Por Colectivo Marcha / Pastoral Social-Cáritas Panamá
Una introducción alternativa para comprender el problema que ocasiona la mal llamada "Cuenca Occidental" del Canal de Panamá. Para entender la situación que atenta contra la vida de los campesinos, hay que conocer el modelo económico que domina la vida de nuestra patria.
1. EL MODELO ECONÓMICO DE PANAMÁ
Para entender la situación que atenta contra la vida de los campesinos, hay que conocer el modelo económico que domina la vida de nuestra patria.
Panamá es un país que históricamente, debido a su posición geográfica privilegiada, ha orientado su economía hacia el sector de los servicios, especialmente hacia los servicios internacionales. El Camino de Cruces, el Ferrocarril trasatlántico, la Zona Libre de Colón, el Centro Bancario y el Canal de Panamá, así lo demuestran.
Este modelo económico, al servicio del tránsito internacional de mercancías y capitales, sin embargo, no ha hecho grandes aportes al desarrollo integral de la nación. Tampoco ha contribuido al desarrollo sostenido de los diferentes sectores de la economía nacional. Una prueba de ello son los niveles de desigualdad, explotación y empobrecimiento que existen en el país. La pobreza alcanza, en Panamá, a casi la mitad de la población, principalmente en las áreas rurales donde están ubicados los sectores indígenas y campesinos. Sin embargo, en la actualidad, a pesar de que el modelo económico ha demostrado incapacidad para resolver los problemas que tiene el país, los gobernantes pretenden afectar directa e indirectamente una región que históricamente ha sido ocupada, desarrollada y protegida por los campesinos, que son, precisamente, parte de la población empobrecida del país. ¡¿No es acaso ésta una contradicción, una paradoja?! Se desarrolla un espacio geográfico para luego, mediante un componente de un Plan Maestro de la ACP, inundarlo.
2. LA LEY 44 DEL 31 DE AGOSTO DE 1999
¿Por qué la Ley 44 afecta a los hermanos y hermanas de la Coordinadora Campesina Contra los Embalses?, ¿desde cuándo y cómo apareció en la vida nacional?, ¿qué contiene y cuáles son sus implicaciones?
El 31 agosto de 1999, fue aprobada la Ley 44. Esta Ley, que establece los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, fue una idea que nació de la Junta Directiva del canal de Panamá, quien pidió la aprobación (y lo logró) del Consejo de Gabinete, la Asamblea Legislativa y del Presidente de la República anterior, Ernesto Pérez Balladares el último día de su mandato. Como en ninguna otra ocasión, todos los partidos políticos del país se pusieron de acuerdo para aprobar la Ley 44. En dicho proceso, no se registró un debate con la población que sería afectada, ni mucho menos con la sociedad panameña sus organizaciones.
La Ley contiene sólo dos artículos. Son dos normas de gran alcance, que delimitan un vasto territorio donde se encuentran, indiscutiblemente, áreas con recursos hídricos, de los cuales pretende sacar provecho la Autoridad del Canal de Panamá. Pero es una ley que se integra a un dispositivo legal más amplio, reforzando el sistema de normas constitucionales integradas al Título Constitucional sobre "El Canal de Panamá", la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, y demás disposiciones legales diversas y acciones policiales que, como el proyecto de régimen penal espacial para quienes cometen delitos contra el Canal propuesto por el Ministro Spadafora, garantizan, a su vez, el régimen de excepción.
El punto central es que la Ley 44 "anexa" al Canal un territorio jamás imaginado, una zona geográfica donde vive y trabaja una extensa población campesina, que se ha visto sorprendida con los estudios y proyectos que, entre otros, buscan crear tres lagos artificiales, represando los ríos Indio, Caño Sucio y Coclé del Norte, ubicados en las provincias de Panamá, Coclé y Colón.
