicen algunos-, “como no hay escombrera, ni modo”, que el vertedero sean las aguas, el hábitat de la biodiversidad que estamos todos comprometidos a proteger.

Es la tragedia del miro pero no veo.

¿Qué dicen las licencias de construcción sobre cual debe ser el destino de los escombros?

Ante la gravedad de los hechos, ¿Quién vigila el cumplimiento?

¿Y las autoridades ambientales, la Capitanía del Puerto, la Dimar, a sabiendas de lo está sucediendo por qué incumplen con su deber de impedir el daño?

Destrozar los ecosistemas protegidos, ese delito –así se tipifica en el código Penal- se comete ante los ojos de la ciudadanía, el alcalde de la ciudad, el gobernador de Bolívar, las autoridades de toda índole, los tribunales de justicia, los Mandatos Constitucionales, las fuerzas armadas, la fiscalía y las entidades competentes, facultadas para detener la mas agresiva y despiadada depredación de la margen derecha de este vital cuerpo de agua de 22 kms2.

Y lo más grave es la motivación: cercenarle a la Nación lo que es todos para que, pese a la imprescriptibilidad de los bienes de uso público, sean, a posteriori, objeto de comercio las aguas convertidas por arte de la ilegalidad en “predios”.

Estamos ante la presencia de otro drama nacional: la urbanización de las ciénagas. El cambio arbitrario e ilegal del uso de un suelo determinado por su Naturaleza misma como de conservación, protección o recuperación.

No solo pasa en la ciénaga de la Virgen, pasa en Manga, en Tierrabomba y Barú, en las islas del Rosario, San Bernardo e isla Fuerte. El problema trasciende los límites de Cartagena, el tema es de carácter nacional y local.

Así, paradójicamente, esta Riqueza Ecológica y la obligación de preservarla como casa de la biodiversidad y protección de la zona marina, es refrendada por el Estado colombiano en Convenios Internacionales, Mandatos Constitucionales y Leyes recogidas en el Plan Nacional de Manejo de la Zona Costera y por el Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental del Distrito.

Pero en Cartagena y en general en la zona costera del país ninguno de estos mandatos se respeta. Para muestra un botón. Inicialmente, en la depredación del ecosistema de La Boquilla,-igual sucede en Barú- quienes ponen el pecho y la mano de obra son boquilleros pobres, con casa en el corregimiento, financiados y protegidos por la banda de “los Chapetos” y la inteligencia delictiva de abogados, funcionarios y ex funcionarios.

A los ojos de todos, los “beneficiarios” últimos “se camuflan”, sin consecuencia alguna: a sabiendas no los ven. En su gran mayoría aparecen en los expedientes y han sido denunciados ante la fiscalía, la procuraduría y la gobernación de Bolívar. Se muestran, como los escombros, pero pasan ante los órganos de control y nada les pasa, no hay retén, nadie los detiene. Si algún funcionario los enfrenta y denuncia, lo empapelan. Las ratas le tiran a las trampas.

Detrás del concierto para delinquir va la acción sediciosa de desconocer, a nombre del “debido proceso”, las obligaciones constitucionales de respetar, proteger y conservar las zonificaciones del ministerio de Medio Ambiente, los espacios del Territorio considerados de especial importancia ecológica.

Los autores intelectuales del ecocidio están liderados por un espécimen de “abogados”, que manejan códigos y complicidades, no le temen al consejo Superior de la Judicatura, con cero acción de la Fiscalía pese a estar denunciados se sienten con derecho a delinquir “legalmente”. Están enquistados en cargos de gobierno o son ex funcionarios de la capitanía del Puerto, la armada, el Distrito. La fiscalía, gracias a las innumerables denuncias sabe quienes son. Igual que cuando talan y descargan la carga mortal sobre raíces y aguas, tampoco pasa nada.

