La Cámara de Representantes, a través de su Comité Judicial presidido por el representante demócrata Jamie Raskin, pidió abrir una investigación sobre cuatro compañías tecnológicas por sus acuerdos de confidencialidad con los que estas impiden que los gobernantes locales compartan con los ciudadanos la información acerca del consumo de agua y electricidad de los proyectos de centros de datos. Las tecnológicas involucradas son Google, Meta, Oracle y Amazon.
Varios estados involucrados
La bancada demócrata, respaldada por el pedido de Raskin, emitió un comunicado pidiendo profundizar en la investigación para proteger a las comunidades y al medioambiente por el consumo de recursos sin dejar documentación precisa. A modo de ejemplo, el comunicado indica que en Luisiana más de 100 empleados estatales firmaron acuerdos de confidencialidad para no hablar al respecto de los recursos utilizados y de la presión sobre la red eléctrica.
Algo similar pasó en Bessemer, Alabama, en Memphis, Tennessee, o en Minnesota. Concretamente, en Memphis, Raskin señala que el equipo de Elon Musk habría hecho firmar un acuerdo a fuerzas de seguridad locales y federales meses antes de que se anunciara a la comunidad sobre la fabricación de las llamadas supercomputadoras.
Reclamo contra cuatro grandes empresas tecnológicas
Una indagación por parte del representante demócrata Raskin y respaldada por el comité de su partido marca el camino que tomarán para reclamar sobre acuerdos que se habrían firmado por funcionarios locales para que los residentes no conozcan el consumo de agua y energía de los centros de datos ni el posible impacto en sus facturas de servicios públicos.
Otra acusación a las cuatro empresas está relacionada con el ocultamiento de incentivos financiados con dinero de los contribuyentes y las excepciones a las leyes fiscales y ambientales que reciben dichos proyectos tecnológicos, explicaron en el escrito publicado este 30 de septiembre.
«¿Por qué su empresa exige a funcionarios estatales y locales que firmen acuerdos de confidencialidad que les impiden hablar de los proyectos de centros de datos con sus propios electores?», preguntó Raskin en una parte de la carta para resumir el pedido de información a las empresas. Sin embargo, el representante contrastó esta situación con la de Microsoft, que habría terminado con este tipo de acuerdos con gobiernos locales en marzo de 2026.
El comunicado de los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes también marcó que Estados Unidos alberga el 45 % de los centros de datos del mundo y hay 1000 nuevos de desarrollo en 40 estados. Las estimaciones señalan que US$750 000 millones se invertirán solo en 2026, transformándolo en uno de los negocios más lucrativos impulsados por el auge de la inteligencia artificial.
Su misma rentabilidad provoca preocupaciones por el impacto en el costo de la electricidad, el suelo y el agua, el ruido que afecta a las comunidades vecinas y la contaminación del aire.
Reclamos concretos
Raskin, en un apartado de su carta, explicó en detalle qué reclama a cada una de las cuatro involucradas. A Amazon la señaló, ya que, según su versión, los acuerdos prohíben revelar información de propiedad exclusiva y confidencial sin definir con precisión dichos conceptos, lo que impide a los funcionarios saber qué pueden compartir y qué no. En el caso de Google, subrayó que un representante de su empresa reconoció haber indicado a funcionarios de San José, California, que firmaran acuerdos para evitar problemas de imagen en medio de los avances de los centros de datos.
Mientras tanto, para Meta, indicó que Jeff Landry, gobernador de Luisiana, confesó haber firmado un acuerdo con una filial de dicha empresa vinculada a un complejo valorado en US$50 000 millones. Entre los detalles, el acuerdo evitaba la difusión de los términos y precios que involucran dinero público, explicó Raskin.
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