Ahora, la palabra ICE genera miedo en millones de familias inmigrantes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos lleva meses ampliando operativos y redadas en distintos estados, pero siempre tuvo un problema evidente: no cuenta con suficientes agentes federales para cubrir un país entero.
Y ahí apareció una solución que podría cambiar por completo el alcance de los controles migratorios.
La gran pregunta es inevitable: ¿cómo encontró el ICE una forma de multiplicar su presencia en ciudades, carreteras y comunidades sin contratar miles de nuevos agentes federales?
El problema que el ICE llevaba años intentando resolver
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las políticas migratorias volvieron a endurecerse en distintos puntos del país.
Las comunidades inmigrantes comenzaron a vivir bajo una tensión constante ante el aumento de operativos, inspecciones y arrestos migratorios.
Pero existía un límite evidente para el ICE.
La agencia no tiene suficientes agentes federales para operar simultáneamente en grandes ciudades, suburbios, zonas rurales y corredores fronterizos al mismo tiempo.
Cada operativo requiere personal, logística, coordinación y recursos que no siempre alcanzan.
Y mientras aumentaban las exigencias políticas para acelerar deportaciones y controles migratorios, surgía una pregunta cada vez más importante dentro del sistema: ¿cómo ampliar el alcance del ICE sin esperar años para reclutar y entrenar nuevos agentes?
La respuesta terminó apareciendo en un programa que llevaba décadas existiendo, aunque nunca había sido utilizado a esta escala.
El programa que llevaba décadas dormido y ahora despertó
La herramienta se llama programa 287(g).
Y permite que agencias policiales estatales y locales firmen acuerdos de colaboración con el ICE para participar en determinadas tareas vinculadas al control migratorio.
Durante años, este sistema tuvo un uso limitado y relativamente específico.
Pero ahora el programa comenzó a expandirse rápidamente.
Según datos oficiales, cientos de departamentos policiales y oficinas de sheriffs ya participan en acuerdos de este tipo en distintos estados del país.
Eso significa que agentes locales pueden colaborar con verificaciones migratorias durante ciertos procedimientos, especialmente dentro de cárceles o detenciones locales.
Y ahí aparece uno de los puntos que más preocupación genera entre organizaciones defensoras de inmigrantes.
Porque una parada de tráfico común o una infracción menor podría terminar derivando en una revisión migratoria si existen acuerdos activos entre autoridades locales y el ICE.
Diversos grupos civiles, incluida la American Civil Liberties Union, llevan años cuestionando este tipo de programas y advirtiendo sobre posibles casos de perfilamiento racial y temor dentro de comunidades inmigrantes.
Mientras tanto, las autoridades federales sostienen que el objetivo del programa es reforzar la seguridad pública y mejorar la coordinación entre agencias.
Pero el crecimiento del sistema no se explica solamente por razones operativas.
También hay otro factor que comenzó a cambiar todo: el dinero.
El incentivo económico que aceleró la expansión del sistema
Uno de los aspectos más polémicos del crecimiento del programa 287(g) es la aparición de fuertes incentivos económicos para agencias locales que colaboran activamente con el sistema migratorio federal.
Y varios estados comenzaron a destinar fondos importantes para fortalecer esa cooperación.
Uno de los casos más visibles es Florida, donde las autoridades aprobaron cientos de millones de dólares destinados a reforzar iniciativas vinculadas con control migratorio y cooperación entre agencias locales y federales.
Para muchos departamentos policiales y oficinas de sheriffs con presupuestos ajustados, estos programas representan acceso a nuevos recursos, equipamiento y financiación.
Y eso comenzó a acelerar el interés de distintas jurisdicciones por sumarse al sistema.
Los críticos del programa creen que este modelo puede generar incentivos para ampliar controles migratorios dentro de actividades policiales cotidianas.
Mientras tanto, defensores del programa aseguran que la colaboración entre agencias permite responder más rápido ante personas consideradas prioritarias para deportación.
Pero más allá del debate político, el efecto ya comenzó a sentirse en muchas comunidades inmigrantes.
Porque el ICE encontró una manera de ampliar enormemente su alcance sin aumentar proporcionalmente su plantilla federal: apoyarse en miles de agentes locales distribuidos por todo el país.
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