Suelos

El Banco Mundial: Políticas y Realidades

El Banco Mundial tiene ahora en marcha proyectos del orden de los 3.000 millones de dólares, que están afectando a los bosques. Pero no hay claridad acerca de si se controlarán esos proyectos y cómo se hará ese control para asegurar que no perjudiquen a los "bosques críticos".

Por Traducción WRM

El Banco Mundial tiene ahora en marcha proyectos del orden de los 3.000 millones de dólares, que están afectando a los bosques. Pero no hay claridad acerca de si se controlarán esos proyectos y cómo se hará ese control para asegurar que no perjudiquen a los "bosques críticos".

[1] Certificación de explotación forestal

En 1998, el Banco Mundial y el WWF anunciaron una nueva "Alianza Forestal" con el objetivo de asegurar que para 2005 hubiera 200 millones de hectáreas de bosques certificados en los países clientes del Banco Mundial. La Alianza tuvo serias dificultades para lograr este objetivo. Como la mayoría de las actividades de madereo en realidad son llevadas a cabo por compañías madereras privadas, el componente principal del Grupo Banco Mundial (el BIRF), carece de influencia como para persuadir a las compañías a que mejoren sus normas de certificación, en tanto que la Corporación Financiera Internacional (CFI), que es el componente del Banco que invierte en el sector privado, todavía debe cambiar su política de conformidad con el resto del Banco Mundial y de todas maneras no forma parte de la Alianza. La Alianza admite que, hasta la fecha, solamente se han certificado alrededor de 22 millones de hectáreas de bosques conforme a normas creíbles en países clientes del Banco, pero la contribución de los proyectos del Banco Mundial y el WWF para asegurar ese total no está nada clara.


Para que un proyecto de explotación forestal sea financiado por el Banco, la nueva política exige que el proyecto haya sido certificado (artículo 9a) o tenga un plan para obtener la certificación (9b). La certificación debería exigir: cumplimiento con la ley, reconocimiento y respeto de los derechos de uso y tenencia de la tierra, documentados o consuetudinarios, así como de los derechos de los pueblos indígenas y trabajadores; medidas para conservar o mejorar relaciones armónicas y positivas de la comunidad y beneficios múltiples; conservación de la biodiversidad y funciones ecológicas; monitoreo y evaluación. Además, la certificación debe ser justa, transparente, independiente, basada en la evaluación de terceros, eficiente desde el punto de vista de sus costos, basada en normas de desempeño definidas a escala nacional que sean objetivas y mensurables, compatibles con principios y criterios de manejo forestal sustentable aceptados internacionalmente, elaborados con la participación genuina de la población y las comunidades locales y otros miembros de la sociedad civil, y concebidas para evitar los conflictos de intereses. El único sistema que se acerca apenas a cumplir esos criterios es el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés), pero la Alianza entre el Banco Mundial y el WWF ignoró muchos de los problemas del proceso de certificación del FSC. Un análisis de los 11 "criterios" del Banco para un programa de certificación "creíble" demostró que el FSC probablemente fracasaría en por lo menos 7 de ellos.

No obstante, en los casos en que el Banco Mundial ha realizado importantes intervenciones en el sector forestal, como en la República Democrática del Congo (ver el artículo "República Democrática del Congo: después de la guerra, la lucha por el bosque" en este número), no hay pruebas de que se hayan aplicado esos criterios. La vigilancia que hace la Alianza entre el Banco Mundial y el WWF del proceso de esos emprendimientos es también motivo de cuestionamiento.

Según el Artículo 9b, el Banco podría financiar un proyecto en un bosque que todavía no haya cumplido los requisitos de certificación sujeto a "un plan de acción en etapas aceptable para el Banco para obtener la certificación".

Además, en su nueva Estrategia sobre Bosques, el Banco adujo que había:

"acordado con importantes organismos conservacionistas internacionales que promovería el uso generalizado de criterios e indicadores internacionalmente aceptados para el manejo sustentable del bosque. Esos criterios incluyen los definidos por el ITTC, discutidos en el IPF [e] IFF, y encarnados en los principios y criterios de organismos tales como el Consejo de Manejo Forestal".

Hay otros problemas fundamentales con este elemento de la Política sobre Bosques del Banco:

– Ni la Estrategia ni la Política son claras en absoluto sobre qué ocurre en el caso de que las compañías con certificación al momento de recibir los préstamos o garantías del Banco, dejen de cumplir con su "plan de acción" para lograr la certificación. ¿El Banco exigiría el reembolso de los préstamos o donaciones?

– La Estrategia y la Política no resuelven la paradoja obvia de que, según sistemas de certificación "creíbles" como el FSC, un criterio importante para la certificación es que la actividad forestal sea "económicamente sustentable". Si las actividades certificadas ya son económicamente sustentables, no queda claro cuál sería el propósito o valor de brindarles financiamiento del Banco Mundial.

En los hechos, al igual que muchos otros elementos de la "Estrategia" sobre Bosques y de los compromisos contraídos por el Banco en 2002, tampoco se han aplicado los requisitos de certificación. Los autores de este informe no conocen ningún caso en que el BIRF/AIF haya exigido realmente certificación asociada a un préstamo o donación al sector forestal, si bien se brindaron algunos fondos para desarrollar normativas nacionales de certificación, en especial en Europa del Este.

En la Estrategia sobre Bosques, el Banco sugirió que se incluyera un experto en certificación en algún Grupo Especial Asesor que sería llamado para todos los proyectos de explotación forestal de "Categoría Ambiental A". Sin embargo, como se ha señalado en otra parte de este informe, el Banco ha debilitado significativamente el grupo especial y ha evitado el requisito de la certificación, ya sea rebajando la categoría de proyectos forestales controvertidos a "Categoría Ambiental B", o dándole intervención al sector forestal dentro de los Créditos para Ajuste Estructural que no están sujetos a la Política sobre Bosques.