Antes del 31 de agosto de 1999, se conocía de una cuenca hidrográfica (la cuenca Oriental), que beneficiaba al Canal de Panamá, rodeando la Cuenca del Río Chagres. La misma tiene una extensión de aproximadamente 339,649 hectáreas. Ahora, con la Ley 44, se suma otra inmensa porción de tierras y aguas, creando (cuestión técnicamente errónea) la "nueva cuenca" o "Cuenca Occidental del Canal de Panamá", cuya extensión es de 213,112 hectáreas. En total, la Autoridad del Canal de Panamá reclama en propiedad, bajo su jurisdicción, la suma de 552,761 hectáreas, lo que equivale al 7 por ciento del territorio nacional. Dentro de la "cuenca occidental", donde viven y trabajan más de 500 comunidades.
La Ley 44, en conjunto con las disposiciones constitucionales (Título Constitucional), otorga a la ACP más capacidad administrativa y legal sobre las tierras que encierra, que las otorgadas a las Comarcas Indígenas, creando así un régimen de excepción, que complementa el régimen de excepción legal, laboral y administrativo que ya existe sobre el Canal. Como bien señala Monseñor Carlos María Ariz, cmf, obispo de Colón-Kuna Yala y presidente de Pastoral Social-Cáritas de Panamá: "Hay una ley que otorga a la autoridad del canal de Panamá unos terrenos para modernización del canal, pero no hay ninguna ley, ni ningún documento que garantice a los campesinos la recompensa que ellos merecen por perder sus tierras y esto ha creado una desolación entre esta población que ya no se fía de nadie".
3. LA AMPLIACIÓN DE LA CUENCA NO ES UNA ACCIÓN AISLADA
Porque la ACP lleva adelante otras estrategias que son parte del mismo plan.
El Plan Maestro de la ACP, que viabiliza la Ley 44 de 1999, incluye la ampliación de la Cuenca del Canal, la construcción de represas y embalses; la construcción del tercer juego de esclusas (de 1200 pies de largo, 150 pies de ancho y 60 pies de profundidad); la construcción de dos puentes sobre las instalaciones del Canal, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico. El conjunto de los componentes del Plan Maestro de la ACP, tendrá un costo aproximado, según datos del año 2000, de más de seis mil millones de dólares. Este Plan Maestro contiene las directrices de la ACP para culminar la ampliación del Corte Gaillard o Culebra y construir un tercer juego de esclusas. Con la ampliación del Corte Culebra, de 12,6 kilómetros de largo y 152 metros de ancho (con los que cuenta actualmente), a 192 metros de ancho en las rectas y 222 metros en las curvas, "se debe garantizar", no sabemos si se garantiza, el paso de barcos en ambas direcciones durante las 24 horas del día. El costo del ensanche ascendió a unos 200 millones de dólares. El objetivo del mismo era ampliar el tránsito de naves y la capacidad del Canal para enfrentar la demanda de las compañías de transporte y carga internacional en el siglo XXI, en ningún caso para ampliar los beneficios del conjunto de la población del país. No obstante, se tiene conocimiento de que en horas de la noche el Corte Culebra funciona en un solo sentido. ¿Se justifica, entonces, tantos millones para sólo 12 horas diarias de habilitación de los dos sentidos de la vía en Corte Culebra?
Dentro del Plan Maestro se plantea, también, la construcción de un tercer juego de esclusas que servirá para ampliar el tránsito y la circulación de los buques Panamax y Post-Panamax, con mangas de 30,5 metros y más. Es decir, el tránsito de buques Panamax por el Canal aumentará proporcionalmente del 27 por ciento, equivalente a unas 3.600 naves en 1995, al 33 por ciento para el año 2010. Esta estrategia implica un mayor control sobre los territorios, ríos, lagos y bosques que están en capacidad de abastecer de agua dulce al Canal. Según la Autoridad del Canal de Panamá, la ampliación de la cuenca es necesaria porque, de lo contrario, dentro de 10 años el agua que se usa actualmente para suministrar el preciado líquido a la población y para el funcionamiento del Canal, no será suficiente para satisfacer las necesidades futuras. Pero parece una contradicción afirmar esto, porque en cada esclusaje se tiran al mar 55 millones de galones de agua dulce: si el Canal opera a su capacidad máxima, es decir, si se registran 44 esclusajes, se requerirán unos 2 mil 420 millones de galones de agua dulce, que al mismo tiempo que se utilizan, se tiran al mar.
