A través del Registro Federal correspondiente al martes 13 de octubre, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) anunció que posterga por tres años la obligación de las instalaciones industriales de presentar planes de respuesta para erradicar los derrames de sustancias químicas peligrosas. Si bien el plazo hasta el momento venía el 1 de junio de 2027, el cambio extiende el límite hasta el 1 de junio de 2030 y deja un hueco ambiental importante, abriendo la posibilidad de contaminación en cuerpos de agua cercanos.
La justificación oficial
Uno de los motivos señalados por la EPA para postergar la fecha límite tiene que ver con que, según explicaron, no encontraron un modelo capaz de calcular la dispersión de sustancias químicas en agua y suelo. En el listado oficial de las señaladas existen 296 sustancias consideradas peligrosas y los métodos para contener su dispersión aún no serían completamente efectivos, a pesar de las herramientas disponibles en las empresas hoy en día. Sin embargo, explicaron que, con las herramientas actuales, podrían contar con métodos efectivos para 2027.
El cambio incorpora una excepción: la exigencia podría modificarse antes de 2030 y la revisión está pendiente, explicaron desde la EPA y el Registro Federal luego de recibir comentarios hasta el 19 de mayo de este año. Otra de las justificaciones está en lo económico, ya que la EPA estima un ahorro de US$26 millones anuales para las empresas gracias a la postergación y considera que tenía «un enfoque desproporcionado en los riesgos climáticos que pueden llevar a decisiones desiguales sobre qué instalaciones quedan alcanzadas».
Nueva fecha para detener los derrames
La EPA extendió el plazo a las industrias y ahora deberán cumplir con la norma hasta el 1 de junio de 2030, con planes que prevean cómo actuar ante el peor derrame posible hacia lagos, ríos, costas o cualquier agua navegable. A pesar de que el límite estaba cerca, el 1 de junio de 2027, los tres años adicionales benefician a la industria, pero representan un riesgo ambiental ante posibles derrames de sustancias peligrosas.
Con esto, se quita de la regla las referencias al cambio climático y a la justicia ambiental, anulando los avances realizados por la administración Biden en esta sintonía. La EPA se amparó en la Orden Ejecutiva 14148 firmada por Trump en 2025 para eliminar estos conceptos de la normativa. El resultado muestra que la evaluación de riesgos dejará de exigir que se analicen los impactos climáticos y el posible daño a comunidades con problemas de justicia ambiental y reemplaza el concepto por el de «poblaciones potencialmente expuestas».
Lee Zeldin, el administrador de la EPA, firmó esta nueva medida y entrará en vigor el 14 de diciembre de 2026. «Es una acción de desregulación», indica el documento del Registro Federal, que también justifica que la falta de herramientas para las empresas es el principal motivo de la extensión.
A partir del cambio, la norma que se había aplicado en marzo de 2024 tendrá efecto en instalaciones terrestres que no son de transportes y que almacenan sustancias peligrosas por encima del volumen mínimo. Todas las industrias que estén a menos de una milla de distancia de aguas navegables deberán preparar el plan en caso de derrames de grandes cantidades. Petroleras, mineras, agrícolas y centros de datos, además de industrias químicas, forman parte de la política.
Lo que viene
Luego del cambio en la normativa, el calendario se modifica para la EPA y las industrias contaminantes. Por ello, las instalaciones deberán cumplir con los criterios y presentar su plan antes del 1 de junio de 2030. En caso de incumplimiento, los responsables contarán con seis meses adicionales para presentarlo.
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