[2] El "Grupo Asesor Externo": un subterfugio para aparentar transparencia

Para facilitar la transparencia y obtener orientación durante la implementación de su nueva política de bosques, el Banco anunció que establecería un Grupo Asesor Externo (EAG) con el que interactuar. El grupo ‘tendría la tarea de proporcionar asesoramiento independiente" sobre bosques al Banco, ‘y tendría derecho a hacer públicas esas recomendaciones’. Este grupo incluiría integrantes provenientes de los gobiernos clientes, los pueblos indígenas, las comunidades locales, la sociedad civil, el sector privado, la ‘comunidad internacional de los bosques’, y las agencias bilaterales y multilaterales. 1

Nada de esto es cierto. Por el contrario, el Banco eligió a dedo a un pequeño grupo de personas que integran el EAG por sus capacidades individuales pero que provienen de RECOFTC, IUCN, CIFOR, FAO, CoFO, el gobierno de Ghana, Forest Trends y una ONG de Papua Nueva Guinea. No hay representantes de las comunidades locales, los pueblos indígenas, el sector privado o las agencias bilaterales. El EAG se ha reunido tres veces desde 2003 pero, a pesar de las solicitudes del propio EAG, el Banco no ha emitido ningún tipo de información sobre su estructura, membresía, o términos de referencia. Tampoco se han puesto a disposición fuera del Banco las minutas de sus reuniones y las recomendaciones del EAG.

Las ONGs han pedido repetidamente aclaraciones al Banco sobre el EAG, pero el proceso sigue siendo opaco. Lejos de actuar como un mecanismo de transparencia, y no obstante las buenas intenciones de los miembros del EAG, en realidad el grupo no es más que una cortina de humo detrás de la cual el Banco puede esconder el incumplimiento de su nueva política.

La efectividad del EAG fue puesta a prueba por el caso de la participación del Banco en el sector forestal de la República Democrática del Congo (RDC). Éste ha sido uno de los mayores problemas de manejo forestal que ha debido enfrentar el Banco desde que adoptara su nueva política de bosques, y ha sido muy polémico (ver el artículo "República Democrática del Congo: después de la guerra, la lucha por el bosque" en esta edición). Rainforest Foundations se puso en contacto con los miembros del EAG en febrero de 2003, y les informó que las acciones del Banco estaban poniendo en peligro el futuro de la segunda área de bosque tropical del mundo, al igual que el futuro de los millones de personas que dependen de él, y que era una flagrante violación de la Estrategia Forestal del Banco. En respuesta, se le informó a la Fundación que varios miembros del EAG compartían sus principales preocupaciones, pero que el Presidente del grupo era "la única persona autorizada a hablar en nombre del grupo".

En su respuesta de marzo de 2004 el Presidente del EAG, comunicaba que "el grupo está actualmente en una etapa de formación y aún no cuenta con mandato, metodología ni medios para abordar la clase de temas que ustedes han puesto a consideración. De mi parte, estoy intentando tener una reunión con los funcionarios del Banco Mundial y convocando a una reunión anticipada del EAG para agilizar el proceso. Los mantendremos informados".

Desde entonces no ha habido ninguna noticia.

[3] La Corporación Financiera Internacional (CFI) quiere atraer a cualquier precio las inversiones privadas forestales y de otros sectores que afectan a los bosques

La Corporación Financiera Internacional es el miembro del Grupo del Banco Mundial que otorga préstamos directamente al sector privado o compra acciones de empresas del sector privado que actúan en países en desarrollo. Pero la misión declarada de la CFI va más allá de ayudar a generar ganancias para las empresas del sector privado y sus accionistas. De acuerdo con su declaración de objetivos, la CFI existe para reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas a través del desarrollo sustentable del sector privado.

Junto a la CFI trabaja el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI o MIGA, por su sigla en inglés), que brinda un seguro contra riesgos políticos y comerciales a las empresas que actúan en países en desarrollo, economías en transición o mercados emergentes (elija el eufemismo que prefiera).

En la actualidad la CFI tiene una cartera de compromisos de cerca de US$ 18 mil millones, pero su papel en la distribución de préstamos de bancos privados para infraestructura, desarrollo petrolero y otros sectores hace crecer su influencia mucho más allá de sus inversiones propias.

La Política Operacional sobre Bosques de 2002 (OP 4.36) del Banco Mundial solamente se aplica a las operaciones del Banco en el sector público, esto es, cuando el Banco hace préstamos a los gobiernos. No se aplica a la CFI ni al OMGI. Pero la OP 4.36, un documento breve que establece directrices obligatorias, viene acompañado de un documento de Estrategia Forestal que lo abarca todo y es de aplicación enteramente voluntaria. Este documento de estrategia, que también fue adoptado por la CFI, hace un llamado a un gran aumento de la inversión privada en el sector forestal, que la CFI y el OMGI se encargarían de movilizar. Según la Estrategia Forestal, el OMGI tendría un papel más importante en los bosques gracias a su capacidad de asegurar a los inversores privados contra riesgos políticos y catástrofes. De esto surge una pregunta obvia: ¿cómo es posible conciliar el objetivo central del Banco, es decir la reducción de la pobreza mediante el manejo sustentable de los bosques, con el apoyo que brinda a este tipo de inversiones forestales de alto riesgo, en las que el sector privado tiene como amortiguador al dinero público mientras los ecosistemas y los pueblos que dependen de los bosques pagan el precio de planes mal hechos?

Lo que sí se aplica a la CFI es una Política Operacional sobre Bosques de 1998 (OP 4.36, análoga a la política previa de 1993 del Banco Mundial) que en teoría es obligatoria. Entre las disposiciones de esta política se cuentan la prohibición de financiación directa de actividades de madereo o la compra de equipamiento para madereo en bosques tropicales húmedos primarios, la promoción de la participación activa de las poblaciones locales en el manejo sustentable a largo plazo de los bosques y la exigencia de realizar evaluaciones ambientales y sociales de los bosques que están siendo considerados para uso comercial. Si se aplicara plenamente, esta política contribuiría a resolver en forma más amplia los problemas relativos a la sustentabilidad ecológica y el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades que dependen de los bosques.