4. LOS PLANES PARA LA LLAMADA "CUENCA OCCIDENTAL"
Las hidroeléctricas, los lagos y un canal de trasvase.
La ACP pretende llevar a cabo, en virtud de la Ley 44, varios proyectos en la llamada "Cuenca Occidental", como parte de la ampliación del Canal. Dichos proyectos incluyen: 1. La construcción de dos hidroeléctricas (Río Indio y Coclé del Norte); 2. La creación de tres lagos o embalses en las cuencas de Coclé del Norte, Caño Sucio, Río Indio; y, 3. Un canal para trasvase o túneles gigantes. Con esta argumentación, la ACP intenta reclamar su responsabilidad, absoluta, de administrar los recursos hídricos, lo que implica, según esa perspectiva, garantizar el suministro de agua a la población y cumplir con la modernización del Canal. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que sólo un porcentaje de la población del país se beneficia por la potabilización del agua que realiza la ACP, y no en forma gratuita como ocurre con los barcos.
5. EL IMPACTO DE ESTOS PLANES
Se afecta la vida en todas sus expresiones.
La construcción de las represas reducirá progresivamente la fauna y la flora de ésta región. La pérdida de la flora provocará también la desaparición de áreas de gran valor para la alimentación, reproducción y desarrollo de una gran variedad de fauna y, con ello, de la biodiversidad del país. Pretende hacerse cuando las crisis que se avecinan son, precisamente, crisis por mantener la diversidad del planeta, por tanto el equilibrio entre los recursos no renovables y las formas de vida de la población. Pero, cabe preguntarse, por qué la ACP quiere recuperar el 75 por ciento de la cuenca de Río Indio, que, según sus argumentos, se encuentra devastada, si luego quiere inundar el conjunto integrado de varias cuencas. Entonces, en síntesis, ¿cuál es el entusiasmo de la Autoridad del Canal por proteger bosques primarios si éstos serán inundados y desaparecerán con los embalses, de llegar a construirse? ¿Cuál es la preocupación por la ampliación de la ganadería extensiva que desarrollan los terratenientes y no los campesinos, en la región norte de las provincias de Panamá, Colón y Coclé, si el problema es que serán desplazados los pobladores de cinco distritos y decenas de corregimientos? ¿Qué es más importante: el bienestar de los ciudadanos panameños y la ecología o la desmesurada demanda de agua de la ACP y el Canal?
6. ¿POR QUÉ LA COMUNIDAD CAMPESINA TIENE UNA POSTURA DE RECHAZO?
Porque está en peligro su vida, su historia, su futuro. Porque tiene fuerza en la organización para sostener su dignidad y defender la vida y la tierra.
Desde hace casi dos años, las comunidades campesinas que ahora se encuentran dentro de los límites determinados por la Ley 44, han sentido la necesidad de hacer frente a esta amenaza provocada por la ACP. Este hecho fue lo que hizo que las comunidades campesinas se unieran y movilizaran en las montañas, en las Ciudades de Penonomé y Colón, y en la capital del país. Siempre con la intención de denunciar los problemas y las amenazas que se presentan para su desarrollo humano, ante la presión psicológica y temor generalizado de perder sus bienes, sus raíces, sus formas de vida, sus valores, sus costumbres. A lo largo de la historia, transformaron áreas inhóspitas en lugares para una vida decorosa, una vida familiar, una vida en comunidad.
Estas movilizaciones, sin embargo, se han realizado buscando el apoyo de la Iglesia, de profesionales, de universitarios, de amas de casa, de organizaciones populares, con el objetivo de encontrar en el seno del pueblo alternativas humanas compatibles con la ecología, con la vida digna, con la verdad, con el desarrollo integral y no parcial del país.
Todas estas iniciativas campesinas encuentran su expresión, desde el año 2000, en la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE), organizada en cuatro sectores: Río Indio Centro, Río Indio Lago, Caño Sucio y Coclé del Norte. Está integrada por campesinos, muchos de los cuales provienen de uniones campesinas, cooperativas, sindicatos, delegados de la palabra, grupos de mujeres, asentamientos campesinos, asociaciones de padres y madres de familia, estudiantes, entre otras.