Frente a ellos y sus conexiones judiciales, como si se tratara de un proceso de tierras adquiribles por prescripción, hay que probar que el agua es agua y que las ciénagas, las playas, los playones inundables, los arrecifes coralinos son de la Nación. El interés individual se impone al interés general

La carga de la prueba se invierte y durante la acción del Estado o el procedimiento de restitución, el depredador permanece usurpando el bien de uso público o la zona de bajamar que, de antemano, se sabe que es de la Nación. Se ignora –sin querer queriendo- que se trata de espacio público, y en la defensa del mismo, cualquier “titulo” existente es inoponible al Estado.

En este abuso del derecho, en el robo del patrimonio público, se inventan falacias tales como sentencias donde se prescribe lo que la Constitución y la Ley determinan imprescriptible.

Con cinismo, argumentan, entre otras, que la porción de ciénaga sobre la que “hace 26 años” se ejerce “posesión” –las fotografías aéreas del Codazzi los desmienten- no estaba registrada en la oficina de instrumentos públicos, como si se tratara de baldíos adjudicables, sin dueño o en abandono.

El “al parecer” o el “se presume” abre paso a procesos interminables y hasta “peritazgos” que realizados de 700 días después, pasan por encima de los informes de los inspectores y de los juiciosos estudios del Centro de Investigaciones Oceanográficas.

Para poder exonerar al culpable, milagrosamente el relleno deja de ser relleno y el manglar y las aguas, para el caso, ya no son el entorno característico de las zonas de bajamar. Obvio, el peritazgo lo paga el rellenador. Las talas y rellenos evidentes para las autoridades son "presuntos”. Es tanto como ante un cadáver decir que está “presuntamente” muerto.

Los boquilleros tienen lazos de raza, de clan y muchos tienen hambre. Algunos de ellos, a nombre de foráneos, indolentes y agresivos colonizan, hacen sabaleras, y con las aguas convertidas en “lotes”, también llamados “diamantes por pulir”, se convierten en cómplices sociales del ilícito.

Delinquir les permite “sacar un billete” por el lobo disfrazado de oveja que está detrás, el que manipula el crimen organizado justificando el “derecho” de invadir. “Mañana -le dicen- el Distrito si te saca, tiene que reubicarte”

Ese ciudadano indolente es así usado para “defender” el daño ambiental y una apropiación indebida de la que queda constancia falaz en una “escritura de posesión” que, por contener un objeto ilícito, los notarios no deberían legalizar. Pero lo hacen y contribuyen sustancialmente a la perversidad de “legalizar” lo ilegal.

Seguro, está demostrado: ¡no pasa nada!

El tiempo de “posesión” se inventa al antojo. En los crímenes ambientales el fraude procesal y los falsos testimonios no se tienen en cuenta. El nativo que justifica la apropiación en que es pobre “la vende” después al financista. Así se fabrica la coartada que pretende romper la continuidad del delito, disimular el concurso de delitos, excusar la manipulada flagrancia, “Yo no fui el que talé, compré de buena fe”, así afirman.

Amparados en una generalizada y vergonzosa impunidad, se soporta el apoderamiento abusivo de las zonas de bajamar y de paso se destruyen, de manera sostenida, la legalidad, la seguridad alimentaria de la población y la protección futura frente a los fenómenos climatológicos.

A la justicia la hacen andar en contravía porque la flagrancia se valora por el hecho de sorprender al que está talando el manglar y no por la resultante: rellenar un lugar imprescriptible donde la presencia, el daño ambiental y la “escritura de “posesión”, son conductas ilícitas y flagrantes del intento de apropiarse del patrimonio Natural de la Nación. Acá esos papeles fraudulentos adquieren estatus de legalidad creadora de “derechos”.

Insisto, esto sucede en la entrada misma de la ciudad, o en el parque Cacique Dulió, el Parque Corales del Rosario y San Bernardo, o en sus ciénagas asociadas. También pasa en el barrio de Manga, en los caños y los lagos o en la bahía de Cartagena o de Barbacoas.

Así ha sido desde siempre. La ciudadanía permisiva, asustada y aterida, está instalada en la trampa de aceptar en silencio y como virtud el hecho de ser delincuente o cómplice.