Pero la lista actual de los proyectos que están siendo preparados por la CFI parece indicar que la CFI actúa en un vacío político a pesar de la naturaleza (en teoría) obligatoria de las políticas de salvaguardia, entre las que se incluye la Política Operacional 4.36 sobre Bosques. Para ninguno de los proyectos de esta lista que se relacionan con los bosques se exige una evaluación completa. Todos aparecen como proyectos de Categoría B, para los que en general se considera suficiente una simple evaluación documental:

– India – AP Paper Mills préstamo de $ 35 millones + $ 5 millones en participación (aprobado el 6 de julio de 2004)
– China – Chenming Corporation Pulp & Paper – $ 75 millones
– China – Krono Beijing – Wood Panels – $ 21,69 millones
– Brazil – Aracuz Cellulose – $ 50 millones
– Chile – Sociedad Inversora Forestal S.A. – $ 6,5 millones
– Uruguay – Pulp and Paper Metsä Botnia – $ 100 millones
– Federación Rusa – Kronospan Wood Panels – $ 70 millones

Esta breve lista de proyectos en curso apenas si rasca la superficie. No nos dice nada sobre las inversiones actuales en el sector forestal, de cientos de miles de dólares. Además, es probable que las inversiones de la CFI en industrias extractivas, infraestructura en gran escala, agronegocios, etc., tengan en muchos casos impactos importantes sobre los bosques y los pueblos que dependen de los bosques. La lista más reciente de la CFI incluye inversiones en energía hidráulica en India, gas en Bolivia y centrales de energía a carbón en Filipinas: ninguna figura como proyecto de categoría A y por lo tanto no se exige un estudio ambiental completo. Además, un tercio de los fondos de la CFI sirve para dar respaldo a bancos y otros intermediarios financieros. Por ejemplo, en esta última lista de proyectos de la CFI figura un préstamo de US$ 40 millones al Banco Agro Industrial de Exportaciones (Banex) de Costa Rica para expandir los agronegocios orientados a la exportación. Con relación a los impactos ambientales y sociales de este tipo de préstamo, hay muy poca transparencia, una vez más, en cuanto al modo de dar cuenta de los mismos, evitarlos o mitigarlos.

Actualmente la CFI está revisando tanto sus políticas ambientales y sociales como su publicidad de información de las mismas. Según la descripción de la CFI, la revisión es parte de sus esfuerzos por integrar plenamente la sustentabilidad a todas sus actividades mercantiles. Las ONG temen que la CFI esté pensando en sustituir las políticas de salvaguardia obligatorias, en virtud de las cuales puede exigírsele responsabilidad, por normas de desempeño casi voluntarias. Las ONG de todo el mundo piden normas claras y aplicables para los préstamos de la CFI y las reformas institucionales necesarias para garantizar su instrumentación. Las inversiones de la CFI en forestación e industrias extractivas son un recordatorio de la necesidad de controles y evaluaciones transparentes de las empresas que se benefician con el apoyo de la CFI y de una rendición de cuentas efectiva ante las comunidades afectadas y la población general.

[4] La política sobre hábitats naturales: derogación institucionalizada

Una lectura superficial de la Política de Bosques del Banco Mundial sugiere que contiene una proscripción que prohíbe al Banco Mundial financiar proyectos que a su criterio puedan afectar los "bosques críticos". Sin embargo, una lectura más atenta sugiere lo contrario. Esto se debe, en primer lugar, a que es el personal operativo del Banco y nadie más, quien decidirá cuáles áreas de bosques son "críticas" y cuáles no. En segundo lugar, la Política de Bosques se basa en los procedimientos de la actual Política sobre Hábitats Naturales (revisada en junio de 2001), que permite derogaciones de la proscripción general cuando no existen alternativas viables. En las citas que figuran a continuación se puede comparar el lenguaje utilizado en la PO 4.04 sobre Hábitats Naturales con el de la PO 4.36 sobre Bosques.

PO 4.04 "Hábitats Naturales":

"4. El Banco no apoya proyectos que en su opinión involucren la conversión significativa o la degradación de hábitats naturales críticos.
5. Siempre que resulte viable, los proyectos financiados por el Banco se situarán en tierras ya convertidas (con exclusión de las tierras que a juicio del Banco hubieran sido convertidas previamente en función del proyecto). El Banco no apoya proyectos que impliquen una conversión significativa de hábitats naturales, salvo que no haya alternativas viables para el proyecto y su ubicación, y que un análisis extenso demuestre que los beneficios generales del proyecto superan sustancialmente los costos ambientales. Si la evaluación ambiental indica que un proyecto implicaría la degradación o la conversión significativa de un hábitat natural, el proyecto debe incluir medidas de mitigación que el Banco considere aceptables. Entre esas medidas de mitigación se incluirán, según corresponda, la minimización de la pérdida de hábitat (por ejemplo, retención de hábitat estratégico y restauración posterior a la ejecución del proyecto) y establecimiento y mantenimiento de un área protegida ecológicamente similar. El Banco solamente acepta otras formas de mitigación cuando las mismas estén técnicamente justificadas".

PO 4.36 "Bosques":

"5. El Banco no financia proyectos que en su opinión involucren una degradación o conversión significativa de áreas de bosque críticas, o hábitats naturales críticos relacionados. Si un proyecto involucra una degradación o conversión significativa de bosques naturales o de los hábitats naturales relacionados que el Banco califica como no críticos, y el Banco determina que no hay alternativas viables al proyecto y su ubicación, y si un análisis extenso demuestra que los beneficios generales del proyecto exceden sustancialmente los costos ambientales, el Banco puede financiar el proyecto, siempre que el mismo incorpore las medidas de mitigación adecuadas". (7) (Nota al pie 7: "Para obtener información sobre las disposiciones sobre el diseño e instrumentación de las medidas de mitigación de los proyectos que puedan tener un impacto sobre los bosques y los hábitats naturales, consultar la PO 4.01 y la PO 4.04"). Esto significa que si bien el Artículo 5 parece prohibir el financiamiento por parte del Banco de proyectos que conviertan o degraden bosques "críticos", la Nota al pie 7 correspondiente sugiere que esta disposición está sujeta a los procedimientos establecidos en la PO 4.01 y la PO 4.04. Esta última especifica una serie de derogaciones a la proscripción general.

En el marco de la Política sobre Hábitats Naturales (PO 4.04 y MP? 4.04), hay una serie de derogaciones que permiten al Banco apoyar proyectos que afectan hábitats naturales críticos con sujeción a las siguientes condiciones:

– No hay alternativas "viables".
– Se han adoptado medidas de mitigación de acuerdo a lo dispuesto en la PO 4.01 sobre Evaluación Ambiental.
– Se establecen o mantienen áreas protegidas compensatorias
– La capacidad del prestatario de implementar dichas medidas de mitigación se evalúa y de ser necesario, se fortalece.
-El Banco "espera" que el prestatario "tome en cuenta" las opiniones, roles y derechos de las ONGs y las comunidades locales y las involucre en el diseño, la planificación, la implementación, el seguimiento y la evaluación del proyecto.
– El proyecto se clasifica como Categoría A (lo que implica un mayor aporte de información a la sociedad civil y un tiempo de preparación del proyecto ligeramente más extenso).
– Los costos de mitigación y de conservación por compensación se incluyen en la financiación del proyecto.
– Sin embargo, si la conservación que se debe realizar en compensación no es posible y/o la mitigación según lo dispone la PO 4.01 no es posible, se admite incluso una nueva derogación. Otras formas de mitigación pueden ser en este caso "técnicamente justificadas" (PO 4.04 Artículo 5, última oración). En estos casos, se consulta al propio personal ambiental y legal del Banco, y el Vicepresidente regional tiene que aprobar el proyecto (PB 4.04 Artículo 3).