Pero, ¿la Coordinadora Campesina Contra los Embalses representa verdaderamente a los moradores del área? En las reuniones que la Coordinadora realiza cada tres meses, generalmente participan un mínimo de doscientas personas que se movilizan con sus medios, muchos de ellos caminando por más de un día, para discutir colectivamente cada una de las alternativas y opciones de lucha. Son reuniones masivas y públicas, con total transparencia. En cambio, la ACP, en sus convocatorias, no logra reunir a más de 100 campesinos, tal como sucedió en Sonadora (Penonomé), a pesar de que facilitaban el transporte, alimentación y alojamiento. Caso contrario sucede con las Vigilias de Penonomé y Colón, convocadas por la Coordinadora, donde sin recursos, ni engaños, participaron más de 200 y 300 campesinos, respectivamente. Esta diferencia en la participaciòn de los campesinos en las convocatorias de la ACP y de la Coordinadora, tiene su fundamento en la forma de trabajo. Por un lado, la ACP adopta una metodología antidemocrática, excluyente, simplificando la actuación de los campesinos a sujeto pasivo, que sólo debe escuchar las diversas alternativas y opciones que desde mucho antes los técnicos de la ACP han escogido; que únicamente deben informarse de los avances y retrocesos de los proyectos y estudios que impulsa la ACP, de las tendencias del comercio internacional. Por el otro, se encuentra una forma de trabajo democrático, involucrando abiertamente, y sin censura, a los campesinos en las discusiones, en los debates colectivos, en las decisiones de su futuro inmediato, con el objetivo de valorar, animar y ampliar cada vez más la participación de dichos sectores en instancias de decisión adecuadas a sus estilos de vida y sus formas de actuar. Estos dos métodos distintos provocan también convocatorias distintas. Asimismo, provocarán también formas de acción distintas. Se trata, en el fondo, de un debate, de una puesta en escena del país que es excluyente y antidemocrático por definición, y, el país incluyente y democrática por definición y práctica cotidiana, nacida de la gente misma del campo.
7. EL DIÁLOGO EXIGE RESPETO, IGUALDAD, COHERENCIA.
Debemos preguntarnos ahora, ¿por qué la Coordinadora no asiste a las convocatorias de la ACP?, ¿por qué la Coordinadora no ha asistido a la última reunión que convocó la ACP? La coordinadora lo que no quiere es participar en actividades que la ACP llama diálogo, pero que realmente no lo son debido a que no toma en cuenta el desarrollo integral del país, ni tampoco utiliza métodos democráticos de trabajo. No obstante, es necesario tener presente que la ampliación de la Cuenca es un tema nacional que no puede abordarse y decidirse sólo con los supuestos únicos afectados. Es decir, el diálogo no es sólo entre la ACP y la Coordinadora, es con todo el país. En un inicio, convocaron a reuniones a las autoridades eclesiásticas y grupos sociales para informar sobre el proyecto, y no realizaron un acercamiento, primero, a las comunidades. Es relativa verdad que hoy están tratando de divulgar información en el área, pero hace dos años conversaban sobre el tema sólo con grupos de la ciudad, más que nada con los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, sin informar a los pobladores, ni a los campesinos.
La ACP no comprende, con su práctica antidemocrática, que un verdadero diálogo implica:
Primero, un intercambio de ideas, pensamiento, visión, entre iguales. La invitación de la ACP al "diálogo" se da con el respaldo de la Ley 44 que coloca a la ACP como los dueños de la autoridad para cuidar y decidir qué se hace en el área.
Segundo, hablar de lo que le interesa hablar a las dos partes. La ACP convoca a conversaciones donde el tema de la ley 44 es intocable, a pesar de que la coordinadora ha manifestado que este es un tema fundamental en la discusión de su problemática. La ACP no incluye en agenda el tema de la Ley 44, lo que significa que no hay diálogo sino que se comunica una decisión y se proponen negociaciones para mitigar los efectos de la decisión. ¿Por qué tendría la ACP que encargarse de los recursos de la región si no es solamente para el canal?
