En un gesto inesperado durante la conmemoración del Día de Navidad, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de la República Bolivariana de Venezuela confirmó la excarcelación de 99 personas que estaban en prisión. Dichos individuos habían sido apresados en el contexto de la crisis política declarada después de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, acusándolas de protagonizar actos de violencia e incumplir con los resultados oficiales.
La narrativa oficial: víctimas de la «manipulación»
El documento oficial redactado por el Ministerio proporciona una visión exhaustiva sobre la justificación que ofreció el gobierno para estas excarcelaciones. El texto destaca que las detenciones iniciales se habían producido, según el punto de vista del Estado, en virtud de la implicación de las personas detenidas en «hechos de violencia, de incitación al odio» tras los comicios. Según el Estado, esto iba orientado «a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano y a desestabilizar la paz de la Nación».
La terminología utilizada para describir a los liberados refleja una cierta alteración del tono estratégico. El documento hace hincapié en que los liberados son «compatriotas que, siendo víctimas de la manipulación política y mediática, atentaron contra la soberanía». Parece ser un modo de cambiar la responsabilidad moral por los disturbios de los responsables partidarios y los medios de comunicación, presentando a los detenidos de la base como personas confundidas que, en estos momentos, reciben el perdón del Estado.
La administración del actual mandatario venezolano ubica la posibilidad de excarcelaciones en un ambiente geopolítico decididamente en conflicto. El documento enfatiza que el Estado garantiza el respeto y el acceso a la integralidad de los privados de libertad «aun en un contexto caracterizado por el acoso imperialista y las agresiones multilaterales contra el país».
El trasfondo de la crisis posterior a la celebradas elecciones
Para tener una idea de la magnitud de este anuncio es conveniente que uno vuelva, primeramente, al origen de las detenciones. Después de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, Venezuela entró en otra espiral de inestabilidad. La proclamación de la victoria de Nicolás Maduro efectuada por el ente electoral fue inmediatamente impugnada por parte de la oposición bajo acusaciones de fraude.
El descontento se tradujo en protestas masivas que fueron respondidas por las fuerzas de seguridad. Según los datos ofrecidos por la Fiscalía han sido detenidas más de 2400 personas en el periodo de tiempo posterior a las elecciones, todas ellas acusadas de infracciones delictivas de gran calibre tales como «terrorismo» y «vandalismo». Por su parte, las organizaciones no gubernamentales y partidos de la oposición han sostenido que las personas detenidas son inocentes y que son víctimas de una política de «represión».
El baile de las cifras y la negación del «preso político»
En el marco de la liberación de estas 99 personas, se mantiene una distancia importante respecto a la situación de las cárceles en Venezuela. La ONG Foro Penal, una de las organizaciones más activas en la defensa de los derechos de la persona en el país, sostenía hasta la semana pasada (corte de datos al 15 de diciembre) un total de 902 presos políticos, la mayoría de ellos detenidos a partir de las elecciones de 2024.
Esta cifra es opuesta a la oficial: el Ejecutivo de Maduro sostiene que el país «está libre de presos políticos». El relato oficial argumenta que los mismos presos políticos que califica la oposición están en prisión por «el hecho de haber cometido terribles hechos punibles» y no por sus ideas. La excarcelación de 99 personas queda como un episodio más de la crisis política del país. Para el Servicio Penitenciario es una manera de exhibir su compromiso a favor de los derechos humanos, para las organizaciones civiles es un alivio en un sistema que retiene todavía a cientos de personas.
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