Lo que resulta necesario y ha sido reclamado durante años por parte de las ONGs, es una revisión independiente de la efectividad de la Política sobre Hábitats Naturales. ¿Se está aplicando en forma efectiva? ¿Verdaderamente protege la biodiversidad y los ecosistemas críticos? Nadie lo sabe en realidad.

[5] Bosques y ajuste estructural: el Banco Mundial pasa por encima de accionistas y de su propio Directorio Ejecutivo

En 2001 y 2002, el Banco Mundial mantuvo nueve consultas regionales con gobiernos, la industria y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo declarado de este ambicioso esfuerzo era recibir opiniones sobre el desarrollo de la nueva Política Operacional sobre Bosques del Banco. Además, el Banco creó un Grupo Técnico Asesor (TAG) para la redacción de esta nueva política. Finalmente el Banco recibió un resonante mensaje claro y unánime, tanto de las consultas regionales como del TAG: se debe aplicar la nueva Política Operacional sobre Bosques del Banco a los préstamos de ajuste estructural que el Banco otorga, para impedir que los bosques del mundo continúen perdiéndose o degradándose.

Es bien sabido que las principales causas de la deforestación se sitúan fuera del sector de los bosques. Entre estas causas externas se destacan las políticas económicas mal concebidas que, a veces sin advertirlo, otorgan incentivos a la tala o conversión de bosques al promover actividades de tipo industrial relacionadas con la exportación, como las plantaciones forestales o el madereo industrial, debilitando o desmantelando al mismo tiempo los organismos gubernamentales responsables del medio ambiente y la seguridad social.

El Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO) del propio Banco ha identificado la liberalización del comercio y las medidas para promover la exportación como importantes fuerzas motoras de la deforestación. Sin embargo, políticas económicas de este tipo son precisamente lo que el Banco está promoviendo activamente con sus préstamos de ajuste estructural, sin considerar sus consecuencias ambientales y sociales. En la actualidad, el Banco Mundial dirige cerca de un tercio de sus préstamos a este tipo de subvención rápida para respaldar políticas económicas encaminadas a privatizar empresas públicas, promover las exportaciones y reducir las funciones de regulación de los gobiernos.

Durante la década pasada el ajuste estructural se ha ganado una creciente mala fama por provocar dificultades sociales y no lograr el desarrollo económico. Como respuesta a la creciente falta de credibilidad del ajuste estructural, el Banco simplemente le dio un nuevo nombre: "Financiamiento en respaldo de la política de desarrollo" (Development Policy Lending, DPL). En esencia, el DPL consiste en el mismo conjunto de políticas económicas al que se suma un poquito de discurso sobre los "la consustanciación del gobierno" y la necesidad de mejorar las instituciones.

La necesidad de prestar atención al impacto de los préstamos de ajuste estructural sobre los bosques no es algo nuevo. La anterior Política sobre Bosques del Banco, de 1991, ya había prometido atender los impactos potenciales sobre los bosques en la planificación macroeconómica. Pero, como los propios evaluadores del Banco concluyeron en 2000, si bien las operaciones de ajuste significan una gran presión sobre los bosques, esto rara vez se ha tomado en cuenta, ni siquiera en los países donde los bosques son importantes para la macroeconomía.

A pesar de la opinión unánime de interesados y asesores y de las conclusiones del Departamento de Evaluación de Operaciones del propio Banco, en su nueva Política Operacional sobre Bosques, que entró en vigor en noviembre de 2002, el Banco no hizo referencia al ajuste estructural (ni a sus heterónimos, es decir el préstamo programático y el financiamiento en respaldo de la política de desarrollo).

La adopción de la Política Operacional 4.36 sobre Bosques fue una gran decepción incluso para aquellas organizaciones que normalmente respaldan al Banco Mundial. El director general de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), que ayudó al Banco en la organización de las consultas regionales, advirtió al presidente del Banco Mundial, James D. Wolfensohn, acerca de la pérdida de credibilidad en tanto las consultas se percibían como un ejercicio superficial, sin un verdadero compromiso de parte del Banco en cuanto a prestar oídos a sus conclusiones.

El Banco alegó que en aras de la eficiencia, la revisión en curso de la política del Banco sobre ajuste estructural iba a tratar el posible impacto sobre los bosques. Varios miembros del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial expresaron sus inquietudes en cuanto al posible impacto del ajuste estructural sobre los bosques. Para tranquilizar a su propio Directorio, el Banco prometió que se establecerían mecanismos transparentes para evaluar y discernir las operaciones de ajuste durante la etapa de preparación, con el fin de identificar los daños potenciales y ayudar a los gobiernos a evitar o al menos mitigar esos daños.

Hubo muchas dudas sobre la posibilidad de que una nueva política de ajuste estructural fuera capaz de tratar adecuadamente un asunto tan específico como los impactos directos e indirectos sobre los bosques. De hecho, en diciembre de 2003 el primer borrador de la nueva política de ajuste estructural (OP 8.60 sobre Financiamiento en respaldo de la política de desarrollo) ni siquiera mencionó la palabra "bosques". Este pequeño descuido se corrigió en la versión final de la OP 8.60 de agosto de 2004, pero ¿con qué fin? Los párrafos sobre ‘Pobreza y efectos sociales’ y ‘Aspectos relativos al medio ambiente, los bosques y los recursos naturales’ de la OP 8.60 afirman que el Banco determina si es o no probable que [las políticas nacionales específicas respaldadas por la operación] tengan o no efectos importantes en el medio ambiente, los pobres y los bosques, y en caso afirmativo lleva a cabo una evaluación de los sistemas del prestatario para reducir esos efectos adversos y acrecentar los positivos.[…] Si el análisis contiene lagunas importantes […] el Banco describe en los documentos programáticos cómo se abordarían esas lagunas o deficiencias. En otras palabras, el Banco no está obligado a actuar en caso de que sus propios préstamos causen daño a los pobres, degraden el medio ambiente o devasten los bosques.