Pruebas de las compraventas de posesiones a nativos sobran y los crecientes daños ambientales, convertidos en “lotes” o “predios”, son las cicatrices o heridas abiertas de la inoperancia del sistema de controles y de nuestra complicidad obligada.

Hoy hay alarma por el ritmo de los daños, pero los constructores, como Robert Openhaimer, el constructor de la bomba atómica, no se sienten responsables de los daños que se cometen con los escombros que producen. “Yo hice la bomba -decía el “científico”- pero no la tiré”. “Yo contraté a alguien para que se lleve los escombros, donde los tiren no es mi problema” sentencian.

Las apropiaciones multiestrato están allí, en directo, expuestas a la vista de propios y extraños, son la constancia de la incapacidad y la ineficiencia, las conductas omisivas, la indolencia, el miedo de coordinadamente y de manera definitiva enfrentar con decisión una infamia.

Denuncias penales y procesos administrativos en la Alcaldía, la capitanía del Puerto, en parques Nacionales, Cardique o la Fiscalía, hay cientos. Las órdenes de restitución no se ejecutan. Diez años después de la iniciación de las sindicaciones de los culpables del caos ambiental, no se ven frutos, no pasa nada.


Pese a que en la Administración de Carlos Díaz Redondo la alcaldía se hizo parte civil en los procesos penales por daños en zonas protegidas, no hay un solo preso.

En la institucionalización de la infamia, incluso la Corte Suprema de Justicia justificando una sentencia de prescripción prevaricadora y negando así una tutela presentada por existir una vía de hecho, fue capaz de afirmar que “el juez de la época no poseía los elementos técnicos para saber que la zona de bajamar era una ciénaga”. Y que por eso el juez prevaricador prescribió lo imprescriptible.

Por si fuera poco, en una revisión de esa tutela, la Corte Constitucional, con ponencia del ex Presidente, doctor Manuel José Cepeda, luego de que el Tribunal de Bolívar se declarara impedido por haber autorizado la inconstitucional apropiación del bien de uso público, afirmó que a pesar de ser consciente y de estar probada la improcedencia de la sentencia de prescripción, en defensa del “principio de la Cosa Juzgada”, entiéndase, mal juzgada, como Juez Constitucional no podía fallar en derecho constitucional.

Hacerlo –afirmó- significaría anular la sentencia. Ante la desbordada apropiación de lo público y el daño ambiental creciente era eso lo que se requería y eso fue lo solicitado al tutelar la defensa del medio ambiente y la superación la clara vía de hecho en que incurrió el Juez y el Tribunal al decretar la prescripción de lo imprescriptible. Ponerle fin, de tajo, a la enorme inequidad que le permitió a Aníbal Olier burlarse de la legalidad, burdamente mentir ante la fiscalía y los juzgados y hasta vender “posesiones”, es decir el manglar aledaño a su “prescripción de lo imprescriptible”. Así las cosas, el máximo Tribunal Constitucional falló en derecho civil, actuó contra una sentencia pero sin considerar la gravedad de la situación, abriendo a revisión de la Corte Suprema de Justicia la prevaricadora sentencia a favor de Aníbal Olier, ex defensor del Pueblo y actual decano de una facultad de derecho. La dolorosa sentencia si bien deja “subjudice la mal habida “propiedad”, ordenó que cesara el daño ambiental –y continua-, y recalcando que no podía hacerse mas daño al ecosistema terminó concediéndole “derechos” a Hernán Bohórquez, vecino y comprador de las “posesiones” de Olier y donde, contrariando la legislación, posee una sabaleras y hasta caballerizas, las que está en mora de desmontarlas, reforestar y salir del lugar como lo ordena la Acción Popular ganada el citado. Este personaje tuvo la osadía de denunciarme en mi condición de funcionario por “perturbación de la posesión, abuso de autoridad y perjuicios”. El cinismo llega al punto que, ante el fiscal, afirmó que mis denuncias habían ocasionado que se deshiciera la venta de su predio por $3.000 millones. Como es obvio fui exonerado.

