Por Plataforma Rural
Con la aprobación de la AGENDA 2000 se está apoyando un modelo de agricultura: Antisocial, Insostenible e improductiva, Injusta, Antiecológica, Antisolidaria y Antirrural.
Es una realidad que la mitad del presupuesto de la Unión Europea está destinado a la Política Agraria Comunitaria (PAC). La PLATAFORMA RURAL (alianza que coordina a agricultores/as, ecologistas, consumidores/as, movimientos sociales, ONG), considera que el debate abierto en torno a la AGENDA 2000 es una oportunidad para que la ciudadanía europea se pregunte dónde van a parar esas 50 de cada cien pesetas y qué impactos sociales, económicos y medioambientales tienen sobre el territorio de la Unión. La AGENDA 2000 aprobada en la Cumbre de Berlín viene a consolidar el modelo de política agraria practicado en la Europa Comunitaria en los últimos 37 años. Las pequeñas modificaciones presupuestarias, el aumento o la disminución de cuotas de producción por sectores y países, y la bajada sistemática de los precios pagados al productor, son parte de la readaptación que la Política Agraria Común debe hacer en función de un mercado global dominado por unas pocas transnacionales alimentarias que, a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), imponen unas normas al comercio internacional favorables sólo a sus intereses. Con la aprobación de la AGENDA 2000 se está apoyando un modelo de agricultura:
Antisocial: porque expulsa permanentemente a campesinos/as que no pueden entrar en la dinámica de la competitividad; porque cambia personas por tecnologías, dando al traste con miles de familias campesinas que viven en los pueblos y todo lo que ellas representan social, económica y medioambientalmente. Así, en los últimos 14 años han desaparecido 1.000.000 de agricultores en nuestro campo.
Insostenible e improductiva: porque consume más energía que la producida, porque exige un aumento contínuo de la producción (productivismo) en algunos territorios agrícolas, mientras otros son abandonados como consecuencia de su empobrecimiento o desertización.
Injusta: porque concentra grandes sumas de dinero en muy pocas manos. Según el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo, el 4% de los perceptores de ayudas al acompañamiento de la renta de los propietarios/as agrícolas (no de agricultores/as) reciben el 40% de las mismas, lo que en el Estado español viene a suponer una suma de más de 360.000 millones de pesetas en manos de especuladores y no de profesionales del campo.
Antiecológica: porque su base científica busca un productivismo ilimitado, que mediante prácticas agrícolas con sistemas químicos y sin respetar los procesos naturales, contaminan las tierras, las aguas, la atmósfera y los alimentos que consumimos.
Antisolidaria: porque se produce en función de las reglas perversas del mercado global, anteponiendo la exportación al consumo local y la soberanía alimentaria de las poblaciones; porque fomenta el monocultivo por encima de la diversidad alimentaria, con todas las consecuencias negativas que ello tiene para los países periféricos, impidiendo la seguridad alimentaria de sus pueblos, en especial de los sectores más empobrecidos.
Antirrural: porque al reducir la población activa agrícola los pueblos se quedan más vacíos y con una población más envejecida, disminuyendo la calidad y la cantidad del recurso humano que los habita y cada vez con menor capacidad para poder mantener y gestionar un territorio tan necesario para todos y todas. Durante la segunda mitad de siglo han desaparecido 1.131 municipios y 10.000.000 de españoles cambiaron de residencia, la mayoría de procedencia rural.
Ésta es la razón por la que la PLATAFORMA RURAL ha puesto en marcha una campaña de apoyo a un modo de política agraria que asegure el derecho a una alimentación sana para todos y todas y el mantenimiento de explotaciones agrícolas familiares como la mejor forma de sustentar un medio rural vivo, un concepto diferente de agricultura y de ser agricultor, un concepto diferente de consumo (local, de calidad, de temporada, ético y saludable), y un concepto diferente del medio rural -como espacio y patrimonio de la sociedad en su conjunto- y del mercado -no como un espacio para especular con los alimentos, sino como un instrumento para intercambiarlos, asegurando una distribución justa y equitativa.
Para la consecución de dichos objetivos la PLATAFORMA RURAL propone que ciudadanos y ciudadanas de Europa exijan que su aportación económica a los presupuestos de la Unión Europea destinados a la Política Agraria Comunitaria (50 pesetas de cada 100) tengan una repercusión en el empleo agrícola y rural, en la calid ad de los alimentos, en el respeto a medio ambiente y en una recuperación poblacional de los pequeños núcleos rurales.
Dichos cambios en los conceptos presupuestarios de la Unión Europea pasan por apoyar la transición de la agricultura industrial y convencional a una agricultura duradera, orgánica y ecológica; así como al fomento de iniciativas de desarrollo rural y la creación y mantenimiento de los servicios básicos de nuestros pueblos (escuelas, centros de salud, transportes, carteros).
La Plataforma exige que los 360.000 millones de pesetas que el Estado español recibe de la Unión Europea para apoyar a propietarios/as de tierras con fines especulativos se destinen en un 50% al fomento de la agricultura duradera, orgánica y ecológica, facilitando así el mantenimiento de los/as campesinos/as y de la agricultura familiar, y el otro 50% se dedique a potenciar los programas de desarrollo rural y a mejorar las infraestructuras y los servicios en nuestros pueblos. También exigen que los incentivos dados desde la Unión Europea a las políticas perversas de exportación de productos alimenticios, se transformen en apoyos a los/as campesinos/as de los países empobrecidos para que puedan mantener y potenciar sus propios sistemas productivos y de distribución de alimentos.
* Plataforma Rural
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