Según los funcionarios del Banco Mundial dedicados al medio ambiente, se han hecho pocos esfuerzos para definir la mejor forma de analizar los préstamos de ajuste estructural, que hoy en día no suelen pasar de apoyo presupuestario general, aunque con condiciones en cuanto a la política económica. Si bien algunos préstamos parecen haber sido objeto de un estudio reciente más profundo, no hay muchas señales de que el personal del Banco tenga recursos o conocimientos para siquiera llevar adelante su muy limitado mandato en virtud de la nueva política de "financiamiento en respaldo de la política de desarrollo".

La nueva Política Operacional sobre Bosques (OP 4.36) del Banco, de noviembre de 2002, debilita en grado sumo las disposiciones sobre protección de los bosques. El Banco prometió solucionar uno de sus principales defectos (que no se aplique a los préstamos de ajuste estructural) en la nueva Política Operacional sobre financiamiento en respaldo de la política de desarrollo (OP 8.60) de agosto de 2004. Esta promesa no fue cumplida.

Las ONG y otras partes interesadas, los expertos del Grupo Asesor Técnico y los evaluadores profesionales del Banco invirtieron una cantidad considerable de tiempo y recursos para hacer sus aportes a la Política sobre Bosques del Banco. Sus recomendaciones unánimes en cuanto a la necesidad de garantizar que las políticas de ajuste estructural no afecten negativamente a los bosques fueron dejadas de lado. El compromiso de establecer mecanismos transparentes para evaluar y discernir los préstamos de ajuste estructural, asumido por el Banco ante su propio Directorio Ejecutivo, no fue cumplido. Aquí se están planteando cuestiones fundamentales de responsabilidad; hace tiempo que es hora de resolverlas.

[6] El Manual de consulta invisible: una omisión "crítica"

Una virtud de la Política sobre Bosques de 1991 era su simplicidad. Luego de la conmoción de las revelaciones de la década de 1980 acerca de las enormes superficies de bosques destruidas por proyectos financiados por el Banco Mundial – construcción de represas, carreteras, pozos petroleros, plantaciones y por colonización y madereo- la política de 1991 instruía al personal del Banco a mantenerse a distancia de los proyectos que pudieran perjudicar a los bosques tropicales húmedos primarios.

En contraste, la Política sobre Bosques de 2002 permite al Banco financiar proyectos en todos los tipos de bosques, excepto aquéllos que impliquen un desmonte "significativo" de bosques "críticos". Las operaciones de madereo deben ser "certificadas" (o tener un "un plan de acción con fases y cronograma" para obtener la certificación). "Preferentemente", las plantaciones no deberían establecerse en zonas desmontadas de bosques no críticos a menos que no haya otras alternativas "viables". El significado exacto de esas palabras clave no se aclaró en el momento y el Banco admitió que podrían dar lugar a un elevado grado de juicio subjetivo. Para aclarar cómo el personal del Banco podría interpretar esos términos, el Banco prometió emitir un "Manual de Consulta sobre Conservación y Manejo del Bosque", que daría una "buena guía práctica sobre esas y otras cuestiones". A pesar de las reiteradas promesas a los gobiernos interesados, el "manual de consulta" nunca apareció. Así, el personal del Banco irá elaborando las normas a medida que transcurran los acontecimientos.

El Banco Mundial tiene ahora en marcha proyectos del orden de los 3.000 millones de dólares, que están afectando a los bosques. Pero no hay claridad acerca de si se controlarán esos proyectos y cómo se hará ese control para asegurar que no perjudiquen a los "bosques críticos".

[7] La función del Banco Mundial en la creación del mercado de carbono: ayudando a los ricos a enriquecerse y a los pobres a empobrecerse mientras siguen subsidiándose los combustibles fósiles

El concepto de comercio de carbono como instrumento para "evitar el peligroso cambio climático" apareció por primera vez en las negociaciones que desembocaron en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) de 1992. Según dicho Convenio, los proyectos que aducen reducir emisiones de gases de efecto invernadero podrían vender las emisiones "ahorradas" a una compañía que encuentra más lucrativo pagarle a otros para que reduzcan emisiones que reducirlas ella misma. Si bien el concepto enfrentó cierta oposición, la primera Conferencia de las Partes del UNFCCC de 1995 estableció una fase piloto de Actividades Ejecutadas Conjuntamente (Actividades Conjuntas o AIJ, por su sigla en inglés), un mecanismo que permitiría la realización de esos proyectos. En respuesta, un gran número de países, entre ellos Costa Rica, Vietnam, Zimbabwe, Rusia y Estados Unidos, establecieron fondos para AIJ e iniciaron proyectos.

En 1996, el Banco Mundial también estableció un fondo AIJ conjuntamente con el Gobierno noruego y la CFI, que posibilitó proyectos experimentales. Si bien los proyectos no podían generar créditos de carbono comercializables, comenzaron por crear la experiencia y el conocimiento necesarios para futuros proyectos. Como señaló el Banco, este comienzo temprano fue "fundamental para establecer una base a largo plazo para las actividades conjuntas y otros proyectos de comercialización de aspectos ambientales".


El concepto de un mercado de carbono fue compatible con la liberalización en marcha del Banco y el programa de desreglamentación para el Sur, y el Banco abrazó con entusiasmo el nuevo mercado, procurando desde sus inicios convertirse en un actor clave. Con su extensa línea de proyectos y experiencia en financiar proyectos para países en desarrollo, el Banco Mundial estaba muy bien ubicado para posicionarse como administrador de los fondos de gobiernos e industrias de países industrializados que buscaran invertir en proyectos, especialmente en el Sur, que les permitieran reducir menos las emisiones nacionales. Adoptar la función de administrador de fondos fue también potencialmente lucrativo. Los primeros documentos internos sobre las actividades del mercado de carbono del Banco estimaron que el mercado internacional de "compensación" de emisiones de carbono alcanzaría miles de millones de dólares en 2020, y que el Banco estaría en posición de captar 100 millones de dólares por año en ingresos netos en 2005. Además de su programa de actividades conjuntas, el Banco comenzó una gama de programas de "creación de capacidad" en países en desarrollo claves -como el programa de Estudios Estratégicos Nacionales- para identificar proyectos y comenzar a establecer la infraestructura jurídica e institucional necesaria para futuros proyectos del mercado de carbono.