Tercero, compartir toda la información, poner todas las cartas sobre la mesa. La ACP se resiste a facilitar información que sustente sus argumentos. Insiste en conclusiones desde el planteamiento inicial. La ACP llama diálogo a eventos en que se comunica a los campesinos del área decisiones que han tomado y que entrañan estudios y posibles embalses en el territorio donde siembran, aman, se educan, cuidan de sus hijos, y han hecho planes para mejorar las condiciones actuales.
Cuarto, coherencia en lo que se dice. La ACP cambia su discurso constantemente. Primero anuncia embalses, titulación, indemnización, y en otros momentos dice que probablemente no será necesaria la inundación. Si no hay decisión sobre los embalses, por qué estaban marcados en un mapa antes de hacer los estudios que hoy está haciendo; por qué se llama a licitación sobre el tercer juego de esclusas.
Sin embargo, es necesario plantearse otra pregunta: ¿es verdad que los campesinos que hoy viven en estas áreas necesitan proyectos como los embalses para desarrollarse? En principio, no. La coordinadora en reiteradas ocasiones ha señalado que pueden superar las condiciones actuales, si contaran, por lo menos, con el apoyo que el gobierno da a otros sectores y regiones del país, sobre todo en las áreas urbanas. Muchas veces han dicho: "nosotros conocemos el concepto de autosostenibilidad por experiencia. No hemos dependido de nadie para asegurar nuestro alimento, para la educación de nuestros hijos, aportamos en la construcción de las escuelas, conservamos la salud de la familia, con los recursos que tenemos". Los beneficios económicos que las 35,000 personas del área aportan al país se evidencian al comparar cuánto ha invertido el gobierno en el área y cuánto aportan los campesinos para la sobrevivencia. De ahí la urgente necesidad de derogar la Ley 44. Porque si bien es cierto que la Ley 44 sólo fija límites, esos límites alteran la naturaleza y el régimen de propiedad que históricamente ha establecido el campesinado sobre el uso natural de la tierra. La tierra es para quien la trabaja.
En esta lucha, por la Vida y la Tierra, no se trata de una opción entre malos y buenos, ni siquiera es un problema ético. De lo que exactamente se trata es de una cuestión de poder. Desde la fe cristiana que profesamos, estamos obligados a colocarnos de parte de los "débiles", de los "nadies", y éstos son, los campesinos empobrecidos que hoy viven en los valles, en las riveras y las montañas, que los poderosos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quieren expulsar para imponer su proyecto de ampliación del canal. Lo decimos claramente: entre los poderosos potentados de la ACP y los "débiles", marginados, empobrecidos y excluidos campesinos, sin ninguna duda, tomamos partido por el campesinado empobrecido, preferido por Jesús.
Nuestra solidaridad con la lucha de la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE). Exigimos a los poderes públicos, y a todas las instituciones y personas implicadas:
1. Que se derogue la ilegítima Ley 44 del 31 de agosto de 1999.
2. Que se suspendan los estudios que realizan funcionarios de la ACP en las tierras y comunidades campesinas, encaminados a sustentar la construcción de represas y creación de los embalses.
3. Que se contemplen las otras alternativas existentes para la modernización del canal y no sólo la que impulsa la ACP, que pretende reventar las comunidades y la ecología del país.
4. Que se cumplan las leyes nacionales y los convenios internacionales, especialmente, los relativos al cumplimiento y vigencia de los derechos humanos, los derechos de los pueblos, el derecho a vivir en un ambiente sano y el respeto a la ecología.
Ciudad de Panamá, 16 de Octubre de 2001. (Durante la III Vigilia Campesina por la Vida y la Tierra, 15-19 de octubre 2001). Organizaciones solidarias con la III Vigilia Campesina por la Vida y la Tierra, contra los Embalses.
*Texto: Colectivo Marcha / Pastoral Social-Cáritas Panamá
Apdo. 1149, Zona 9A, Panamá / Tel. 262-3777 / Fax. 262-3648
Correo-e: caritas@caritaspanama.org
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