Precisamente parar los hechos graves que se viven en La Boquilla y el mal precedente con las falsedades implícitas en la pérdida de dominio de la Nación sobre su patrimonio, era lo que el tutelante solicitaba. Poder defender en nuestra jurisdicción los recursos naturales y frenar el loteo y venta ilegales de las zonas de manglar, del patrimonio natural de los colombianos.

Era el momento para que la Justicia enderezara la injusticia y el atropello a la verdad y a la Naturaleza. Pero no se logró. Lo más doloroso es que la sentencia T-294/04 castigó al tutelante, desconociéndole su derecho, como ciudadano, de poder accionar con tutela y defender las áreas protegidas que la Constitución ordena a los ciudadanos y al Estado cuidar.

Eso si, el mezquino interés individual de quien prescribe para si lo que es de todos ganó más tiempo de uso de lo público, ya que en defensa de la “cosa juzgada” el magistrado, optó a sabiendas, la prolongación en el tiempo de la ocupación ilícita y el daño ambiental. Tuteló solo el debido proceso y ordenó, como ya se dijo, la apertura, 17 años después, del recurso de Revisión de la sentencia de marras, recurso a tramitar ante la Corte Suprema de Justicia, la misma que había negado la tutela y que elevó a modo de adquirir la ignorancia del juez.

Pues bien, hoy, casi tres años después, ni siquiera ha sido admitido el recurso de revisión y ya se dice que el expediente está perdido (?). Y de otra parte, el paisa de las caballerizas, Hernán Bohórquez, protegido inexplicablemente por la tutela, sigue con sus paredillas impidiendo la libre circulación de los colombianos por un espacio que nos pertenece. Además, se sigue negando a cumplir con la orden impartida, hace más de tres año, por la magistrada del Tribunal Betty Fortich.

De hecho y pese a la orden de Cardique de desmontar las caballerizas construidas sin autorización alguna, nadie hace cumplir el fallo judicial y no pasa nada.

Por eso, entre otras, la depredación ambiental y el ecocidio avanzan. La impunidad ha entronizado está perversa dinámica. Hoy ninguna autoridad encara el problema. De 23 invasores de la margen derecha, con procesos de restitución en firme y sin ejecutar, se pasó a más de 100 en un lapso de tres años.

El ex director del EPA de la administración Barboza, abandonó a su suerte más de 15 acciones populares y las restituciones previstas por su antecesor. Para no actuar frente a las invasiones, contrariando el mandato del Acuerdo de la creación de la entidad, auto minimizó su jurisdicción limitándola hasta la Bocana Estabilizada de Mareas, que es donde comienza el problema. Pese a que la ley lo ordena, hoy no existe en el Distrito quien cumpla las funciones de policía ambiental. Salvo hablar, nada se hace para defender el Ecosistema y esto es un secreto a voces, nada pasa.

Las ocupaciones de todos los estratos se saben beneficiadas por esta situación y “protegidas” por sus “abogados”. En la práctica así ha sido. Pocos éxitos oficiales pueden mostrarse. Por eso, después de engorrosos procesos, cuando son derrotados por la vía legal, irrespetan los ineficientes procesos de restitución, las acciones populares, la revisión de las sentencias de prescripción.

En señal de dominio ante el Estado e irrespeto a la autoridad, los usurpadores entorpecen la acción de las entidades oficiales, denuncian a los funcionarios ante los diferentes órganos de control, desconocen las órdenes y fallos en su contra, pavimentan las bajadas a su “posesión”, ignoran y desacatan los mandatos de la autoridad, encierran las aguas, montan sabaleras y caballerizas dentro de las islas mangláricas.

Del análisis de la información se desprende que, en algunos casos, si surgen problemas simplemente se valen de Rafael Prins Vélez, jefe de la unidad operativa y de gobierno de la Gobernación de Bolívar para frenar la ejecución de acciones. Desde la gobernación desde el año 2001 cuando tumbando paredillas se impidió a este funcionario una ocupación ilícita de una zona de manglar en La Boquilla, con la tolerancia del Gobernador, ha venido siendo entorpecida la labor ambiental del Distrito.