A medida que las negociaciones internacionales sobre el clima avanzaron, acercándose a la etapa en que los países industrializados debían asumir las metas obligatorias de reducción de emisiones contempladas en el Protocolo de Kyoto de 1997, el Presidente del Banco Mundial James Wolfensohn propuso en la Conferencia Río + 5, en junio de 1997, un Fondo de Inversiones de Carbono. A través de ese fondo el Banco invertiría dinero de países industrializados en proyectos que redujeran los gases de efecto invernadero a cambio de créditos de carbono que los países industrializados podrían utilizar para cumplir sus metas de Kyoto. En la conferencia, el Banco se declaró "dispuesto a crear dicho Fondo, si los signatarios de la Convención consideran que la propuesta es útil".

Lo hicieron, pero no con el Banco como administrador. La propuesta fue recibida al principio con escepticismo, salvo por funcionarios oficiales de Estados Unidos y una o dos organizaciones no gubernamentales, y los países aceptaron dos mecanismos similares con base en proyectos en el marco del Protocolo de Kyoto que permitirían a los países con una meta de reducción de emisión de gases, explotar las oportunidades de reducción teóricamente más baratas en otros países: las actividades conjuntas habilitarían la ejecución de proyectos en otros países con metas de reducción, y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) habilitaría la ejecución de proyectos en países en desarrollo que no tuvieran una meta de reducción.

El plan del Banco de un Fondo de Inversiones de Carbono fue fácilmente adaptado a esta nueva realidad. Tan solo 20 meses después, en julio de 1999, el Presidente Wolfensohn había recibido el respaldo del Directorio del BIRF para crear el Fondo de Prototipo de Carbono (PCF, por su sigla en inglés), un fondo que actuaría en la misma línea que el Fondo de Inversiones de Carbono propuesto, pero dentro del marco del MDL y las actividades conjuntas. El PCF fue públicamente lanzado en enero de 2000 con contribuciones de Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia y una serie de compañías y casas comerciales japonesas. Pronto le siguieron una variedad de otros fondos administrados por el Banco. La estructura de los fondos del Banco también está concebida para demostrar la utilización de "asociaciones públicas y privadas" en que el PCF es el modelo emblemático y se describe como "una asociación público-privada para combatir el cambio climático global".

Actualmente, el Banco es una de las mayores fuentes de financiamiento público para la industria de combustible fósil. Desde 1992 hasta fines de 2004, el Grupo Banco Mundial aprobó 11.000 millones de dólares para financiar 128 proyectos de extracción de combustible fósil en 45 países. Esos proyectos producirán más de 43.000 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, con más del 82% del financiamiento del Banco Mundial para extracción de petróleo destinado a proyectos que exportan el petróleo a países del Norte industrializado. Tan solo en 2003, el Banco concedió financiamiento por 2.500 millones de dólares para proyectos de combustible fósil.

En contraste, la capitalización combinada de los seis fondos administrados por el Banco a partir de mayo de 2004, asciende a 410 millones de dólares. Así, la cifra total que los fondos de carbono del Banco colocarán en proyectos que "reducen" los gases de efecto invernadero durante un periodo de siete años, será aproximadamente el 20% del financiamiento anual del Banco Mundial para proyectos de combustible fósil que producen gases de efecto invernadero. Incluso la cifra total de inversiones que el Banco estima serán potenciadas por todos sus fondos de mercado de carbono es de solamente 2.200 millones de dólares, menos que el gasto de 2003 en combustibles fósiles.

En 1999, el año en que se creó el PCF, el Banco aseguró a las ONGs que se centraría en proyectos de energía renovable, si bien ese mismo año el Banco rechazó una propuesta de redirigir el 20% de su financiamiento principal a proyectos de energía renovable. Cinco años después, el Banco nuevamente rechazó propuestas de suspender el financiamiento de industrias extractivas y utilizar sus préstamos para "promover agresivamente la transición a energía renovable" -esta vez del Examen de las Industrias Extractivas, del propio Banco. El rechazo a eliminar progresivamente la financiación al combustible fósil vino recién dos meses después que el Banco había auspiciado la primera feria comercial del mercado del carbono en Colonia, Alemania, cuyo material de promoción llamaba al cambio climático "uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad".

El paquete de financiación para el controvertido proyecto del oleoducto Chad- Camerún es más que la capitalización combinada de los seis fondos de carbono del Banco Mundial. Las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas directamente con ese proyecto se estiman en 446 millones de toneladas de dióxido de carbono -más de seis veces el total de reducción de emisiones que se espera logren los 43 proyectos actuales del PCF en los próximos 21 años, y aproximadamente 3 veces la cantidad total de reducciones que se esperan de los seis fondos de carbono del Banco.

La contradicción que implica financiar proyectos que producen gases de efecto invernadero y al mismo tiempo pregonar una función de liderazgo en contribuir a "evitar el peligroso cambio climático" no termina aquí. Los fondos de carbono del Banco continúan esta tendencia, ya que numerosos inversionistas del PCF reciben simultáneamente del Banco financiamiento para proyectos de combustible fósil.

Las contribuciones de las empresas Mitsui (PCF y BCF), BP, Mitsubishi, Deutsche Bank, Gaz de France, RWE, y Statoil a los proyectos del mercado de carbono en 1999-2004 fueron de 45 millones de dólares. El apoyo que recibieron del Banco Mundial para proyectos de combustible fósil en 1992-2002 ascendió a 3.834.600 millones de dólares.

Aún más increíble es que en muchos casos los inversionistas del PCF reciben créditos de reducción de emisiones de proyectos en países en los que están simultáneamente llevando a cabo proyectos de combustible fósil apoyados por el Banco -proyectos que ayudarán a dejar a esos países atrapados en una matriz energética de combustible fósil y provocará emisiones de mayor magnitud que las que los proyectos del PCF dicen reducir.

El Banco está en una posición poco convincente en la que alega estar desarrollando un mercado de emisiones de gases de efecto invernadero para resolver un problema que el propio Banco ayuda a perpetuar.

Dado el papel histórico del Banco en el financiamiento y promoción del uso de combustible fósil, quizá no cause sorpresa que haya aparecido como uno de los paladines más comprometidos en el uso de los fondos de carbono para promover proyectos de plantación de árboles -los llamados sumideros de carbono, porque los árboles absorben carbono de la atmósfera. Al absorber emisiones de carbono en el corto plazo, las plantaciones de árboles ayudar a evitar medidas inminentes para reducir las emisiones de carbono en la fuente, que inevitablemente implicarían reducir el uso de combustible fósil. A pesar del discurso del Banco acerca de que el PCF se enfoca en proyectos de energía renovable, los dos proyectos de sumideros de carbono del PCF en Brasil y Moldovia, aducen un total combinado de más de seis millones de créditos de reducción de emisiones -15% del volumen de crédito de proyectos adoptados a partir del 30 de setiembre de 2004. Además, el Banco tiene un fondo especial de sumideros de carbono -el BioCarbon Fund (BCF), que se espera dará cuatro millones de créditos de carbono a través de aproximadamente 14 proyectos pequeños de forestación. Los críticos argumentan que sin el apoyo del BCF, muchos de esos proyectos pequeños no podrían competir en un mercado en que un proyecto de plantaciones de árboles en gran escala como el proyecto Plantar del PCF, entregará 4,2 millones de créditos de carbono -más que el total de la cartera del BCF. El Banco Mundial podría también impulsar más proyectos de plantaciones a través de su Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario, que fue creado para "dar al carbono un rostro humano".

El Banco se ha atribuido públicamente la tarea de "vender" sumideros de carbono. La literatura del Banco sobre sumideros de carbono se centra en proyectos comunitarios pequeños con énfasis en el alivio de la pobreza y el desarrollo sustentable. La consigna del BioCarbon Fund es –y lo dice sin vergüenza alguna– "traer el financiamiento del carbono a los pobres del mundo". Detrás de su discurso, el Banco apunta a utilizar los fondos de carbono para los mismos proyectos de plantaciones industriales de árboles que hace largo tiempo ha propiciado. El primer proyecto de sumidero de carbono llevado a cabo por un fondo de carbono del Banco Mundial –el PCF en este caso– es el proyecto Plantar en Minas Gerais, Brasil; el proyecto establecerá 23.000 ha de plantaciones de eucaliptos que temporalmente secuestran carbono antes de ser convertidos en carbón vegetal para su utilización en producción de hierro en lingotes. Para los pequeños agricultores vecinos, las consecuencias de esta plantación son devastadores: se han secado arroyos y humedales, los productos químicos contaminan el aire y el agua, y la diversidad de especies que alguna vez habitaron esas tierras ha desaparecido.

El proyecto Plantar estuvo siempre destinado a ser un precedente para otros proyectos del mismo tipo. El Documento de Evaluación del Proyecto 2002 establece explícitamente que "Se espera que el proyecto prepare el terreno para proyectos similares en el futuro". Proyectos como Plantar son el centro real de la agenda de sumideros de carbono del Banco. El BCF es principalmente un "maquillaje verde" que pretende aumentar el apoyo hacia los sumideros de carbono con iniciativas políticamente atractivas que distraen la atención de proyectos como Plantar, que se basan en la producción industrial de madera. Sin embargo, en el mercado de carbono actual, proyectos del tipo de los que está aplicando el BCF, darán poco más que una foto de carátula para el informe anual del BCF, dados los elevados costos y los volúmenes mínimos de créditos de carbono que generarán estos proyectos. Los volúmenes pequeños también darán una respuesta muy insignificante al cambio climático en la medida que justifican nueva liberación de carbono fósil.

Si los proyectos de carbono pretenden atraer inversiones comerciales y generar volúmenes importantes de créditos de carbono, es inevitable que impliquen proyectos basados en la producción industrial de madera, como Plantar. Una comparación de los créditos de carbono generados por el proyecto Plantar comparado con el BCF subraya bien el argumento: El único componente de Plantar de secuestro de carbono generará más créditos de reducción de emisiones que todo el BioCarbon Fund, y la destrucción de los bosques relacionada con proyectos de extracción de combustible fósil e infraestructura para ello, financiados por el Banco Mundial, seguramente liberarán más carbono que el que los proyectos del BCF aducen secuestrar.

[8] El FMAM y los Pueblos Indígenas: conclusiones de un estudio crítico reciente

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es el principal mecanismo intergubernamental para tratar los problemas ambientales "mundiales", con inclusión de la pérdida de la biodiversidad. Es también el principal vehículo de financiación del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de la ONU. Desde que el FMAM se fundó en 1991, entre el 30% y el 50% de su gasto anual en conservación ha sido destinado a proyectos relacionados con los bosques. Hasta junio de 2003 el FMAM había financiado 150 proyectos de conservación de bosques por un total de US$ 778 millones. La mayor parte de estos proyectos han sido ejecutados por el Banco Mundial, y en su mayoría han apoyado el establecimiento o la expansión de zonas protegidas, que continúan siendo la "piedra fundamental" del apoyo del FMAM a la conservación de la biodiversidad. Muchos de estos proyectos asistidos por el FMAM han afectado tierras tradicionalmente ocupadas y utilizadas por Pueblos Indígenas. Sin embargo los Pueblos Indígenas han declarado reiteradas veces que estos planes de conservación a menudo no respetan sus derechos y socavan sus formas de sustento tradicionales.

Basándose en una serie de estudios de caso –pasados, recientes y actuales– de proyectos del FMAM para la conservación y el uso sustentable (en Perú, Guyana, México, Panamá, Camerún, Uganda, India, Filipinas y Bangladesh), un estudio reciente elaborado por el Programa para los Pueblos de los Bosques ha procurado analizar estos problemas. El estudio concluye que aunque en algunos temas se ha progresado, en especial gracias al Programa de Pequeños Subsidios del FMAM, a algunos proyectos y programas de conservación del FMAM todavía les cuesta respetar los derechos y formas de subsistencia de las comunidades indígenas.