Durante más de un año, usando la figura del improcedente recurso de apelación contra una resolución de la Alcaldía, impidió que se adelantara la recuperación de una urbanización ilegal ejecutada por Tijelino Mosquera en el sector de Marlinda.

En efecto, dos fallos del Tribunal Administrativo surgidos del “control de legalidad” extemporáneos ambos, uno favoreció a la corporación Cardique dejando sin recursos al EPA y, el otro, cuatro años después de intentarlo ante otras instancias, incluso la propia gobernación, se invalidó la resolución que referenciaba la grave situación en La Boquilla y determinaba la necesidad de actuar en la recuperación de las zonas agredidas unificadamente, todas las autoridades y con la celeridad requerida. Estamos hablando del desmontado ECOBLOQUE, único instrumento que legal que permitió y permite al Distrito hacer algunas recuperaciones y frenar de tajo esa actividad durante un tiempo (artículo 65 numerales 6 y 7 de la Ley 99 de 1993).

La prueba de la “extralimitación” la sustentó este leguleyo y mal intencionado “funcionario” en que el alcalde, vía Damarena, coordinó las acciones y el facultado era el enterrado Inderena, según un derogado decreto de 1978. ¡Increíble!, Prins haciendo control de legalidad es como Drácula cuidando un banco de sangre.

Todo lo hacen de frente mar. El CAI ambiental para proteger la zona, construido contra viento y marea y superando las trabas urdidas desde la gobernación por los llamados abogangsters, fue quemado. Dos y medio años después no hay culpables. La orfandad de un muerto. (Proceso 1111118)

En lo que podría calificarse como la teoría del huevo es…, hoy al lado de las columnas quemadas, con casitas de madera rearmaron “posesiones” quienes se oponían a su construcción y fungían, según su propia confesión, como trabajadores del funcionario de la Gobernación. Este al verse descubierto, prestidigitador ducho, se cambió procesalmente por el cuñado, al que en una declaración jurada dijo no conocer. Con esa “prueba”: fue desvinculado en la investigación de la capitanía del Puerto y con ese fallo se hizo precluir en la Fiscalía.

El loteo en las ocupaciones indebidas llamadas Marlinda y Villagloria, el playón inundable que posibilita el intercambio mareal y que en el reciente invierno fue catastrófico para la población, pese a todo, continúa allí creciendo.

El alto riesgo es dual: al impedir con los rellenos el recambio de aguas amenazan la ciénaga eliminando el manglar e impidiendo los procesos hidrobiológicos y, a su vez, por estar en la práctica dentro del agua y por delante tener el mar Caribe, están en un peligro inminente

En la mentalidad y la voz de los depredadores, con pasión lo expresan, si el Estado por donde va la vía cambió el uso del suelo, ellos también tienen derecho a rellenar y ejercer “posesión” violentando la naturaleza y la normatividad vigente. En ese propósito, como está demostrado, nada pasa = todo se vale.

Así las cosas, la protección del ecosistema, en Cartagena se traduce en procesos que nunca acaban y si acaban no se cumplen, letras en los códigos, leyes o acuerdos, componendas, complicidades, ineficiencias, “peritazgos”, el engranaje cómplice de una coartada de legalidad que no solo tala y rellena las aguas sino que entierra la legalidad y las esperanzas.

Por eso y como última carta, en un consejo empresarial celebrado en Cartagena ante tan despiadada invasión, al presidente Álvaro Uribe se le pidió que encarara la dimensión del caos y le recordé, como lo hago hoy, la gravedad de la enfermedad. Él es el comandante de las Fuerzas Armadas y de acuerdo a la Constitución y la Ley, son ellas las llamadas a defender la integridad del Territorio y la Soberanía Nacional, dos valores básicos que, en últimas, son los que están siendo cotidianamente agredidos a luz del sol y de la luna. www.ecoportal.net

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