Una de las conclusiones clave es que los proyectos del FMAM siguen tendiendo a tratar a los Pueblos Indígenas como "beneficiarios" más que como titulares de derechos. Los programas de biodiversidad del FMAM también financian el establecimiento legal de zonas protegidas sin garantizar primero que existan los mecanismos para asegurar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas. Algunos proyectos del FMAM han provocado la merma de los medios de subsistencia, el reasentamiento forzoso y el incremento en la aplicación de leyes antipopulares y de políticas de conservación excluyentes, especialmente en los proyectos del FMAM en África y Asia. Otras conclusiones preocupantes son que los proyectos del FMAM no han logrado la participación adecuada de las comunidades afectadas en la elaboración de los proyectos y que en las evaluaciones sociales no se enumeran los asuntos críticos relacionados con la ley, los derechos y la cultura. Además, este estudio encontró que:

– A veces, intervenciones "alternativas" erradas en los medios de subsistencia dejan a las familias y comunidades afectadas en peor situación económica, con menor seguridad y mayor dependencia del mercado y el trabajo asalariado.
– A menudo se sigue considerando que las subvenciones grandes y medianas son intervenciones verticales, de arriba a abajo, de parte de organismos gubernamentales o grandes ONG conservacionistas internacionales.
– En los proyectos del FMAM, los Pueblos Indígenas no participan en forma efectiva en la toma de decisiones; esto ocurre incluso en algunos proyectos dirigidos específicamente a Pueblos Indígenas.
– Las comunidades indígenas no siempre tienen conciencia de la participación del FMAM en los proyectos que las afectan.
– Algunos proyectos dirigidos específicamente a Pueblos Indígenas no aplican los componentes progresistas establecidos en los acuerdos sobre las subvenciones o en los planes de los proyectos, como por ejemplo la protección de los derechos sobre la tierra, la protección y el respeto de los conocimientos tradicionales.
– Muchas veces en los proyectos se introducen nuevas instituciones que no se apoyan en las instituciones y estructuras decisorias tradicionales del lugar, y que pueden incluso debilitarlas.

Si se analiza la administración, la responsabilidad y las políticas del FMAM, puede concluirse que muchos de los problemas corrientes de los proyectos del FMAM se originan, al menos parcialmente, en un marco para sus políticas anticuado e incompleto y en errores en los mecanismos de aplicación y control. A este respecto se hace resaltar que los organismos encargados de la aplicación, como el Banco Mundial, siguen sufriendo de fallas sistémicas en la aplicación de sus propias políticas sociales y ambientales obligatorias: un problema continuado, señalado en las recientes revisiones oficiales de la aplicación de parte del Banco de su Política sobre Pueblos Indígenas (OD 4.20).

Se señala que hay indicios de que el FMAM procura responder a algunas de las críticas antes mencionadas. Por ejemplo, ha lanzado una revisión de los beneficios locales en los proyectos del FMAM (que se publicaría en 2005) y ahora tiene planes para la elaboración de indicadores sociales y de participación. En América Latina, el FMAM ha comenzado a dar su apoyo a zonas de conservación comunitarias, y hay unos pocos casos de proyectos medianos que empiezan a ser preparados y aplicados por Pueblos Indígenas. Sin embargo, este tipo de proyecto progresista todavía tiende a ser la excepción más que la regla. Otra información fundamental aportada por el estudio es que incluso los proyectos del FMAM-Banco Mundial cuya intención es "hacer el bien" pueden terminar haciendo daño en caso de que los mecanismos de administración, aplicación y participación del proyecto fracasen al ponerlos en práctica [por ejemplo, el Proyecto de Participación Indígena en el Manejo de Áreas Naturales Protegidas de la Amazonía Peruana – PIMA].

Las organizaciones indígenas y las ONG que las apoyan insisten en que no alcanza con enfocar por partes el tema de los Pueblos Indígenas en los proyectos del FMAM: lo que hace falta es un análisis completo de las políticas y los procedimientos de supervisión del FMAM. Como dijo una portavoz indígena en una reunión con el FMAM paralela a la séptima conferencia de las partes del CDB:

"Recibimos con agrado el apoyo creciente del FMAM a las zonas conservadas por indígenas en algunas partes de América Latina, pero siguen quedando preguntas: ¿Cómo garantizará el FMAM que se reconozca y respete nuestros derechos en todos sus proyectos de conservación en todos los continentes donde actúa? Por ejemplo, queremos saber de qué forma las políticas y los proyectos del FMAM respetarán el derecho de los Pueblos Indígenas al libre consentimiento previo e informado". [Esther Camac, febrero de 2004]

La parte final de este estudio exhorta al FMAM a adoptar un enfoque fundamentado en los derechos, fortalecer sus propios mecanismos de instrumentación y rendición de cuentas y adoptar una política específica obligatoria sobre Pueblos Indígenas. Al mismo tiempo, se recomienda que el FMAM actualice todas sus políticas sobre biodiversidad para garantizar el pleno acuerdo de las mismas con las normas internacionales sobre Pueblos Indígenas y conservación, con inclusión de las normas establecidas en virtud del CDB y las mejores prácticas acordadas en el Plan de Acción y la lista de Recomendaciones de la UICN, redactado en Durban en 2003.

Extractado del Boletin 93 del WRM –
http://www.wrm.org.uy

World Rainforest Movement
Movimiento Mundial por los Bosques
Maldonado 1858
CP 11200 Montevideo
Uruguay
Tel: (598 2) 403 2989
Fax: (598 2) 408 0762
e-mail: teresap@wrm.org.uy
http://www.wrm.org.uy

[1]- Por Forest Peoples Programme, correo-e: info@fppwrm.gn.apc.org , http://www.forestpeoples.org , y The Rainforest Foundation-UK, correo-e: simonc@rainforestuk.com , http://www.rainforestfoundationuk.org

[2]- Por Marcus Colchester, Forest Peoples Programme, correo-e: Marcus@forestpeoples.org , http://www.forestpeoples.org , y Simon Counsell, The Rainforest Foundation UK, correo-e: simonc@rainforestuk.com , http://www.rainforestfoundationuk.org

[3]- Por Korinna Horta, Environmental Defense, correo-e: khorta@environmentaldefense.org , http://www.environmentaldefense.org

[4]- Por Marcus Colchester, Forest Peoples Programme, correo-e: marcus@forestpeoples.org , http://www.forestpeoples.org

[5]- Por Korinna Horta, Environmental Defense, correo-e: khorta@environmentaldefense.org , http://www.environmentaldefense.org

[6]- Por Forest Peoples Programme, correo-e: info@fppwrm.gn.apc.org , http://www.forestpeoples.org

[7]- Por Jutta kill, Sinkswatch, correo-e: jutta@fern.org , http://www.sinkswatch.org , y Ben Pearson, CDMWatch, correo-e: cdmwatch@ozemail.com.au , http://www.cdmwatch.org

[8]- Por Tom Griffiths, Forest Peoples Programme, correo-e: tom@forestpeoples.org , http://www.forestpeoples.org

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